Jueves 12 de Diciembre de 2019
Opinión destacada hoy

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TODO SEGUIRÀ LO MISMO ,SIN SOLUCIONES;Y LOS MISMOS GOBERNANTES , PARA QUE SANTOS NO JODA

RUEDA MARIA I Ya aparecen en los medios algunos que bautizan sus columnas de opinión o sus disquisiciones públicas con el casi onomatopéyico título del ‘21N’.Como si se tratara de la tragedia de las Torres Gemelas o de otros grandes atentados terroristas que han consternado a la humanidad, y partido realmente sus vidas en dos.

Hasta se ha llegado a decir que lo que buscan estos marchantes amorfos y descontentos por todo tipo de motivos es tumbar al presidente Duque. El primero que lo cree es el propio Gobierno. Pues yo no. Ni tampoco, como también se ha dicho por ahí, creo que sea Juan Manuel Santos el del complot, como asegura el expresidente Pastrana. Santos no está de conspirador de los problemas del Gobierno, sino de gocetas de sus fracasos.

Ni siquiera Petro quiere tumbar a Duque, porque, según él, más grave que eso es que subiera a gobernar Marta Lucía.

Quizás, si nos quitamos esta idea de la cabeza, la solución de cómo resolver esta agitación social la tendríamos más clara. La discusión inicial entre el comité del paro y el Gobierno es sobre algo aparentemente semántico. Que si se debe llamar “mesa de conversación” o “mesa de negociación”. Pero detrás hay toda una estrategia previsible. El Gobierno quiere fragmentar los 13 temas que piden los del paro, hasta con razón, porque su discusión involucra a más protagonistas; mientras el comité del paro quiere que se lo trate como a un cuerpo “exclusivo y supremo”, que nos recuerda esa constituyente “omnipotente y omnímoda”, como se declaró la Asamblea del 91.

Nada que ver. Para comenzar, el mal llamado ‘21N’, como lo pregonan algunos, no partió el país en dos. Los problemas seguirán siendo los mismos; las soluciones, las mismas, y los gobernantes, los mismos. Aquí, más bien puede estar pasando que al igual que en el mundo entero se estén acomodando las placas tectónicas de una nueva interrelación de fuerzas y actores en la democracia, sin la presencia de quienes han sido por siglos sus interlocutores e intermediarios con el poder y con los gobiernos: los partidos políticos y los medios de comunicación.

Con los medios pasa algo delicado: que la mayoría de la gente cree que primordialmente se está enterando de las noticias por las redes, cuando está comprobado que el 70 por ciento de los temas que se mueven en ellas tienen origen en un medio tradicional. Aunque equivocada, esta percepción le da al ciudadano la sensación de que se liberó del yugo que le impone el periodismo tradicional a la lectura de los acontecimientos.

Pero en esta expresión callejera de oposición al Gobierno, que es dispersa y diversa, todavía se acepta que en la democracia colombiana los presidentes y el aparato del Estado ganan con votos; lo que puede estar cambiando es que ya muchos no se resignan a que ellos no puedan ser parte de ese gobierno con fuertes actos de expresión popular o de fuerza.

Al final de estas jornadas de protesta, lo más previsible es que el Presidente siga siendo Iván Duque. Pero, a cambio, de alguna manera los 13 puntos del comunicado del paro deben dar signos de estar aterrizando. Para decirlo de otra forma, la presencia de Duque en todo este relajo de las marchas es coyuntural. A Santos le hicieron un monumental paro agrario que lo puso en niveles del 14 % de popularidad, y nadie, que yo recuerde, se refugió en la disculpa de que querían tumbarlo.

Qué pena: los paros siempre se arreglan con plata. No ha habido un paro en cuyo desmonte se hayan ido los marchantes con menos plata que con la que llegaron. Y con muchas promesas, unas de las cuales se cumplirán; otras, no. Además de las propuestas sociales del Gobierno, como devolución del IVA, salud para adultos mayores, vacaciones del IVA, las cosas que figuran en la lista que han presentado los que marchan tienen aspectos en los que se puede ceder y en los que no. Por ejemplo, no creo que la reforma tributaria se pueda entregar a una semana de quedar aprobada.

El tal ‘holding’ se puede obviar. Las reformas pensionales y laborales no pueden quedar prohibidas del temario nacional. El Esmad es un cuerpo antimotines sobre cuya existencia no se puede transar. A los estudiantes se les puede cumplir con creces, pues les acaban de dar un ministerio de Ciencia y Tecnología.

