Sábado 15 de Diciembre de 2018
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EL EPILOGO DE PETRO EN LA SECTA CIEGA DE MOCKUS.

RUEDA MARIA I

 
08 de diciembre 2018 , 11:39 p.m.

Puede que la imagen de Petro manoseando billetes la lleve encima todo el resto de su vida. Pero puede también, y es lo más probable, que finalmente no le ponga fin a su carrera política, lo que le habría sucedido a cualquier otro, y que ni siquiera sus peores ribetes morales le hagan algo más que una ligera mella a su teflón.

 

Es que con Petro las cosas no funcionan como con el resto de mortales, que cometen errores y pierden el apoyo de sus seguidores y reciben sanciones sociales, como pide Mockus. El seguidor de Petro no se inmuta. Porque él no tiene montado un partido político, sino una secta. Y en las sectas, la obediencia es ciega a una doctrina religiosa o política, en este caso a un líder, sin necesidad de que exista el filtro de un proceso racional. Son grupos de protesta contra el orden social, y su líder es puro, perfecto, salvador y disruptivo. Existe una dependencia sicológica del líder, quien los controla completamente. Les exige ser militantes y activos. Entrega total a la secta para que se protejan en su interior. Son especialistas en propaganda.

De ahí que, en vista de que esta semana Petro tampoco logró dar unas explicaciones razonables acerca del origen y el destino de la plata de la chuspa, se haya concentrado en tuitearles a sus seguidores para que su secta entienda que “han dado la orden de destruirnos” y que ha llegado la hora de “preparar los momentos de la movilización generalizada y la solidaridad mundial”. Es decir, Petro en pie de fuerza.

Por eso, lo más probable es que el video de Petro, protegido por su secta, ni le implicará perder las elecciones ni justificará que se mueva el aparato judicial en su contra. Pero sí introduce en el ambiente político unas enseñanzas que, por su peligrosidad y naturaleza de baja ralea, merecen ser identificadas para que no se le contagien desde el petrismo al resto de la política colombiana.

1) Seguir recibiendo dinero en efectivo, pero asegurarse de que no lo estén filmando.

2) Descubierto, insistir en que el dinero viene de un amigo. No hay problema con que el amigo lo niegue o lo acepte a medias.

3) Situar el escondite de los fajos en los tarros de cocina del amigo. Qué importa si con ello se incita miserablemente a que los “amigos de lo ajeno” visiten la casa de este amigo a ver qué es todo el efectivo que guarda escondido, según Petro, bajo el colchón.

4) No preguntarle al amigo si la plata es regalada o prestada, y menos de dónde viene. No vaya a ser que le conteste que son aportes de los dueños mafiosos de mansiones de guadua que ha construido, cuyas fotos exhibe con orgullo.

5) Tener un plan por si el que lo filmó recibiendo el billete planea chantajearlo en algún futuro. Si aparece video en mano a reclamarle, como le pasó a Petro, que lo botaron de un puesto que dependía de su alcaldía, ofrézcale inmediatamente otro para calmarlo. Pero, sobre todo, jamás usar la palabra ‘chantaje’. Porque el señor puede tener otros videos que estarían buscando salida a la luz pública. De manera que cambie la versión inicial, por si se le deslizó por el afán la acusación de que un amigo herido quiso chantajearlo, por la de los bellos recuerdos de cuando con ese viejo amigo político, dueño del video, recorrían románticamente las polvorosas calles de Sucre en un Volvo cuyo “capot” (sic) iba amarrado con un lazo.

6) Tener muy claro hasta dónde llegan los amigos en política. No se puede confiar en ellos. Porque hay unos que graban y chantajean y otros que niegan sus donaciones o las otorgan bajo la condición de no explicar de dónde vinieron, pero dirán que para pedir favores futuros.

7) Introducir una nueva función en las campañas: la de “bróker” de donaciones. Lo cual implica el derecho de ganarse un porcentaje de las sumas de dinero que logre recaudar.

8) Se puede mentir y cambiar de versión todas las veces que se quiera sobre el origen y el motivo de los fajos. Hasta se puede asegurar que uno se dio cuenta de que lo estaban grabando porque le sirve como prueba de que no sabía que lo que hacía era malo. El apoyo de su secta se lo convalidará.

