Lunes 15 de Julio de 2019
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SANTOS APOYA AL EXPRESIDENTE LIBERAL GAVIRIA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL PARA TODOS Y YA NO HABLA DEL NARCOTRAFICO COMO DELITO POLITICO Y DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

juan manuel santos presidente de colombia 0Todos en la cama o todos en el suelo ,PERO LOS JURISTAS Y POLITICOS importantes analizan,porque los tratados y la justicia internacional hay que respetarla y allì se exige "JUSTICIA Y RECLUSIÒN" y crimenes atroces de guerra y de lesa humanidad.

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EL PACTO POR LA PAZ, UNA PROPUESTA CONCRETA. DEL PROCURADOR ANTE LOS MILITARES DE ACORE.

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"El Pacto para la Paz pretende garantizar que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir" Ordóñez Maldonado

 

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• El jefe del Ministerio Público participa a esta hora en el conversatorio 'Pacto por la Paz', realizado por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) en la ciudad de Bogotá.

• "El Pacto para la Paz es una propuesta concreta: Un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC", explicó.

• “Nada se obtendría si el acuerdo que se logre con las FARC se convierte en una burla para ese grupo o si los compromisos que la guerrilla adquiera terminan siendo una burla para la sociedad colombiana”, aseguró el jefe del Ministerio Público.

• "Es inaceptable que se pretenda igualar institucionalmente a las Fuerzas Armadas con las FARC, manipulando en discursos el Derecho Internacional Humanitario (…) Nuestros militares no pueden ser nuevamente sacrificados”, señaló el jefe del órgano de control.

 
“Los mecanismos de justicia transicional deben observar los estándares señalados por la Corte Penal Internacional y deben atenerse a los mínimos reconocidos por la Corte Constitucional en las sentencias C 579 de 2013 y C 577 de 2014”, dijo este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo del conversatorio ‘Pacto por la Paz’, que se realiza por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) en la ciudad de Bogotá y en el que participan las excandidatas presidenciales Martha Lucía Ramírez, Clara López Obregón, el excandidato vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo, el analista León Valencia, el senador Luis Fernando Velasco y el periodista Plinio Apuleyo Mendoza.
 
En su intervención, el jefe del Ministerio Público reiteró su llamado frente a la necesidad de un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales del país para garantizar que eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista FARC sean sostenibles y respondan a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.
 
“El Pacto para la Paz es una propuesta concreta: Un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC. Pretende garantizar que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir. El éxito de un proceso de paz no es la firma de un Acuerdo de Terminación del Conflicto, sino que lo que se acuerde se haga realidad”.
 
Según la propuesta de la Procuraduría General de la Nación, en este escenario deben estar quienes impulsan y quienes critican las actuales negociaciones de paz en La Habana, sin que los segundos sean “estigmatizados y criminalizados como enemigos de la paz, lamentable discurso en el que coinciden el Gobierno Nacional y las FARC”.
 
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“Hay que tener claro que un Pacto para la Paz resulta de la concurrencia del mayor número de voluntades, del debate de distintos puntos de vista, nunca de la imposición, menos de pretender obligar a las fuerzas que participan de la vida democrática e institucional del país a plegarse. Hay que tener claro que la construcción de la paz no puede ser el simple acuerdo de una élite gubernamental y una elite criminal encarnada en las FARC. Entre la élite del jockey club y los señores de las FARC. Es cierto que la conducción del proceso le corresponde a quien ejerza la Presidencia de la República, pero no debe olvidarse que constitucionalmente la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y es con todos los sectores sociales y políticos con la cual se debe hacer realidad”, agregó.
 
El procurador Alejandro Ordóñez también enumeró las variables que en su concepto no pueden considerarse ‘Pacto para la Paz’.  
 
“El Pacto para la Paz no corresponde, de ningún modo, al ‘nuevo pacto social’ al que el presidente Juan Manuel Santos se refirió el año pasado. No corresponde ni en su forma, ni en su alcance, ni en su contenido. Menos en la forma de alcanzarlo. El Pacto para la Paz no es un enunciado que se refiere a un ‘país próspero y con ‘equidad’. El Pacto para la Paz tampoco es un pacto de impunidad que busque una simetría de beneficios a los victimarios, sean estos de las guerrillas, de las autodefensas ilegales o de aquellos miembros de la Fuerza Pública que deshonraron la institución militar, al cometer violaciones a los Derechos Humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
 
Para ello, puntualizó, es necesario que los cabecillas de la organización ilegal reconozcan su condición de victimarios y cumplan con sus deberes de verdad, justicia y reparación frente a las víctimas de décadas de su accionar criminal.
 
“Según estos señores, es inadmisible que el Estado sea juez y parte. Es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Imposible para ellos cumplir una pena, imposible aceptar el marco jurídico para la paz y la jurisprudencia constitucional. Las FARC obvian que es a ellos mismos a quienes más conviene penas razonablemente reducidas pero efectivas de prisión”, explicó.
 