Y a lo mejor, cabe hasta un reconocimiento, otro más, del compromiso del Presidente con el acuerdo de paz de Santos, que puede servir no para que este ayude, pero sí para que no moleste con J.

Entre tanto... Creo que ese episodio tiene cura. Está en buenas manos. El Presidente insiste en oír con humildad. Si no nos equivocamos mucho en esta carpintería, habremos salido a comienzos del año de este impase, sin haber cedido la yugular.

MARÍA ISABEL RUEDA

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BUENAS Y MALAS INTENCIONES DE LA MARCHA.

VARGAS MAURICIO

 
24 de noviembre 2019 , 01:12 a.m.

Empiezo por la noticia buena: habla bien de nuestra imperfecta democracia que cientos de miles de colombianos, la mayoría de ellos jóvenes, hayan escogido las marchas, memes, grafitis, cánticos y pancartas como mecanismo pacífico de protesta, en un país en el que, hasta hace pocos años, el principal recurso de la rebeldía eran los asaltos armados, las extorsiones y los secuestros.

 

 

Con las jornadas de esta semana quedan en evidencia mil y un motivos de descontento, que van desde la precariedad económica que sufren millones hasta la indignación que entre los animalistas despierta que –con cuotas limitadas y solo para pesca artesanal– aún haya captura de tiburones en nuestras costas, pasando por la corrupción de sectores de la clase política. Y muchos motivos más.

Hasta ahí, lo bueno. Lo malo no ha sido de poca monta. Un sector tan minoritario como altamente agresivo y violento, incluso criminal, aprovechó la movilización de más de 200.000 personas en las ciudades para dar un peligroso salto cualitativo a las protestas y convertirlas en un instrumento insurreccional, lo que apunta a debilitar e incluso tumbar el Gobierno, como si el objetivo del petrismo radical –protagónico en esto–, tras perder las presidenciales de 2018 y obtener pobrísimos resultados en las regionales de octubre, fuera el de conseguir, por la vía de un alzamiento popular, el poder que las urnas le han negado.

Ante esto está un presidente como Iván Duque, decente y bien intencionado, pero atrapado en una aterradora debilidad por su incapacidad de comunicar sus objetivos y ejecutorias, y por la pérdida de respaldo partidista en el Congreso. Lo del Congreso se debe a la valiente decisión del mandatario de no repartir billones de pesos en ‘mermelada’ corrupta a las mafias politiqueras, que odian por ello a Duque. Pero esa debilidad también tiene que ver con el profundo descontento del partido del Presidente, el Centro Democrático, donde algunos ven a Duque demasiado moderado y otros andan muy molestos porque esperaban despacharse en materia de puestos y contratos, y no han podido porque el Presidente no lo ha permitido.

En medio de semejante panorama, todo el mundo juega con candela: los partidos tradicionales y sus hijos de ‘la U’, Cambio Radical y el propio CD uribista, afectados por el síndrome de abstinencia debido a que no hay ‘mermelada’ corrupta repartida a cuatro manos; el petrismo, que le apuesta a la insurrección, no importa si para ello hay que incendiar estaciones de bus, edificios públicos, locales comerciales y el país entero; los medios, que por momentos alimentan la hoguera, sin prever que si los amigos de la insurrección alcanzan su objetivo y Colombia sigue los pasos de Venezuela, la libertad de prensa sería una de las primeras víctimas.

Y, claro, está la gente, miles y miles de jóvenes que marchan y protestan por válidas razones, pues nadie puede estar contento con el alto desempleo, ni con la persistencia de la violencia, ni con la corrupción ni con el deterioro del medio ambiente. Pero esa gente, esos jóvenes deben preguntarse qué hacer para mantener sus movilizaciones dentro de cauces pacíficos y para evitar convertirse en idiotas útiles del extremismo que no busca soluciones, sino tumbar el Gobierno para implantar un régimen en el que, como lo vemos en Cuba, esté prohibida la protesta pacífica.

Al bien intencionado Presidente –a veces tan corto en su liderazgo– y a los bien intencionados marchantes pacíficos que no obstante sus esfuerzos no han logrado evitar el vandalismo criminal de quienes caminan a su lado, urge recordarles que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y en ese infierno no habrá ni elecciones, ni libertad de prensa, ni derecho a la protesta ni opción alguna de progreso social.

MAURICIO VARGAS
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CLAUDIA LOPEZ LA LESBIANA ALCALDESA,NO SE QUIÈN ES Y CÒMO PIENSA.

