Lunes 15 de Julio de 2019
MAGISTRADOS SIN VISA PIDEN CLEMENCIA ANTE DUQUE

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MAGISTRADOS SIN VISA PIDEN CLEMENCIA ANTE DUQUE

RUEDA MARIA I

 
12 de mayo 2019 , 12:01 a.m.

Durante muchos días rondaba el rumor de que EE. UU. venía quitando visas aquí y allá. Recientemente se hablaba de parlamentarios, lo cual no es inusual; se hablaba de un exfiscal y un exvicefiscal, menos usual, pero que ya tenía el antecedente de Gustavo de Greiff, despojado de su visa por apoyar de frente la legalización de las drogas. Y en los últimos días se venía hablando insistentemente de magistrados de la Corte Constitucional y de la Suprema a los que se les habría quitado la visa, y como es costumbre, por ley de EE. UU., sin ninguna explicación.

 

A pesar del tremendo hermetismo, y de que se había decidido manejar las cosas en la máxima reserva, no lograron mantener el secreto. Se filtró que el primer caso de magistrado desvisado habría sido el de Antonio José Lizarazo, ponente de la ley estatutaria de la JEP, quien, como es bien conocido, en este momento soporta seis objeciones del Presidente de la República, que a estas horas no se sabe si fracasaron o si fueron aprobadas en el Senado. Luego de demostrar que no tenía investigaciones activas en la Comisión de Acusación del Congreso, le fue reintegrada la visa. Igual suerte correría la magistrada Diana Fajardo, que estaría en proceso de demostrar, como su colega, que tampoco tiene investigaciones pendientes. 

Estos dos incidentes fueron posteriores a una frustrada cena en la casa del embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, cancelada por los propios magistrados, luego de que congresistas, también contactados por la embajada, se quejaron de sentirse presionados por sus votos en torno a las objeciones contra la JEP.

No es la primera vez que EE. UU. quita una visa, pero siempre se maneja de manera discreta, y el afectado es el último en contar. Pero que yo recuerde, sí la primera en que peligrosamente se puede llegar a asociar tal privación con una sistematicidad entre miembros de la Rama Judicial cuyos fallos no gustan. Estados Unidos debería repensar cautelosamente esta estrategia, para distinguirla de las visas que se retiran por pasados judiciales, y que las hay, incluso entre magistrados, las hay. 

Que la cancelación de las visas pueda ser interpretada, como lo titula ‘Semana’, como una “justicia bajo presión de EE. UU.” contra magistrados que no fallan de acuerdo con sus intereses, me parece un manejo diplomático y político torpe. Acciones que permiten tales interpretaciones exacerban el espíritu antiimperialista y producen el efecto contraproducente de la explotación del nacionalismo. Recuerdo que cuando al entonces presidente Samper le quitaron su visa, coincidió la noticia con una visita a Chaparral, a donde llegó triunfante: “No necesito visa para venir a Chaparral”. Los chaparralunos enloquecieron y hasta quemaron la bandera de EE. UU. 

Pero el retiro de una visa norteamericana, hay que admitirlo, se ha convertido en prácticamente la única sanción social y política en muchos casos frente a la impunidad judicial. Es tan grave, social y políticamente, que un colombiano, magistrado o no, casi que preferiría una medida de aseguramiento, porque esa se arregla más fácil. 

Pero, además, acusar de presión judicial a EE. UU. porque retira visas tiene un problemita: cada uno invita a su casa a quien quiera. Es una decisión absolutamente potestativa de EE. UU., y hasta ahora yo no veo por qué la Corte Constitucional tiene que ir a quejársele al presidente Duque de que a algunos de ellos los despojaron del preciado papel, para que interceda ante el embajador de EE. UU. 

Con un agravante: amenazaron con no volver a producir fallos relacionados con los temas por los cuales alegan estar presionados por EE. UU. Un magistrado integral no puede sentirse presionado ni para que no le quiten una visa ni para que se la den o se la devuelvan. Y menos aún amenazar con dejar de fallar, lo que equivale a un acto de denegación de justicia, que constituye un delito. 

La Rama Judicial se la pasa, y con razón, defendiendo su independencia frente al Poder Ejecutivo. Que el Presidente respete sus fueros. Pero, eso sí, apenas a uno le quitan la visa, salen corriendo para donde el Presidente para que llame al embajador de EE. UU. e interceda por él (o por ella).

Si el concepto es de dignidad, y si el principio es que la justicia colombiana no se deja presionar, en lugar de que un magistrado ande rogando para que le devuelvan la visa debería fallar con más veras como se lo dictamine su conciencia. O si realmente no se siente capaz de soportar las presiones, renunciar y dedicarse a otra actividad menos propensa al desvisado. 