El procurador Ordóñez resaltó la misión de los oficiales en retiro de nuestras Fuerzas Armadas en la construcción del ‘Pacto para la Paz’ y aseguró que en el escenario actual de la Nación “a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía se les debe dar seguridad jurídica plena".
 
"Es inaceptable que se pretenda igualar institucionalmente a las Fuerzas Armadas con las FARC, manipulando en discursos el Derecho Internacional Humanitario (…) Nuestros militares no pueden ser nuevamente sacrificados en escenarios en los que la guerrilla sale a gobernar", analizó.
 
Igualmente advirtió que ni en la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba) o en futuras que se realicen con grupos al margen de la Ley puede pactarse el futuro de los hombres y mujeres que han sacrificado su vida y su seguridad por defender la institucionalidad en tantos años de conflicto armado. 
 
“La Fuerza Pública, su estructura, funcionamiento, tamaño, capacidades, adaptación a los cambios de la amenaza, es decisión de las instituciones democráticas. Jamás puede resultar de una negociación con las FARC o el ELN”, concluyó.  
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EL PROCURADOR GENERAL LE DA UNA LECCIÒN AL PRESIDENTE SANTOS

ALEJANDRO ORDOÑEZ

El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, le respondió al presidente Juan Manuel santos a través de otra carta en la cual le advierte que debido a su condición de garante de la sociedad está en el derecho de solicitar información sobre el proceso de pazque se adelanta entre el Gobierno y las Farc y sobre lo que en torno a eso ocurra, dado a que debe vigilar que se cumpla la constitución y la ley.
 
Agrega el jefe del ministerio público que el presidente también es un servidor público y que pese a la jerarquía que tenga no está excento de cumplir con la ley y la constitución.
 
Ordoñez Maldonado indicó que a raíz de eso y de poder saber que es lo que está ocurriendo con los diálogos de paz, acepta la invitación a la audiencia que le hace el primer mandatario para así poderle hacer un seguimiento a las actuaciones de la mesa de negociación en la Habana. Cuba.
 
Agrega el jefe del órgano de control que él no es un enemigo de la paz, sino que en aras de ser un garante de la sociedad y por ende su función es recordar que a los delincuentes se les debe perseguir ya que esa es la función del estado cuya facultad no sólo se debe dar en territorio nacional sino también en territorio internacional
 
Ordoñez cuestionó enfáticamente que mientras que la Interpol con circular Roja esta buscando a alias 'Timochenko' el Gobierno autorice las salidas del país del guerrillero gestionando su traslado a otro país.
 
Finalmente recuerda el jefe del ministerio público que tiene un compromiso para alcanzar la paz pero no por eso permitirá la impunidad.

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DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRIMENES DE GUERRA DEBEN SER CASTIGADOS SIN BENEFICIOS POLITICOS

 

ORDOÑEZ-ALEJANDRO

DICE EL PROCURADOR A LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRA EL MARCO JURIDICO PARA LA PAZ.

El concepto señala que no se puede eliminar “uno de los elementos esenciales de la Constitución de 1991: el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, como lo pretende el Marco Jurídico para la Paz. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió en un concepto ante la Corte Constitucional que el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, permite la posibilidad de que los delitos de lesa humanidad y el genocidio que no sean cometidos de manera sistemática, así como todos los crímenes de guerra (sistemáticos o no), los actos de terrorismo y los delitos transnacionales, sean calificados como conexos al delito político y, en tal virtud, los autores de tales graves conductas estarían habilitados para participar en política y para acceder a cargos públicos, incluyendo los de elección popular. En su concepto por la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° y 3° del citado acto legislativo, el jefe del Ministerio Público indicó puntualmente que esta situación “lleva al Estado a una situación de riesgo de una nueva guerra, incluso peor, como las que se han suscitado en diferentes latitudes en razón de injustos y defectuosos procesos de paz, y desconoce todos los avances de la humanidad en materia de derechos humanos que se ha dado en el último siglo”. En caso de que la Corte Constitucional decidiera adelantar el análisis sobre un posible exceso de competencia por parte del Congreso de la República, el procurador Ordóñez Maldonado se pronunció sobre cada uno de los cargos contenidos en la demanda. En primer lugar, concluyó que el inciso 4° del artículo primero del Acto Legislativo 1 de 2012, sustituye la Constitución y, por esa razón, es inexequible. Esto por cuanto (i) investigar, juzgar y sancionar únicamente a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, desconoce los derechos de las víctimas porque supone un escenario de impunidad para quienes han cometido esas mismas conductas, pero no tienen la calidad de máximos responsables; y (ii) el Acto Legislativo no castiga otros delitos atroces y graves como los actos de terrorismo o los delitos transnacionales (como es el caso de la trata de personas o el narcotráfico), los que no necesariamente tienen la connotación de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, con lo cual no solo se desconocen nuevamente los derechos de las víctimas, sino también las obligaciones internacionales del Estado colombiano de investigar, juzgar, sancionar y, si es del caso, extraditar a los responsables de tales conductas. Por otro lado, el Jefe del Ministerio Público señaló que el artículo tercero de ese mismo Acto Legislativo es inexequible porque elimina uno de los elementos esenciales de la Constitución de 1991: el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, afirmó que la norma demandada desconoce de manera evidente los derechos de las víctimas, porque a pesar de que una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios, terrorismo y delitos trasnacionales pueda ser eventualmente sancionada, tal castigo será una simple formalidad si es que, a través de la suspensión de la pena, penas alternativas u otros mecanismos semejantes, se permite su intervención en política. El procurador general de la Nación recordó que se ha establecido una jurisdicción universal para las peores violaciones de los derechos humanos, e incluso se han derogado, dejado sin efecto o simplemente superado tantas amnistías e indultos injustos del pasado: “por cuanto finalmente se ha entendido que esos actos, contrarios a toda la humanidad, sencillamente no pueden dejarse impunes. Que el Acto Legislativo 01 de 2012 permita o pretenda hacerlo, equivale a elevar a rango constitucional la aprobación de todos los medios de lucha”.

