Martes 21 de Mayo de 2019
LA JEP SE ESTÀ SUICIDANDO

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LA JEP SE ESTÀ SUICIDANDO

VARGAS MAURICIO

 
09 de marzo 2019 , 11:57 p.m.

Se equivocan los uribistas más recalcitrantes cuando le exigen al presidente Iván Duque que acabe con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es verdad que esa institución nació del capítulo más desafortunado del acuerdo de La Habana, el que abrió las puertas a que los comandantes de las Farc, autores –al lado de los capos paramilitares– de los peores crímenes de la historia del país, no paguen un solo día de reclusión por masacrar campesinos, mantener por años a secuestrados en tenebrosos campos de concentración, reclutar menores o violar niñas.

 

Colombia es un Estado de derecho y, por fortuna, no una dictadura, de modo que el Presidente no puede acabar de un plumazo con una institución judicial, por muy desatinada que haya sido su creación y por errático que resulte su funcionamiento. Le corresponde, eso sí, ponerla en cintura, razón por la cual debe objetar algunos de los apartes más peligrosos de la ley estatutaria que regula su operación. Y corresponde a la Fiscalía General –como lo viene haciendo– vigilar que desde la frondosa burocracia que crece en la JEP no se cometan delitos como los que han quedado al descubierto.

Pero también se equivocan los defensores a ultranza de la JEP, que aseguran que tras la actuación de la Fiscalía y las revelaciones de algunos medios sobre esa entidad existe una conspiración para acabarla. Vigilar que en la JEP no se cometan delitos protege a la JEP del mismo modo que aplicarle una medicina a un paciente no busca matarlo, sino mejorarlo.

La mayor conspiración contra la JEP viene de su propio seno. Según el portal ‘La silla vacía’, decenas de fiscales nombrados en la JEP carecen de experiencia en el campo penal y solo llegaron allí por recomendaciones de políticos. Uno de ellos, Carlos Bermeo, está preso, acusado de ser el eje de una trama de corrupción para sabotear –a cambio de unos milloncitos de dólares– la extradición del excomandante de las Farc alias Jesús Santrich, grabado en video mientras negociaba un cargamento de cocaína con enviados del sanguinario cartel de Sinaloa, muchos meses después de la entrada en vigor del acuerdo de La Habana.

No es un hecho aislado. Según revelaciones de La FM, varios abogados defensores de ‘Santrich’ han sido contratados por la JEP. Es el caso de Nadia Triviño (que disfruta de un contrato de 78 millones de pesos), quien lidera una ONG que trabaja públicamente para la defensa del excomandante que siguió narcotraficando, y además ha actuado ante la JEP como defensora de otro excomandante, ‘Iván Márquez’, que no ha querido someterse a la JEP.

Otro abogado, Ernesto Moreno, beneficiario también de un multimillonario contrario de la JEP, fue uno de los juristas que interpusieron un ‘habeas corpus’ para liberar a ‘Santrich’. Es como si la Corte Suprema contratara a abogados de congresistas procesados por su Sala Penal. Qué escándalo y qué desvergüenza. No se trata de hechos aislados: aquí hay una conspiración de corrupción y contratismo para salvar al narcocomandante de las Farc de su extradición. Y la conspiración está en la propia entidad.

En la JEP hay más enredos y favores cruzados, como en el caso del exviceministro de Justicia Miguel Samper Strouss, beneficiario de un contrato de la JEP tiempo después de que él mismo hubiese contratado a Harold Linares, hermano de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cuando Samper dirigía la Agencia Nacional de Tierras. Con esa ligereza en el manejo del gasto y con luz verde para la operación de corruptos y favorecedores de las Farc –a cuyos miembros la JEP debe juzgar–, la cúpula de esta jurisdicción gestiona un presupuesto de casi 300.000 millones de pesos. A la JEP no la están acabando desde afuera: es ella la que conspira contra sí misma. La JEP se está suicidando.

MAURICIO VARGAS
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09 de marzo 2019 , 11:57 p.m.

Se equivocan los uribistas más recalcitrantes cuando le exigen al presidente Iván Duque que acabe con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es verdad que esa institución nació del capítulo más desafortunado del acuerdo de La Habana, el que abrió las puertas a que los comandantes de las Farc, autores –al lado de los capos paramilitares– de los peores crímenes de la historia del país, no paguen un solo día de reclusión por masacrar campesinos, mantener por años a secuestrados en tenebrosos campos de concentración, reclutar menores o violar niñas.

 

Colombia es un Estado de derecho y, por fortuna, no una dictadura, de modo que el Presidente no puede acabar de un plumazo con una institución judicial, por muy desatinada que haya sido su creación y por errático que resulte su funcionamiento. Le corresponde, eso sí, ponerla en cintura, razón por la cual debe objetar algunos de los apartes más peligrosos de la ley estatutaria que regula su operación. Y corresponde a la Fiscalía General –como lo viene haciendo– vigilar que desde la frondosa burocracia que crece en la JEP no se cometan delitos como los que han quedado al descubierto.

Pero también se equivocan los defensores a ultranza de la JEP, que aseguran que tras la actuación de la Fiscalía y las revelaciones de algunos medios sobre esa entidad existe una conspiración para acabarla. Vigilar que en la JEP no se cometan delitos protege a la JEP del mismo modo que aplicarle una medicina a un paciente no busca matarlo, sino mejorarlo.

La mayor conspiración contra la JEP viene de su propio seno. Según el portal ‘La silla vacía’, decenas de fiscales nombrados en la JEP carecen de experiencia en el campo penal y solo llegaron allí por recomendaciones de políticos. Uno de ellos, Carlos Bermeo, está preso, acusado de ser el eje de una trama de corrupción para sabotear –a cambio de unos milloncitos de dólares– la extradición del excomandante de las Farc alias Jesús Santrich, grabado en video mientras negociaba un cargamento de cocaína con enviados del sanguinario cartel de Sinaloa, muchos meses después de la entrada en vigor del acuerdo de La Habana.

No es un hecho aislado. Según revelaciones de La FM, varios abogados defensores de ‘Santrich’ han sido contratados por la JEP. Es el caso de Nadia Triviño (que disfruta de un contrato de 78 millones de pesos), quien lidera una ONG que trabaja públicamente para la defensa del excomandante que siguió narcotraficando, y además ha actuado ante la JEP como defensora de otro excomandante, ‘Iván Márquez’, que no ha querido someterse a la JEP.

Otro abogado, Ernesto Moreno, beneficiario también de un multimillonario contrario de la JEP, fue uno de los juristas que interpusieron un ‘habeas corpus’ para liberar a ‘Santrich’. Es como si la Corte Suprema contratara a abogados de congresistas procesados por su Sala Penal. Qué escándalo y qué desvergüenza. No se trata de hechos aislados: aquí hay una conspiración de corrupción y contratismo para salvar al narcocomandante de las Farc de su extradición. Y la conspiración está en la propia entidad.

En la JEP hay más enredos y favores cruzados, como en el caso del exviceministro de Justicia Miguel Samper Strouss, beneficiario de un contrato de la JEP tiempo después de que él mismo hubiese contratado a Harold Linares, hermano de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cuando Samper dirigía la Agencia Nacional de Tierras. Con esa ligereza en el manejo del gasto y con luz verde para la operación de corruptos y favorecedores de las Farc –a cuyos miembros la JEP debe juzgar–, la cúpula de esta jurisdicción gestiona un presupuesto de casi 300.000 millones de pesos. A la JEP no la están acabando desde afuera: es ella la que conspira contra sí misma. La JEP se está suicidando.

MAURICIO VARGAS
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