Lunes 15 de Julio de 2019
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PLIEGO DE CARGOS CONTRA UN HIJO DEL NEGOCIADOR DE SANTOS FRENTE A LAS FARC

DE LA CALLE HIJOProcuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsuperintendente de Industria y Comercio José Miguel de la Calle La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al superintendente de Industria y Comercio José Miguel De la Calle Restrepo, para la época de los hechos, presuntamente porque desconoció los principios de congruencia y lealtad procesal que deben regir las actuaciones, no sólo judiciales sino administrativas, y más si estas son de tipo sancionatorio. Aparentemente, De la Calle Restrepo vulneró los derechos a la defensa y al debido proceso de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), al sancionarla, mediante la resolución 40912 del 29 de junio de 2012 y confirmada el 4 de septiembre del mismo año, por adelantar prácticas obstructivas al mercado y la libre competencia respecto del laboratorio LAVERLAM, derivada exclusivamente de un hecho que no era objeto de la investigación administrativa y ni siquiera había sido parte de los cargos formulados en contra de aquella agremiación. Para el órgano de control es claro que es obligación de todo servidor público verificar que entre la apertura de investigación y la sanción impuesta debe existir correspondencia y congruencia, porque de no ser así, posiblemente al sancionado se le habría sorprendido sobre el alcance del proceso administrativo, sin permitírsele ejercer el derecho a la defensa en debida forma. Con este actuar aparentemente se atentó contra la lealtad procesal y la seguridad jurídica, además que se quebrantaron, de comprobarse lo endilgado, los artículos 34 de la ley 734 de 2002 y 29 de la Constitución Política, entre otras. La Procuraduría General de la Nación calificó provisionalmente la falta como grave cometida a título de culpa gravísima.

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PROCURADOR LE DICE A PRESIDENTE SANTOS.QUE ES UNA VERGUENZA Y DEFRAUDADOR

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“El presidente Santos y el comisionado Sergio Jaramillo perdieron la vergüenza…defraudadores”: Procurador
 

El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado lanzó este jueves tal vez el ataque más contundente contra el presidente Juan Manuel Santos por los términos en que se adelanta la actual negociación de paz con las Farc(Lea: La “constituyente” de La Habana)

En una audiencia pública en la comisión primera de la Cámara de Representantes, Ordóñez se fue lanza en ristre en contra del Jefe de Estado y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, por la defensa que hicieron ante la Corte Constitucional del plebiscito para la refrendación ciudadana de la paz.

Esta mañana (de jueves) estaba oyendo la intervención del señor Presidente y del doctor Sergio Jaramillo…perdieron la vergüenza. Elpresidente palabras más palabras menos lo que dijo era que la refrendación era una concesión graciosa que podía existir o no, y que esa concesión se consolidaría si la Corte se lo permitía pero si no también entrarían en vigor los acuerdos”, sostuvo.

 

Al respecto, Ordóñez los calificó de “defraudadores” de la Constitución de 1991 por el mecanismo acordado entre el Gobierno y las Farc para blindar jurídicamente el Acuerdo Final de paz.

“La primera defraudación que están haciendo es la instrumentalización del Congreso para que los legisladores se despojen de las facultades constituyentes y se las entreguen al Presidente y las Farc para plantear desde allí unas modificaciones a la Constitución, es decir, un nuevo orden constitucional”, explicó.

Luego cuestionó que la Cámara de Representantes –donde en plenaria se discute el acto legislativo para la paz en último debate– se pretenda incluir un artículo sobre el Acuerdo Especial de Paz.

Este es el único caso en la historia en el cual a la Constitución entra una norma en blanco y un acuerdo que no existe. Esta estrategia del blindaje jurídico con los Acuerdos Especiales, el bloque de constitucionalidad y el marco de referencia se hace para defraudar la Constitución”, sostuvo.

El jefe del Ministerio Público además dijo que la decisión sobre los acuerdos de paz no va a estar finalmente en manos de los ciudadanos cuando eventualmente se realice el plebiscito.

El pueblo va a votar pero no va a decidir…esa es la promesa vergonzosa y la mentira más dramática que en estos días estamos oyendo. Que el pueblo tiene la última palabra…mentiras, mentirasEl poder de refrendación es una concesión graciosa que hace el Presidente al pueblo”, sostuvo.

Pero Ordóñez fue más allá en su arremetida al comparar la actual situación del país frente a la paz con las “dictaduras caribeñas” de mediados del siglo pasado.

“Hay un rompimiento del orden constitucional y eso es más grave que un golpe de Estado. Acá se está gestando una defraudación de la Constitución para otorgarles a las Farc y al Gobierno en La Habana una Constitución. Y no me vengan a decir que es la primera vez de esta larga historia de guerra que las Farc se someten a la institucionalidad porque en realidad es la inversa porque es ahora la Constitución, el Gobierno y la institucionalidad la que se pretende someter a la guerrilla”, agregó.

Finalmente, dijo que como garante de la Constitución hace estas advertencias “así caigan en el vacío” que no son un “capricho o algo personal” en contra de la paz.

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GENERALPALOMINO CON INVESTIGACIÒN FORMAL EN LA PROCURADURÌA GENERAL

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El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.

 

La Procuraduría anunció este jueves que se inició una investigación formal contra el director general de la Policía, general Rodolfo Palomino, tras declaraciones del coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, quien aseguró haber recibido supuestas presiones al interior de la Policía.

