Martes 23 de Julio de 2019
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SANTOS AL TABLERO PENAL.

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Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

 

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.

 
20 de julio 2019 , 11:57 p.m.

Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

 

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

MAURICIO VARGAS
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20 de julio 2019 , 11:57 p.m.

Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

 

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

MAURICIO VARGAS
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VARGAS MAURICIO 

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BAÑADOS EN GLIFOSATO,NO PROHIBIDO EN NINGÙN PAIS.

María Isabel Rueda       

El glifosato es un veneno. Pero hoy, nadie tiene mejor fórmula contra esta inundación de coca.

Enterados del anuncio del Presidente de que Colombia volverá a asperjar, me apoyé en un documento reciente de una universidad respetable para invitar a un debate sensato sobre el tema.

No sospeché, pero tampoco me intimida, que mis conceptos sobre los cuales es válido discrepar, y acaso sea conveniente hacerlo, desatarían esta tormenta; incluso, medios respetables y responsables participaron en el gatuperio, sugiriendo que el documento académico había sido contratado por Bayer. Hasta habló en mi emisora radial un profesor sin rostro de la misma universidad, que no dio su nombre por “temor a represalias”. Quien se enmascara para producir una opinión de orden científico no puede ser profesor. Al igual que carecería de la dignidad propia de un centro de saber que la universidad ejerciera represalias sobre los académicos disidentes. Qué bueno no estar en los tiempos de Galileo o de Bruno.

Por fortuna, terció la culta y pausada opinión del profesor Moisés Wasserman, quien, en su columna en este diario, escuchó mi invitación a la discusión serena.

Si le entendí bien al profesor, el concepto de “posibilidad” de que el glifosato produzca cáncer está correctamente citado en la columna. Es verdad que agencias muy serias, como las que él enumera, no encontraron asociaciones de glifosato con cáncer. Y así como no sería ético asperjar si el glifosato produce cáncer, tampoco sería moral, como hacemos en la actualidad, enviar a campesinos y soldados a erradicar en campos minados.

Dejarnos llevar por completo del principio de precaución, basados en que la Agencia internacional de Investigación del Cáncer (Iarc) señala que es “posiblemente” cancerígeno, para prohibirlo en Colombia, no solo contra la coca sino eventualmente para todos los alimentos, tendría consecuencias catastróficas para la productividad del campo.

El glifosato es un veneno. Mata matas. No me gusta. Pero hoy, nadie tiene en el mundo una fórmula mejor que la de utilizarlo con cautela contra esta inundación de coca.

No es el primer documento o literatura sobre glifosato que estudio. He venido siguiendo el asunto con interés desde el famoso pleito en la frontera con Ecuador, cuando su entonces presidente Rafael Correa nos demandó por millones por unos casos de abortos y muertes prematuras entre la población de la frontera, donde asperjábamos. Sí les pagamos una indemnización, pero más para hacer un arreglo político. Nos favorecía un informe contratado por la OEA al profesor canadiense Keith Solomon, que, acompañado de muchos otros científicos, sostuvo que en la zona fronteriza no se había encontrado la conexión con ese riesgo. Más recientemente obtuve un estudio solicitado por el Ministerio de Justicia de Colombia a un grupo de expertos, encabezados por Daniel Rico, para valorar la nueva evidencia científica en materia de glifosato, y la respuesta fue: “Esta revisión sistemática con metaanálisis (se analizaron más de 4.000 estudios) no encontró evidencia suficiente de asociación entre glifosato y enfermedades en los humanos...”.

El estudio que el Instituto Nacional de Salud preparó para la audiencia en marzo ante la Corte decía que sí existía. Lo que no nos aclararon es que era un estudio de bajo rigor académico, que tampoco ha sido publicado en revistas especializadas, y que fue fuertemente cuestionado en el propio gobierno, por errores y sesgos en su metodología.

Ahora: sí genera preocupación que el Gobierno siga comprando un glifosato chino, llamado Cúspide, que ya había sido cuestionado en el 2012 por ‘El Espectador’ porque era volátil, la sustancia no era regular y había sido reetiquetado. Y, además de todo, según los campesinos, ¡no mataba la mata!

