Domingo 15 de Septiembre de 2019
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NOS QUIERE GOBERNAR NUEVAMENTE LA CONTRALORIA,CON LA CORRUPCIÒN TOTAL.

RUEDA MARIA I

 
07 de septiembre 2019 , 10:35 p.m.

La velocidad con la cual este proyecto de reforma constitucional de la Contraloría avanzó, hasta encontrarse hoy a un solo debate de ser aprobado, debería haber prendido todas las alarmas. Como no ha tenido debate parlamentario, lo primero que a uno se le ocurre es que o todos los congresistas están insólitamente encantados de las bondades de la reforma, o que los apoyos se han venido cobrando en la trastienda burocrática de la Contraloría.

Pero ante el silencio parlamentario y el del propio Gobierno, del Fiscal y del Procurador, solo voces sueltas de algunos analistas se han aventurado a recoger las preocupaciones de la ciudadanía, principalmente de los gremios, que desde ya advierten que nos podría retroceder a las peores épocas de la corrupción administrativa del país. En eso andan Guillermo Perry, Armando Montenegro, Jorge Humberto Botero. Hoy me les uno. Estamos ‘ad portas’ de que se reviva una de las peores herramientas extorsivas del Estado.

La reforma la presenta el actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, hombre joven y con chispa, que combina la defensa de su proyecto con graciosos chascarrillos como que “una cosa es un guayo para jugador y otra un jugador paraguayo”. O esta otra: que “no se trata de una asustaduría, sino de una frustraduría”. Entre sonrisas, ‘Pipe’, como se le apoda cariñosamente, niega rotundamente que se vaya a restablecer en Colombia el mecanismo del control fiscal previo, disfrazado eufemísticamente bajo el término control “preventivo y concomitante”. No nos ha logrado convencer. Al control previo le temblamos. Corrompió a la Contraloría, pero sobre todo al país, durante gran parte del siglo XX antes de su prohibición en la Constitución del 91. Muchos de sus protagonistas terminaron presos. El control previo llegó a rodearse de tal poder político que los entonces llamados ‘del grupo del Contralor’, según fuera el de turno, llegaron hasta a imponer desde la Contraloría a varios de los futuros presidentes de Colombia.

Pero sus funciones llegan mucho más ampliadas. Según la reforma, “Bajo su responsabilidad, podrá exigir verdad sabida y buena fue guardada” (es decir, sin necesidad del debido proceso) para proceder a la suspensión inmediata de funcionarios mientras las investigaciones o los procesos fiscales culminan. Significa que podrá ordenar suspender a gobernadores, alcaldes, ministros y demás altos funcionarios cuando al contralor le parezca. Más aún, podrá “ejercer la acción penal cuando la Fiscalía no lo haga en los seis meses siguientes al envío de los hallazgos”. Y también podrá ejercer “las funciones de Policía Judicial para la vigilancia del control fiscal”. Es decir que podrá ordenar interceptaciones y allanamientos. Y, además, imponer desde multas hasta suspensión a quienes no suministren la información que la Contraloría pida, sin que se pueda alegar que es privilegiada.

Hasta aquí hemos construido un reyezuelo. Con capacidad para vigilar, suspender, multar, covigilar la ejecución presupuestal y las inversiones del presupuesto público, y con el permiso de usurpar las funciones del Fiscal y de la Policía Judicial.

Y para robustecer su fortaleza, el rey Pipe ha ordenado que sus vasallos o funcionarios recibirán aumentos de sueldo; y que, mediante una ley, se ampliará la planta de personal de la Contraloría y se creará una nueva planta de carácter transitorio. Hoy cuenta con 4.288 funcionarios y dice que no da abasto sino para recuperar el 0,04 por ciento de lo que se le roban al patrimonio público.

Pero más presupuesto también habrá. El rey Pipe ha ordenado unas apropiaciones progresivas que incrementarán el presupuesto de la Contraloría durante las tres vigencias futuras, en 250.000, 250.000 y 136.000. Total, la Contraloría tendrá 636.000 millones de pesos más en tres años.