9) No se le ocurra llevar mochila a recoger los fajos. Se hace más evidente la falta de improvisación. La chuspa plástica funciona y es fácilmente acomodable en el bolsillo de la chompa.

Entre tanto... Todavía falta constatar si Petro recibió donaciones de Venezuela, como lo ha revelado un diputado de dicho país. Pero siempre podrá Petro responder que fue la colaboración de un amigo. Y en ese caso, hay que reconocérselo, sería su primera verdad.

MARÍA ISABEL RUEDA

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PETRO EL INMACULADO DE LA IZQUIERDA CORRUPTA

VARGAS MAURICIO

 
 

Imaginemos por unos minutos que mañana lunes divulgan una grabación de video en la que un senador uribista, de ‘la U’, de Cambio Radical, liberal o conservador aparece en momentos en que recibe gruesos fajos de billetes y, como si fuera algo natural para él, los mete en una bolsa plástica para llevárselos. Su interlocutor le dice “ahí hay dos y medio”, y luego hablan sobre “un negocio” y mencionan que en el tema está otro senador que terminó procesado por ‘parapolítica’.

 

Tras la divulgación de la grabación, el senador dice que era un préstamo de un conocido y, a las pocas horas, ese conocido publica un comunicado en que desmiente de manera categórica que le hubiese prestado dinero al senador. La plata era para hacer campaña y, no obstante el mandato legal, nunca fue declarada. No es difícil imaginar que, en cuestión de horas, los medios crucificarían al senador y la opinión exigiría que la Corte Suprema lo investigara penalmente, el Consejo de Estado evaluara quitarle su curul y la Procuraduría lo destituyera.

Con el senador Gustavo Petro, a quien le ha pasado esta semana exactamente eso que cuento, no ha ocurrido lo mismo. Aunque ha recibido palo –no es para menos, pues el video es cuando menos sórdido–, algunos medios lo han tratado con una benevolencia de la que jamás habría gozado un senador uribista, de ‘la U’, de Cambio Radical, liberal o conservador, partidos que bien se merecen esa suerte por la forma como se han dejado penetrar por la corrupción.

Pero es que la ley y el palo periodístico y de opinión deben ser para todos. ¿O no? Cito otro caso: imaginemos a un representante a la Cámara de alguno de esos partidos de centro o de derecha que aparece en un video conversando con enviados del temible cartel de la cocaína de Sinaloa (México) sobre un cargamento de esa droga. En los medios quedaría condenado de una, y de seguro la Corte Suprema autorizaría su extradición en cuestión de semanas. Pero si, al igual que Petro, se trata de un exguerrillero y, como ‘Jesús Santrich’, tiene una curul en la Cámara asignada por los acuerdos de La Habana, no se aplica el mismo rasero, y no solo sus excompañeros de guerra sino algunos analistas salen a decir que si lo extraditan se acabaría el proceso de paz con las Farc. Y, de hecho, por las arbitrariedades de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la extradición de ‘Santrich’ está congelada, y él es tratado por muchos medios no como amigo del cartel de Sinaloa, sino como líder pacifista.

Judicialmente, no creo que el video de Petro lo condene, entre otras razones porque para la época de los hechos –no se sabe si hace 9, 10 o 14 años–, recibir dinero en efectivo para una campaña y no declararlo violaba normas electorales –lo cual prescribe en 5 años–, pero no era delito, como sí lo es desde 2016. El asunto es de implicaciones éticas, estéticas y políticas. Y en ese campo, aun con la indulgencia de algunos medios, Petro ha salido golpeado.

No solo por la imagen de él –que tanto ha criticado los manejos de dinero en efectivo en las campañas– empacando los gordos fajos de billetes, que a simple ojo suman mucho más de los 25 millones de pesos que él recuerda, sino porque sus justificaciones han recibido desmentidos tan claros como el del arquitecto Simón Vélez, quien rechazó la versión de Petro de un préstamo que el constructor le había hecho. Insisto: hay mentiras y hay video suficientes como para acabar con cualquier congresista de centro o de derecha. Yo pensaba que la condición de exguerrilleros beneficiarios del perdón que, en aras de la paz, les otorgaron la justicia y la sociedad por sus delitos de secuestro y demás debía obligarlos a un comportamiento impecable. Pero estos casos indican que no. Que, por el contrario, esa condición es una patente de corso.