A nivel mundial, el debate sigue, por ahora, igual: no hay daño inminente para salud. Pero en Colombia, a quienes tocamos el tema nos acusan de estar comprados. Para sorpresa de muchos, el glifosato de la Bayer no es el que será utilizado en Colombia. Ya anunciaron públicamente en TV que no licitarán porque el negocio no les interesa. La molécula ya no es exclusiva de Monsanto (Bayer) y tiene más de 118 presentaciones. Los chinos son hoy los mayores productores, de manera que, querido Matador, un favor: móntenos a la universidad y a mí en un avión, pero de China Airlines, y nos llevamos al profesor Wasserman, que debe ser estupendo conversador, y nos vamos a buscar la verdad.

Entre tanto... Reitero que el glifosato no está prohibido en ningún país. En algunos, muy pocos, hay restricciones para su uso en zonas públicas, por fuera de la autoridad regulatoria.

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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LA JEP SOLO FAVORECE LOS INTERESES DEL CRIMEN

Paloma Valencia    

La decisión de la JEP de negar la extradición de Jesus Santrich confirma que esa jurisdicción solo favorece los intereses de las Farc.  Estamos en un estado de cosas antijurídico donde los mafiosos vuelven al congreso; amparados esta vez, con una justicia hecha a su medida. La gravedad de los hechos no puede subestimarse. Colombia ha dado una cruenta guerra contra el narcotráfico donde han perdido sus vidas miles de colombianos. La memoria de este esfuerzo hoy duele más que nunca.

La evidencia que tenía que JEP es más que suficiente para haber permitido la extradición. Recordemos que hoy no hay ley estatutaria, y por lo tanto, deben someterse a lo dispuesto en los acuerdos y la ley de procedimiento. La prueba que puede practicar la jep se circunscribe a la fecha de la ocurrencia de los hechos. Su única responsabilidad era establecer si los hechos sucedieron antes o después del primero de diciembre de 2016. Tenían en video, tenían las declaraciones juramentadas... nada les alcanzó porque pretendían juzgar la conducta y no la fecha. Incluso se atreven a calificar de ilegales las pruebas recaudadas en los operativos de la DEA en coordinación con la Fiscalía. Van más allá y ordenan investigar a los funcionarios de la Fiscalía.

Se extralimitaron, y hay en mi opinión un prevaricato. Este delito quedará impune por la amañada manera mediante la cual la corrupción en la rama judicial es imposible de investigar y de juzgar.

Tres y casi cuatro de las objeciones del presidente Duque estaban encaminadas a que el país no quedará maniatado para seguir dando la lucha contra el narcotráfico. El frenesí de derrotar al gobierno o de defender los acuerdos, encegueció a líderes y seguidores. No quisieron oír, ni hablar, ni entender. Imagino que al menos uno hoy, ha de lamentarlo. Hay varios narcotraficantes catalogados dentro los más peligrosos del mundo que están colados en la JEP. ¿Qué podemos esperar para ellos? ¿Más de lo mismo?

La JEP es todo lo que habíamos pronosticado que sería y un poco más. Si en este caso inicial y de toda la visibilidad, donde el país entero ha visto las pruebas y tiene el empeño de los EEUU, deciden en contra de toda la evidencia; cómo será en los casos por venir. Esta es una prueba irrefutable de la parcialidad de esta justicia, y es mal pronóstico para todo lo que viene. Los demás procesos, menos públicos y más olvidados, terminarán siendo una repartida de impunidad descontrolada y silenciosa.

A los colombianos no les queda duda alguna de la falta de imparcialidad, lo que sucede es que para algunos la desmovilización amerita esa impunidad. No creo que nadie piense que la JEP es un aparato de justicia justa. En el acuerdo de la Habana quedó pactada la impunidad porque y por eso están los criminales de las Farc sin decir verdad, sin pagar penas, sin haber reparado a las víctimas, incluso delinquiendo después de haber firmado, sentados en el congreso. Lo que sigo sin entender es porque quienes están de acuerdo con esa impunidad en cambio pretenden someter al desprestigio y a juicios politizados a los miembros de la fuerza pública.

