Viernes 19 de Octubre de 2018
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SOLO LLUVIAS CONTRA CARRASQUILLA

Paloma Valencia L. 

Anunciaban una enorme tormenta alrededor del Ministro Carrasquilla; llegado el momento cayó un chubasco. Nada de fondo. Un debate ideológico sobre el mercado y la ganancia; y unos temas filosóficos de fondo sobre los que puede servir de ejemplo Carrasquilla, pero que para nada causan sombra en su capacidad técnica y su claridad moral.

Carrasquilla como ministro inició un proceso de reforma constitucional que le daba una nueva asignación de los recursos que van a los municipios. Incluía, entre las varias cosas, que la destinación del 5,4% de esos recursos fuera a agua potable y saneamiento básico. El Ministro solo estuvo en los primeros 4 de los 8 debates necesarios.

La intención era que se ejecutaran las obras y garantizar el saneamiento básico. Varios municipios recibieron financiación desde los planes departamentales de aguas, pero como es obvio no había para todos. Esas obras no solo son necesarias sino costosas. Por eso, el entonces ministro Juan Lozano avanzó en consolidar créditos respaldados para esos ingresos. La crisis económica había destruido las posibilidades de crédito, la confianza estaba en su peor momento, por eso se autorizó mediante un decreto que esos recursos se pudieran girar de manera directa.

Carrasquilla diseñó un sistema de bonos que permitió que 117 municipios obtuvieran crédito para ejecutar las obras. El programa tenía la obligación de invertir en agua. Una interventoría de la obra mostró que el 85% de los municipios ejecutaron las obras. Los intereses altos corresponden a las realidades económicas de entonces y comparados con créditos que tomaron otras entidades territoriales con la banca nacional los de los bonos de agua eran más bajos.

Ningún municipio se puede quebrar por haber pignorado el 5,4% de sus ingresos. Si años después los intereses eran costosos comparados con los que rigen con nuevas realidades económicas -que habrían podido empeorar- el gobierno podría subsidiar. Pero decidió en cambio salir a comprar los bonos, con lo que perdió la liquidez que se requiere para continuar las obras

Todo es claro y nítido. Los debates sobre porque los intereses son altos, o porque alguien gana plata por prestarla; se refieren al sistema capitalista y de mercado. Hay algunos que no lo comparten, pero tampoco asumen las consecuencias que supone su ausencia.

La utilización del capital social que adquiere una personalidad pública puede ser discutida, pero para hacerlo debemos ir al caso general y ser consecuentes. Si no es deseable que un alto funcionario vuelva al sector real, tendría que existir un sistema de carrera para altos funcionarios. Habría que pagar el costo de tener funcionarios desconectados del sector real y, por lo tanto, poco enterados de cómo funciona. Son deseables los funcionarios que salen al mundo, trabajan, lo conocen y aprenden. La puerta giratoria tiene dificultades, pero no todos los casos son corrupción o faltas a la ética. El caso de Carrasquilla así lo demuestra.

El otro tema de fondo es la descentralización. A todos nos gusta la idea, pero pocos asumen sus consecuencias. En el debate, llamaron irresponsable a Carrasquilla por haberle ayudado a los municipios a financiarse. O lo que es peor por haberles permitido obtener dinero y dejar que lo ejecutaran ellos mismos. La corrupción en este caso no era el crédito, sino su ejecución. Ese 15% de municipios que no terminaron las obras, jamás fueron investigados. Los problemas de corrupción local no los causan los bonos de agua, ni los soluciona que aquellos no existan.

Carrasquilla probó su solvencia técnica y moral, pero que daño causan quienes exageran y dicen verdades a medias para destruir buenos funcionarios públicos. Creo que muchos técnicos quedan asustados de trabajar con el Estado.

 

 

 

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LA CONSULTA INUTIL , POLITIQUERA Y CONTRA EL DINERO DE LOS COLOMBIANOS

Rafael Nieto Loaiza     

El 26 de agosto se realizará la consulta anticorrupción. La consulta popular es uno de los mecanismos de participación creados en la Constitución de 1991. Tiene por finalidad preguntarle a los ciudadanos su posición sobre un asunto de “trascendencia nacional” y la decisión del pueblo será obligatoria.

“Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. El censo electoral para esta consulta es de 36.421.026 colombianos, es decir, el umbral para cada una de las preguntas de la consulta es de 12.140.342 ciudadanos. Superado el umbral, cada una de las preguntas necesita para su aprobación que al menos la mitad más uno de los votantes lo haga favorablemente.

En el caso de los mecanismos de participación no existen estímulos electorales porque se entiende que la abstención es una forma válida de participar. De hecho, en Colombia quienes se oponen a las propuestas planteadas en estos mecanismos promueven la abstención en lugar del voto negativo. Es mucho más fácil que una propuesta se hunda por no alcanzar el umbral que conseguir que el no triunfe sobre el si. La excepción fue el plebiscito del 2016 porque Santos, de manera tramposa, redujo el umbral requerido hasta hacerlo irrisorio. El No fue la única alternativa de quienes nos oponíamos al pacto con las Farc.

Esta consulta trae siete preguntas. Dos de ellas son inconstitucionales porque no se pueden realizar consultas “sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política”: la 1 rebajaría el salario de los congresistas a 25 salarios mínimos legales mensuales y la 7 propone que los congresistas, los diputados, los concejales y los miembros de JAL no puedan estar en sus corporaciones sino un máximo de tres períodos. En ambos casos habría que reformar la Constitución para hacer los cambios. En ninguno de los dos hay corrupción. Se puede discutir si es conveniente que los altos funcionarios  ganen lo que hoy ganan, pero lo que reciben es lo que les corresponde por ley. Por cierto, con la aprobación de esa pregunta se afectaría a muchísimos funcionarios, incluyendo magistrados, jueces y fiscales, porque sus salarios se establecen con base en el de los congresistas. Si bajan los de los parlamentarios, bajan también los demás. Y es posible debatir si es conveniente que un concejal esté más de tres períodos, pero que lo esté no solo no es corrupto sino que es legal.

En las otras cinco preguntas estamostodos de acuerdo. El problema está en que lo propuesto ya está en el ordenamiento legal: no se pueden conceder subrogados penales ni prisión domiciliaria y hay que terminar los contratos de quienes hayan incurrido en actos de corrupción, ya existe la obligación de utilizar pliegos tipo, y la rendición de cuentas es una obligación legal así como la de presentar declaración de renta. Así las cosas, ¿qué de lo que se aprobara en la consulta sería ”obligatorio” que no lo sea ya y que no suponga un cambio constitucional? Habría que buscarlo con lupa.

Hecho ese ejercicio, se abren otras preguntas: ¿entonces, tiene sentido la consulta? Los promotores podrían decir que si, como una declaración política, como un statement ciudadano contra la corrupción. Pero, por un lado, ese no es el propósito de las consultas (tampoco de ésta, según quienes la impulsan) y, por el otro, el costo es excesivo. Vale entre 300 y 350 mil millones de pesos, según el Registrador Nacional. Si en el grueso de lo que se propone estamos todos de acuerdo y ya está en el ordenamiento jurídico y lo que no está no puede ser aprobado en una consulta y no está claro que sea lo más conveniente, ¿no era mejor, y de paso más ético, gastarse ese dineral en salud, educación, seguridad?

Para rematar, los promotores de la consulta no son ciudadanos de a pie sino políticos que pretenden impulsar sus carreras. Es legítimo, en principio, aunque la pregunta del costo beneficio sea válida y su respuesta no les sea favorable. Lo difícil es quieran ahora el apoyo de aquellos a los que sistemáticamente han atacado. Es entendible que tengan resistencia de quienes se sienten maltratados.

Por su lado, el gobierno ha presentado una propuesta que, ella sí, ataca con herramientas nuevas el cáncer de la corrupción. Hay que construir un acuerdo para sacarla adelante.

