Lunes 27 de Mayo de 2019
EJEMPLAR RESPUESTA A LOS PROFESORES POLITIQUEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

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EJEMPLAR RESPUESTA A LOS PROFESORES POLITIQUEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

ACEVEDO CARNONA1

Cordial saludo,

Recibí la carta que me hicieron llegar el pasado 26 de febrero en la que manifiestan, como claustro, sus “preocupaciones” por mi nombramiento como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

En calidad de director de tan importante institución me permito aclarar, si dudas hubiera, que mi nombramiento fue precedido de todas las etapas del proceso de valoración aptitudinal, hoja de vida, experiencia, entrevistas, y análisis minucioso de los certificados y títulos que presenté como soporte.

En tal virtud, conociendo y habiendo estudiado con suficiencia el marco legal que regula mi actuar, el cual me recuerdan investidos de un saber que  según ustedes yo desconozco, debo decir que en parte alguna de la Ley de Víctimas  ni en los decretos ley de Presidencia que la reglamentan en los que se consagra la misión del CNMH, figura como prerrequisito o exigencia para asumir el cargo, dar cuenta de mis opiniones políticas consignadas libremente en redes, columnas de opinión, ensayos, artículos y libros.

Por tal razón, se me hace extraño que un grupo de colegas no firmantes, amparados bajo la denominación de “unanimidad”, se reúna en nombre de un claustro de la Universidad Nacional de Colombia, bien conocida por su orientación pluralista, diversa y libre, para producir un texto que enjuicia moralmente mi decisión de aceptar un nombramiento hecho acorde con todas las reglas del juego establecidas por la Función Pública.

A ustedes les sorprende que yo “niegue abiertamente la existencia del Conflicto Armado Interno” (CAI), asumiendo de entrada que este será el dogma que yo alteraré y que ello implica que desconoceré a las víctimas, tal como manifiestan en la carta: “Nos sorprende que haya aceptado dirigir una entidad estatal que tiene ese reconocimiento como el eje central de su actividad”. Ante tal prejuzgamiento, me permito recordarles que, conforme a la Ley de víctimas, la misión principal del CNMH consiste en recopilar, clasificar y describir, los documentos, el material visual y gráfico y la versión de las víctimas sobre sus sufrimientos y experiencias dolorosas en el marco del CAI, y que ese precepto estoy obligado por ley a respetarlo. No está bajo mi alcance, como en diferentes foros he manifestado ya, presentar mi relato de la Historia, ni imponer una verdad, pues eso sería usurpar el derecho legal que tienen las victimas a ser escuchadas y a contar su versión de lo sucedido. No obstante, para evitar una comprensión parcializada sobre un tema tan delicado es aconsejable que tengamos en cuenta el parágrafo del artículo 143 de la Ley de Víctimas que a la letra dice: “En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento.” Y esa disposición debe ser acatada por quienes estando en su derecho a pensar y a caracterizar la vida colombiana según su leal saber, han tratado de elevar a la categoría de dogma oficial algo que es objeto de controversia.

Ahora bien, sin comprender la correlación entre los cuestionamientos que me formulan en su carta por haber aceptado el cargo de director del CNMH con otros prejuzgamientos que, trascendiendo el plano legal se orientan a asuntos ya de corte ético, político e ideológico y de orden personal, no obstante ser ustedes funcionarios del Estado en la principal y más destacada universidad del país, me veo en la tarea de exponer a la opinión pública las siguientes consideraciones:

En 1987, apenas iniciando mi vida docente como profesor de cátedra fui elegido presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En 1988, llegué a la Sede de Bogotá por recomendación de algunos amigos que lo hicieron con un ánimo de protección que de ninguna forma constituye una deuda. No estuve en la sede de Bogotá ocho años como manifiestan, sino cuatro (1988-1991).

No es cierto que la mayoría de ustedes, a quienes no conozco, hayan compartido conmigo en calidad de colegas. La mayor parte de quienes fueron mis colegas y profesores en la maestría de historia, ya se encuentran retirados; solo veo activos a quienes sí lo fueron, v.gr. Mauricio Archila, César Ayala, Vera Weiler y Óscar Rodríguez. Que compartan o no conmigo espacios académicos no les confiere autoridad para señalarme el camino.

He tratado de comprender las razones académicas y científicas que los llevaron a sumarse al veto de mi nombre que organizaciones, grupos políticos e individuos han divulgado en sistemática campaña, y lo que me queda claro es que está por fuera de sus funciones reglamentarias que un claustro de profesores de historia dedique tiempo a asuntos ajenos a sus funciones docentes e investigativas para cuestionar mis calidades éticas, pues al afirmar que “por el ethos del historiador que creíamos compartir” están entrando en el terreno minado de erigirse en autoridad moral con derecho a excomulgar al que se salga de la línea, algo que me recuerda a las funestas academias de ciencias de la URSS y de la China comunista.

