Viernes 19 de Octubre de 2018
EL ACUERDO CONTRA LOS CORRUPTOS

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EL ACUERDO CONTRA LOS CORRUPTOS

Por: Germán Vargas Lleras 

vargas-lleras

 
01 de septiembre 2018 , 11:49 p.m.
 

El Gobierno ha anunciado que, tras los resultados obtenidos en la consulta del domingo pasado, promoverá un acuerdo político para dar inicio al trámite ordinario de una reforma legislativa integral para luchar contra el fenómeno de la corrupción. Bienvenida sea la propuesta.

Es esta, a mi modo de ver, la mayor contribución de la consulta a este propósito nacional. Tuve siempre mis reparos a este instrumento no solo por sus altísimos costos, sino porque la mayoría de los temas en ella planteados ya estaban consignados en leyes vigentes. Pero resalto como positiva la altísima participación ciudadana que permitirá legitimar la adopción de contundentes medidas para relanzar esta cruzada.

La primera medida que proponemos en el proyecto de reforma constitucional que ya fue radicado es la eliminación de las contralorías departamentales y municipales y el fortalecimiento de un control integral, simplificado y eficiente. Hoy, los colombianos gastamos anualmente cerca de un billón de pesos en sostener centenares de contralorías que no previenen ni presentan resultado alguno.

De extrema eficacia, por los sensibles intereses que toca, es la extinción de dominio de los bienes adquiridos ilícitamente. Esta figura, que ya está contemplada en nuestras normas, no opera por múltiples factores. Para convertirla en uno de los principales instrumentos contra la corrupción, proponemos que el proceso se inicie obligatoriamente en el momento de presentación del escrito de acusación. Se propone dar la competencia para conocer de estos delitos a los juzgados penales del circuito, ya que hoy solo la tienen once jueces especializados que no dan abasto en su trámite. Nada que les duela más a los corruptos que perder el producto del ilícito.

Es conveniente revisar el procedimiento sancionatorio y de caducidad de los contratistas que incumplen. 

La Ley 190 ya estableció la obligación para todo servidor público de presentar su declaración de bienes y rentas. Hay que centralizar esta información y cotejarla con la realidad.

Es muy importante que la acción de repetición contra los funcionarios se instaure desde el inicio y no transcurridos varios años, cuando estos ya se han insolventado.

En materia de contratación pública, forzoso es limitar la contratación directa cuando no eliminarla del todo. También, hacer obligatorios los pliegos tipo, cero discrecionalidad en los procesos licitatorios, reducción al máximo de los anticipos, no adiciones a los contratos y, en lo posible, el pago solo contra entrega de las obras contratadas.

La creación de un tribunal de impugnación de adjudicaciones así como el fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado son imprescindibles en este nuevo esfuerzo.

Se proponen un eficaz sistema de calificación del desempeño de los servidores públicos por la ciudadanía y la sistematización de todas las quejas y reclamos contra funcionarios a nivel nacional, que nos permitirán trabajar con los mejores y los más honestos.

No menos importantes son las medidas contra la corrupción en el sector privado. Desde hace un tiempo he insistido en establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal como lo recomienda la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Celebro que el Gobierno haya acogido esta iniciativa, lo cual favorecerá la cultura de la legalidad en las empresas.

El Presidente nombra hoy a todos los jefes de control interno de las entidades, y dependen directamente de la Presidencia. Un sistema de alertas tempranas será muy útil para detectar a tiempo irregularidades que se estén fraguando cuando todavía sea posible evitarlas. Señor Presidente, de inmediato, haga uso de estas funciones.

Y finalmente, pero lo más importante, acabar con los contratos interadministrativos, lo cual no es otra cosa que la intermediación de congresistas y miembros de corporaciones públicas en la contratación de los recursos de los colombianos.

Sabemos que la corrupción todo lo frustra y, en particular, es fuente de pobreza, desigualdad y desesperanza. Por eso, nuestro país tiene que superar el problema de la corrupción con participación de todos, sin demagogias ni oportunismos y con total sentido de urgencia.