Y a quienes aspiraban a ver acabadas las contralorías territoriales –que el fallido referendo del gobierno de Álvaro Uribe no pudo eliminar a pesar de ser costosas, ineficientes y corruptas–, el proyecto garantiza autonomía y sostenibilidad financiera y administrativa para ellas. Es decir, no solo no se acabarán, sino que se reforzarán.

Como la eliminación del control previo fue considerada una de las grandes batallas ganadas en la Constituyente, no es improbable que si pasa esta reforma constitucional, como parece que ya pasó, la Corte Constitucional podría devolverla, ahí sí, por el motivo de ser una sustitución grosera del espíritu de la Constitución del 91.

Entre tanto… Convertido así el rey Pipe en uno de los más poderosos funcionarios del reino, no faltarán quienes digan, lenguas viperinas, que esta reforma es la primera cuota de su campaña presidencial.

MARÍA ISABEL RUEDA

 
07 de septiembre 2019 , 10:35 p.m.

La velocidad con la cual este proyecto de reforma constitucional de la Contraloría avanzó, hasta encontrarse hoy a un solo debate de ser aprobado, debería haber prendido todas las alarmas. Como no ha tenido debate parlamentario, lo primero que a uno se le ocurre es que o todos los congresistas están insólitamente encantados de las bondades de la reforma, o que los apoyos se han venido cobrando en la trastienda burocrática de la Contraloría.

Pero ante el silencio parlamentario y el del propio Gobierno, del Fiscal y del Procurador, solo voces sueltas de algunos analistas se han aventurado a recoger las preocupaciones de la ciudadanía, principalmente de los gremios, que desde ya advierten que nos podría retroceder a las peores épocas de la corrupción administrativa del país. En eso andan Guillermo Perry, Armando Montenegro, Jorge Humberto Botero. Hoy me les uno. Estamos ‘ad portas’ de que se reviva una de las peores herramientas extorsivas del Estado.

La reforma la presenta el actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, hombre joven y con chispa, que combina la defensa de su proyecto con graciosos chascarrillos como que “una cosa es un guayo para jugador y otra un jugador paraguayo”. O esta otra: que “no se trata de una asustaduría, sino de una frustraduría”. Entre sonrisas, ‘Pipe’, como se le apoda cariñosamente, niega rotundamente que se vaya a restablecer en Colombia el mecanismo del control fiscal previo, disfrazado eufemísticamente bajo el término control “preventivo y concomitante”. No nos ha logrado convencer. Al control previo le temblamos. Corrompió a la Contraloría, pero sobre todo al país, durante gran parte del siglo XX antes de su prohibición en la Constitución del 91. Muchos de sus protagonistas terminaron presos. El control previo llegó a rodearse de tal poder político que los entonces llamados ‘del grupo del Contralor’, según fuera el de turno, llegaron hasta a imponer desde la Contraloría a varios de los futuros presidentes de Colombia.

Pero sus funciones llegan mucho más ampliadas. Según la reforma, “Bajo su responsabilidad, podrá exigir verdad sabida y buena fue guardada” (es decir, sin necesidad del debido proceso) para proceder a la suspensión inmediata de funcionarios mientras las investigaciones o los procesos fiscales culminan. Significa que podrá ordenar suspender a gobernadores, alcaldes, ministros y demás altos funcionarios cuando al contralor le parezca. Más aún, podrá “ejercer la acción penal cuando la Fiscalía no lo haga en los seis meses siguientes al envío de los hallazgos”. Y también podrá ejercer “las funciones de Policía Judicial para la vigilancia del control fiscal”. Es decir que podrá ordenar interceptaciones y allanamientos. Y, además, imponer desde multas hasta suspensión a quienes no suministren la información que la Contraloría pida, sin que se pueda alegar que es privilegiada.

Hasta aquí hemos construido un reyezuelo. Con capacidad para vigilar, suspender, multar, covigilar la ejecución presupuestal y las inversiones del presupuesto público, y con el permiso de usurpar las funciones del Fiscal y de la Policía Judicial.

