Viernes 18 de Octubre de 2019
Verdades Confirmadas

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LA DICTADURA DE LOS JUECES EN COLOMBIA

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Rafael Nieto Loaiza     

¿Puede el pueblo modificar una sentencia de la Corte Constitucional? La respuesta tiene varias aristas.

La primera, en un sistema democrático el poder estatal se divide entre distintas ramas. Así, le corresponde al Congreso hacer las leyes y hace control político al gobierno, al Ejecutivo definir el norte de la gestión pública, administrar el gobierno y ejecutar las leyes, y a los jueces aplicar la ley penal y decidir sobre las controversias entre los ciudadanos y entre ellos y el Estado. Además, entre las distintas ramas se conforma un sistema de pesos y contrapesos mutuos, que evita la concentración y el abuso del poder.

La segunda, en el marco descrito, a la Corte Constitucional, según el art. 241, le corresponde “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” y entre sus tareas está decidir “sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación”. La restricción es clara: no puede pronunciarse de ninguna manera sobre el fondo.

La tercera, en un sistema democrático la soberanía reside en el pueblo. Así lo reconoce la Constitución en su art. 3: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”. Y como es en el pueblo quien crea la Constitución, también el pueblo puede reformarla, como dice el art. 374, a través del Congreso, que es poder constituyente derivado, a través de una Asamblea Constituyente o a través de un referendo.

Pues bien, en el Congreso cursa un proyecto de reforma constitucional, del representante Álvaro Hernán Prada, que busca que el pueblo pueda, mediante referendo, rechazar o modificar sentencias de la Constitucional. Esa propuesta ha generado un debate público en el que se ha llegado a afirmar, nada menos que por la Decana de la facultad de derecho de los Andes, que es “un golpe directo al corazón del estado constitucional de derecho” y que “olvida que las cortes constitucionales existen para poner un límite a las mayorías en defensa de los derechos fundamentales de las minorías”.

Más allá de que a la Decana fue, como el suscrito, promotora del movimiento estudiantil que dio lugar a la Asamblea Constituyente del 91, a través de una expresión del constituyente primario que destrozó la Constitución del 86, hay que recordarle que el que puede lo más puede lo menos, y que si el pueblo puede modificar, sin límite alguno, la Carta Política, podría también modificar las sentencias de la Constitucional.

Negarle ese derecho al pueblo significaría trasladar la soberanía del pueblo a la Corte. No dudo que hay quienes efectivamente quieren tal cosa, en particular los activistas judiciales que, para saltarse a las mayorías en el Congreso, han diseñado toda una serie de “litigios estratégicos” con los que se consigue que la Constitucional apruebe lo contrario a lo que dice la Carta, como ha ocurrido por ejemplo en materia de aborto, matrimonio y consumo de drogas sicoactivas. Me atrevo incluso a sostener que muchos magistrados de la misma Corte están en esa posición y que la teoría de los pilares insustituibles de la Constitución, que no están en la Carta y que los magistrados crean a su antojo, va en esa dirección. Es sencillo: se coloniza la Corte con magistrados ideológicamente afines y a través de ellos se avanza, vía jurisprudencia, en sus propuestas ideológicas y políticas. ¿Si cambiara la composición de la Corte y los nuevos fallaran en contra de sus posiciones? Seguro que ahí los llamarían fascistas.

Negarle ese derecho al pueblo significaría también que la Constitución sería la que se le antojara a la mayoría de los magistrados de la Corte y no la que dice el pueblo, expresada en el texto constitucional que redacta una Constituyente o se aprueba en un referendo. Dirán que es efectivamente lo que viene ocurriendo. Resalto, sin embargo, otra cara del problema: sería una minoría, apenas 5 personas (la Corte tiene 9 magistrados), la que definiría la Constitución por encima de lo que la mayoría del pueblo expresa en las urnas. No, los magistrados de turno no pueden estar por encima del pueblo. Un contrasentido, sin duda, en el problema de minorías y mayorías que pretende plantear la Decana.

Además, ¿quién dijo que los criterios y opiniones de esos nueve magistrados son mejores que los de los demás ciudadanos? ¿Es eso democrático? Es una idea soberbia, prepotente, que supone que el pueblo es ignorante, manipulable, estúpido, la que subyace a la teoría de que los magistrados sí están en capacidad de decidir lo que el pueblo no. ¿Son acaso infalibles los jueces? No, sin duda. Dirán que el pueblo tampoco, y yo estoy de acuerdo, pero al menos se expresa en las urnas y decide democráticamente y por mayoría.