La decisión del Fiscal General de renunciar demuestra su entereza y su apego a los principios democráticos del Estado de derecho. Lo felicito porque a este país le hacen falta muestras de carácter. Los colombianos debemos defender nuestras instituciones, y seguir la dura batalla de lograr instituciones en las que podamos confiar todos, todos los colombianos y que nos otorguen una justicia justa.

Álvaro Gómez no estaba equivocado a finales de los 90 cuando dijo “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”. En ese entonces hacía referencia a dineros del narcotráfico que habían tocado las campañas presidenciales. Hoy, 20 años después volvemos a lo mismo.

 

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GLIFOSATO Y CORTE CONSTITUCIONAL POLITIQUERA

Rafael Nieto Loaiza

La Constitucional salió rápidamente a recordarle al presidente Duque, como si él no lo tuviese perfectamente claro, que está vigente la sentencia en que prohibe el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Sea el momento para recordarle a la Corte algunos puntos que, ella sí, parece haber olvidado:

A 31 de diciembre de 2017, según la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense, en Colombia había 209.000 hectáreas de coca, un incremento del 11% en relación con el 2016. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, la cifra era de 171.000, con un incremento del 17%. Como los elementos estructurales del problema no cambiaron en nada durante 2018, no hay razón para pensar que, en cualquiera de los sistemas medición, el número de narcocultivos haya disminuido. En ambas mediciones son las cifras más altas de la historia. Vivimos en un mar de coca. 

No es verdad que las políticas de erradicación no hayan sido eficientes. Durante el gobierno de Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60%, a 63 mil hectáreas. Según la UNODC, en el 2013 llegamos a solo 48.000 hectáreas. En ambos sistemas de medición, en el 2014 las curvas de narcocultivos, que venían en descenso, empiezan a invertirse y a aumentar. ¿La razón? En el 2013, por presión de Rafael Correa, Santos decide suspender la aspersión aérea en las áreas de frontera. Un poco después, hace lo mismo en el Catatumbo. Hoy los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y Norte de Santander, límite con Venezuela, en conjunto concentran el 60% de los narcocultivos. Pero el salto exponencial se presenta después de que, en el 2015, la Constitucional prohibiera la fumigación con glifosato alegando el “principio de precaución”. Desde ese momento, los narcocultivos se disparan aceleradamente hasta alcanzar las monstruosas cifras actuales.

Algo similar ha ocurrido con la producción de cocaína. En el 2017, la producción en Colombia aumentó un 19%, pasando de 772 toneladas en 2016 a 921, más del doble que en el 2014. Durante Uribe, la producción de coca había caído a 290 toneladas. Muy seguramente la producción, que viene siendo año tras año más eficiente, aumentó también en el 2018 y habrá sobrepasado las mil toneladas métricas.

Los efectos de haber suspendido la campaña de aspersión son evidentes. Una vez acaba la aspersión aérea, los narcocultivos y la producción de cocaína empiezan un ascenso vertiginoso. Todo el desastre ha ido en aumento. Nunca en nuestra historia hemos tenido más narcocultivos ni se ha producido más coca que ahora.

Pero el problema no es solo de producción. Colombia es ya un país de consumo. Las cifras de consumo de alcohol y drogas por parte de niños y jóvenes, por cierto, son escalofriantes. El 11,7% de los escolares ha consumido marihuana. Y de los usuarios permanentes, ¡el 12.4% la probaron por primera vez antes de cumplir diez años¡ El 69,1% de quienes probaron la coca, son adictos. Según el Viceministro de Justicia, que tiene a su cargo los temas de drogas, el uso de la marihuana entre escolares “ha crecido 156,4%; el de la cocaína, 53,3%; el del bazuco, 44,4% y el del éxtasis, 112,8% [y] el consumo universitario de marihuana subió 38% y el de cocaína, 28%. Las anfetaminas crecieron 125%”.