Y para robustecer su fortaleza, el rey Pipe ha ordenado que sus vasallos o funcionarios recibirán aumentos de sueldo; y que, mediante una ley, se ampliará la planta de personal de la Contraloría y se creará una nueva planta de carácter transitorio. Hoy cuenta con 4.288 funcionarios y dice que no da abasto sino para recuperar el 0,04 por ciento de lo que se le roban al patrimonio público.

Pero más presupuesto también habrá. El rey Pipe ha ordenado unas apropiaciones progresivas que incrementarán el presupuesto de la Contraloría durante las tres vigencias futuras, en 250.000, 250.000 y 136.000. Total, la Contraloría tendrá 636.000 millones de pesos más en tres años.

Y a quienes aspiraban a ver acabadas las contralorías territoriales –que el fallido referendo del gobierno de Álvaro Uribe no pudo eliminar a pesar de ser costosas, ineficientes y corruptas–, el proyecto garantiza autonomía y sostenibilidad financiera y administrativa para ellas. Es decir, no solo no se acabarán, sino que se reforzarán.

Como la eliminación del control previo fue considerada una de las grandes batallas ganadas en la Constituyente, no es improbable que si pasa esta reforma constitucional, como parece que ya pasó, la Corte Constitucional podría devolverla, ahí sí, por el motivo de ser una sustitución grosera del espíritu de la Constitución del 91.

Entre tanto… Convertido así el rey Pipe en uno de los más poderosos funcionarios del reino, no faltarán quienes digan, lenguas viperinas, que esta reforma es la primera cuota de su campaña presidencial.

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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EL "CONEJO" DE LAS FARC,QUE LOS LLEVARÀ A PERDER TODOS SUS BENEFICIOS

VARGAS MAURICIO

 
28 de julio 2019 , 12:43 a.m.

He repetido –y lo sigo creyendo– que hace siete años, cuando el presidente Juan Manuel Santos sentó a sus delegados en la mesa de La Habana para negociar con las Farc, hacía una apuesta correcta: una guerrilla que había sido derrotada militarmente pero no estaba aniquilada era buena candidata a dejar las armas por la vía de un acuerdo. Pero, con el paso de los años, los líderes de las Farc entendieron que Santos tenía afán por firmar y le sacaron, en la mesa, mucho más de lo razonable.

 

Fue así como obtuvieron una justicia especial, la JEP, donde pueden librarse de la cárcel por crímenes como secuestros, masacres, y reclutamiento y abuso de menores, a cambio de confesar unas verdades generales. Aun así, asumieron cuando menos dos grandes compromisos: dejar las armas y aportar cientos de miles de millones para resarcir a las víctimas de su guerra.

En cuanto al primer punto, tres cuartas partes de la tropa ‘fariana’ abandonaron las armas, y los frentes donde operaban desaparecieron. El resto integra hoy bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y, para asegurarse su dominio en numerosas zonas, mata a líderes sociales opuestos a su comportamiento mafioso, al igual que lo hacen las bandas herederas del atroz paramilitarismo.

Un puñado significativo de líderes, entre ellos el número dos de esa guerrilla, alias Iván Márquez, además del ‘Paisa’, ‘Santrich’ y ‘Romaña’, se han apartado del acuerdo, lo han incumplido y no se han presentado ante la JEP (que los trata con escandalosa benevolencia). Metidos hasta el cuello en el narcotráfico, resultaba iluso pensar que se volvieran buenos ciudadanos.

Pero hay un segundo incumplimiento que me parece mucho más grave: la plata para las víctimas. Un reporte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), divulgado esta semana por Caracol Radio, resulta desolador. Un poco de historia: con un decreto de 2017 que reglamentaba ese aspecto de los acuerdos, y un fallo de la Corte Constitucional del mismo año, quedó en claro –mucho ojo– que los ex-Farc no podían obtener los beneficios del acuerdo si no resarcían a las víctimas con la entrega de la inmensa fortuna que los frentes de esa guerrilla acumularon por décadas.

