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TRUMP Y BOLSONARO PACTAN ALIANZA TRASCENDENTAL PARA EL PROGRESO Y LA SEGURIDAD,CONTRA LAS AMENAZAS POPULISTAS EN AMERICA

 

bolso-trumpAcordaron desde la eliminaciòn de visas y aranceles,hasta un fuerte apoyo militar,ENTRE LOS DOS ESTADOS. NOTICIA EN DESARROLLO.

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LA CORTE CONSTITUCIONAL HOY ESTÀ LEGISLANDO,COGOBERNANDO EN TEMAS DE CARCELES Y CELEBRANDO CONSULTAS SOBRE PROYECTOS DE LEY,CUANDO SOLO DEBIERA OCUPARSE DE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCION,MEDIANTE AUTOS Y SENTENCIAS

LA CORTE CONSTITUCIONAL,se ha convertido en una CORTE DE TOGADOS POLITIZADOS,que quiere remplazar al CONGRESO reformando la CONSTITUCION CON INTERPRETACIONES acomodaticias; que tambien pretende COGOBERAR CON DUQUE abusivamente; y celebrar CONSULTAS POLITIQUERAS contra la sala de consultas del CONSEJO DE ESTADO.

Dicen los juristas y polìticosENEMIGO1

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QUÈ HACER CON LA JEP?

Iván Duque Márquez

(Publicado el 16 de octubre de 2017)

Todo parece indicar que el poder de la mermelada se impondrá una vez más en el Congreso para sacar adelante la Justicia Especial para “la Paz” que, cada vez más, se parece a una justicia especial para las Farc, donde esa organización exige toda suerte de beneficios para construir sus anhelos de impunidad.

Si el Gobierno logra este empeño tiene la idea de que dicha justicia será inmodificable y les ha vendido ese argumento a las Farc. No es así, la JEP sí se puede reformar. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos permite entender que una instancia transicional en el marco del proceso con las Farc no se pueda derogar pero, dado que su desarrollo normativo es el que le da vida, son esas normas las que sí se pueden y se deben reformar.

¿Cómo se puede reformar la JEP? A través de un acto legislativo, un referendo —dado que su vida implica reformas a la Constitución— o a través de una Constituyente. Esos mecanismos se pueden emplear, mucho más cuando la propia Corte ha dicho que los Acuerdos no hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto su desarrollo debe estar compaginado con los principios esenciales de nuestra Carta Política como el debido proceso y el mandato de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.

El próximo gobierno se va a encontrar con una JEP en etapa embrionaria, que amenaza al estado de derecho y por lo tanto es su deber introducir reformas estructurales que eviten que por la vía de las reformas exprés tramitadas con el dulce de la mermelada se les dé un golpe dramático a las instituciones y se configure una violación del derecho internacional.

¿Qué se le debe reformar a la JEP? Para empezar, no se puede permitir que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Segundo, decir “toda la verdad” no puede ser una cortina de humo para evitar sanción efectiva.

Tercero, la Procuraduría debe participar como garante del debido proceso en todas las instancias procesales, no simplemente por invitación. Cuarto, la acción de tutela no puede ser relativizada con respecto a las actuaciones de la JEP. Quinto, la JEP no puede poner en riesgo el principio de cosa juzgada de otras instancias judiciales, porque amenazaría la autonomía jurisdiccional de las cortes y esto implica también que, en materia de conflictos de competencias, la JEP no puede estar por encima de otras jurisdicciones. Sexto, civiles y militares no pueden ser igualados con criminales de lesa humanidad, porque son los miembros de las Farc los que están haciendo la transición de la criminalidad a la justicia y no las fuerzas legítimas de la Constitución y los ciudadanos que se rigen por la ley. Séptimo, se necesita que la JEP tenga sanciones efectivas y proporcionales o de lo contrario estaremos poniendo en riesgo los principios del Estado de Derecho.

El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las Farc. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar.

* Precandidato presidencial CD.

El Colombiano, Medellín.

 

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LA JEP SE ESTÀ SUICIDANDO

VARGAS MAURICIO

 
09 de marzo 2019 , 11:57 p.m.

