Sábado 14 de Diciembre de 2019
Verdades Confirmadas

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EL DERECHO AL PARO NO EXISTE

Andrés Úsuga Marín

En pasados días quise proponerle un ejercicio (académico y social) a mis amigos, que me siguen en las redes sociales, con respecto a lo que viene sucediendo en Colombia, y que ya lleva más de 15 días afectando de manera grave no solo al Gobierno Nacional, como erróneamente lo creen quienes lideran la iniciativa, sino también a la economía del país, y por supuesto, al pueblo colombiano que viene de tumbo en tumbo y bastante confundido con las informaciones de líderes y los medios de comunicación que realmente no han ayudado a resolver la situación sino a agravarla. 

El ejercicio pasaba por la saturación de la frase cliché "yo respeto la protesta y el paro porque eso es un derecho constitucional", que la han venido pronunciando personajes de todos los niveles sociales, económicos, políticos y mediáticos como una forma de pronunciarse correctamente desde lo político; esto es, en un intento por quedar bien con Dios y con el diablo, comprometiéndose, no tanto con los promotores de la iniciativa, sino también con los que no estamos de acuerdo con parar el país porque 300 mil ciudadanos lo decidieron de esta forma sin consultarlo con nadie más.

La frase anterior denota una profunda ignorancia. Entonces mostremos por qué pienso de esta forma y dónde es que está ese supuesto "Derecho al PARO", que todos dicen que está en la Constitución y en la ley. Procedimos a rastrearlo en el texto del 91. Veamos nuestra Constitución Política del 04 de julio de 1991, con más de 40 reformas en 28 años:

Artículo 24: Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a CIRCULAR LIBREMENTE por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. VS Artículo 37: Toda parte del pueblo PUEDE REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACIFICAMENTE. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Los dos artículos anteriores, hacen parte de lo que podríamos describir como carta de derechos fundamentales de nuestra Constitución. Encontramos en el primer artículo, DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACION; ahora bien, en el artículo 37 encontramos el DERECHO A REUNIRSE Y MANIFESTARSE PACIFICAMENTE. Pero nos damos cuenta de que en ninguno de los dos obra el “DERECHO AL PARO”.

Pero les hago la misma propuesta a ustedes lectores de esta columna; hagan desde sus fueros internos, el ejercicio de ponderación que deben hacer los jueces de la República cuando les llega una acción de tutela a su despacho y es cuando entran en colisión dos derechos fundamentales y se debe privilegiar uno para desfavorecer al otro.

Hagámoslo simple, con un método básico: ¿usted está con el artículo 24 o con el artículo 37? Si en serio la Democracia es el gobierno de las mayorías (¿O si no es así para qué llevamos a cabo elecciones y procesos electorales?), miremos quién opta por uno y quién por el otro. En este momento coyuntural del país, imagínese que estuviera en sus manos tomar esa decisión, esto es: ¿si se ponen en una balanza al mismo nivel (en un momento de crisis social e institucional) usted hacia dónde la desequilibraría?

Por último, voy a hacer una apreciación muy personal -y respeto a quien piense contrariamente-: debo decir que,  para mí, tengo que el Derecho a REUNIRSE y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE, no lleva implícito un “Derecho al PARO”, o sea, para obligar a PARAR al que no quiere parar...y mucho menos a agredir al que no quiere parar, ni afectar la infraestructura de todos, pública o privada.

Les valgo que implícito en el “manifestarse”, está o podría estar el “derecho a la protesta”, pero de nuevo, ésta deberá ser PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE. Ya la CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA tiene pronunciamientos distinguiendo por ejemplo el Derecho a la Huelga Política, y que esto no conlleva un paro o cese de actividades;  y en el remoto caso de que existiera ese derecho, pienso que el titular del mismo debería ser quien ostente la calidad de Propietario de una persona jurídica privada, o sea un empresario o su junta directiva; ya que no puede ser claro que una persona, un trabajador, tenga el derecho de parar la producción de toda una empresa por sus desavenencias con las políticas públicas o privadas, ya que de esta forma prevalecería el derecho individual por encima del derecho del colectivo, esto es, de los demás trabajadores que no quisieran parar.