Para cumplir con ello, las Farc presentaron una declaración de sus activos por 964.000 millones de pesos. Y, aunque eso era muy inferior a los cálculos del gobierno Santos, que medían la fortuna de las Farc en unas ocho veces más, al menos era un principio. La realidad ha resultado muchísimo peor. La SAE solo ha podido convertir en dinero en efectivo unos 24.000 millones de pesos de esos bienes, apenas el 2,5 por ciento del total.

Las explicaciones de los exguerrilleros se mueven entre lo ridículo y lo cínico. De los 12.000 millones en efectivo que las Farc declararon, solo entregaron poco más de 2.000 millones, pues –alegan– 4.300 millones se los quedaron las disidencias y más de 5.200 millones fueron incautados por el Ejército. De las 24.500 cabezas de ganado reportadas, las Farc dicen que casi 15.900 desaparecieron. En cuanto a los 722 bienes inmuebles declarados, ¡solo han aparecido ocho! Además, parte de la fortuna informada está representada en armas que no pueden ser vendidas, y en carreteras que las Farc dicen haber construido y que tampoco se pueden monetizar.

Entre tanto, los jefes del hoy partido Farc ya recibieron sus curules en el Congreso (con sueldo y demás prebendas), los excombatientes ya han obtenido millonarias ayudas económicas y, en materia judicial, la JEP los trata como si fueran angelitos. Lo único claro es que a las víctimas no las resarcirán los victimarios, sino los contribuyentes. ¿En algún momento, semejante ‘conejo’ de las Farc con las víctimas va a implicar la pérdida de estos beneficios?

MAURICIO VARGAS
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BAÑADOS EN GLIFOSATO,NO PROHIBIDO EN NINGÙN PAIS.

María Isabel Rueda       

El glifosato es un veneno. Pero hoy, nadie tiene mejor fórmula contra esta inundación de coca.

Enterados del anuncio del Presidente de que Colombia volverá a asperjar, me apoyé en un documento reciente de una universidad respetable para invitar a un debate sensato sobre el tema.

No sospeché, pero tampoco me intimida, que mis conceptos sobre los cuales es válido discrepar, y acaso sea conveniente hacerlo, desatarían esta tormenta; incluso, medios respetables y responsables participaron en el gatuperio, sugiriendo que el documento académico había sido contratado por Bayer. Hasta habló en mi emisora radial un profesor sin rostro de la misma universidad, que no dio su nombre por “temor a represalias”. Quien se enmascara para producir una opinión de orden científico no puede ser profesor. Al igual que carecería de la dignidad propia de un centro de saber que la universidad ejerciera represalias sobre los académicos disidentes. Qué bueno no estar en los tiempos de Galileo o de Bruno.

Por fortuna, terció la culta y pausada opinión del profesor Moisés Wasserman, quien, en su columna en este diario, escuchó mi invitación a la discusión serena.

Si le entendí bien al profesor, el concepto de “posibilidad” de que el glifosato produzca cáncer está correctamente citado en la columna. Es verdad que agencias muy serias, como las que él enumera, no encontraron asociaciones de glifosato con cáncer. Y así como no sería ético asperjar si el glifosato produce cáncer, tampoco sería moral, como hacemos en la actualidad, enviar a campesinos y soldados a erradicar en campos minados.

Dejarnos llevar por completo del principio de precaución, basados en que la Agencia internacional de Investigación del Cáncer (Iarc) señala que es “posiblemente” cancerígeno, para prohibirlo en Colombia, no solo contra la coca sino eventualmente para todos los alimentos, tendría consecuencias catastróficas para la productividad del campo.

El glifosato es un veneno. Mata matas. No me gusta. Pero hoy, nadie tiene en el mundo una fórmula mejor que la de utilizarlo con cautela contra esta inundación de coca.