Las cifras muestran la gravedad de la situación y el impacto en materia de consumo y adicción de las decisiones tomadas por la Constitucional, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad. Como algunos advertimos, se produce tanta droga que los mercados internacionales son insuficientes y los narcos están acelerando el crecimiento de mercados internos. Todas las evidencias muestran que hay una estategia que tiene por objetivo principal volver a los niños y los jóvenes en adictos. En Colombia tenemos el gramo de cocaína más barato del mundo, 5.4 euros, mientras que el promedio mundial es de 79.5 euros, y ya antes de la última decisión de la Corte sobre consumo en lugares públicos eramos el país donde es más fácil acceder a la sustancia. Para rematar, los traficantes están usando a los niños y jóvenes: entre 2012 y 2018, 50.742 menores de edad fueron capturados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¿La Corte necesitará pruebas de que el grueso de la venta y tráfico de drogas se hace en espacios públicos y en lugares abiertos al público y que las áreas cercanas a los colegios están infestadas de jíbaros? Si antes de esta decisión de la Corte la situación era difícil, ahora será peor porque las autoridades quedan con mucha menos capacidad para limitar el consumo y para controlar el tráfico de sustancias psicoactivas.

Finalmente, el argumento de la Constitucional de que en virtud del “principio de precaución” debía suspender la fumigación aérea con glifosato de narcocultivos es, como mínimo, inconsistente. La Agencia contra el Cáncer de la OMS dijo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkin. Primero, la Agencia se refirió al uso del glifosato en general, pero la Corte solo prohibió su uso contra los narcocultivos. Después, la Corte no solo no ha prohibido ninguno de los otros productos que la Agencia ha señalado que también “podrían” generar cáncer sino que no ha dicho ni mú sobre los cuales hay pruebas inequívocas que lo producen. Finalmente, no hay un solo estudio en Colombia que muestre la relación entre enfermos de No Hodgkin y el glifosato, y en cambio en tareas de erradicación manual han muerto y han resultados mutilados centenares de soldados, policías y civiles.

Hay que decirlo con todas las letras: la prohibición de la fumigación con glifosato por parte de la Corte no tiene sustento jurídico alguno, es contraevidente en el uso del principio de precaución, es claramente política, está destinada a satisfacer los intereses de las Farc, tiene terribles consecuencias en materia de la vida e integridad físicas de los erradicadores manuales, ha disparado los cultivos y producción de coca, con desastrosos impactos medioambientales, y ha contribuido al aumento de la drogadicción en nuestro país.

 
   

 en nuestro país.

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MAGISTRADOS SIN VISA PIDEN CLEMENCIA ANTE DUQUE

RUEDA MARIA I

 
12 de mayo 2019 , 12:01 a.m.

Durante muchos días rondaba el rumor de que EE. UU. venía quitando visas aquí y allá. Recientemente se hablaba de parlamentarios, lo cual no es inusual; se hablaba de un exfiscal y un exvicefiscal, menos usual, pero que ya tenía el antecedente de Gustavo de Greiff, despojado de su visa por apoyar de frente la legalización de las drogas. Y en los últimos días se venía hablando insistentemente de magistrados de la Corte Constitucional y de la Suprema a los que se les habría quitado la visa, y como es costumbre, por ley de EE. UU., sin ninguna explicación.

 

A pesar del tremendo hermetismo, y de que se había decidido manejar las cosas en la máxima reserva, no lograron mantener el secreto. Se filtró que el primer caso de magistrado desvisado habría sido el de Antonio José Lizarazo, ponente de la ley estatutaria de la JEP, quien, como es bien conocido, en este momento soporta seis objeciones del Presidente de la República, que a estas horas no se sabe si fracasaron o si fueron aprobadas en el Senado. Luego de demostrar que no tenía investigaciones activas en la Comisión de Acusación del Congreso, le fue reintegrada la visa. Igual suerte correría la magistrada Diana Fajardo, que estaría en proceso de demostrar, como su colega, que tampoco tiene investigaciones pendientes. 