GERMÁN VARGAS LLERAS

 
 
 

El Gobierno ha anunciado que, tras los resultados obtenidos en la consulta del domingo pasado, promoverá un acuerdo político para dar inicio al trámite ordinario de una reforma legislativa integral para luchar contra el fenómeno de la corrupción. Bienvenida sea la propuesta.

Es esta, a mi modo de ver, la mayor contribución de la consulta a este propósito nacional. Tuve siempre mis reparos a este instrumento no solo por sus altísimos costos, sino porque la mayoría de los temas en ella planteados ya estaban consignados en leyes vigentes. Pero resalto como positiva la altísima participación ciudadana que permitirá legitimar la adopción de contundentes medidas para relanzar esta cruzada.

La primera medida que proponemos en el proyecto de reforma constitucional que ya fue radicado es la eliminación de las contralorías departamentales y municipales y el fortalecimiento de un control integral, simplificado y eficiente. Hoy, los colombianos gastamos anualmente cerca de un billón de pesos en sostener centenares de contralorías que no previenen ni presentan resultado alguno.

De extrema eficacia, por los sensibles intereses que toca, es la extinción de dominio de los bienes adquiridos ilícitamente. Esta figura, que ya está contemplada en nuestras normas, no opera por múltiples factores. Para convertirla en uno de los principales instrumentos contra la corrupción, proponemos que el proceso se inicie obligatoriamente en el momento de presentación del escrito de acusación. Se propone dar la competencia para conocer de estos delitos a los juzgados penales del circuito, ya que hoy solo la tienen once jueces especializados que no dan abasto en su trámite. Nada que les duela más a los corruptos que perder el producto del ilícito.

Es conveniente revisar el procedimiento sancionatorio y de caducidad de los contratistas que incumplen. 

La Ley 190 ya estableció la obligación para todo servidor público de presentar su declaración de bienes y rentas. Hay que centralizar esta información y cotejarla con la realidad.

Es muy importante que la acción de repetición contra los funcionarios se instaure desde el inicio y no transcurridos varios años, cuando estos ya se han insolventado.

En materia de contratación pública, forzoso es limitar la contratación directa cuando no eliminarla del todo. También, hacer obligatorios los pliegos tipo, cero discrecionalidad en los procesos licitatorios, reducción al máximo de los anticipos, no adiciones a los contratos y, en lo posible, el pago solo contra entrega de las obras contratadas.

La creación de un tribunal de impugnación de adjudicaciones así como el fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado son imprescindibles en este nuevo esfuerzo.

Se proponen un eficaz sistema de calificación del desempeño de los servidores públicos por la ciudadanía y la sistematización de todas las quejas y reclamos contra funcionarios a nivel nacional, que nos permitirán trabajar con los mejores y los más honestos.

No menos importantes son las medidas contra la corrupción en el sector privado. Desde hace un tiempo he insistido en establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal como lo recomienda la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Celebro que el Gobierno haya acogido esta iniciativa, lo cual favorecerá la cultura de la legalidad en las empresas.

El Presidente nombra hoy a todos los jefes de control interno de las entidades, y dependen directamente de la Presidencia. Un sistema de alertas tempranas será muy útil para detectar a tiempo irregularidades que se estén fraguando cuando todavía sea posible evitarlas. Señor Presidente, de inmediato, haga uso de estas funciones.

Y finalmente, pero lo más importante, acabar con los contratos interadministrativos, lo cual no es otra cosa que la intermediación de congresistas y miembros de corporaciones públicas en la contratación de los recursos de los colombianos.

Sabemos que la corrupción todo lo frustra y, en particular, es fuente de pobreza, desigualdad y desesperanza. Por eso, nuestro país tiene que superar el problema de la corrupción con participación de todos, sin demagogias ni oportunismos y con total sentido de urgencia.

GERMÁN VARGAS LLERAS

 

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