Agrego que la teoría que implícitamente traslada la soberanía del pueblo a la Constitucional hace ineficaces, inútiles, los debates políticos en el Congreso e, incluso, las elecciones, tanto de parlamentarios como del presidente. Si es la Corte la que decide sobre todo, sin límites, ¿para qué acudir a las urnas? Por otro lado, esa hipertrofia funcional que traslada competencias constitucionales y legislativas del Congreso a la Corte y que confiere todo el poder político a sus magistrados, es la causa de su politización y, de paso, de la alarmante caída en el perfil de los magistrados. Ahora, peor, se quiere ir más allá y trasladarle a la Constitucional la soberanía del pueblo.

Por cierto, para resolver las preocupaciones de la Decana sobre las minorías la respuesta es distinta: todo estado democrático debe respetar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. Ese y solo ese es el límite para el pueblo.

Ahora bien, yo no dudo de que el abuso de los mecanismos de democracia directa, como el plebiscito o el referendo, genera riesgos para el sistema democrático. Con ese abuso se deriva en lo que la doctrina ha denominado “democracia plebiscitaria”, en la cual, so pretexto de una relación directa con el pueblo, el Ejecutivo pasa por encima de las otras ramas del poder público y deviene en un gobierno autoritario que, además, alega legitimidad con base en el pronunciamiento popular. Por ello, hay que ser especialmente cuidadoso y exigente en el ejercicio de esos mecanismos.

Pero mucho va de ello a reemplazar el poder soberano del pueblo por el de unos magistrados. Tal cosa no tiene nada de democrática. El gobierno de los jueces es, en realidad, la dictadura de los jueces. No sobra recordarlo.

 

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APOYAR AL EXPRESIDENTE URIBE CON ORGULLO,SERENIDAD Y DETERMINACIÒN

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Luis Guillermo Vélez Álvarez

Lo peor del proceso de La Habana es el haber puesto al Estado colombiano en pie de igualdad con una banda delincuencial

Lo que está en juego hoy en Colombia es un profundo dilema moral. (Efe)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la cordura y a confiar en la justicia que en abstracto no se puede dejar de compartir. Por supuesto que esa invocación no puede estar dirigida al presidente Uribe, quien, en las difíciles circunstancias que enfrenta, ha mostrado una cordura sin límites y una confianza también desmesurada en unas instituciones judiciales que desde hace mucho tiempo han dejado de merecerla a los ojos de los colombianos.

Está fresca en la memoria la injusta condena de Andrés Felipe Arias, el anómalo proceso de Luis Alfredo Ramos, el episodio indigno de los magistrados que trafican sentencias, la liberación afrentosa del delincuente Santrich y, en la actual investigación contra el presidente Uribe, las faltas al debido proceso, no se le quiso escuchar en versión libre, y la violación de la reserva sumarial, por las constantes filtraciones a los medios. Así resulta difícil confiar. 

Y, sin embargo, en su discurso de anoche, fiel a su estilo de educar con el ejemplo, el presidente Uribe trasmite a los colombianos un mensaje de cordura y confianza que debemos acatar. Pero también es un mensaje de orgullo y determinación. Orgullo por una obra de gobierno que salvó al país de la pérdida de sus libertades, del colapso de su democracia y la ruina de su economía. Determinación de continuar defendiendo esa democracia, esas libertades y esas instituciones económicas que, sin ser perfectas, les han dado a los colombianos la oportunidad de prosperar con su trabajo honrado. Porque esto es lo que está en juego tras el entramado siniestro con el que se pretende acabar con el prestigio del presidente Uribe y golpearlo donde saben muy bien que a él le duele: su honorabilidad.

Lo que está en juego hoy en Colombia es un profundo dilema moral. Lo que hizo Uribe cuando lideró a la sociedad colombiana en su enfrentamiento con las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes fue recuperar la estatura moral de la sociedad, la de todos los ciudadanos de bien a quienes guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes pretendían tratar como sus iguales. Porque los criminales se justifican a sí mismos cuando convierten en criminales a todos los demás. La autojustificación moral de la guerrilla y sus partidarios pasa por la criminalización del presidente Uribe y, con él, la de todos los colombianos que apoyamos su obra de gobierno.

