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CUPOS INDICATIVOS O MERMELADA CRIMINAL

VARGAS MAURICIO

 
24 de noviembre 2018 , 11:42 p.m.

Las sesiones del Congreso, que concluyen el 16 de diciembre, no pasarán a la historia como prolíficas en materia legislativa. El grueso de los proyectos gubernamentales se hundirá, saldrá recortado o apenas hará tránsito para continuar su examen, en marzo, cuando las cámaras vuelvan a reunirse. En vísperas de Navidad, los medios dirán que las sesiones fueron lánguidas y el resultado, para el Gobierno, es magro.

 

Yo me declaro, desde ya, en desacuerdo. Es cierto que del paquete legislativo presentado por el Ejecutivo, poco se salvará. Hace semanas resultó aprobado el presupuesto. Saldrá la reforma tributaria, mutilada y mal orientada, y, aunque recogerá buena parte de los recursos que el Gobierno busca para gastos e inversiones, agravará los desajustes de la colcha de retazos en que, desde hace décadas, se convirtió el sistema fiscal.

Las reformas política y de la justicia pasarán su primera vuelta –si acaso–, y las grandes discusiones quedarán, como suele ocurrir con los cambios constitucionales, pendientes para el segundo y definitivo debate el año entrante. Ojalá en la política pase la lista única, que acabe con las microempresas electorales que tanta corrupción han traído. Y en la de la justicia, ojalá desaparezca el Consejo Superior de la Judicatura, y las cortes pierdan sus facultades para elegir funcionarios, lo cual las ha politizado.

Un proyecto de enorme importancia apenas ha recibido atención mediática: el de la modernización de las TIC, que reordena un sector medio paralizado por normas que se volvieron inoperantes frente a los desafíos que plantea hoy la tecnología informática y de telecomunicaciones. La ministra de las TIC, Silvia Constaín, juiciosa y muy conocedora, preparó un proyecto para ponernos al día. Si no sale aprobado, Colombia se va a rezagar en un campo donde quedarse atrás significa paralizar el desarrollo. Ojalá los congresistas le den vía libre, porque de lo contrario le harán al país un daño irremediable que pagaremos todos, pues las enormes inversiones privadas en el sector, que son urgentes y generan servicios y empleo, no se darán sin esa ley.

No es mucho más. Pero, entonces, ¿por qué me declaro desde ya en desacuerdo con decir que será una magra legislatura? Para empezar, que salgan aprobados pocos proyectos no es grave, pues en este país sobran las leyes que se quedan en el papel. No creo que legislar –y solo legislar– produzca resultados mágicos, y eso de votar y sancionar un centenar de leyes cada año de poco ha servido.

Pero, en cambio, lo que valoro –y mucho– de estas sesiones del Congreso es que son las primeras en casi dos décadas en que el Gobierno se niega a aceitar la maquinaria con los tristemente célebres cupos indicativos, esas oscuras partidas de la ley de presupuesto que algunos parlamentarios recomendaban para obras regionales que si acaso se hacían a medias, y en donde el contratista venía asignado de antemano y le daba una buena tajada al congresista que había apadrinado la obra. Era la ‘mermelada’.

Esas partidas llegaron a valer billones de pesos, y a medida que parte de esa plata fluía hacia los bolsillos de los corruptos, el gobierno de turno conseguía mayor apoyo parlamentario. Haberlas acabado es una medida anticorrupción concreta y efectiva que no ha sido valorada. Pero para la administración Duque ha tenido un costo: que muchos en el Congreso, acostumbrados a altas dosis de esa ‘mermelada’ criminal y afectados ahora por el síndrome de abstinencia, poco le hayan caminado al Gobierno.

* * * *

 

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NO HAY ELECCIONES LIMPIAS

 
12 de noviembre 2017 , 02:41 a.m.
 

El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

JAIME CASTRO
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
12 de noviembre 2017 , 02:41 a.m.
 

El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

JAIME CASTRO
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El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

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El país vive situaciones que sumadas producen tanto desasosiego, malestar e indignación que terminarán influyendo –en muchos casos decidiendo– el comportamiento de quienes concurran a las urnas el año entrante. Me refiero a la ilegitimidad del sistema político, la corrupción, el nuevo ordenamiento que crea la implementación del Acuerdo Final y la desaceleración económica.

 
 

Como en toda democracia, el poder de quienes gobiernan tiene como fuente el mandato de la ciudadanía que participa en la conformación, el ejercicio y el control de dicho poder, razón por la cual la Constitución dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Nuestros déficits de legitimidad obedecen a que no hemos logrado que las elecciones sean limpias y transparentes, pero esos faltantes de legitimidad no habían alcanzado las alarmantes dimensiones que hoy tienen a nivel nacional y territorial: financiación ilegal de las campañas, compra de votos, constreñimiento al elector, presión de los grupos armados y otras formas de fraude electoral.

Esa ilegitimidad se transmite a la conducta de los elegidos, que directa o indirectamente nombran como funcionarios a quienes deberían controlar y a los que otorgan la gobernabilidad que requieren, a cambio de nombramientos, asignaciones presupuestales, contratos, artículos en los POT y ‘mermelada’. El sistema político es, entonces, ilegítimo en su origen y comportamiento. Ahí está el germen, en buena medida, de la corrupción, que hace rato pasó la raya roja de sus “justas proporciones” y ha corrompido las tres ramas del poder, aunque una de las fortalezas de la separación de poderes radica en la dificultad y, a veces, la imposibilidad de corromper al tiempo la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

La implementación del Acuerdo Final –su conversión en textos constitucionales y leyes– crea ordenamiento que viola reglas de toda institucionalidad democrática, porque el Congreso abdicó del ejercicio de importantes atribuciones suyas y transfirió otras al Gobierno (‘fast track’ y ley habilitante). También cambia el mapa político del país, porque incrementa el número de congresistas y le otorga al partido de las Farc privilegios que no tendrá ningún otro partido. El Gobierno hizo estas y otras concesiones a solicitud de los desmovilizados. Según Lisandro Duque, cuatro grandes temas de la negociación –Comisión de la Verdad, justicia especial para la paz (JEP), circunscripciones especiales y restitución de tierras, que llama “pasos de animal grande”– le dan “valor agregado moral a una de las partes en conflicto, las Farc, por haber sido propuestas suyas”. A lo anotado agréguense las consecuencias de la destorcida económica (desempleo, reducción de salarios y supresión de puestos de trabajo).

¿Cómo influirán estas situaciones en el comportamiento electoral de la ciudadanía? Para Enrique Santiago, calificado asesor español de las Farc, el proceso en curso debe “configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”.

¿A cuál de las dos izquierdas favorecerá el proceso? ¿A la de quienes sostienen que “nuestro propósito es el socialismo, de eso no debe quedar la menor duda” (‘Iván Márquez’) o a la que defiende un conocido populismo asistencialista? ¿Qué piensan el centro, el centroizquierda y el centroderecha? Nadie puede responder, porque hasta ahora nada está decidido, cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.

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