 

 

 

 

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LAS JEP VUELTA TRIZAS Y MAS

Fernando Londoño H.

Lo estamos diciendo con perdón de los castos oídos escandalizados porque lo digamos y seguros de que vamos a merecer otro anatema por parte de los defensores de la pureza ideológica del nuevo uribismo.

¡Pero qué podemos hacer! De la JEP dispuesta en Cuba y redactada por De La Calle y Santiago no queda prácticamente nada.

Todo estaba previsto para que esa Inquisición de nuestro tiempo estuviera conformada por juristas colombianos y extranjeros. Los extranjeros quedaron reducidos a los “amicus curiae” que no han podido entrar en escena. Primera contrariedad.

La esencia de la JEP era convertirla en el Tribunal donde fueran juzgados los civiles que contribuyeron a la guerra directa o indirectamente. El objetivo primero era el Presidente Uribe, la pieza más preciada de estos cazadores furtivos. Pues no pudieron coger tampoco al maldito jabalí, como ya se le escapó a la perrilla de Marroquín. Y fueron los mamertos que tomaron asiento en la Corte Constitucional los que limitaron el alcance de la JEP a los bandidos de las FARC, para absolverlos, y a los militares de Colombia, para condenarlos a todos. Mejor dicho, dejaron escapar la presa: “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

En esas organizaciones, y en los que se opusieran a este tratado de paz, así los llaman, venían Uribe y sus amigos, los empresarios que pagaron extorsiones, los escritores que no le gustan a Márquez, al Padre de Roux y Alvaro Leyva, los  funcionarios públicos que enfrentaron la guerrilla comunista, en fin, todos los enemigos de las FARC, que en los acuerdos se llaman enemigos de la paz.

La JEP se caía a pedazos, sin remedio. Pero le vino lo peor. Porque el Congreso de la República, con sus nuevas incontestables mayorías, en buena hora decidió que los militares acusados por cumplir sus deberes pasarían a una sala nueva de la JEP. Que esa sala, integrada por personas que no hubieran demandado antes al Estado por estas cuestiones de paz y guerra, que tuvieran conocimientos de estrategia y tácticas militares, y que fueran expertos en los manuales de guerra que los soldados de Colombia deben respetar. Es el comienzo, un buen comienzo, de la Justicia Penal Militar que existe en todos los países del mundo, porque la materia a que se aplica no puede ser tratada por aprendices, por ignorantes y por gente políticamente interesada.

Pero siguieron las desventuras. Los comunistas amigos de las FARC, muchos residenciados en el distinguido barrio de El Chicó y sus vecindades, querían mantener en la cárcel a los centenares de militares que seguían en prisión por el delito de combatir por la Patria y defender a los colombianos en su vida, honra y bienes. Pues también se les soltó la presa. El Congreso encontró que los militares no podían ser tratados con más rudeza que los mafiosos criminales de las FARC y dispuso que se defendieran en libertad y en libertad aguardaran la conformación de la nueva sala donde serán juzgados.

La JEP convertida en “tiras de piel, cadáveres de cosas”. Pero aún le quedaban dolores por padecer. Porque fiel a su devoción por los asesinos de las FARC  y dispuesta a conservarlos en la más sagrada impunidad, había cerrado filas para impedir su extradición, cuando permanecieran en el juego que más les gusta, el del narcotráfico. Y quería sentar precedente en el caso Santrich, practicando pruebas que tardaran para siempre o que le permitiera buscar alguna rabulería que la dejara conectar los delitos de ahora con los de ayer. Y también se le soltó el bocado. Porque la Corte Constitucional debió recordarle que en los llamados procesos de extradición no hay pruebas, ni juzgamientos, ni sentencias. Por la extradición se pone a disposición de los jueces extranjeros un sujeto acusado por ellos por cometer delitos contra su país. Las pruebas se presentarán allá, los juicios serán allá y de allá las cárceles donde el criminal purgue sus fechorías.