 
 

Imaginemos por unos minutos que mañana lunes divulgan una grabación de video en la que un senador uribista, de ‘la U’, de Cambio Radical, liberal o conservador aparece en momentos en que recibe gruesos fajos de billetes y, como si fuera algo natural para él, los mete en una bolsa plástica para llevárselos. Su interlocutor le dice “ahí hay dos y medio”, y luego hablan sobre “un negocio” y mencionan que en el tema está otro senador que terminó procesado por ‘parapolítica’.

 

Tras la divulgación de la grabación, el senador dice que era un préstamo de un conocido y, a las pocas horas, ese conocido publica un comunicado en que desmiente de manera categórica que le hubiese prestado dinero al senador. La plata era para hacer campaña y, no obstante el mandato legal, nunca fue declarada. No es difícil imaginar que, en cuestión de horas, los medios crucificarían al senador y la opinión exigiría que la Corte Suprema lo investigara penalmente, el Consejo de Estado evaluara quitarle su curul y la Procuraduría lo destituyera.

Con el senador Gustavo Petro, a quien le ha pasado esta semana exactamente eso que cuento, no ha ocurrido lo mismo. Aunque ha recibido palo –no es para menos, pues el video es cuando menos sórdido–, algunos medios lo han tratado con una benevolencia de la que jamás habría gozado un senador uribista, de ‘la U’, de Cambio Radical, liberal o conservador, partidos que bien se merecen esa suerte por la forma como se han dejado penetrar por la corrupción.

Pero es que la ley y el palo periodístico y de opinión deben ser para todos. ¿O no? Cito otro caso: imaginemos a un representante a la Cámara de alguno de esos partidos de centro o de derecha que aparece en un video conversando con enviados del temible cartel de la cocaína de Sinaloa (México) sobre un cargamento de esa droga. En los medios quedaría condenado de una, y de seguro la Corte Suprema autorizaría su extradición en cuestión de semanas. Pero si, al igual que Petro, se trata de un exguerrillero y, como ‘Jesús Santrich’, tiene una curul en la Cámara asignada por los acuerdos de La Habana, no se aplica el mismo rasero, y no solo sus excompañeros de guerra sino algunos analistas salen a decir que si lo extraditan se acabaría el proceso de paz con las Farc. Y, de hecho, por las arbitrariedades de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la extradición de ‘Santrich’ está congelada, y él es tratado por muchos medios no como amigo del cartel de Sinaloa, sino como líder pacifista.

Judicialmente, no creo que el video de Petro lo condene, entre otras razones porque para la época de los hechos –no se sabe si hace 9, 10 o 14 años–, recibir dinero en efectivo para una campaña y no declararlo violaba normas electorales –lo cual prescribe en 5 años–, pero no era delito, como sí lo es desde 2016. El asunto es de implicaciones éticas, estéticas y políticas. Y en ese campo, aun con la indulgencia de algunos medios, Petro ha salido golpeado.

No solo por la imagen de él –que tanto ha criticado los manejos de dinero en efectivo en las campañas– empacando los gordos fajos de billetes, que a simple ojo suman mucho más de los 25 millones de pesos que él recuerda, sino porque sus justificaciones han recibido desmentidos tan claros como el del arquitecto Simón Vélez, quien rechazó la versión de Petro de un préstamo que el constructor le había hecho. Insisto: hay mentiras y hay video suficientes como para acabar con cualquier congresista de centro o de derecha. Yo pensaba que la condición de exguerrilleros beneficiarios del perdón que, en aras de la paz, les otorgaron la justicia y la sociedad por sus delitos de secuestro y demás debía obligarlos a un comportamiento impecable. Pero estos casos indican que no. Que, por el contrario, esa condición es una patente de corso.