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PROCURADURÍA INHABILITA POR 17 AÑOS A GOBERNADOR KIKO GOMEZ ELEGIDO POR EL PUEBLO

HABÍA SIDO ELEGIDO POR CAMBIO RADICAL

ORDOÑEZ-ALEJANDRO

Bogotá, 12 de febrero de 2014. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 17 años al señor Juan Francisco Gómez Cerchar, en su condición actual de gobernador de La Guajira, por irregularidades que vulneraron los principios de la contratación estatal.

El Ministerio Público declaró como probados tres de los cinco cargos formulados al señor Gómez Cerchar y, por tanto, lo declaró disciplinariamente responsable de estos e impuso la señalada sanción por considerar que incurrió en una posición gravísimamente negligente en el ejercicio de sus funciones.

Los cargos que fueron probados por el Ministerio Público son:

· Haber ordenado la apertura de la licitación pública para la "contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada permanente con armas de fuego en los bienes muebles e inmuebles y las personas de la administración departamental y entes adscritos al departamento de La Guajira", asignando en el proceso una puntuación adicional al proponente que acreditara tener el domicilio principal o sucursal en la ciudad de Riohacha, sin que dicho puntaje se encontrara legalmente justificado.

· El gobernador de La Guajira ordenó la apertura de la Licitación Pública con objeto de "realizar la construcción de pavimento en concreto rígido de varias calles del corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, departamento de La Guajira", en la cual se exigía una visita obligatoria al sitio de la obra, requisito que no está consagrado en la normatividad contractual vigente, limitando con ello la participación de eventuales proponentes.

· Suscribir el acto a través del cual se justificó y se ordenó una contratación directa por prestación de servicios, pese a que las obligaciones contractuales correspondían a un contrato de consultoría, pretermitiendo el proceso público de selección de contratistas propio de esta modalidad de contratación.

La Procuraduría consideró que en los procesos contractuales analizados se incorporaron criterios que limitaron grave y flagrantemente la libre concurrencia de posibles oferentes (por otorgar puntajes a criterios que eran habilitantes, por haber incorporado situaciones que limitaron la participación de oferentes y porque, en el último caso, simplemente nunca el proceso fue sometido a la pluralidad de proponentes).

Así mismo, estableció que el gobernador no respetó ni garantizó el deber de selección objetiva y el principio de transparencia de la contratación estatal, lo cual se hubiera logrado mediante el diseño de procesos públicos en los cuales se hubiese brindado la posibilidad real de que, quien estuviera en capacidad para cumplir con los objetos contractuales, lo hubiera podido hacer en igualdad de oportunidades. En los procesos que se analizaron por parte del ente de control simplemente la administración limitó esta oportunidad, con lo cual violó principios que tienen una dinámica propia, con el fin de brindar a la administración y a la comunidad misma, la mejor manera de satisfacer sus necesidades.

También se señaló en esta decisión que la labor de los directores de la actividad contractual, en este caso, del gobernador de La Guajira, no puede limitarse a meras formalidades, como por ejemplo, la expedición de memorandos contentivos de instrucciones genéricas respecto a la observancia de la ley por parte de los funcionarios encargados de la contratación; su actuación debió haber sido en grado sumo diligente y eficaz, con el fin de lograr el cometido y el cumplimiento de las funciones para las cuales fue elegido.

En el marco de esta decisión la Procuraduría absolvió al señor Gómez Cerchar de otros dos cargos disciplinarios a él formulados. Las razones por las que no se le declaró responsable obedecieron a que:

· Se presentó una duda razonable, la cual se debe resolver en favor del investigado, ya que las condiciones del pliego de la licitación para la "construcción de la primera etapa de las vías priorizadas en el plan vial del departamento de la Guajira", no fueron claras y pudieron generar un error en el comité evaluador y en el mismo gobernador.
· Si bien se probó la falta de planeación, en el curso del proceso disciplinario se evidenció que las actividades del contrato antes señalado se encontraban al día, de acuerdo con la programación contractual.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

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