Sorprende que el claustro en una actitud de cierre del ámbito y de la esfera de acción de nuestra disciplina deje de lado su principal característica, a saber, que no es una disciplina exacta, que en ella todos sus productos están sometidos a la crítica y a la controversia, que es ajena a dogmas y a verdades oficiales. Ustedes profesores, caen en el abismo moral que dicen condenar, el del dogma, pues consideran que se debe comulgar con una verdad preestablecida so pena de no poder ejercer ciertos cargos públicos.

En vez de entender que se trata de un asunto crítico en el que, como en cualquiera otro de la vida política nacional, es preferible la controversia pública, ustedes optan por el llamado al orden en nombre de un “ethos” idealizado, que en el fondo no es otra cosa que un llamado al unanimismo, y, por tanto, a imponer que los historiadores que pensamos diferente a la corriente dominante solo podamos abordar los temas de memoria haciendo declaraciones de fe que constriñen la libertad de pensamiento.

En su carta afirman que la misma no es el espacio para “debatirle sus tesis negacionistas del CAI”, sin embargo, lo hacen al descalificar mi opinión cuando dicen que estas son: “a todas luces sin fundamento empírico”. Tienen la osadía de descalificar en cinco palabras y una frase coloquial un problema grueso de la vida nacional. Como quien dice, a falta de argumentos basta una frase de autoridad, como los fallos por unanimidad de los magistrados del Tribunal de la Santa Inquisición que en nombre de la defensa de la fe perseguían, condenaban, torturaban y quemaban a los herejes y conversos.

Ustedes dicen estar preocupados por “el sesgo que mis convicciones políticas puedan dar a la institución”, pisoteando con tal afirmación una trayectoria de más de treinta años de actividad docente, investigativa y directiva, durante la cual nunca usé la cátedra para hacer política o adoctrinar a los alumnos. ¿De cuándo a acá tener una opción política implica ser sesgado y de paso desconocer la trayectoria académica? Reitero, soy enemigo total de las verdades oficiales, y espero que ustedes también lo sean y que no siembren el camino de la libre opinión y la libre controversia con las espinas del veto y del dogma.

Espero que estas reflexiones despejen sus “preocupaciones”, y en todo caso me valgo de mi convicción ante la ley que juré defender para confiar que mi gestión, que es cosa futura, será la encargada de desvirtuar las voces que hoy me prejuzgan.

Atentamente,

Rubén Darío Acevedo Carmona

Director General

Centro Nacional de Memoria Histórica

Cordial saludo,

Recibí la carta que me hicieron llegar el pasado 26 de febrero en la que manifiestan, como claustro, sus “preocupaciones” por mi nombramiento como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

En calidad de director de tan importante institución me permito aclarar, si dudas hubiera, que mi nombramiento fue precedido de todas las etapas del proceso de valoración aptitudinal, hoja de vida, experiencia, entrevistas, y análisis minucioso de los certificados y títulos que presenté como soporte.

En tal virtud, conociendo y habiendo estudiado con suficiencia el marco legal que regula mi actuar, el cual me recuerdan investidos de un saber que  según ustedes yo desconozco, debo decir que en parte alguna de la Ley de Víctimas  ni en los decretos ley de Presidencia que la reglamentan en los que se consagra la misión del CNMH, figura como prerrequisito o exigencia para asumir el cargo, dar cuenta de mis opiniones políticas consignadas libremente en redes, columnas de opinión, ensayos, artículos y libros.

Por tal razón, se me hace extraño que un grupo de colegas no firmantes, amparados bajo la denominación de “unanimidad”, se reúna en nombre de un claustro de la Universidad Nacional de Colombia, bien conocida por su orientación pluralista, diversa y libre, para producir un texto que enjuicia moralmente mi decisión de aceptar un nombramiento hecho acorde con todas las reglas del juego establecidas por la Función Pública.

A ustedes les sorprende que yo “niegue abiertamente la existencia del Conflicto Armado Interno” (CAI), asumiendo de entrada que este será el dogma que yo alteraré y que ello implica que desconoceré a las víctimas, tal como manifiestan en la carta: “Nos sorprende que haya aceptado dirigir una entidad estatal que tiene ese reconocimiento como el eje central de su actividad”. Ante tal prejuzgamiento, me permito recordarles que, conforme a la Ley de víctimas, la misión principal del CNMH consiste en recopilar, clasificar y describir, los documentos, el material visual y gráfico y la versión de las víctimas sobre sus sufrimientos y experiencias dolorosas en el marco del CAI, y que ese precepto estoy obligado por ley a respetarlo. No está bajo mi alcance, como en diferentes foros he manifestado ya, presentar mi relato de la Historia, ni imponer una verdad, pues eso sería usurpar el derecho legal que tienen las victimas a ser escuchadas y a contar su versión de lo sucedido. No obstante, para evitar una comprensión parcializada sobre un tema tan delicado es aconsejable que tengamos en cuenta el parágrafo del artículo 143 de la Ley de Víctimas que a la letra dice: “En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento.” Y esa disposición debe ser acatada por quienes estando en su derecho a pensar y a caracterizar la vida colombiana según su leal saber, han tratado de elevar a la categoría de dogma oficial algo que es objeto de controversia.