Y todavía más, porque cabe. El Presidente Duque ha dicho, lo que es elemental e incontrovertible, que los desmovilizados que hayan recibido condena por delitos atroces o de lesa humanidad no podrán tomar asiento en el Congreso. Y toda esta canalla llega a la JEP cargando el  fardo de sus condenas anteriores, dictadas por jueces de la República y todas, por lo menos casi todas, originadas en delitos de aquellas categorías.

Sin jueces extranjeros, sin competencia para juzgar a sus enemigos políticos, sin competencia para condenar los militares de Colombia perseguidos, casi todos inocentes, sin competencia para mandar los amigos de las FARC de su cuidado purificador al Congreso y sin manera de protegerlos contra la extradición, ¿qué queda de la JEP? Nada, por supuesto. Está vuelta trizas. Sea dicho con perdón.

 

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CLARO QUE HAY QUE REGLAMENTAR LAS PROTESTAS SOCIALES CONTRA LOS BANDALOS.

RUEDA MARIA I

Al nuevo ministro de Defensa le cayeron durísimo por haber dicho que en Colombia hay que reglamentar la protesta social. No eran ni la hora ni el momento adecuados para hacer un anuncio que tampoco corresponde a su cartera, precisamente en medio de la racha de asesinatos de líderes sociales.

 

Pero tampoco era para tanto. Incluso han llegado a presumir que sus declaraciones anuncian que planea perseguir a los líderes sociales, cuando la propia Corte, en su sentencia de constitucionalidad del nuevo Código de Policía, dice que, como derecho de rango constitucional, la protesta social debe ser reglamentada por ley estatutaria. Precisamente para hacerla respetar, estimularla y defenderla como expresión de la vida democrática. Pero también necesita que esté protegida contra desviaciones que la desvaloricen; tomar precauciones como no permitir en las protestas gente armada, para que ese derecho pueda ser ejercido válidamente dentro de sus cauces y tenga la utilidad que de la protesta social se espera. Tampoco puede estar por encima de los derechos colectivos de los colombianos, como el del trabajo o el de la movilidad.

Pero el episodio sirvió para que muchos malquerientes del nuevo gobierno encontraran el pretexto para augurar que se criminalizará –como si estuviéramos en Venezuela– la protesta social. Esta tesis, tan injusta como atrevida, me trajo a la memoria una entrevista que hice en el 2014 para EL TIEMPO con un líder estudiantil venezolano de escasos 25 años que había llegado a Colombia refugiándose de la persecución del régimen Maduro.

Su nombre es Lorent Saleh. Recuerdo que hablaba casi empanicado, como si lo fueran a coger a la salida de la entrevista.

“El cierre de RCTV (Radio Caracas Televisión) fue lo que despertó el movimiento estudiantil. Nos encontramos en la calle miles de chamos. Nos acusaron de ser financiados por la CIA. Hasta de ser agentes de la Mossad. He hecho tres huelgas de hambre hasta de 23 días para que liberen a mis compañeros encarcelados, unos 200 que son presos políticos.Luego de la muerte de Chávez tomé la decisión de irme de Venezuela hacia Colombia, cuando me secuestraron, me torturaron y me quitaron el pasaporte. Vinieron una profundización de la criminalización de la protesta y una sistemática persecución de los estudiantes. La gente se acostumbró a verme ensangrentado, encadenado. Me han disparado a quemarropa. A mi mamá la han golpeado. A varios de mis mejores amigos les han disparado a la cabeza. Enfrentamos tanquetas con banderas y fusiles con cacerolas. No tenemos armas. Este es un mensaje al presidente Santos: ¿por qué carajos se pudo pronunciar por la muerte de Chávez y no por la de estos chamos menores de 25 años asesinados de un tiro en la cabeza? Estamos tremendamente solos”.

Nunca volví a ver a Lorent. Supe que lo habían arrestado en Venezuela. Desde hace cuatro años la inteligencia venezolana lo tiene preso en El Helicoide, sin que lo hayan llamado a juicio y prácticamente incomunicado. Después de nuestra entrevista, a pesar de tener permiso para adelantar actividades académicas en Colombia, fue expulsado hacia Venezuela, según Migración Colombia porque era un extranjero que atentaba contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la tranquilidad social. Su licencia advertía que no podía desarrollar actividades proselitistas, lo que, de acuerdo con la Cancillería, no cumplió.