Mejor dicho, es o sería un derecho que solo podría abrogarse quien detente las facultades para hacer parar trabajadores y máquinas, y no o una persona o una minoría que quiera afectar a todos los demás, así no estén de acuerdo con la decisión de parar.

En conclusión, la violencia no solo implica sangre, explosiones, heridas y demás cosas que todos tenemos claro. También existe violencia PASIVA, como no permitir la LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS POR EL TERRITORIO NACIONAL y violentar con arengas, y presiones físicas o psicológicas a quien no quisiera compartir la idea de parar la producción del país, de la cual hace parte el poder movilizarse por las calles y carreteras del país, toda vez que el comercio depende de forma muy alta de esa circulación para el intercambio de bienes y servicios que alimentan la economía.

El paro (que en mi concepto es más un saboteo programado y que no alcanzó a ser nacional, para infortunio de los agitadores en la sombra), la pa$ (El negociado de La Habana entre una élite corrupta y una élite de genocidas, violadores y narcotraficantes erróneamente indultados y amnistiados), las elecciones de 2018 (donde a pesar de hacer todas las cochinadas habidas y por haber, PERDIERON) y las votaciones del plebiscito (la mayor hazaña democrática de la historia Colombiana, al ganarle a todo el establecimiento, el presupuesto nacional y extranjero, y que hoy todo lo que dijimos ha salido cierto y peor aún), han ido tumbando muchas máscaras, antifaces, cortinas de humo, mamparas, falsos, dobles, hipócritas… y eso me ha gustado mucho, lo creo muy necesario, muy pertinente y crucial. Prefiero de frente a tanto agazapado y soterrado jugando a dos y a tres bandas... No obstante, veo a unos intentando recamuflarse al interior de despachos públicos y detrás de micrófonos y columnas... Creo que en vez de llamarlo polarización lo deberíamos llamar aclaración de posturas ideológicas y dejar esas medias tintas que sirven a los solapados y morrongos.

Colofón: ¿Cómo es posible que estén prestándose empleados públicos del nivel nacional, a los saboteos y críticas al Gobierno Nacional, teniendo la calidad de servidores de libre nombramiento y remoción? Yo entiendo que un trabajador de carrera administrativa y hasta los trabajadores oficiales siempre quieran mejorar las condiciones laborales vía presiones sindicales; pero si es un empleado público que llegó con el Gobierno anterior y no está de acuerdo con las nuevas políticas, es tan fácil como presentar su carta de renuncia y se acaba el problema. Es increíblemente absurdo ver ciudadanos que están en la nómina oficial de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales y agencias del nivel central, criticando en redes y en las calles al Gobierno que los mantuvo en sus cargos, cuando debieron renunciar por simple dignidad desde el 6 de agosto de 2018.

 

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LOS PAROS CONTRIBUYEN A UN PEOR DESEMPEÑO

vargas-lleras

 
01 de diciembre 2019 , 01:01 a.m.

Una semana más de paros y protestas con enormes costos y sacrificios para la gente, que exige desesperada regresar a sus trabajos, a su estudio, y poder hacerlo con seguridad y comodidad. Desafortunadamente, estas marchas hacen parte de una bien planeada estrategia que de manera continuada irá hasta las elecciones del 2022, manteniendo un clima de agitación permanente, con lo cual Gobierno y ciudadanía tendrán que aprender a convivir.

 

 

El Gobierno ha abierto ya las llamadas conversaciones sobre los temas que suscitan la protesta: reforma laboral, pensiones, desempleo, corrupción, nuevas oportunidades para los jóvenes, educación, reforma de la salud, proceso de paz, comunidades indígenas y afrocolombianas, entre otros. Todas estas demandas tienen un denominador común: inversión social e insuficiencia de recursos. Y, paradójicamente, el paro está contribuyendo a que la economía en su conjunto tenga un peor desempeño, genere menores oportunidades de empleo y comprometa la actividad comercial de fin de año. Se calcula en más de 100.000 millones de pesos el costo diario del paro. En Chile, por ejemplo, las protestas de este mes podrían comprometer en un 1,9 por ciento el crecimiento del producto de ese país.

