Jueves 27 de Febrero de 2020
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EL NO CONSERVADOR

Desde que el pasado 2 de octubre los colombianos rechazaron el Acuerdo Final para finalizar 52 años de conflicto armado con las Farc, de inmediato los promotores del “No” fueron cuestionados por un plan de contingencia para redireccionar los acuerdos. En vista de que ninguno de los voceros de la opción que se impuso propuso una opción real para destrabar el proceso, durante toda la semana pasada se reunieron con el Gobierno para evaluar qué paso se iba a seguir para salvar los acuerdos entre Gobierno y Farc. Una de las más fuertes contradictoras del proceso fue Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial del Partido Conservador, quien desde la semana pasada instó a que todos los sectores que promovieron el “No” presentaran un documento con los planteamientos puntuales de lo que pretenden renegociar del acuerdo, tal como lo hizo público el “No Conservador” este lunes, por medio de la misma Ramírez. (Lea: Marta Lucía Ramírez llama a promotores del “No” a presentar prontamente sus propuestas)

Con la misma idea del uribismo de construir entre los promotores del “Sí” y el “No” un acuerdo total en el que se respete la Constitución de Colombia, la institucionalidad, se garantice justicia, se repare a las víctimas y se permita cierta participación política a las Farc, Ramírez pidió que en principio la redacción del acuerdo tendría que ser más clara, para que no fueran confusas las interpretaciones en cuanto a tiempos, funcionamiento, organismos y otros aspectos que a su parecer aparecen de manera ambigua en las 297 páginas del documento. (Lea: Este es el texto completo de los acuerdos firmados en La Habana)

“Tenemos la oportunidad histórica de pasar del “Mejor acuerdo posible” que cuenta con el apoyo del 49.78%, al “óptimo acuerdo posible” que represente al 99.9 % de los votantes. El principal resultado benéfico del ‘NO’ es, sin duda, evitar que el Acuerdo vaya al bloque de constitucionalidad y la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2016, con lo cual, se recupera el trámite de implementación dentro de la institucionalidad”, afirmó la también exministra de Defensa en el comunicado con que hizo públicas sus propuestas, con las que espera lograr una garantía de fortalecimiento de la institucionalidad, y que Colombia tenga la certeza de que las Farc desaparecerán como organización armada.

 

Reforma Rural Integral

La primera propuesta la tituló Ramírez tal como aparece en el acuerdo ente Gobierno y Farc: “Reforma Rural Integral”. Este, al parecer, es el punto que más preocupa al conservatismo, pues lo dividieron en siete pequeñas réplicas al respecto. En la primera, exigen que las Farc reconozcan su autoría en la apropiación ilegal de tierras y las devuelvan. Con la segunda,piden que se haga explícita la forma en que se realizará la transformación estructural del campo en cuanto a asignación de tierras, pese a que en el acuerdo hay más de 20 puntos en los que esto se detalla.

En la tercera objeción, Ramírez pide que la asignación de tierras no se entienda como el único modelo de desarrollo, y pide que algunas tierras rurales queden en manos del Estado y se asignen mediante contratos a los campesinos, a quienes también les otorgarían toda la financiación y apoyo para su producción agrícola; además, en este numeral contempla que no solo se asignen tierras a pequeños campesinos, sino también a pequeños, medianos y grandes productores.

En los otros cuatro puntos de este tema, el conservatismo pide que las zonas de reserva campesina no se conviertan en entidades territoriales en superposición a las autoridades existentes, pese a que no está estipulado puntualmente en los acuerdos. También solicita que se respeten las competencias de los departamentos y municipios en la definición de los planes de desarrollo, y que así se regule la participación de la comunidad al respecto. Incluso pide que se debe sustituir la expresión “instancias de decisión en los niveles territoriales” por “etapas de participación de las comunidades de manera ágil y eficaz”. El punto siguiente pide que el sector empresarial invierta en el campo, pues asegura que esta Reforma Rural Integral tiene “un alto gasto del Estado en bienes públicos y subsidios improductivos”. Finalmente, el documento exige que se haga un cronograma del cumplimiento de los deberes del Estado, de acuerdo con el monto que debe invertir en cada periodo.