No es el primer documento o literatura sobre glifosato que estudio. He venido siguiendo el asunto con interés desde el famoso pleito en la frontera con Ecuador, cuando su entonces presidente Rafael Correa nos demandó por millones por unos casos de abortos y muertes prematuras entre la población de la frontera, donde asperjábamos. Sí les pagamos una indemnización, pero más para hacer un arreglo político. Nos favorecía un informe contratado por la OEA al profesor canadiense Keith Solomon, que, acompañado de muchos otros científicos, sostuvo que en la zona fronteriza no se había encontrado la conexión con ese riesgo. Más recientemente obtuve un estudio solicitado por el Ministerio de Justicia de Colombia a un grupo de expertos, encabezados por Daniel Rico, para valorar la nueva evidencia científica en materia de glifosato, y la respuesta fue: “Esta revisión sistemática con metaanálisis (se analizaron más de 4.000 estudios) no encontró evidencia suficiente de asociación entre glifosato y enfermedades en los humanos...”.

El estudio que el Instituto Nacional de Salud preparó para la audiencia en marzo ante la Corte decía que sí existía. Lo que no nos aclararon es que era un estudio de bajo rigor académico, que tampoco ha sido publicado en revistas especializadas, y que fue fuertemente cuestionado en el propio gobierno, por errores y sesgos en su metodología.

Ahora: sí genera preocupación que el Gobierno siga comprando un glifosato chino, llamado Cúspide, que ya había sido cuestionado en el 2012 por ‘El Espectador’ porque era volátil, la sustancia no era regular y había sido reetiquetado. Y, además de todo, según los campesinos, ¡no mataba la mata!

A nivel mundial, el debate sigue, por ahora, igual: no hay daño inminente para salud. Pero en Colombia, a quienes tocamos el tema nos acusan de estar comprados. Para sorpresa de muchos, el glifosato de la Bayer no es el que será utilizado en Colombia. Ya anunciaron públicamente en TV que no licitarán porque el negocio no les interesa. La molécula ya no es exclusiva de Monsanto (Bayer) y tiene más de 118 presentaciones. Los chinos son hoy los mayores productores, de manera que, querido Matador, un favor: móntenos a la universidad y a mí en un avión, pero de China Airlines, y nos llevamos al profesor Wasserman, que debe ser estupendo conversador, y nos vamos a buscar la verdad.

Entre tanto... Reitero que el glifosato no está prohibido en ningún país. En algunos, muy pocos, hay restricciones para su uso en zonas públicas, por fuera de la autoridad regulatoria.

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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SANTOS AL TABLERO PENAL.

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Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

 

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.

 
20 de julio 2019 , 11:57 p.m.

Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

 

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

MAURICIO VARGAS
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20 de julio 2019 , 11:57 p.m.

Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

 

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

MAURICIO VARGAS
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VARGAS MAURICIO 

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GLIFOSATO Y CORTE CONSTITUCIONAL POLITIQUERA

Rafael Nieto Loaiza

La Constitucional salió rápidamente a recordarle al presidente Duque, como si él no lo tuviese perfectamente claro, que está vigente la sentencia en que prohibe el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Sea el momento para recordarle a la Corte algunos puntos que, ella sí, parece haber olvidado:

A 31 de diciembre de 2017, según la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense, en Colombia había 209.000 hectáreas de coca, un incremento del 11% en relación con el 2016. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, la cifra era de 171.000, con un incremento del 17%. Como los elementos estructurales del problema no cambiaron en nada durante 2018, no hay razón para pensar que, en cualquiera de los sistemas medición, el número de narcocultivos haya disminuido. En ambas mediciones son las cifras más altas de la historia. Vivimos en un mar de coca. 

No es verdad que las políticas de erradicación no hayan sido eficientes. Durante el gobierno de Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60%, a 63 mil hectáreas. Según la UNODC, en el 2013 llegamos a solo 48.000 hectáreas. En ambos sistemas de medición, en el 2014 las curvas de narcocultivos, que venían en descenso, empiezan a invertirse y a aumentar. ¿La razón? En el 2013, por presión de Rafael Correa, Santos decide suspender la aspersión aérea en las áreas de frontera. Un poco después, hace lo mismo en el Catatumbo. Hoy los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y Norte de Santander, límite con Venezuela, en conjunto concentran el 60% de los narcocultivos. Pero el salto exponencial se presenta después de que, en el 2015, la Constitucional prohibiera la fumigación con glifosato alegando el “principio de precaución”. Desde ese momento, los narcocultivos se disparan aceleradamente hasta alcanzar las monstruosas cifras actuales.