Un menor crecimiento implica un menor recaudo de tributos e incide directamente en la capacidad del Gobierno para acometer los proyectos sociales que reclaman los manifestantes. Algunos parlamentarios que no esconden su descarado oportunismo piden ahora aplazar las discusiones de la reforma tributaria, sobre la cual ya habíamos conseguido un importantísimo acuerdo, y en cuyo texto se está todavía a tiempo de involucrar propuestas concertadas en las mesas de conversación.

Hace bien el Gobierno al escuchar, con el ánimo de concertar, no solo a aquellos que protestan, sino a otros sectores y a las regiones, las inaplazables reformas pensional, laboral y de la salud, al igual que defenderse del fuego amigo, que, viéndolo en perspectiva, es muy responsable también de estas jornadas de paro.

Grave equivocación es la participación de algunos políticos al haber intentado sacar descaradamente provecho de esta protesta. Más temprano que tarde, la ciudadanía les pasará cuenta de cobro.

El Gobierno ha conseguido un justo equilibrio entre la defensa de la integridad de la vida y seguridad de las personas y el derecho a protestar. Un equilibrio, por cierto muy frágil, que en muchos países se ha roto con grandes pérdidas en vidas y en ejercicio de libertades y derechos. Debemos reconocer y exaltar la labor de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, y la manera como han conseguido mantener el orden y devolver la tranquilidad a los sectores que sintieron con angustia haberla perdido. Por supuesto, es de lamentar cualquier muerte, como la del joven Dilan, o las heridas causadas a más de 300 agentes y en particular al patrullero Arnoldo Verú. Las protestas suelen tener, por más cuidadoso que se sea, hechos que lamentar.

Dicho lo anterior, es hora de que las protestas se trasladen al escenario de los diálogos, de la búsqueda de consensos en torno a las principales demandas de estos grupos. Demandas que deberán atenderse con los recursos y en los tiempos que sean materialmente factibles, con compromisos realistas y que no generen frustraciones e incumplimientos capaces de desembocar en nuevos disturbios.

Conciertos como el aprobado por el gobierno distrital, concentraciones en plazas y parques o, incluso, marchas por vías que no comprometan el transporte público son buenas alternativas para, si se quiere, acompañar los diálogos sin interferir los derechos fundamentales a movilizarse, a trabajar y a estudiar que reclama con razón un porcentaje mayoritario de la población colombiana. Con orden, en paz y con respeto por los demás todo se puede, especialmente protestar.

GERMÁN VARGAS LLERAS

 

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QUE VIENE DESPUES DEL 21 DE NOVIEMBRE EN COLOMBIA?

Eduardo Mackenzie   

Es evidente que el régimen cubano, secundado por su vasallo de Caracas, está cambiando su orientación para el continente, pero no en la buena dirección. Atrás habría quedado la estrategia de los años 1995 consistente en alcanzar (tras abandonar aquella de la guerra de guerrillas de los años 1960-1980) el poder mediante la fabricación de un caudillo providencial que gana, en determinados países, la presidencia en elección popular, de pureza dudosa o no, antes de la erección inmediata y sin contemplaciones de un régimen abiertamente pro cubano.

Esa hábil estrategia que le dio descomunales ganancias financieras y diplomáticas a los Castro, en menoscabo de las economías de países como Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, era una variante burda de la vieja tesis del comunista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) --que sus propios camaradas llegaron a considerar como revisionista--, de tomar el poder mediante la lenta formación de una hegemonía cultural realizada por la alianza del “proletariado” con la casta intelectual y otras fracciones radicales no necesariamente marxistas. Ese periodo parece agotado por el manejo catastrófico que hicieron los intrusos chavistas de las economías de esos países y por los fracasos del ala de izquierda del partido Demócrata de Estados Unidos.

