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NO HAY ELECCIONES LIMPIAS

 
12 de noviembre 2017 , 02:41 a.m.
 

El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

JAIME CASTRO
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12 de noviembre 2017 , 02:41 a.m.
 

El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

JAIME CASTRO
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El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

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El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

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