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LA JEP JURISDICCION DE BOLSILLO DE LAS FARC

VARGAS MAURICIOPor: Mauricio Vargas 27 de octubre 2018 , 11:32 p.m. Parodiando al maestro Rafael Escalona en ‘La patillalera’, yo había resuelto no hacer más versos (en este caso columnas) sobre la JEP, al menos por un rato, cosa de no cansar a los lectores, pero la mayoría de los magistrados de este tribunal se empeñan en poner el tema. Con el fin de atender las peticiones que hizo por carta el excomandante de las Farc Pastor Alape, para que la JEP dictara medidas cautelares y congelara así la fortuna de la exguerrilla para resarcir con esos fondos a sus víctimas, la JEP se pasó varios pueblos y decidió exigirle a la Fiscalía, en tono de ultimátum, que le entregara la lista de los bienes que la Fiscalía ha detectado como pertenencia de las Farc, para que queden bajo control de la JEP. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Hay dos paquetes de bienes. El primero, el que las Farc mismas ofrecieron entregar el año pasado, avaluado en unos 850.000 millones de pesos. Y otro muy distinto, aquel con el que quiere hacerse la JEP: el listado de bienes que la Fiscalía ha detectado en sus investigaciones como pertenencias de las Farc y que corresponden a la fortuna que los comandantes nunca declararon. Cabe suponer que si esos bienes eran de las Farc y no los declararon, buscaban ocultarlos, aprovechando que estaban en manos de testaferros. Los bienes ya incautados por la Fiscalía de ese modo valen más de 2,3 billones de pesos, casi tres veces lo declarado por las Farc. Esa cifra puede crecer mucho con cerca de 6.000 predios, entre urbanos, rurales y baldíos, 780.000 reses, cientos de comercios, 1.160 automotores y decenas de caletas con efectivo, ubicados por la Fiscalía y que van camino de la incautación. El acuerdo de La Habana y un fallo de la Corte Constitucional coinciden en que los bienes que las Farc no hubiesen declarado antes del 15 de agosto de 2017 –como ocurre con estos– deben ser sometidos a la jurisdicción ordinaria –Fiscalía y jueces, no JEP–, y, en consecuencia, procede sobre ellos la extinción de dominio, pues fueron adquiridos por una organización ilegal gracias a sus actividades criminales. La Constitucional, en otro fallo de este año, consideró esa fecha “perentoria” para la presentación por las Farc del “inventario completo de sus bienes”. Léase bien: “completo”. Pero en la JEP, donde algunos creen que pueden reescribir los acuerdos y la Constitución –y hasta los tratados internacionales de extradición, como en el caso Santrich–, ha hecho carrera esta tesis peregrina: que, tal y como lo pidió el señor Alape, la JEP tome posesión de esos bienes por la vía de dictar sobre ellos medidas cautelares. Alape se agarra del cinismo de las Farc cuando declararon –incompletos– sus bienes, y dijeron que a la lista de los que declaraban debían sumarse “los que la Fiscalía identifique”. ¡Qué descaro! ¿Qué buscan los excomandantes? Buena parte de esos bienes están bajo reserva, mientras la Fiscalía consolida el cuerpo probatorio para su extinción. Si la JEP adquiere esa información, es fácil que alguno de sus abogados cercano a las Farc (ver columna anterior) llame a un excomandante y le diga: ‘Oye, gordis, estos son los bienes’, y así, las Farc corren a embolatar papeles y presionar testaferros que ya colaboran con la Fiscalía, para frustrar la extinción de su dominio. Pero, además, los acuerdos dicen que si los comandantes ocultan bienes, pueden perder los beneficios que tan generosamente el gobierno Santos les otorgó. Si la JEP acepta la tesis de Alape –que en eso anda– de manera mágica –y fraudulenta–, los bienes que ocultaron entrarán a formar parte del paquete que declararon, y desaparecerá, como por encanto, el incumplimiento. ¡Qué belleza! Insisto: Jeb, Jurisdicción Especial de Bolsillo de las Farc. Ojalá la Corte Constitucional tranque este criminal disparate. MAURICIO VARGAS Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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EL AUDIOVISUAL QUE DESTRUYE A PETRO

 
 

En este país, cualquier cosa puede pasar. Como que Julio César Ortiz, abogado defensor de Gustavo Petro, el senador que viene denunciando ferozmente el caso Odebrecht, sea también y simultáneamente abogado defensor de la brasileña.

 

O como que Petro esté denunciando que lo grabaron ilegalmente, mientras él mismo viene avalando desde hace más de un mes la legitimidad de las grabaciones subrepticias que le hicieron, a su vez, al fiscal Martínez. Por alguna extraña razón, todo lo de Petro tiene que ser juzgado con un rasero mucho más benigno. Mientras lo que para otros configuraría un enriquecimiento ilícito, un lavado de activos, una contratación indebida, un detrimento del patrimonio público, una financiación ilegal de campaña, si tiene que ver con Petro, automáticamente se transforma en persecución política.