Participación política

Para Ramírez, las Farc tienen en este aspecto ventajas y no garantías, que es lo que se les debería dar en su concepto. Por eso, pide que las Farc entren en la vida política del país en igualdad de condiciones y que el monto de dinero para financiar las campañas sea el mismo para el nuevo partido político y para los ya existentes. “La actividad política de las Farc recibirá una importante financiación de diferentes orígenes, directos e indirectos, así como cooperación internacional. Los demás partidos políticos o grupos de ciudadanos que participan de la democracia de forma legal no reciben ni recibirán jamás recursos similares”, afirma Ramírez, al pedir que esa financiación esté en el promedio de lo que se asigna actualmente a los partidos políticos existentes.

Lo más importante y que seguramente será muy debatido del documento, es que la excandidata presidencial pide que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan aspirar ni al Congreso ni a la Presidencia, en tanto está consignado en la Constitución Política

Respecto al derecho a la protesta, Ramírez también pide que se quite del acuerdo que los disturbios sean tratados con civilidad, pues a su parecer esto institucionaliza los disturbios como mecanismo de participación y las vías de hecho. Específicamente, pide que las protestas respeten los derechos de terceros al trabajo, la libre circulación y a sus bienes, y que esto en los acuerdos sea consignado de la siguiente manera: “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”, y no como está en estos momentos, hasta “civilidad”.

Fin del conflicto

En este apartado, el conservatismo pide que sean más específicas las facultades que tendrá la Unidad Especial de Investigación, que se crearía por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz para detectar conductas que amenacen la implementación de los acuerdos. “Por esta vía no puede criminalizarse las opiniones ni las posturas políticas en relación con la implementación del acuerdo”, dice puntualmente Ramírez al respecto.

Asimismo, pide que apenas empiecen a llegar los miembros de las Farc a las zonas de concentración, se empiecen las investigaciones sobre personas que sigan secuestradas y menores que estén aún en sus filas.Además, propone que en el punto que trata la entrega de armas se agregue el serial de las armas entregadas por las Farc.

Finalmente, Ramírez pide eliminar de los acuerdos la participación de miembros de las Farc en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tendría como funciones un servicio de vigilancia y la revisión de hojas de vida de servidores públicos. La propuesta de Ramírez es que esta comisión, creada como medida de prevención y lucha contra la corrupción, solo sea competencia del Gobierno, y que los miembros de las Farc tengan acceso a informes periódicos que haga esta comisión.

Solución al problema de las drogas ilícitas

En este punto, Ramírez pide que sea explícita en el acuerdo la garantía de que las Farc no realizarán su actividad política con dineros ilegales producto del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal.Solicita también que se especifique que estos dineros se destinarán exclusivamente a la reparación de las víctimas del conflicto armado. “El 1º de octubre de 2016 las Farc ofrecieron financiar la reparación de víctimas con dineros de esa organización fruto de la ‘economía de guerra’, por lo que esta obligación debe consignarse expresamente en el texto del acuerdo”, agrega el conservatismo al respecto.

Acuerdo sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Ramírez propone que es necesaria una pena de reclusión para los responsables de delitos de lesa humanidad, que a su parecer dejará un mensaje claro para garantizar que no se repita la violación de los derechos humanos, pese a que en los acuerdos se habla de que tendrán penas de reclusión siempre y cuando confiesen la totalidad de sus actos y los derechos de las víctimas sean satisfechos. De lo contrario, los responsables de estos delitos serán juzgados por la justicia ordinaria.

Por último, en este punto, la exministra de Defensa propone crear la Sala Especial de Paz en la Corte Suprema de Justicia, y pide que para ser magistrado de esta sala especial se tengan en cuenta los requisitos para ser magistrado de una alta corte.

Con estas propuestas, el sector del conservatismo que pidió votar “No” espera poder renegociar los puntos con los que no estuvo de acuerdo. En su concepto, con estas modificaciones la revisión del Acuerdo tendrá niveles elevados de aprobación política y ciudadana, o por lo menos eso esperan. “Brindará un mandato inequívoco de la sociedad colombiana a las diferentes ramas del poder público para lograr su pronta implementación”, agrega Ramírez sobre sus propuestas, y finalmente piden que ni la refrendación del acuerdo que se renegoció, ni su implementación sean incorporadas al texto de la Constitución Política ni al bloque de constitucionalidad.