Se equivocan los uribistas más recalcitrantes cuando le exigen al presidente Iván Duque que acabe con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es verdad que esa institución nació del capítulo más desafortunado del acuerdo de La Habana, el que abrió las puertas a que los comandantes de las Farc, autores –al lado de los capos paramilitares– de los peores crímenes de la historia del país, no paguen un solo día de reclusión por masacrar campesinos, mantener por años a secuestrados en tenebrosos campos de concentración, reclutar menores o violar niñas.

 

Colombia es un Estado de derecho y, por fortuna, no una dictadura, de modo que el Presidente no puede acabar de un plumazo con una institución judicial, por muy desatinada que haya sido su creación y por errático que resulte su funcionamiento. Le corresponde, eso sí, ponerla en cintura, razón por la cual debe objetar algunos de los apartes más peligrosos de la ley estatutaria que regula su operación. Y corresponde a la Fiscalía General –como lo viene haciendo– vigilar que desde la frondosa burocracia que crece en la JEP no se cometan delitos como los que han quedado al descubierto.

Pero también se equivocan los defensores a ultranza de la JEP, que aseguran que tras la actuación de la Fiscalía y las revelaciones de algunos medios sobre esa entidad existe una conspiración para acabarla. Vigilar que en la JEP no se cometan delitos protege a la JEP del mismo modo que aplicarle una medicina a un paciente no busca matarlo, sino mejorarlo.

La mayor conspiración contra la JEP viene de su propio seno. Según el portal ‘La silla vacía’, decenas de fiscales nombrados en la JEP carecen de experiencia en el campo penal y solo llegaron allí por recomendaciones de políticos. Uno de ellos, Carlos Bermeo, está preso, acusado de ser el eje de una trama de corrupción para sabotear –a cambio de unos milloncitos de dólares– la extradición del excomandante de las Farc alias Jesús Santrich, grabado en video mientras negociaba un cargamento de cocaína con enviados del sanguinario cartel de Sinaloa, muchos meses después de la entrada en vigor del acuerdo de La Habana.

No es un hecho aislado. Según revelaciones de La FM, varios abogados defensores de ‘Santrich’ han sido contratados por la JEP. Es el caso de Nadia Triviño (que disfruta de un contrato de 78 millones de pesos), quien lidera una ONG que trabaja públicamente para la defensa del excomandante que siguió narcotraficando, y además ha actuado ante la JEP como defensora de otro excomandante, ‘Iván Márquez’, que no ha querido someterse a la JEP.

Otro abogado, Ernesto Moreno, beneficiario también de un multimillonario contrario de la JEP, fue uno de los juristas que interpusieron un ‘habeas corpus’ para liberar a ‘Santrich’. Es como si la Corte Suprema contratara a abogados de congresistas procesados por su Sala Penal. Qué escándalo y qué desvergüenza. No se trata de hechos aislados: aquí hay una conspiración de corrupción y contratismo para salvar al narcocomandante de las Farc de su extradición. Y la conspiración está en la propia entidad.

En la JEP hay más enredos y favores cruzados, como en el caso del exviceministro de Justicia Miguel Samper Strouss, beneficiario de un contrato de la JEP tiempo después de que él mismo hubiese contratado a Harold Linares, hermano de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cuando Samper dirigía la Agencia Nacional de Tierras. Con esa ligereza en el manejo del gasto y con luz verde para la operación de corruptos y favorecedores de las Farc –a cuyos miembros la JEP debe juzgar–, la cúpula de esta jurisdicción gestiona un presupuesto de casi 300.000 millones de pesos. A la JEP no la están acabando desde afuera: es ella la que conspira contra sí misma. La JEP se está suicidando.

MAURICIO VARGAS
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
09 de marzo 2019 , 11:57 p.m.

Se equivocan los uribistas más recalcitrantes cuando le exigen al presidente Iván Duque que acabe con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es verdad que esa institución nació del capítulo más desafortunado del acuerdo de La Habana, el que abrió las puertas a que los comandantes de las Farc, autores –al lado de los capos paramilitares– de los peores crímenes de la historia del país, no paguen un solo día de reclusión por masacrar campesinos, mantener por años a secuestrados en tenebrosos campos de concentración, reclutar menores o violar niñas.