Estos dos incidentes fueron posteriores a una frustrada cena en la casa del embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, cancelada por los propios magistrados, luego de que congresistas, también contactados por la embajada, se quejaron de sentirse presionados por sus votos en torno a las objeciones contra la JEP.

No es la primera vez que EE. UU. quita una visa, pero siempre se maneja de manera discreta, y el afectado es el último en contar. Pero que yo recuerde, sí la primera en que peligrosamente se puede llegar a asociar tal privación con una sistematicidad entre miembros de la Rama Judicial cuyos fallos no gustan. Estados Unidos debería repensar cautelosamente esta estrategia, para distinguirla de las visas que se retiran por pasados judiciales, y que las hay, incluso entre magistrados, las hay. 

Que la cancelación de las visas pueda ser interpretada, como lo titula ‘Semana’, como una “justicia bajo presión de EE. UU.” contra magistrados que no fallan de acuerdo con sus intereses, me parece un manejo diplomático y político torpe. Acciones que permiten tales interpretaciones exacerban el espíritu antiimperialista y producen el efecto contraproducente de la explotación del nacionalismo. Recuerdo que cuando al entonces presidente Samper le quitaron su visa, coincidió la noticia con una visita a Chaparral, a donde llegó triunfante: “No necesito visa para venir a Chaparral”. Los chaparralunos enloquecieron y hasta quemaron la bandera de EE. UU. 

Pero el retiro de una visa norteamericana, hay que admitirlo, se ha convertido en prácticamente la única sanción social y política en muchos casos frente a la impunidad judicial. Es tan grave, social y políticamente, que un colombiano, magistrado o no, casi que preferiría una medida de aseguramiento, porque esa se arregla más fácil. 

Pero, además, acusar de presión judicial a EE. UU. porque retira visas tiene un problemita: cada uno invita a su casa a quien quiera. Es una decisión absolutamente potestativa de EE. UU., y hasta ahora yo no veo por qué la Corte Constitucional tiene que ir a quejársele al presidente Duque de que a algunos de ellos los despojaron del preciado papel, para que interceda ante el embajador de EE. UU. 

Con un agravante: amenazaron con no volver a producir fallos relacionados con los temas por los cuales alegan estar presionados por EE. UU. Un magistrado integral no puede sentirse presionado ni para que no le quiten una visa ni para que se la den o se la devuelvan. Y menos aún amenazar con dejar de fallar, lo que equivale a un acto de denegación de justicia, que constituye un delito. 

La Rama Judicial se la pasa, y con razón, defendiendo su independencia frente al Poder Ejecutivo. Que el Presidente respete sus fueros. Pero, eso sí, apenas a uno le quitan la visa, salen corriendo para donde el Presidente para que llame al embajador de EE. UU. e interceda por él (o por ella).

Si el concepto es de dignidad, y si el principio es que la justicia colombiana no se deja presionar, en lugar de que un magistrado ande rogando para que le devuelvan la visa debería fallar con más veras como se lo dictamine su conciencia. O si realmente no se siente capaz de soportar las presiones, renunciar y dedicarse a otra actividad menos propensa al desvisado. 

Entre tanto… ¿No nos dice algo que el Día de la Madre se celebre más que el del padre, pero que en el del padre se gaste más que en el de la madre?

MARÍA ISABEL RUEDA

 
12 de mayo 2019 , 12:01 a.m.

Durante muchos días rondaba el rumor de que EE. UU. venía quitando visas aquí y allá. Recientemente se hablaba de parlamentarios, lo cual no es inusual; se hablaba de un exfiscal y un exvicefiscal, menos usual, pero que ya tenía el antecedente de Gustavo de Greiff, despojado de su visa por apoyar de frente la legalización de las drogas. Y en los últimos días se venía hablando insistentemente de magistrados de la Corte Constitucional y de la Suprema a los que se les habría quitado la visa, y como es costumbre, por ley de EE. UU., sin ninguna explicación.