 

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LA CORRUPCIÒN Y LA COMPLICIDAD DE LOS ENCUBRIDORES EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO

mente el contenido haga click aquí Compartir en Twitter Compartir en Facebook Compartir en Linkedin | Recomendar La complicidad de los encubridores. Mucho se ha dicho sobre la corrupción. A estas alturas no quedan demasiadas dudas acerca de la enorme responsabilidad que le cabe a los que comenten esos delitos cuando se apropian indebidamente del dinero que la gente aporta permanentemente al Estado vía impuestos. Esa vil canallada, que se replica a diario en casi todo el mundo, tiene culpables directos que deben asumir las consecuencias de sus decisiones, pero también existen alrededor de ellos, otros ruines personajes cuya participación resulta imprescindible para que aquellas andanzas sean tan cotidianas. El bandido siempre está rodeado de personas que juegan un rol preponderante y que normalmente se prefiere pasar por alto, a veces por excesiva ingenuidad, otras tantas por subestimar la relevancia de esas actitudes adicionales y en otras ocasiones simplemente por compasión, evitando involucrar demasiado a quienes se considera sujetos secundarios de estas trasgresiones tan patéticamente habituales. En primer lugar habría que observar detenidamente el accionar de los colaboradores directos, esos que conocen con precisión los movimientos de ese funcionario que transita el camino indebido. Ellos saben perfectamente que hace, con quienes habla y cuáles son sus rutinas específicas. No son necesariamente personas de gran jerarquía. A veces un ayudante de escalafón inferior se convierte en conocedor pleno de la realidad, cuando no en coparticipe, de cada una de las correrías de ese crápula. Es trascendente también no desligar a los propios superiores de los corruptos que también tienen contundentes incumbencias respecto de lo sucedido. Es que se puede delegar tareas en subalternos, pero jamás se transfiere la responsabilidad final. Quienes deben supervisar no pueden jamás aducir desconocimiento absoluto. Por acción u omisión, ese error tiene un costo, y desentenderse como sin más, no parece ser aceptable. No existe excusa que justifique dejar pasar semejantes despropósitos. Pero tampoco es saludable hacerse los despistados frente a tanto descaro y habrá que decir entonces que la sociedad en su conjunto también debe asumir con hidalguía su significativa cuota de responsabilidad frente a lo sucedido en cada circunstancia sombría que se termina descubriendo. La ciudadanía en general, con su indisimulable apatía, su indiferencia evidente, su inocultable desinterés, construye paso a paso los pilares vitales que se terminan convirtiendo en los aliados estratégicos centrales de los que cometen fechorías adueñándose de las arcas del Estado. Nada de eso podría ocurrir, de ese modo tan burdo, si la sociedad tuviera menos tolerancia frente a estos inaceptables delitos. El funcionario corrupto no toma la decisión explícita de delinquir graciosamente para enriquecerse, sino que lo hace porque tiene un contexto enormemente favorable y tiene entonces en cuenta que contará con la valiosa colaboración de algunos que expresamente contribuyen con la consumación del ilícito, con otros que se harán sistemáticamente los distraídos y obviamente también supone que la abúlica comunidad en la que reside hará su parte renovando su eterno silencio. Se sabe que la corrupción no es un fenómeno coyuntural, sino que obedece a causas mucho más profundas que explican su complejo entramado estructural. Es por eso que su ocurrencia no depende solo de la voluntad del delincuente, sino de otras circunstancias que lo posibilitan y facilitan. La red de corrupción que gira en torno al Estado y los gobiernos no será desmantelada gracias a la optimización en la selección de funcionarios más honestos e íntegros. Pretender que así sea no solo demuestra un infantil voluntarismo sino que se constituye en una demostración de ingenuidad intelectual e incomprensión de la evidencia empírica que se verifica a diario. Si realmente se quiere destruir la matriz de la corrupción se debe ir a fondo y hacer reformas con mayúsculas, para que robar no sea posible, para asegurarse que todo no dependa de la moral media del funcionario de turno, sino de la efectiva inviabilidad para concretar delitos contra los contribuyentes. Hasta tanto se comprenda acabadamente la dinámica de la corrupción y se encare con inteligencia la batalla final que logre destruir su núcleo duro, se debe empezar a trabajar concomitantemente en otros aspectos, que no resolverán el problema pero ayudarán a mitigar su gravedad durante algún tiempo. Nadie puede esperar que seres esencialmente corruptos cambien su concepción moral de la noche a la mañana. Evidentemente estos cínicos criminales creen que saquear al resto de los ciudadanos es algo correcto, por eso lo hacen, apelando al recurso de "salvarse para siempre" con esos dineros que intentarán acumular durante sus acotados mandatos. Pero si se puede apelar a una severa y genuina autocrítica de los ciudadanos que periféricamente colaboran, tácita o explícitamente, con ese temible delincuente de "guantes blancos" que parapetado en un escritorio, vistiendo ropa elegante, se atribuye la potestad de quedarse con lo ajeno. Ellos pueden revertir parcialmente la historia. Lo pueden hacer mañana mismo, denunciando a esos corruptos sin pudor, exponiéndolos descaradamente, quitándoles la protección que a diario le suministran, a veces sin querer y otras veces por temores infundados. Combatir la corrupción requiere de coraje, de valor y de determinación. Los refinados forajidos que pululan en la administración estatal cuentan con que nadie tiene la valentía suficiente para confrontarlos. Tal vez sea este el momento de elegir entre seguir dándoles la razón y esconderse nuevamente, como tantas otras veces, o definitivamente dar vuelta la página abandonando para siempre la complicidad de los encubridores. Alberto Medina Méndez Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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PRINCIPALES ACOMPAÑANTES DE SANTOS A WASHINGTON