Sí les habría convenido, a abogado y a cliente, haberse puesto de acuerdo sobre la explicación de la pieza audiovisual que tiene paralizados de asco a los colombianos. Porque mientras Petro aseguró en su primera versión que los fajos millonarios que manipuló provenían de un préstamo del arquitecto Simón Vélez, el abogado Ortiz dijo en la suya que se trataba de una recolección de recursos de simpatizantes. Luego de que Simón Vélez negó lo del préstamo, Petro le retuiteó que por favor le aclarara si se trató entonces de una donación o de un aporte. ¿Puede alguien que recibe una millonaria suma de dinero ignorar si se la están regalando o prestando, si debe pagar intereses, a qué plazo, o simplemente, sin preguntar nada de eso, apropiarse tranquilamente de los fajos?

En el accidentado diálogo de la grabación sí se captan expresiones que lo dejan a uno pensando. El contertulio de Petro, el contratista de su alcaldía Juan Carlos Montes, le pregunta si no trajo una mochila. (Ya en las redes andan proponiendo una vaca para comprarle a Petro un maletín Ferragamo en el que pueda recibir de manera más elegante futuras contribuciones). Petro, aparentemente, solicita que la próxima entrega sea en billetes más grandes porque así es muy difícil. Se habla de porcentajes que se entregarían a cambio de la consecución de recursos. Y mientras ayuda a meter el dinero en la chuspa plástica, Montes dice claramente que lo que él tiene son “expectativas de trabajo”.

Lo compensaron muy bien. Durante la alcaldía de Petro, Juan Carlos Montes compró en el mercado internacional una máquina experimental tapahuecos que, evidentemente, hacía de manera chimba tal labor en los cráteres de las calles de Bogotá. La modalidad de contratación fue una de tantas ilegalidades que se cometieron bajo dicha alcaldía. Para asegurarle el trabajo al tapahuecos, el contrato se firmó el 27 de diciembre de 2013 por 11.822 millones de pesos (El TIEMPO, 30 de noviembre), utilizando la modalidad “contratos de ciencia y tecnología”, que no requerían licitación y se asignaban a dedo. Jurídicamente, la escena del video podría implicar varios delitos. Incluso hasta puede resultar ser algo muy gordo relacionado con un personaje de la mafia, el ‘Loco’ Barrera, quien, según documento del abogado Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, le habría donado a Petro dineros de la mafia (¿los del video u otros?) para apoyar su campaña en el Polo contra Carlos Gaviria, a cambio de abrir el camino de una negociación con el Estado.

Pero, por encima de este análisis jurídico –ya el doctor De la Espriella tendrá que comprobar sus argumentos– está el aspecto estético. Ningún político, y menos Petro, que ha montado su vida reciente sobre la crítica a las prácticas políticas corruptas, resiste esas imágenes. No solo lo que vemos ahí es extremadamente vulgar, entre Petro contando los fajos y acariciándolos lujuriosamente antes de meterlos con avaricia entre la chuspa plástica, sino que ningún político, ninguno, puede manipular fajos de billetes sin provocar la presunción de ilegalidad.

Se trata de una actitud mafiosa que obliga a explicar lo inexplicable. Omitir el sistema bancario en el traspaso de cifras millonarias indica un ocultamiento para no dejar huella. Lo del video de Petro transcurre en la oscuridad, en la opacidad, bajo identidades escénicas inocultablemente ilegales.

Puede que Petro se refugie hasta en el Sistema Interamericano para no recibir consecuencia jurídica alguna por este comportamiento. Pero la imagen del video lo perseguirá el resto de lo que le depare su vida política, como una marca indeleble.

Entre tanto... Sugerencia de las redes sociales. Nuevo guion para Gustavo Bolívar: ‘Sin fajos no hay paraíso’.

MARÍA ISABEL RUEDA

 

 
 

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CLARO QUE HAY QUE REGLAMENTAR LAS PROTESTAS SOCIALES CONTRA LOS BANDALOS.