RUEDA MARIA I

Por: María Isabel Rueda

No voté por Claudia López. Lo cual no significa que no haré la fuerza que sea necesaria para que en su alcaldía le vaya bien a la ciudad. Y si no voté por ella, como lo expresé públicamente, repito por qué: no sé quién es. Pero no en el sentido vipérin en que lo interpretó Florence Thomas, como si se tratara de un concepto clasista. Sino porque, como se dice en estadística, Claudia es tan variable que no se puede predecir. No sé cómo es, no sé cómo piensa, no sé cómo reaccionará ante las pruebas que le va a poner la vida como alcaldesa, cómo lidiará con sus opositores ni cómo gobernará a sus seguidores y simpatizantes, ante la cantidad de ocasiones en que la vimos cambiar olímpicamente de posición, porque así como pensaba primero una cosa, después pensaba otra.

Mientras logro reunir elementos que me permitan enfocar su forma de ser con más claridad, quiero decir que tampoco me sentí interpretada ni representada por su triunfo. Ni por ser mujer, ni por ser gay. Aunque acepto que estos elementos de su persona y de su personalidad hacen historia, porque los estamos estrenando fuera del clóset en el poder, no necesariamente representan lo que ella va a ser como alcaldesa. Ni siquiera sabemos si va a hacer una política feminista. Son características que nada tienen que ver con su futura gestión, ni con sus capacidades ni con su sabiduría para escoger las mejores decisiones.

El Espectador tituló, por ejemplo, ‘Cambio Capital. Claudia López se convirtió ayer en la primera mujer electa como alcaldesa de Bogotá. Abiertamente lesbiana, marca un hito en la política del país’. Qué marca el hito. ¿Ser mujer o ser lesbiana? ¿Una, o tienen que ir las dos cosas juntas? ¿Es mejor ser mujer y lesbiana o basta con una sola de esas características? Explíquenme por qué. ¿Por qué Claudia López cuenta de entrada con el aval del periódico capitalino de que será mejor alcalde que los demás que no son ni mujeres, ni gais ni homosexuales? ¿Qué es lo que estas características garantizan a la hora de gobernar bien? ¿O carecer de ellas determina fatalmente a un mal gobernante?

Claudia López no es la que nos va a garantizar que el país, con su elección, tome un rumbo político distinto. Serán sus obras, sus decisiones. Su inclusividad. Su coraje. Cuando podamos palpar que esa persona que se llama Claudia López, independientemente de si es mujer o gay, va por la dirección correcta, y eso solo nos lo dirá el tiempo.

Aunque sin haberse posesionado, debo reconocer que ha habido dos actitudes suyas que me han gustado porque creo que van en la línea correcta. Una, visitar a sus contendores, agradecerles y quedar abierta a sus consejos y programas. Claudia, la ‘pelietas’, la ‘gritona’, la que quiere meter a todo el que no está con ella a la cárcel por ladrón y por corrupto, así haya que inventarlo como una frase de campaña que trae dividendos populistas, le ha dado espacio estos días a una persona tranquila, reflexiva, que escucha y responde pacíficamente.

Pero hubo algo en lo cual definitivamente me convenció. Su opinión sobre que la medida de que se podrá comprar el privilegio de usar el carro incluso en los días de veda de pico y placa crea desigualdad. Al comienzo no me pareció distinto de los privilegios que genera tener dinero. El que puede, por ejemplo, compra un carro, y el que no puede, pues no lo compra, y eso evidentemente crea desigualdad entre quien anda en carro y quien no.

Pero el caso es más complejo. Hoy en Bogotá han tenido acceso a carros personas de los estratos medios y bajos. No solo como símbolo de estatus, sino, muchísimas veces, como una herramienta de trabajo, con el que los pobres ejercen el mismo derecho a la movilidad que los ricos. Pero desde ahora, los que tienen más recursos podrán optimizar la eficiencia del uso de su herramienta, mientras los que no seguirán utilizándola de manera limitada. Pero la gente rica que pague cuatro millones de pesos más al año va a recibir a cambio, que no sucede con el pago de impuestos que tiene fines generales, una contraprestación directa, como es el uso ilimitado de su vehículo, lo cual incidirá necesariamente en que el rico tenga en materia de movilidad más derechos que los pobres. Será una compraventa directa de un privilegio.

El Estado no puede ser el vehículo para conceder más preferencias a los ricos a costa de los pobres. Es, típicamente, un impuesto regresivo. Ojalá el alcalde Peñalosa retire esta idea, para evitar que unos seamos más iguales que los otros.

Entre tanto… El análisis acerca de quién fue el elegido alcalde de Cartagena quedará para otro día. Necesita espacio.