 

A pesar del tremendo hermetismo, y de que se había decidido manejar las cosas en la máxima reserva, no lograron mantener el secreto. Se filtró que el primer caso de magistrado desvisado habría sido el de Antonio José Lizarazo, ponente de la ley estatutaria de la JEP, quien, como es bien conocido, en este momento soporta seis objeciones del Presidente de la República, que a estas horas no se sabe si fracasaron o si fueron aprobadas en el Senado. Luego de demostrar que no tenía investigaciones activas en la Comisión de Acusación del Congreso, le fue reintegrada la visa. Igual suerte correría la magistrada Diana Fajardo, que estaría en proceso de demostrar, como su colega, que tampoco tiene investigaciones pendientes. 

Estos dos incidentes fueron posteriores a una frustrada cena en la casa del embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, cancelada por los propios magistrados, luego de que congresistas, también contactados por la embajada, se quejaron de sentirse presionados por sus votos en torno a las objeciones contra la JEP.

No es la primera vez que EE. UU. quita una visa, pero siempre se maneja de manera discreta, y el afectado es el último en contar. Pero que yo recuerde, sí la primera en que peligrosamente se puede llegar a asociar tal privación con una sistematicidad entre miembros de la Rama Judicial cuyos fallos no gustan. Estados Unidos debería repensar cautelosamente esta estrategia, para distinguirla de las visas que se retiran por pasados judiciales, y que las hay, incluso entre magistrados, las hay. 

Que la cancelación de las visas pueda ser interpretada, como lo titula ‘Semana’, como una “justicia bajo presión de EE. UU.” contra magistrados que no fallan de acuerdo con sus intereses, me parece un manejo diplomático y político torpe. Acciones que permiten tales interpretaciones exacerban el espíritu antiimperialista y producen el efecto contraproducente de la explotación del nacionalismo. Recuerdo que cuando al entonces presidente Samper le quitaron su visa, coincidió la noticia con una visita a Chaparral, a donde llegó triunfante: “No necesito visa para venir a Chaparral”. Los chaparralunos enloquecieron y hasta quemaron la bandera de EE. UU. 

Pero el retiro de una visa norteamericana, hay que admitirlo, se ha convertido en prácticamente la única sanción social y política en muchos casos frente a la impunidad judicial. Es tan grave, social y políticamente, que un colombiano, magistrado o no, casi que preferiría una medida de aseguramiento, porque esa se arregla más fácil. 

Pero, además, acusar de presión judicial a EE. UU. porque retira visas tiene un problemita: cada uno invita a su casa a quien quiera. Es una decisión absolutamente potestativa de EE. UU., y hasta ahora yo no veo por qué la Corte Constitucional tiene que ir a quejársele al presidente Duque de que a algunos de ellos los despojaron del preciado papel, para que interceda ante el embajador de EE. UU. 

Con un agravante: amenazaron con no volver a producir fallos relacionados con los temas por los cuales alegan estar presionados por EE. UU. Un magistrado integral no puede sentirse presionado ni para que no le quiten una visa ni para que se la den o se la devuelvan. Y menos aún amenazar con dejar de fallar, lo que equivale a un acto de denegación de justicia, que constituye un delito. 

La Rama Judicial se la pasa, y con razón, defendiendo su independencia frente al Poder Ejecutivo. Que el Presidente respete sus fueros. Pero, eso sí, apenas a uno le quitan la visa, salen corriendo para donde el Presidente para que llame al embajador de EE. UU. e interceda por él (o por ella).

Si el concepto es de dignidad, y si el principio es que la justicia colombiana no se deja presionar, en lugar de que un magistrado ande rogando para que le devuelvan la visa debería fallar con más veras como se lo dictamine su conciencia. O si realmente no se siente capaz de soportar las presiones, renunciar y dedicarse a otra actividad menos propensa al desvisado. 

Entre tanto… ¿No nos dice algo que el Día de la Madre se celebre más que el del padre, pero que en el del padre se gaste más que en el de la madre?

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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