Hace pocos días, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dictaminó que esa expulsión de Saleh violó la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes, y acusó al Gobierno colombiano de no garantizar la protección del deportado al entregárselo a las autoridades venezolanas que habían criminalizado su protesta social, sin tiempo para contactar a un abogado y preparar su defensa. Según Vivanco, su deportación fue arbitraria y violó los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 3 de la Convención contra la Tortura y la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiados. Hay silencio del Gobierno colombiano.

Cuando Lorent fue deportado, aún se pagaba a cuotas el apoyo de Maduro al proceso de paz. 

Entre tanto... 
Eso, para no hablar del caso Balda, opositor ecuatoriano deportado después de ser salvado de un secuestro en el barrio Cedritos de Bogotá, donde estaba refugiado del régimen de Correa. Vinculado con esa agresión, el expresidente está ad portas de la cárcel.

MARÍA ISABEL RUEDA

 
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EL TRIUNFO DE DUQUE

José Félix Lafaurie R.

Cuando muchos lectores lean estas líneas, habrá sucedido lo que vaticino con esperanza y convicción: el triunfo de Iván Duque. El triunfo de la coherencia.

Ghandi la define como armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace. Sin menoscabo de la necesaria flexibilidad frente a la realidad cambiante, esa armonía debe ser, por el contrario, inflexible en los principios. La coherencia es la base de la credibilidad, que está detrás del triunfo de Duque en el mecanismo de selección de su partido, en su victoria contundente en la consulta interpartidista, y en la mayor votación histórica de un candidato en primera vuelta.

Detrás de esos resultados está la acción política de un partido que, durante ocho años, puede preciarse de su independencia frente al poder. Detrás de esa acción política hay un norte ideológico, unos principios, que orientaron el mandato ciudadano triunfante en el plebiscito, birlado vergonzosamente por el Gobierno. Y en la defensa de esos principios y esa acción política, un candidato de excelencia: Iván Duque, un colombiano joven, preparado y sin prevenciones. 

Su programa es coherente porque es fruto de la reafirmación de principios y convicciones. El imperio de la ley y la justicia –LEGALIDAD– como fundamentos de convivencia y condiciones para el desarrollo. Sobre esa base, que incorpora la lucha contra la corrupción y el delito, surge la promoción del EMPRENDIMIENTO que permite crecer, con decisiones audaces pero posibles, a partir de la austeridad del Estado. Finalmente, LA EQUIDAD como resultado, no solo por más y mejor empleo, sino por mayor capacidad del Estado para garantizar salud, educación y demás condiciones que acorten la brecha de inequidad.

Es un programa coherente con la realidad del país, como han sido coherentes con esa propuesta política las actuaciones en su vida pública internacional y como congresista; y esa propuesta es coherente con los principios de su partido. 

La consistencia es también coherencia. A lo largo de la campaña, Duque no cambió su propuesta fundamental. No se apropió de ideas ajenas y nadie ha tenido que obligarlo, a última hora y a cambio de votos,  a jurar que no hará lo que apenas ayer había prometido hacer, como le tocó a Petro ante un país asombrado por su pirueta.

La lealtad es coherencia. Duque reconoce su admiración por Álvaro Uribe y su pertenencia al Centro Democrático, pero deja claro que gobernará con todos y para todos. Aceptó las adhesiones inherentes al sistema de dos vueltas, pero no vendió al mejor postor la burocracia ni sus principios.

Ahora invito a los colombianos a la coherencia. Sin distingos y sin menoscabo de su derecho al disenso, los invito a aceptar el mensaje del presidente Duque, a pasar la página de la polarización y a unirnos, desde la diferencia, para trabajar juntos por el futuro de Colombia.

@jflafaurie

 
   
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