Ahora bien, sin comprender la correlación entre los cuestionamientos que me formulan en su carta por haber aceptado el cargo de director del CNMH con otros prejuzgamientos que, trascendiendo el plano legal se orientan a asuntos ya de corte ético, político e ideológico y de orden personal, no obstante ser ustedes funcionarios del Estado en la principal y más destacada universidad del país, me veo en la tarea de exponer a la opinión pública las siguientes consideraciones:

En 1987, apenas iniciando mi vida docente como profesor de cátedra fui elegido presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En 1988, llegué a la Sede de Bogotá por recomendación de algunos amigos que lo hicieron con un ánimo de protección que de ninguna forma constituye una deuda. No estuve en la sede de Bogotá ocho años como manifiestan, sino cuatro (1988-1991).

No es cierto que la mayoría de ustedes, a quienes no conozco, hayan compartido conmigo en calidad de colegas. La mayor parte de quienes fueron mis colegas y profesores en la maestría de historia, ya se encuentran retirados; solo veo activos a quienes sí lo fueron, v.gr. Mauricio Archila, César Ayala, Vera Weiler y Óscar Rodríguez. Que compartan o no conmigo espacios académicos no les confiere autoridad para señalarme el camino.

He tratado de comprender las razones académicas y científicas que los llevaron a sumarse al veto de mi nombre que organizaciones, grupos políticos e individuos han divulgado en sistemática campaña, y lo que me queda claro es que está por fuera de sus funciones reglamentarias que un claustro de profesores de historia dedique tiempo a asuntos ajenos a sus funciones docentes e investigativas para cuestionar mis calidades éticas, pues al afirmar que “por el ethos del historiador que creíamos compartir” están entrando en el terreno minado de erigirse en autoridad moral con derecho a excomulgar al que se salga de la línea, algo que me recuerda a las funestas academias de ciencias de la URSS y de la China comunista.

Sorprende que el claustro en una actitud de cierre del ámbito y de la esfera de acción de nuestra disciplina deje de lado su principal característica, a saber, que no es una disciplina exacta, que en ella todos sus productos están sometidos a la crítica y a la controversia, que es ajena a dogmas y a verdades oficiales. Ustedes profesores, caen en el abismo moral que dicen condenar, el del dogma, pues consideran que se debe comulgar con una verdad preestablecida so pena de no poder ejercer ciertos cargos públicos.

En vez de entender que se trata de un asunto crítico en el que, como en cualquiera otro de la vida política nacional, es preferible la controversia pública, ustedes optan por el llamado al orden en nombre de un “ethos” idealizado, que en el fondo no es otra cosa que un llamado al unanimismo, y, por tanto, a imponer que los historiadores que pensamos diferente a la corriente dominante solo podamos abordar los temas de memoria haciendo declaraciones de fe que constriñen la libertad de pensamiento.

En su carta afirman que la misma no es el espacio para “debatirle sus tesis negacionistas del CAI”, sin embargo, lo hacen al descalificar mi opinión cuando dicen que estas son: “a todas luces sin fundamento empírico”. Tienen la osadía de descalificar en cinco palabras y una frase coloquial un problema grueso de la vida nacional. Como quien dice, a falta de argumentos basta una frase de autoridad, como los fallos por unanimidad de los magistrados del Tribunal de la Santa Inquisición que en nombre de la defensa de la fe perseguían, condenaban, torturaban y quemaban a los herejes y conversos.

Ustedes dicen estar preocupados por “el sesgo que mis convicciones políticas puedan dar a la institución”, pisoteando con tal afirmación una trayectoria de más de treinta años de actividad docente, investigativa y directiva, durante la cual nunca usé la cátedra para hacer política o adoctrinar a los alumnos. ¿De cuándo a acá tener una opción política implica ser sesgado y de paso desconocer la trayectoria académica? Reitero, soy enemigo total de las verdades oficiales, y espero que ustedes también lo sean y que no siembren el camino de la libre opinión y la libre controversia con las espinas del veto y del dogma.

Espero que estas reflexiones despejen sus “preocupaciones”, y en todo caso me valgo de mi convicción ante la ley que juré defender para confiar que mi gestión, que es cosa futura, será la encargada de desvirtuar las voces que hoy me prejuzgan.

Atentamente,

Rubén Darío Acevedo Carmona

Director General

Centro Nacional de Memoria Histórica

 

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