Agotados los enormes recursos de toda especie que Venezuela le entregaba, Cuba parece estar experimentando a marchas forzadas nuevas vías para acaparar a riqueza de otras naciones. Hay como un regreso a la técnica del golpe de Estado bolchevique, mediante disturbios y violencias de apariencia anárquica y “social”. Ese cambio de línea, que se ve en lo ocurrido en estas semanas en Ecuador y Chile (un país petrolero y un país con economía desarrollada con recursos mineros), es uno de los signos de radicalización del liderazgo cubano frente al continente. Ese giro –cuyo perfil está apenas en plena evolución--, fue disparado, probablemente, desde que La Habana vió que Washington, entrabado por el Grupo de Lima y por la diplomacia europea, sobre todo española, no era capaz, por el momento, de acabar con los regímenes totalitarios de Castro y Maduro.

Lo que está ocurriendo en Ecuador y Chile (y en Bolivia, tras la caída de Evo Morales), es, sin duda, el contragolpe tras una cierta confesión de impotencia de las fuerzas democráticas del continente. No obstante, en la nueva línea que aplica La Habana contra los países que quieren salir del infierno bolivariano (como Ecuador y Bolivia), o no caer en él (como Colombia y Chile) se ve algo más: el pánico del liderato castrista ante el actual gobierno del presidente Donald Trump y la posibilidad de que ese líder popular sea reelegido en 2020.

Tanto en Ecuador como en Chile, la estrategia es usar la llamada “violencia de masas” (sobre todo de jóvenes desestabilizados ideológicamente), durante un buen periodo, contra la fuerza pública, los medios de transporte y los símbolos del capitalismo, para aterrorizar a los gobiernos y obligarlos a capitular. En Chile, la onda destructiva ha logrado que Sebastián Piñera acepte la idea de negociar, con los violentos, una nueva Constitución. Resultado: una brecha parece abierta entre el presidente y las fuerzas armadas.

Colombia, país que ha resistido con éxito las embestidas del sovietismo desde 1930, y del castrismo desde 1961, está en la línea de mira de tales ambiciones. El 21 de noviembre, ese país deberá hacerle frente a una serie de “marchas” obrero-estudiantiles, organizadas por sindicatos y grupos de oposición heterogéneos. Casi sin excepción toda la ciudadanía ve esa jornada como el inicio de una dinámica nefasta donde serán aplicadas las técnicas demoledoras de Chile y Ecuador.

Ese temor cunde por el hecho no de que la oposición exprese su inconformidad con el gobierno sino de que tal protesta sirva de pantalla a los violentos y a las fuerzas narco-terroristas, como ocurrió en los últimos meses en marchas que prometían ser pacíficas.

¿Cuál será la meta de los extremistas durante y después del 21 de noviembre? Es innegable que para las fuerzas clandestinas las manifestaciones deben abrir una dinámica destinada a obligar al gobierno a completar el cambio de Constitución impuesto en 2016 con los llamados “acuerdos de Paz” Santos/FARC.

Esa odiosa perspectiva genera un sentimiento amplio de rechazo y de cólera popular. El gobierno acaba de expulsar a 6 venezolanos que estaban realizando actividades para afectar el orden público. En Medellín y Bogotá cientos de reservistas y civiles se están uniendo para respaldar pacíficamente a la fuerza pública el 21 de noviembre en la defensa de los edificios, monumentos y servicios públicos de esas ciudades. No quieren ser espectadores pasivos de la destrucción de sus ciudades.

Del resultado de esa jornada histórica dependerá en gran medida la suerte de lo que se libra en Chile, Ecuador y Bolivia. Si el sistema democrático recula en Colombia, ello afectará la resistencia de esos tres países contra los manotazos mediante los cuales Cuba y Venezuela quieren conservar sus bastiones. Colombia combate de nuevo por la libertad del continente. Pero combate sola.