Entre tanto… ¿No nos dice algo que el Día de la Madre se celebre más que el del padre, pero que en el del padre se gaste más que en el de la madre?

MARÍA ISABEL RUEDA

 
12 de mayo 2019 , 12:01 a.m.

Durante muchos días rondaba el rumor de que EE. UU. venía quitando visas aquí y allá. Recientemente se hablaba de parlamentarios, lo cual no es inusual; se hablaba de un exfiscal y un exvicefiscal, menos usual, pero que ya tenía el antecedente de Gustavo de Greiff, despojado de su visa por apoyar de frente la legalización de las drogas. Y en los últimos días se venía hablando insistentemente de magistrados de la Corte Constitucional y de la Suprema a los que se les habría quitado la visa, y como es costumbre, por ley de EE. UU., sin ninguna explicación.

 

A pesar del tremendo hermetismo, y de que se había decidido manejar las cosas en la máxima reserva, no lograron mantener el secreto. Se filtró que el primer caso de magistrado desvisado habría sido el de Antonio José Lizarazo, ponente de la ley estatutaria de la JEP, quien, como es bien conocido, en este momento soporta seis objeciones del Presidente de la República, que a estas horas no se sabe si fracasaron o si fueron aprobadas en el Senado. Luego de demostrar que no tenía investigaciones activas en la Comisión de Acusación del Congreso, le fue reintegrada la visa. Igual suerte correría la magistrada Diana Fajardo, que estaría en proceso de demostrar, como su colega, que tampoco tiene investigaciones pendientes. 

Estos dos incidentes fueron posteriores a una frustrada cena en la casa del embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, cancelada por los propios magistrados, luego de que congresistas, también contactados por la embajada, se quejaron de sentirse presionados por sus votos en torno a las objeciones contra la JEP.

No es la primera vez que EE. UU. quita una visa, pero siempre se maneja de manera discreta, y el afectado es el último en contar. Pero que yo recuerde, sí la primera en que peligrosamente se puede llegar a asociar tal privación con una sistematicidad entre miembros de la Rama Judicial cuyos fallos no gustan. Estados Unidos debería repensar cautelosamente esta estrategia, para distinguirla de las visas que se retiran por pasados judiciales, y que las hay, incluso entre magistrados, las hay. 

Que la cancelación de las visas pueda ser interpretada, como lo titula ‘Semana’, como una “justicia bajo presión de EE. UU.” contra magistrados que no fallan de acuerdo con sus intereses, me parece un manejo diplomático y político torpe. Acciones que permiten tales interpretaciones exacerban el espíritu antiimperialista y producen el efecto contraproducente de la explotación del nacionalismo. Recuerdo que cuando al entonces presidente Samper le quitaron su visa, coincidió la noticia con una visita a Chaparral, a donde llegó triunfante: “No necesito visa para venir a Chaparral”. Los chaparralunos enloquecieron y hasta quemaron la bandera de EE. UU. 

Pero el retiro de una visa norteamericana, hay que admitirlo, se ha convertido en prácticamente la única sanción social y política en muchos casos frente a la impunidad judicial. Es tan grave, social y políticamente, que un colombiano, magistrado o no, casi que preferiría una medida de aseguramiento, porque esa se arregla más fácil. 

Pero, además, acusar de presión judicial a EE. UU. porque retira visas tiene un problemita: cada uno invita a su casa a quien quiera. Es una decisión absolutamente potestativa de EE. UU., y hasta ahora yo no veo por qué la Corte Constitucional tiene que ir a quejársele al presidente Duque de que a algunos de ellos los despojaron del preciado papel, para que interceda ante el embajador de EE. UU. 

Con un agravante: amenazaron con no volver a producir fallos relacionados con los temas por los cuales alegan estar presionados por EE. UU. Un magistrado integral no puede sentirse presionado ni para que no le quiten una visa ni para que se la den o se la devuelvan. Y menos aún amenazar con dejar de fallar, lo que equivale a un acto de denegación de justicia, que constituye un delito. 

La Rama Judicial se la pasa, y con razón, defendiendo su independencia frente al Poder Ejecutivo. Que el Presidente respete sus fueros. Pero, eso sí, apenas a uno le quitan la visa, salen corriendo para donde el Presidente para que llame al embajador de EE. UU. e interceda por él (o por ella).

Si el concepto es de dignidad, y si el principio es que la justicia colombiana no se deja presionar, en lugar de que un magistrado ande rogando para que le devuelvan la visa debería fallar con más veras como se lo dictamine su conciencia. O si realmente no se siente capaz de soportar las presiones, renunciar y dedicarse a otra actividad menos propensa al desvisado. 

Entre tanto… ¿No nos dice algo que el Día de la Madre se celebre más que el del padre, pero que en el del padre se gaste más que en el de la madre?

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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