MARÍA ISABEL RUEDA

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EL ATAQUE A LAS FARC Y EL DIH,PARA DEFENDER AL PAIS.

NIETO3 

Por: Rafael Nieto Loaiza

Un objetivo militar, a la luz del derecho internacional humanitario (DIH), “es un bien que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuya eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca una ventaja militar definida”. El DIH establece, además, que los bienes y personas civiles que se encuentren en un objetivo militar corren la suerte del objetivo y el ataque, en principio, sigue siendo justificado, aún si se afectan esos bienes y personas, de acuerdo con la ventaja militar concreta que se obtiene con el mismo.

Combatiente es todo aquel que, sin importar su género o edad, participa directamente en las hostilidades. Un civil no es un combatiente y debe ser protegido de los peligros de las operaciones militares, pero si un civil, sin importar su género o su edad, participa en las hostilidades, pierde su calidad y pasa a ser un blanco legítimo.

En un conflicto armado, es lícito usar la fuerza contra los objetivos militares y contra quienes participan en las hostilidades. Un cuartel o un campamento guerrillero son, por definición, objetivos militares y contra ellos es lícito usar la fuerza que sea necesaria para su destrucción o captura. Cualquier persona que participa en las hostilidades es un blanco legítimo y contra ella es lícito usar la fuerza que sea necesaria para su neutralización.

El DIH acepta que es posible y es lícito que en un ataque a un objetivo militar o contra quienes participan en las hostilidades puedan afectarse personas civiles o se cause daño a bienes de esta naturaleza (es lo que la doctrina militar norteamericana llama “daños colaterales”). Por un lado, entiende que es imposible asegurar que tales afectaciones no se produzcan. Es un riesgo inherente al uso de la fuerza en un conflicto. Por el otro, porque esas afectaciones, aunque ciertamente indeseables, son tolerables siempre que en las operaciones militares se hayan respetado unos principios básicos. El primero de ellos, obliga a distinguir a) entre objetivos militares y bienes civiles y b) entre quienes participan en las hostilidades y la población civil. Otro, el de precaución, es un derivado necesario del de distinción, y establece el deber de tomar las medidas para no atacar directamente población y bienes civiles, de no realizar ataques indiscriminados, de no realizar operaciones que busquen generar terror y de procurar, en la medida de lo posible, no afectar a esa población y bienes civiles. Por último, es indispensable que los métodos y medios usados en el ataque no estén prohibidos. El ataque aéreo de un objetivo militar es también un método permitido.

Además, el DIH establece las prohibiciones de utilizar a la población civil y sus bienes para disimular y poner a salvo de ataques los objetivos militares o para facilitar operaciones militares, de usar a los civiles como “escudos humanos” y de no distinguirse de las personas civiles con miras a confundir al contrario. Por eso obliga a portar uniforme o, como mínimo, usar un signo distintivo reconocible a la distancia y portar las armas abiertamente. Más aún, un ejemplo típico de perfidia, prohibida por el DIH, es simular tener el estatuto de persona civil o no combatiente.

Finalmente, el DIH establece la prohibición de no reclutar menores de quince años. Quien lo hace comete una infracción grave al DIH que constituye un crimen de guerra.

Así las cosas, el bombardeo al campamento de las “disidencias” de las Farc en San Vicente del Caguán que ha generado tanto debate, en parte por ignorancia, en el caso de un sector de la ciudadanía y de los medios, y en parte por motivaciones políticas, en el caso de los congresistas que adelantaron el debate contra el Ministro de Defensa, fue absolutamente lícito a la luz del DIH y, además, ajustado a la Constitución y la ley.

Por un lado, se dirigió contra un campamento guerrillero, un clásico objetivo militar y, por tanto, respetó el principio de distinción. Por el otro, porque se respetó el principio de precaución: no se atacó directamente a la población civil y el ataque no fue indiscriminado ni buscó generar terror. Finalmente, porque el medio usado, el ataque aéreo, es lícito.

Si en el campamento subversivo había civiles, estos corren la suerte del objetivo. Si en el campamento había menores, la responsabilidad es de quienes los reclutaron. En ambos casos hay una tragedia, para ellos y sus familiares, pero la responsabilidad no es de la Fuerza Pública que atacó lícitamente el objetivo sino de quienes introdujeron a los civiles o reclutaron a los menores, es decir, de las “disidencias”. Si la introducción de los civiles por parte de los subversivos buscaba proteger de un ataque el campamento, hay un crimen de guerra. Como es crimen de guerra que se haya reclutado menores, voluntariamente o por la fuerza. En ambos casos la responsabilidad es exclusiva de las Farc.