@eduardomackenz1

 

 

 

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SEGURIDAD Y JUSTICIA,LO PRIORITARIO

NIETO LOAIZA

 

Por Rafael Nieto Loaiza

Las organizaciones políticas que llamamos estados nacen para cumplir dos funciones fundamentales: por un lado, proteger la vida, libertades y bienes de sus habitantes y, por el otro, impartir justicia de manera imparcial y objetiva. Todas las otras funciones que se le han ido adjudicando a los estados a través de la historia son adicionales y subsidiarias y sobre el alcance de ellas versa el grueso de la discusión política contemporánea. Más o menos estado. Pero hay consenso en que si los estados no cumplen sus dos funciones originarias y principales fracasan, devienen en lo que un sector de la doctrina ha llamado “estados fallidos”.

Seguridad y justicia, por tanto, son los dos fines fundamentales que los estados deben atender como prioritarios. Son ellos, además, la razón para que deban tener el monopolio de la fuerza y son las bases sobre las cuales se asienta la convivencia pacífica. Si el estado no puede garantizarlos, tarde o temprano grupos de ciudadanos se organizarán para defenderse y harán justicia por propia mano. En Colombia lo vivimos con la erupción de los grupos de autodefensas. La espiral autodestructiva solo se detuvo con “la seguridad democrática” de Álvaro Uribe, asentada en dos decisiones vitales de Andrés Pastrana: el plan Colombia y la reforma del Ejército. Sin el fortalecimiento de la Fuerza Pública, de la mano de la inequívoca voluntad política del gobierno, hubieran sido imposibles el desmonte de los grupos “paramilitares” y, después, la negociación con las Farc.

La moción de censura al anterior ministro de Defensa y los actos de vandalismo tras el paro del 21 deben leerse también desde esa perspectiva. La moción al entonces ministro, planteada con la intención de volver al Gobierno rehén de las mayorías del Congreso, devino en un debate sobre el ataque a un campamento de las “disidencias” de las Farc que trajo como resultado el debilitamiento estructural de la potencia aérea del Estado, la ventaja estratégica que aún mantiene el Estado para enfrentar a los grupos armados organizados. Los ataques a la Policía y los saqueos a comercios, bancos y viviendas en Cali la tarde del 21 y en Bogotá esa noche y la del viernes, tienen un efecto sicológico aún más dañino: primero, la percepción creciente de que es posible agredir a un policía sin que ello suponga riesgo alguno para los agresores y, después, la sensación de que ni siquiera en casa se está seguro. Se propagan la incertidumbre y el miedo. Empoderar a la Policía, definir con claridad su capacidad de respuesta frente a las agresiones, es fundamental para el futuro de la seguridad ciudadana. En otros países, inequívocamente “civilizados”, cualquier situación que amenace la vida o integridad física del policía o de los ciudadanos inocentes que debe defender, autoriza al uso de la fuerza disponible, incluso a quitar la vida del agresor.

La semana previa al paro insistí una y otra vez en que no me preocupaba la protesta sino la deriva violenta con que podía venir acompañada. Las advertencias fueron insuficientes. Hasta el viernes, en que por fin se tomaron medidas, los violentos parecían ir ganando la partida. ¿Una minoría? Sin duda. La inmensa mayoría de colombianos es pacífica como en paz transcurrió el grueso de la protesta. Pero basta con unos centenares de violentos para generar el caos. Y en el caos son más lo que se suman al vandalismo. En el momento en que escribo esta columna, sábado en la mañana, no se posible saber si en la tarde y en la noche se mantendrá el orden, si como anoche en Bogotá habrá disturbios y saqueos, o si tras una relativa calma del fin de semana, el lunes se volverá a los bloqueos y a la violencia. La clave, creo, es la respuesta firme del Gobierno. En el momento en que de la impresión de que la situación se le escapa de las manos, perderá el control que aún tiene.

Y no puede darse ese lujo. Al problema de gobernabilidad que tiene ya en el Congreso se añadió en las elecciones uno con las regiones: en la mayoría de las ciudades capitales se eligieron mandatarios opositores. Es, además, un gobierno sumamente impopular, como lo reflejan las encuestas y, hay que decirlo, las protestas del 21. Si a ello se sumara que se pierda la gobernabilidad en las calles, la situación será insostenible. Como antes, insisto ahora en que la gobernabilidad es, de lejos, el principal desafío de Duque.