 

Colombia es un Estado de derecho y, por fortuna, no una dictadura, de modo que el Presidente no puede acabar de un plumazo con una institución judicial, por muy desatinada que haya sido su creación y por errático que resulte su funcionamiento. Le corresponde, eso sí, ponerla en cintura, razón por la cual debe objetar algunos de los apartes más peligrosos de la ley estatutaria que regula su operación. Y corresponde a la Fiscalía General –como lo viene haciendo– vigilar que desde la frondosa burocracia que crece en la JEP no se cometan delitos como los que han quedado al descubierto.

Pero también se equivocan los defensores a ultranza de la JEP, que aseguran que tras la actuación de la Fiscalía y las revelaciones de algunos medios sobre esa entidad existe una conspiración para acabarla. Vigilar que en la JEP no se cometan delitos protege a la JEP del mismo modo que aplicarle una medicina a un paciente no busca matarlo, sino mejorarlo.

La mayor conspiración contra la JEP viene de su propio seno. Según el portal ‘La silla vacía’, decenas de fiscales nombrados en la JEP carecen de experiencia en el campo penal y solo llegaron allí por recomendaciones de políticos. Uno de ellos, Carlos Bermeo, está preso, acusado de ser el eje de una trama de corrupción para sabotear –a cambio de unos milloncitos de dólares– la extradición del excomandante de las Farc alias Jesús Santrich, grabado en video mientras negociaba un cargamento de cocaína con enviados del sanguinario cartel de Sinaloa, muchos meses después de la entrada en vigor del acuerdo de La Habana.

No es un hecho aislado. Según revelaciones de La FM, varios abogados defensores de ‘Santrich’ han sido contratados por la JEP. Es el caso de Nadia Triviño (que disfruta de un contrato de 78 millones de pesos), quien lidera una ONG que trabaja públicamente para la defensa del excomandante que siguió narcotraficando, y además ha actuado ante la JEP como defensora de otro excomandante, ‘Iván Márquez’, que no ha querido someterse a la JEP.

Otro abogado, Ernesto Moreno, beneficiario también de un multimillonario contrario de la JEP, fue uno de los juristas que interpusieron un ‘habeas corpus’ para liberar a ‘Santrich’. Es como si la Corte Suprema contratara a abogados de congresistas procesados por su Sala Penal. Qué escándalo y qué desvergüenza. No se trata de hechos aislados: aquí hay una conspiración de corrupción y contratismo para salvar al narcocomandante de las Farc de su extradición. Y la conspiración está en la propia entidad.

En la JEP hay más enredos y favores cruzados, como en el caso del exviceministro de Justicia Miguel Samper Strouss, beneficiario de un contrato de la JEP tiempo después de que él mismo hubiese contratado a Harold Linares, hermano de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cuando Samper dirigía la Agencia Nacional de Tierras. Con esa ligereza en el manejo del gasto y con luz verde para la operación de corruptos y favorecedores de las Farc –a cuyos miembros la JEP debe juzgar–, la cúpula de esta jurisdicción gestiona un presupuesto de casi 300.000 millones de pesos. A la JEP no la están acabando desde afuera: es ella la que conspira contra sí misma. La JEP se está suicidando.

MAURICIO VARGAS
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GRAVE QUE DUQUE,NO OBJETE LA LEY ESTATUTARIA DE LA JEP;PORQUE LA JEP, ESTÀ ABUSANDO DE SUS COMPETENCIAS,EN CUANTO A LA EXTRADICION Y NO PRACTICA NINGÙN CONTROL A LOS JEFES Y CRIMINALES DE LAS FARC;EL GOBIERNO Y LOS COLOMBIANOS ESTAMOS SIENDO BURLADOS.

FARCLa Jep le està obstaculisando al PRESIDENTE DUQUE las extradiciones a EE.UU. de los NARCOTRAFICANTES DE LAS FARC,QUE HAN DELINQUIENDO en 2.017,18 y 19 como SANTRICH. La JEP tolera que los jefes de las FARC no cumplan con los reglamentos procedimentales de todos los procesados judiciales colombianos:Y les deja hacer, lo que se les antoja; y andan por Colombia,como PEDRO POR SU CASA, SIN NINGÙN CONTROL Y OBLIGACIONES

HOY LA JEP,es un remedo de CORTE PARA LA IMPUNIDAD DE LOS EXJEFES DE LAS FARC. Y esto no lo quiere tolerar el Pueblo colombiano. Si la JEP FALLA; QUE EL PRESIDENTE NO NOS FALLE.

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