Sí, los menores que murieron en el bombardeo son víctimas, pero no de la acción lícita y legítima del Estado, sino de los subversivos. Y no, no es posible exigirle a la Fuerza Pública que establezca antes de una operación contra un objetivo militar que ninguna de las personas que están en el mismo es un civil o que no hay menores de edad. No solo no lo exige el DIH que, como dije, establece que bienes y personas civiles dentro de un objetivo militar siguen su suerte, y reconoce que hay menores que participan en las hostilidades, sino que es una petición imposible. No hay forma de que la Fuerza Pública haga esa tarea ni siquiera a través de una infiltración que puede durar años para conseguirse y que, con frecuencia, no tiene éxito.

No tengo duda de que pedir que no haya ataques aéreos a los guerrilleros sin establecer antes que no haya civiles o menores, solo tiene dos efectos, ambos negativos: incrementará el reclutamiento de menores y afectará la seguridad de todos los colombianos porque hará inútil la única ventaja que tiene hoy el Estado contra los grupos armados organizados: su superioridad aérea.

Ese era uno de los objetivos del debate contra el Ministro. El otro, hacer al gobierno Duque rehén del Congreso. Lo están logrando.

 

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LA CRISIS UNIVERSITARIA DEL CLIENTELISMO

Miguel Gómez Martínez

Revisar la política de educación superior es prioritario. La demanda educativa está diciendo que la oferta no es atractiva.

Este no es un artículo sobre los escandalosos hechos de corrupción que se registran en la Universidad Distrital y en otras universidades públicas acosadas por el clientelismo, la obsolescencia y la crisis de calidad. Tampoco es un escrito sobre los lamentables hechos de violencia que otra vez caracterizan las protestas de estudiantes encapuchados dispuestos a destruir lo que encuentran a su paso con el argumento de que no les dan todo gratis y sin esfuerzo.

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior reportó que, por segundo año consecutivo, el número de estudiantes en los centros universitarios disminuyó, esta vez en un 1,5%, lo que equivale a unos 38.000 alumnos menos. “Mientras que en el primer período académico 2016 se registraban cerca de 570.000 admisiones a programas de pregrado (técnicos, tecnológicos y universitarios), en 2017 y 2018 este dato se ubicaba alrededor de 542.000 y 477.000 respectivamente”, afirma el informe del (SNIES). Se trata de un descenso de 93.000 alumnos menos que ingresan al sistema de educación superior.

Hay sin duda un componente demográfico que era previsible. Refleja el descenso de la tasa de natalidad que se registra desde hace dos décadas. A medida que el promedio de edad de la población aumenta, es normal que se presenten menos bachilleres aspirantes a las aulas universitarias. Este fenómeno seguirá manifestándose pues la tendencia al envejecimiento es un hecho incontrovertible.

Pero hay otros elementos que es necesario considerar. El entorno económico, caracterizado por un aumento del desempleo, también explica la caída en la matrícula. No se puede desconocer que el costo de los semestres es demasiado elevado para muchas familias cuyos ingresos resultan insuficientes para costear los estudios superiores de sus hijos.

La política de acreditación de programas genera una enorme carga presupuestal sobre las universidades y ello se traduce en mayores costos para los alumnos. Valdría la pena revisar si todas las exigencias impuestas a las universidades para obtener certificaciones son realmente necesarias y cuáles de ellas resultan ser verdaderos caprichos burocráticos. Hay demasiadas restricciones e ineficiencias por parte del Estado.

Pero la oferta académica también debe ser ajustada a las nuevas realidades. Carreras largas, llenas de materias innecesarias y con enfoques teóricos no cumplen con las expectativas de un sector empresarial acosado por las nuevas formas de negocio y las tendencias disruptivas.

A pesar del esfuerzo de innovación, los modelos de formación siguen siendo muy tradicionales, desconociendo las tendencias internacionales hacia programas flexibles, creativos y acordes con las aspiraciones de jóvenes que viven en medio de la revolución tecnológica. Muchos estudiantes sienten que cursar un programa tradicional es inútil pues al concluir los cinco largos años, los cambios en los modelos y procesos habrán sido tan importantes que sus conocimientos serán, en buena medida, obsoletos.

Revisar la política de educación superior es prioritario. La demanda está diciendo que la oferta no es atractiva. Es hora que la autonomía universitaria no sea impugnada sólo para proteger a los vándalos. Llego el momento de utilizarla para cambiar el modelo universitario de fondo.

Miguel Gómez Martínez

Asesor económico y empresarial

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