El Presidente Juan Manuel Santos escoge personalmente las personas que lo acompañan en el avión presidencial en sus viajes internacionales y en particular en este a Washington para conmemorar los 15 años del Plan Colombia en una celebración con el Presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Encabeza la comitiva la familia presidencial con Martín Santos, la primera dama María Clemencia Rodríguez y su hermano Mauricio Rodríguez. Junto al jefe de Estado siempre hay nueve personas se ocupan de su atención personal. Un médico, una fisioterapeuta más cinco hombres de su seguridad y dos del servicio secreto, siempre le cuidan la espalda. Los cuatro directores de medios que lo acompañaron fueron Gonzalo Córdoba presidente de Caracol TV, Fidel Cano director del El Espectador y Juan Roberto Vargas de Caracol TV; tres medios propiedad de la familia Santo Domingo. Viajó también Fernando Quijano director del diario La República. El director de La W Julio Sánchez Cristo ya se encontraba en Washington y la periodista Camila Zuluaga viajó en el avión de los otros invitados y acompañantes el Cronos Boeing 737. Tres jóvenes de la nueva generación de empresarios, César Caicedo presidente Colombina, Harold Eder del grupo Manuelita, Miguel Cortes del grupo Bolívar y el veterano Christian Daes el presidente de Tecnoglass, fueron los escogidos del sector privado. Los presidentes de las dos empresas de azúcar vallecaucanas, formaron parte del grupo que se reunió con los delegados de las Farc en La Habana. Tres de los generales delas Fuerzas Militares protagonistas de la ejecución de los recursos del Plan Colombia en temas bélicos, Fredy Padilla de León, Roso José Serrano y Óscar Naranjo, viajaron junto al general Jorge Enrique Mora y su señora Olga del Carmen Oviedo. El Director de la Policía Rodolfo Palomino viajó Boeing 737, con los demás acompañantes. De alto gobierno viajaron ocho funcionarios entre los que se encuentran La Canciller María Ángela Holguín, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y su esposa Carmela de Villegas; la ministra de Comercio Cecilia Álvarez, la ministras consejeras María Lorena Gutiérrez y de comunicaciones Pilar Calderón y los ministros del post conflicto Rafael Pardo, del Interior Juna Fernando Cristo y el secretario privado del Presidente Enrique Riveira. Otras personalidades que acompañaron a Santos en su avión privado son el Presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry y la Presidenta de Proexport María Claudia Lacouture Esta es la lista completa

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TEXTO DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA FIRMADOS EL 23 DE JUNIO

Este es el texto completo de los acuerdos firmados en La Habana

Lea acá el texto completo de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc sobre cese el fuego bilateral y definitivo, lucha contra el paramilitarismo y refrendación.