lograron imponer en los medios y los “intelectuales” de izquierda la narrativa de “las causas objetivas de conflicto”. Esto le hizo daño al país, pues limitó la autoridad moral del gobierno para combatir bandas de criminales que aparecían como defensores de “la justicia social”. Uribe puso fin a todo esto mostrándole a la sociedad que los pretendidos “justicieros” no eran más que delincuentes que no buscaban otra cosa que enriquecerse con el secuestro, el abigeato, la extorsión, el robo y el narcotráfico. Ese cambio fue el que permitió que el presidente Uribe liderara, con el apoyo de toda la sociedad, el combate contra las Farc, que condujo a su derrota política y moral y a la anulación estratégica de su capacidad militar. Incluso la revista Semana, convertida hoy en la gran promotora del descrédito de Uribe, reconocía en su momento lo que significaba ese combate.

Lo peor del proceso de La Habana es el haber puesto al Estado colombiano en pie de igualdad con una banda delincuencial, volviendo a darle, a los ojos del mundo y de la sociedad, el estatus de fuerza política que había perdido por su actuar criminal, incluida la comisión de delitos de lesa humanidad. Y después viene la JEP, que en un principio se pretendía fuera obligatoria para todos los mal llamados “actores del conflicto”, y ante la cual, las Farc y toda la izquierda, quieren ver sometido al presidente Uribe. Este es en última instancia el propósito del entramado judicial que se le ha montado.

Todo empieza con las visitas del senador de Cepeda, hijo de un señor que da su nombre a uno de los más sanguinarios frentes de las Farc, a reconocidos narcotraficantes y paramilitares presos en Estados Unidos, la mayoría de ellos extraditados por Uribe, con el propósito de recabar testimonios en contra de este y de su hermano. Se tiene conocimiento de 25 de esas visitas. Conocedor de esas actividades, Uribe obtiene pruebas y las pone en conocimiento de la Corte, la cual, en lugar de proceder a investigar la veracidad de las mismas, interpreta que esto es un intento de desviar la justicia y decide investigarlo al tiempo que declara que Cepeda, ¡alma bendita!, visitaba criminales por razones humanitarias.

El proceso está basado en miles de horas de grabaciones de conversaciones del presidente Uribe, cuyo teléfono fue interceptado por “error”, como reconoce la misma Corte. Como lo han señalado diversos penalistas las pruebas obtenidas de esa forma son ilegales y no pueden fundamentar ningún proceso ni en una inspección de policía y mucho menos en un alto tribunal. No obstante, ahí van las cosas, con el agravante de que esas grabaciones han sido sistemáticamente filtradas a los medios, más específicamente al periodista Daniel Coronell, para que, debidamente editadas, las divulgue poniendo a Uribe en la picota pública.

La Corte tiene todavía la posibilidad de obrar con la cordura que a los ciudadanos nos reclama su presidente, el magistrado García Restrepo, y recuperar así la confianza que dejó en ruinas su antecesor, el magistrado Barceló Camacho. Entre tanto, debemos seguir apoyando efectivamente al presidente Uribe votando masivamente el 27 de octubre por los candidatos del Centro Democrático.

 

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LA ENCRUCIJADA DEL BIODIESEL EN COLOMBIA

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Andrés Espinosa Fenwarth

Para evitar angustias es preciso mejorar la concertación al interior del Comité Intersectorial y fortalecer la cadena de suministro del sector.

El país produjo el primer galón de biodiésel en una planta ubicada en Codazzi, departamento de Cesar, en enero de 2008. Desde entonces, la cadena agroindustrial de biodiésel ha invertido 3.000 millones de dólares para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental, diversificación de la matriz energética, desarrollo rural y generación de empleo en el sector palmero colombiano. La agroindustria energética nacional de biodiésel también contribuye con la reducción sustancial de la huella de carbono, gases de efecto invernadero, emisión de material particulado y opacidad de los humos de los motores.

Pese a las evidentes bondades del biodiésel para una economía como la nuestra, la actual coyuntura es ciertamente crítica, generada por una confluencia de factores negativos de tormenta perfecta, que requieren un diagnóstico objetivo y soluciones integrales de largo aliento.