Algo similar ha ocurrido con la producción de cocaína. En el 2017, la producción en Colombia aumentó un 19%, pasando de 772 toneladas en 2016 a 921, más del doble que en el 2014. Durante Uribe, la producción de coca había caído a 290 toneladas. Muy seguramente la producción, que viene siendo año tras año más eficiente, aumentó también en el 2018 y habrá sobrepasado las mil toneladas métricas.

Los efectos de haber suspendido la campaña de aspersión son evidentes. Una vez acaba la aspersión aérea, los narcocultivos y la producción de cocaína empiezan un ascenso vertiginoso. Todo el desastre ha ido en aumento. Nunca en nuestra historia hemos tenido más narcocultivos ni se ha producido más coca que ahora.

Pero el problema no es solo de producción. Colombia es ya un país de consumo. Las cifras de consumo de alcohol y drogas por parte de niños y jóvenes, por cierto, son escalofriantes. El 11,7% de los escolares ha consumido marihuana. Y de los usuarios permanentes, ¡el 12.4% la probaron por primera vez antes de cumplir diez años¡ El 69,1% de quienes probaron la coca, son adictos. Según el Viceministro de Justicia, que tiene a su cargo los temas de drogas, el uso de la marihuana entre escolares “ha crecido 156,4%; el de la cocaína, 53,3%; el del bazuco, 44,4% y el del éxtasis, 112,8% [y] el consumo universitario de marihuana subió 38% y el de cocaína, 28%. Las anfetaminas crecieron 125%”.

Las cifras muestran la gravedad de la situación y el impacto en materia de consumo y adicción de las decisiones tomadas por la Constitucional, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad. Como algunos advertimos, se produce tanta droga que los mercados internacionales son insuficientes y los narcos están acelerando el crecimiento de mercados internos. Todas las evidencias muestran que hay una estategia que tiene por objetivo principal volver a los niños y los jóvenes en adictos. En Colombia tenemos el gramo de cocaína más barato del mundo, 5.4 euros, mientras que el promedio mundial es de 79.5 euros, y ya antes de la última decisión de la Corte sobre consumo en lugares públicos eramos el país donde es más fácil acceder a la sustancia. Para rematar, los traficantes están usando a los niños y jóvenes: entre 2012 y 2018, 50.742 menores de edad fueron capturados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¿La Corte necesitará pruebas de que el grueso de la venta y tráfico de drogas se hace en espacios públicos y en lugares abiertos al público y que las áreas cercanas a los colegios están infestadas de jíbaros? Si antes de esta decisión de la Corte la situación era difícil, ahora será peor porque las autoridades quedan con mucha menos capacidad para limitar el consumo y para controlar el tráfico de sustancias psicoactivas.

Finalmente, el argumento de la Constitucional de que en virtud del “principio de precaución” debía suspender la fumigación aérea con glifosato de narcocultivos es, como mínimo, inconsistente. La Agencia contra el Cáncer de la OMS dijo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkin. Primero, la Agencia se refirió al uso del glifosato en general, pero la Corte solo prohibió su uso contra los narcocultivos. Después, la Corte no solo no ha prohibido ninguno de los otros productos que la Agencia ha señalado que también “podrían” generar cáncer sino que no ha dicho ni mú sobre los cuales hay pruebas inequívocas que lo producen. Finalmente, no hay un solo estudio en Colombia que muestre la relación entre enfermos de No Hodgkin y el glifosato, y en cambio en tareas de erradicación manual han muerto y han resultados mutilados centenares de soldados, policías y civiles.

Hay que decirlo con todas las letras: la prohibición de la fumigación con glifosato por parte de la Corte no tiene sustento jurídico alguno, es contraevidente en el uso del principio de precaución, es claramente política, está destinada a satisfacer los intereses de las Farc, tiene terribles consecuencias en materia de la vida e integridad físicas de los erradicadores manuales, ha disparado los cultivos y producción de coca, con desastrosos impactos medioambientales, y ha contribuido al aumento de la drogadicción en nuestro país.

 
   

 en nuestro país.

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