Por: Redacción Paz
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Este es el texto completo de los acuerdos firmados en La Habana
Foto: AFP.

Este es el texto completo de los acuerdos sobre cese el fuego bilateral y definitivo, lucha contra el paramilitarismo y refrendación

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:

1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”

 

2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”

3. Acuerdo sobre “Refrendación”

I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas

1. Compromisos

El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.

Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas.

2. Objetivo

El presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

3. Monitoreo y Verificación

Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.

Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.

4. Adaptación de los dispositivos en el terreno

A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y Dejación de las Armas.

Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”).

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses.

Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno.

La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político.

Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.

En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.

Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas.

En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.

En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.

6. Zona de Seguridad

Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.

7. Seguridad

El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas.

Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno.

El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.

8. Dejación de las Armas (DA).

Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

9. Procedimiento

Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.

Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.

El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito.

Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.

II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”

Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5.

El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios:

1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos.

2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio

3. Fortalecimiento de la administración de justicia

4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública

5. Enfoque territorial y diferencial

6. Enfoque de género

7. Coordinación y corresponsabilidad institucional

8. Participación ciudadana

9. Rendición de cuentas

10. Garantías de No Repetición

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a:

· El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática.

· Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales.

Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:

1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.

4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2 “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios.

El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:

· El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo.

· La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo.

· Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas.

· Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.

III. Acuerdo sobre “Refrendación”

El gobierno de Colombia y las FARC-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.  

 

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DE MONSEÑORES,LIBRANOS SEÑOR (de RAFAEL GOMEZ MARTINEZ)

En la presente columna de opinión vayamos al grano, como dicen los dermatólogos. El exsecretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y actual obispo de Fontibón, m (con minúscula) Juan Vicente Córdoba, sorprendió con sus declaraciones con respecto al matrimonio igualitario y parejas homosexuales durante su participación en el foro de “Adopción y Matrimonio Igualitario” realizado en la Universidad de los Andes en Bogotá.

Cabe recordar que, cuando m. Córdoba se desempeñaba como Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia pidió a la Corte Constitucional que no accediera a la demanda contra el Código Civil que busca validar las uniones de personas del mismo sexo.

Sus sorpresivas declaraciones, no solamente ofenden a la comunidad católica a la cual pertenezco sino que, además, parecieran desconocer la doctrina con respecto al orden natural de la vida que con tanto empeño se ha defendido durante los tiempos modernos libertarios y progresistas en que nos encontramos donde todo quiere ser permitido.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar: “Ahora resulta que m. Córdoba habla de: penes, vaginas, mariconcitos, hermanos homosexuales y lesbianas...Un cambio de lenguaje del cielo a la tierra” @carlosduque.

Al paso que vamos, en el mundo progresista de caverna en el cual nos encontramos, los pecadores seremos quienes defendemos el orden natural preestablecido entre el hombre y una mujer y quienes nos oponemos a esa paz de JMS Kerensky.

Entre m. Castro quien dice que “Timochenko, un personaje con más de 160 órdenes de captura, todo un angelito de la paz, está bien que vaya a Cuba”; y, para la vergüenza católica, m. Córdoba quien sostiene que “no sabemos si alguno de los discípulos (de Jesús) era mariconcito o no o si María Magdalena era lesbiana o floja de piernas”, líbranos Señor.

Yo, ya no sé qué ofende más. Si quienes están negociando la paz en La Habana con unos “hps”, como bien dice Gustavo Gómez en contra de la voluntad del 80% de los colombianos, o m. Córdoba y m. Castro con sus declaraciones, ¿malintencionadas?

Al parecer, la ruina moral también llegó a la Iglesia Católica colombiana. De los monseñores Castro y Córdoba, líbranos Señor de todo mal, amén. Así no se puede, monseñores.

En la presente columna de opinión vayamos al grano, como dicen los dermatólogos. El exsecretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y actual obispo de Fontibón, m (con minúscula) Juan Vicente Córdoba, sorprendió con sus declaraciones con respecto al matrimonio igualitario y parejas homosexuales durante su participación en el foro de “Adopción y Matrimonio Igualitario” realizado en la Universidad de los Andes en Bogotá.