El organismo de control se encuentra recaudando las pruebas, testimonios y declaraciones relacionadas al proceso, según confirmó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez.

 
 

La investigación se abrió después de que el general Palomino le entregara documentos a la Procuraduría el 11 y 16 de octubre del año pasado que contienen una copia de la solicitud de retiro del coronel Gómez.

 

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IVAN CEPEDA,ACUSADO DE HABER MANIPULADO TESTIGOS EN LAS CARCELES ,CONTRA EL EXPRESIDENTE URIBE

IVAN CEPEDA2El Procurador general ALEJANDRO ORDOÑEZ lo ivestiga y podrìa ser condenado disciplinariamente,a perder su investidura de congresista y tambien sancionado penalmente por la CORTE SUPREMA.................... El Ministerio Público investiga si el congresista se extralimitó en sus funciones o cometió abuso de autoridad y fraude procesal al presuntamente solicitar testimonios de paramilitares detenidos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ofrecer beneficios a cambio de ello. · Previo a la formulación del pliego de cargos, la Procuraduría atendió reiteradas recusaciones y peticiones de pruebas, practicando cerca de 15 testimonios, 7 visitas especiales y solicitando documentación a diferentes entidades del Estado. Igualmente escuchó al disciplinado en versión libre y espontánea. Por presuntamente solicitar a miembros de grupos paramilitares el dar testimonio de hechos que no les constaban y supuestamente ofrecer beneficios a cambio de ello, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al actual senador de la República, Iván Cepeda Castro, en su condición de representante a la Cámara por Bogotá para los años 2012 y 2013, en los que se habrían presentado los sucesos investigados. Según la investigación, el 26 de julio de 2012 y el 30 de mayo de 2013 y prevalido de la autorización del Congreso de la República para visitar las cárceles del país, el entonces representante a la Cámara se habría reunido con Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias “Simón”, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias “Castañeda”, detenidos exintegrantes del Bloque Metro de las Autodefensas, para solicitarles que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha petición presuntamente incluía que los reclusos en la cárcel de Itagüí (Antioquia) expusieran hechos que no les constaban y el que sus versiones serían preparadas por el congresista Cepeda Castro. A cambio, según el pliego de cargos, el entonces representante a la Cámara posiblemente habría ofrecido a los detenidos beneficios tales como recompensas en dinero, cambios en sus sitios de reclusión y ubicación en el exterior a miembros de sus familias. Por posiblemente estar incurso en una extralimitación de funciones, la Procuraduría calificó la presunta falta disciplinaria del senador Iván Cepeda Castro como grave, a título de dolo, conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Disciplinario Único. Previo a la formulación del pliego de cargos, el ente de control atendió reiteradas recusaciones y peticiones de pruebas, practicando cerca de 15 testimonios, 7 visitas especiales y solicitando documentación a diferentes entidades del Estado colombiano. Igualmente escuchó al disciplinado en versión libre y espontánea.

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EL PROCURADOR ORDOÑEZ, LE RECUERDA AL SEÑOR PRESIDENTE SANTOS SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LE DICE QUE NO NECESITA SU AUTORIZACIÒN PARA CUMPLIRLAS.

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1.    1.  La Procuraduría es un órgano de control independiente y autónomo por mandato de la Constitución.

Las atribuciones de la Procuraduría están fijadas en el ordenamiento jurídico y para ejercerlas no necesita autorización del Presidente de la República.

La Procuraduría no requiere que el Gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para cumplir con su deber legal.  Pretender dicha autorización del Gobierno es quebrantar la Constitución.

 

2.  2. El Presidente Juan Manuel Santos manifestó inconformidad porque la Procuraduría presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente con 2760 personas desaparecidas. Se trata de un crimen de lesa humanidad respecto del cual se deben respetar los derechos de las víctimas y no puede haber impunidad.

Se recuerda al Presidente de la República que la Procuraduría está obligada por la Constitución a defender el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Teniendo eso en cuenta, resalta que el Estatuto de Roma se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, como jurisdicción complementaria, a través de la ley 742 de 2002, y en los términos de las sentencias C 578 de 2002 y C 290 de 2012.

Es contradictorio que el Presidente de la República diga que no habrá impunidad en el proceso de paz con las FARC, pero al mismo tiempo reclame porque se presenten a la Corte Penal Internacional crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la desaparición forzada.

La competencia de esa Corte solo se activa si hay impunidad. ¿Entonces, por qué se preocupa el Presidente? Debería estar tranquilo si en realidad está comprometido con penas de cárcel para los perpetradores.

 

3. 3.  Igual sucede frente a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

El Estado tiene obligaciones en la lucha contra los crímenes transnacionales, por ejemplo, en materia de narcotráfico y extradición.

Está obligado también a respetar y garantizar los derechos humanos, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

A la Procuraduría le corresponde velar porque tales obligaciones internacionales se cumplan, sin importar la opinión del Gobierno Nacional.

 

4. 4. Una cosa es la política internacional, responsabilidad del Gobierno Nacional, y otra las obligaciones internacionales del Estado que se derivan de instrumentos internacionales, en armonía con la Constitución y la ley colombiana. Es sobre el ámbito de estas últimas que la Procuraduría tiene competencia, con el fin de asegurar la vigencia del orden jurídico.

 

5. 5. La Procuraduría continuará cumpliendo su función con total autonomía e independencia del Gobierno Nacional y en el marco de las competencias fijadas en la Constitución y la Ley.

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