RUEDA MARIA I

Al nuevo ministro de Defensa le cayeron durísimo por haber dicho que en Colombia hay que reglamentar la protesta social. No eran ni la hora ni el momento adecuados para hacer un anuncio que tampoco corresponde a su cartera, precisamente en medio de la racha de asesinatos de líderes sociales.

 

Pero tampoco era para tanto. Incluso han llegado a presumir que sus declaraciones anuncian que planea perseguir a los líderes sociales, cuando la propia Corte, en su sentencia de constitucionalidad del nuevo Código de Policía, dice que, como derecho de rango constitucional, la protesta social debe ser reglamentada por ley estatutaria. Precisamente para hacerla respetar, estimularla y defenderla como expresión de la vida democrática. Pero también necesita que esté protegida contra desviaciones que la desvaloricen; tomar precauciones como no permitir en las protestas gente armada, para que ese derecho pueda ser ejercido válidamente dentro de sus cauces y tenga la utilidad que de la protesta social se espera. Tampoco puede estar por encima de los derechos colectivos de los colombianos, como el del trabajo o el de la movilidad.

Pero el episodio sirvió para que muchos malquerientes del nuevo gobierno encontraran el pretexto para augurar que se criminalizará –como si estuviéramos en Venezuela– la protesta social. Esta tesis, tan injusta como atrevida, me trajo a la memoria una entrevista que hice en el 2014 para EL TIEMPO con un líder estudiantil venezolano de escasos 25 años que había llegado a Colombia refugiándose de la persecución del régimen Maduro.

Su nombre es Lorent Saleh. Recuerdo que hablaba casi empanicado, como si lo fueran a coger a la salida de la entrevista.

“El cierre de RCTV (Radio Caracas Televisión) fue lo que despertó el movimiento estudiantil. Nos encontramos en la calle miles de chamos. Nos acusaron de ser financiados por la CIA. Hasta de ser agentes de la Mossad. He hecho tres huelgas de hambre hasta de 23 días para que liberen a mis compañeros encarcelados, unos 200 que son presos políticos.Luego de la muerte de Chávez tomé la decisión de irme de Venezuela hacia Colombia, cuando me secuestraron, me torturaron y me quitaron el pasaporte. Vinieron una profundización de la criminalización de la protesta y una sistemática persecución de los estudiantes. La gente se acostumbró a verme ensangrentado, encadenado. Me han disparado a quemarropa. A mi mamá la han golpeado. A varios de mis mejores amigos les han disparado a la cabeza. Enfrentamos tanquetas con banderas y fusiles con cacerolas. No tenemos armas. Este es un mensaje al presidente Santos: ¿por qué carajos se pudo pronunciar por la muerte de Chávez y no por la de estos chamos menores de 25 años asesinados de un tiro en la cabeza? Estamos tremendamente solos”.

Nunca volví a ver a Lorent. Supe que lo habían arrestado en Venezuela. Desde hace cuatro años la inteligencia venezolana lo tiene preso en El Helicoide, sin que lo hayan llamado a juicio y prácticamente incomunicado. Después de nuestra entrevista, a pesar de tener permiso para adelantar actividades académicas en Colombia, fue expulsado hacia Venezuela, según Migración Colombia porque era un extranjero que atentaba contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la tranquilidad social. Su licencia advertía que no podía desarrollar actividades proselitistas, lo que, de acuerdo con la Cancillería, no cumplió.

Hace pocos días, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dictaminó que esa expulsión de Saleh violó la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes, y acusó al Gobierno colombiano de no garantizar la protección del deportado al entregárselo a las autoridades venezolanas que habían criminalizado su protesta social, sin tiempo para contactar a un abogado y preparar su defensa. Según Vivanco, su deportación fue arbitraria y violó los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 3 de la Convención contra la Tortura y la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiados. Hay silencio del Gobierno colombiano.

Cuando Lorent fue deportado, aún se pagaba a cuotas el apoyo de Maduro al proceso de paz. 

Entre tanto... 
Eso, para no hablar del caso Balda, opositor ecuatoriano deportado después de ser salvado de un secuestro en el barrio Cedritos de Bogotá, donde estaba refugiado del régimen de Correa. Vinculado con esa agresión, el expresidente está ad portas de la cárcel.

MARÍA ISABEL RUEDA

 
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