Cabe recordar que, cuando m. Córdoba se desempeñaba como Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia pidió a la Corte Constitucional que no accediera a la demanda contra el Código Civil que busca validar las uniones de personas del mismo sexo.

Sus sorpresivas declaraciones, no solamente ofenden a la comunidad católica a la cual pertenezco sino que, además, parecieran desconocer la doctrina con respecto al orden natural de la vida que con tanto empeño se ha defendido durante los tiempos modernos libertarios y progresistas en que nos encontramos donde todo quiere ser permitido.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar: “Ahora resulta que m. Córdoba habla de: penes, vaginas, mariconcitos, hermanos homosexuales y lesbianas...Un cambio de lenguaje del cielo a la tierra” @carlosduque.

Al paso que vamos, en el mundo progresista de caverna en el cual nos encontramos, los pecadores seremos quienes defendemos el orden natural preestablecido entre el hombre y una mujer y quienes nos oponemos a esa paz de JMS Kerensky.

Entre m. Castro quien dice que “Timochenko, un personaje con más de 160 órdenes de captura, todo un angelito de la paz, está bien que vaya a Cuba”; y, para la vergüenza católica, m. Córdoba quien sostiene que “no sabemos si alguno de los discípulos (de Jesús) era mariconcito o no o si María Magdalena era lesbiana o floja de piernas”, líbranos Señor.

Yo, ya no sé qué ofende más. Si quienes están negociando la paz en La Habana con unos “hps”, como bien dice Gustavo Gómez en contra de la voluntad del 80% de los colombianos, o m. Córdoba y m. Castro con sus declaraciones, ¿malintencionadas?

Al parecer, la ruina moral también llegó a la Iglesia Católica colombiana. De los monseñores Castro y Córdoba, líbranos Señor de todo mal, amén. Así no se puede, monseñores.

En la presente columna de opinión vayamos al grano, como dicen los dermatólogos. El exsecretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y actual obispo de Fontibón, m (con minúscula) Juan Vicente Córdoba, sorprendió con sus declaraciones con respecto al matrimonio igualitario y parejas homosexuales durante su participación en el foro de “Adopción y Matrimonio Igualitario” realizado en la Universidad de los Andes en Bogotá.

Cabe recordar que, cuando m. Córdoba se desempeñaba como Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia pidió a la Corte Constitucional que no accediera a la demanda contra el Código Civil que busca validar las uniones de personas del mismo sexo.

Sus sorpresivas declaraciones, no solamente ofenden a la comunidad católica a la cual pertenezco sino que, además, parecieran desconocer la doctrina con respecto al orden natural de la vida que con tanto empeño se ha defendido durante los tiempos modernos libertarios y progresistas en que nos encontramos donde todo quiere ser permitido.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar: “Ahora resulta que m. Córdoba habla de: penes, vaginas, mariconcitos, hermanos homosexuales y lesbianas...Un cambio de lenguaje del cielo a la tierra” @carlosduque.

Al paso que vamos, en el mundo progresista de caverna en el cual nos encontramos, los pecadores seremos quienes defendemos el orden natural preestablecido entre el hombre y una mujer y quienes nos oponemos a esa paz de JMS Kerensky.

Entre m. Castro quien dice que “Timochenko, un personaje con más de 160 órdenes de captura, todo un angelito de la paz, está bien que vaya a Cuba”; y, para la vergüenza católica, m. Córdoba quien sostiene que “no sabemos si alguno de los discípulos (de Jesús) era mariconcito o no o si María Magdalena era lesbiana o floja de piernas”, líbranos Señor.

Yo, ya no sé qué ofende más. Si quienes están negociando la paz en La Habana con unos “hps”, como bien dice Gustavo Gómez en contra de la voluntad del 80% de los colombianos, o m. Córdoba y m. Castro con sus declaraciones, ¿malintencionadas?

Al parecer, la ruina moral también llegó a la Iglesia Católica colombiana. De los monseñores Castro y Córdoba, líbranos Señor de todo mal, amén. Así no se puede, monseñores.

 

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