La crisis coyuntural de abastecimiento de biodiésel, que tiene apagadas varias plantas, obedece a rezagos regulatorios en materia de definición de precios oficiales al productor a cargo de los Ministerios de Hacienda y de Energía, que no factorizan de forma inmediata las condiciones cambiantes de los mercados de referencia de los aceites de palma y soya, ni remuneran adecuadamente a los productores de biodiésel; los sobrecostos de transporte y logística generados por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio; la disminución de las importaciones de aceite de palma ecuatoriano ligada a la pudrición del cogollo; la baja estacional de la producción de palma del segundo semestre; los bonos pagados por la industria alimenticia local para garantizar la provisión de palma; el cumplimiento de contratos de exportación de aceite de palma; la entrada en vigencia, con retraso y sin gradualidad, de la mezcla nacional de biodiésel de palma del 12%, inicialmente programada a partir del primero de agosto.

A raíz de lo anterior, los representantes de los productores de biodiésel, del sector palmero y los distribuidores mayoristas manifestaron “dificultades” para cumplir con este mandato de mezcla de biodiésel, según se desprende de los considerandos de la Resolución de los Ministerios de Agricultura y de Energía No. 4-0730 del 20 de septiembre 20 de 2019.

Por esta razón, el Comité Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles recomendó otorgar un espacio de tiempo para recuperar los mermados inventarios y garantizar la disponibilidad de biodiésel para el mercado local, mediante el ajuste progresivo de la mezcla de biodiésel con combustible fósil al 2% para los últimos 10 días del mes de septiembre y el restablecimiento de la mezcla al 6% en octubre, 8% en noviembre y 10% a partir del mes de diciembre.

Para evitar nuevas angustias existenciales, es preciso mejorar la concertación público-privada al interior del Comité Intersectorial, expedir oportunamente las disposiciones de mezcla y precios de biodiésel y fortalecer la cadena de suministro de palma, biodiésel y distribuidores mayoristas, por medio de contratos estables con reconocimiento de calidad, precio y sostenibilidad ambiental.

Andrés Espinosa Fenwarth

Miembro del Consejo Directivo del ICP.

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EL NUNCIO ESTÀ INTERVINIENDO EN POLITICA Y NOS ESTÀ ACONSEJANDO CON CRITERIOS COMUNISTAS

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Rafael Nieto Navia    

El status de los agentes diplomáticos (embajadores, nuncios de la Santa Sede y otros funcionarios diplomáticos) está reglado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, un tratado universal que, además, recoge derecho consuetudinario y es obligatorio para todos los estados y la Santa Sede.

Los agentes diplomáticos tienen como función representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger los intereses del Estado acreditante, negociar con el gobierno del receptor y fomentar las relaciones amistosas, económicas, culturales y científicas entre los dos Estados.  Lo mismo se aplica mutatis mutandis a los nuncios apostólicos. Los nuncios tienen, además, importantes funciones en la relación entre la Santa Sede y las iglesias locales.

La Santa Sede, cuyo jefe es el Papa, no es un Estado. Pero es miembro de la comunidad internacional desde siempre y desde antes de que lo fueran la mayoría de los estados de hoy día. Mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los estados, independientemente de su religión. El Estado de la Ciudad del Vaticano es un ente distinto que tiene acuerdos con Italia y algunas organizaciones internacionales.

Los nuncios son los agentes diplomáticos de la Santa Sede. Tienen las mismas obligaciones que los demás agentes, entre ellas la contemplada en el artículo 41 de la Convención: no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor.

El actual nuncio apostólico es monseñor Luis Mariano Montemayor, nacido en Argentina. Hace poco dio un par de entrevistas de las cuales cito algunos apartes: A una pregunta sobre su visita a ciertas regiones dijo que las Farc eran las que mandaban y agregó: “Y con ellas negociaban (las gentes) un statu quo que les permitía de alguna manera saber al menos a quién podían protestarle, ahora no. La gente no identifica quién tiene el poder, solo sabe que son muchos y que estos tienen luchas permanentes…Es una constatación. Hay ausencia del Estado en algunas zonas.”

Sobre la JEP: “Dejemos de torpedear, dejemos esta actitud de francotiradores contra el sistema de justicia transicional. ¿Por qué? Porque de algún modo hay que hacer justicia, y este mecanismo fue el que se eligió. Hubo una decisión de Estado... Ahora, hay que dejarlos actuar, dejar que muestren lo que valen y lo que pueden hacer… No vivir permanentemente buscando reformas constitucionales… son los Acuerdos, que gusten o no gusten, es lo que hay, fue lo que se negoció y tienen el aval de la comunidad internacional.” Sobre el Eln: “Es obligación del Estado y de la sociedad civil impedir que el débil sea explotado. Existe, aunque algunos lo nieguen, la violencia política, la solución política a través de la lucha armada. Con el Eln hay que negociar. Para ellos, como para las Farc, ha llegado el momento histórico, la lucha armada no tiene razón de ser… nosotros mantenemos contactos abiertos con el Eln, incluso por razones humanitarias.”

Sobre Cuba: “Era necesario comprender la posición de Cuba, comprender la posición de los países garantes y buscar una solución de las negociaciones en La Habana. Había que darle una mano a Cuba, que no merecía ser castigada, ya que estaba tratando de ayudar a Colombia, como ya lo había hecho con las Farc para salir del fracaso.” Sobre Venezuela: “hay ‘una diplomacia del micrófono’. Las dos partes se han dedicado a amenazarse… Además, el juego de pedir a las tropas venezolanas que deserten o que tomen partido por la oposición, o Maduro decir que apoya efectivamente a ‘Márquez’ o al Eln, y moviliza sus tropas, es un juego muy peligroso.”

¿Consejero político o intervención en política, monseñor?

 

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LAS PROTESTAS Y EL ABUSO CRIMINAL DE TRANSPORTADORES Y ESTUDIANTES

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José Gregorio Hernández Galindo

La violencia, el abuso, el bloqueo de vías, el perjuicio a la comunidad, la amenaza y la agresión contra los ciudadanos, la destrucción y la obstrucción... no hacen parte de la libertad de expresión, ni de la libertad de reunión, ni del derecho a la protesta

Las autoridades de policía tienen que reaccionar ante la violencia y capturar a quienes la provocan y practican. Pero a su vez no pueden incurrir en el uso indebido, desmedido y excesivo de

Bogotá

José Gregorio Hernández Galindo

Durante la semana que termina, en varios lugares del país –particularmente en Bogotá- conductores informales iniciaron una protesta contra las autoridades de tránsito por la aplicación de las normas legales vigentes, según las cuales la reincidencia en las infracciones es sancionada con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Un propósito nacional, la defensa de la vida

Como lo expresamos en columna radial, desde el comienzo nos pareció equivocado el procedimiento escogido por los organizadores de las marchas, pues en el sistema jurídico existen vías para poner en tela de juicio la validez de las normas ante los tribunales y para reivindicar los derechos si son violados en casos particulares mediante actos administrativos sancionatorios. De hecho, sabemos que una abogada ha presentado demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra las disposiciones legales pertinentes. Pero si, en gracia de la discusión, la protesta hubiese sido la vía para pedir la modificación o derogación de las normas, ella ha debido desarrollarse en forma pacífica, como lo prevé la Constitución. No fue así, y, por el contrario, las marchas degeneraron en inaceptable perturbación del orden público.

A la protesta de los conductores se unió la de estudiantes de universidades públicas, como la Distrital de Bogotá y la Pedagógica, quienes –apoyados por universidades privadas como la Javeriana- denunciaban problemas de corrupción en el interior de las mismas. En algunas de estas marchas surgió innecesaria y reprochable violencia, como desplegada en las proximidades de la Universidad Pedagógica.

La violencia, el abuso, el bloqueo de vías, el perjuicio a la comunidad, la amenaza y la agresión contra los ciudadanos, la destrucción y la obstrucción... no hacen parte de la libertad de expresión, ni de la libertad de reunión, ni del derecho a la protesta, garantizados en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Por el contrario, desacreditan y perjudican cualquier movimiento.

Las garantías institucionales y la protección recaen sobre el ejercicio válido y lícito de los derechos, no sobre su abuso.

Como resulta del artículo 95 de la Constitución, todo derecho tiene por contrapartida los deberes y las responsabilidades. Toda persona tiene los derechos, asegurados por las normas y las autoridades, pero sobre la base de que los ejerza sin romper el orden jurídico, sin vulnerar los derechos de los demás, sin perturbar el orden público, sin dañar los bienes públicos o privados, sin violencia, dentro de criterios razonables y con el debido respeto a la sociedad.

: Acuerdo de paz, errores en serie

Desde luego, las autoridades de policía tienen que reaccionar ante la violencia y capturar a quienes la provocan y practican. Pero a su vez no pueden incurrir en el uso indebido, desmedido y excesivo de la fuerza, como infortunadamente ocurrió en Bogotá, cuando las fuerzas policiales invadieron los predios de la Universidad Javeriana y atacaron con gases a estudiantes pacíficos e incluso al Hospital San Ignacio.

 

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