La percepción de debilidad no lo ayuda en el propósito de conseguirla. Los políticos huelen la sangre a distancia. Ya la antigua unidad nacional lo acorraló en el Congreso. Ahora la izquierda, atribuyéndose un discutible liderazgo en el 21, lo sentó a la mesa. Tengo serias preocupaciones sobre el impacto en la democracia de arrinconar a un gobierno elegido con la mayor votación en la historia, hacerlo deponer su programa de gobierno e imponerle la agenda de los derrotados. Pero eso es harina para otra columna

 

Por Rafael Nieto Loaiza

Las organizaciones políticas que llamamos estados nacen para cumplir dos funciones fundamentales: por un lado, proteger la vida, libertades y bienes de sus habitantes y, por el otro, impartir justicia de manera imparcial y objetiva. Todas las otras funciones que se le han ido adjudicando a los estados a través de la historia son adicionales y subsidiarias y sobre el alcance de ellas versa el grueso de la discusión política contemporánea. Más o menos estado. Pero hay consenso en que si los estados no cumplen sus dos funciones originarias y principales fracasan, devienen en lo que un sector de la doctrina ha llamado “estados fallidos”.

Seguridad y justicia, por tanto, son los dos fines fundamentales que los estados deben atender como prioritarios. Son ellos, además, la razón para que deban tener el monopolio de la fuerza y son las bases sobre las cuales se asienta la convivencia pacífica. Si el estado no puede garantizarlos, tarde o temprano grupos de ciudadanos se organizarán para defenderse y harán justicia por propia mano. En Colombia lo vivimos con la erupción de los grupos de autodefensas. La espiral autodestructiva solo se detuvo con “la seguridad democrática” de Álvaro Uribe, asentada en dos decisiones vitales de Andrés Pastrana: el plan Colombia y la reforma del Ejército. Sin el fortalecimiento de la Fuerza Pública, de la mano de la inequívoca voluntad política del gobierno, hubieran sido imposibles el desmonte de los grupos “paramilitares” y, después, la negociación con las Farc.

La moción de censura al anterior ministro de Defensa y los actos de vandalismo tras el paro del 21 deben leerse también desde esa perspectiva. La moción al entonces ministro, planteada con la intención de volver al Gobierno rehén de las mayorías del Congreso, devino en un debate sobre el ataque a un campamento de las “disidencias” de las Farc que trajo como resultado el debilitamiento estructural de la potencia aérea del Estado, la ventaja estratégica que aún mantiene el Estado para enfrentar a los grupos armados organizados. Los ataques a la Policía y los saqueos a comercios, bancos y viviendas en Cali la tarde del 21 y en Bogotá esa noche y la del viernes, tienen un efecto sicológico aún más dañino: primero, la percepción creciente de que es posible agredir a un policía sin que ello suponga riesgo alguno para los agresores y, después, la sensación de que ni siquiera en casa se está seguro. Se propagan la incertidumbre y el miedo. Empoderar a la Policía, definir con claridad su capacidad de respuesta frente a las agresiones, es fundamental para el futuro de la seguridad ciudadana. En otros países, inequívocamente “civilizados”, cualquier situación que amenace la vida o integridad física del policía o de los ciudadanos inocentes que debe defender, autoriza al uso de la fuerza disponible, incluso a quitar la vida del agresor.

La semana previa al paro insistí una y otra vez en que no me preocupaba la protesta sino la deriva violenta con que podía venir acompañada. Las advertencias fueron insuficientes. Hasta el viernes, en que por fin se tomaron medidas, los violentos parecían ir ganando la partida. ¿Una minoría? Sin duda. La inmensa mayoría de colombianos es pacífica como en paz transcurrió el grueso de la protesta. Pero basta con unos centenares de violentos para generar el caos. Y en el caos son más lo que se suman al vandalismo. En el momento en que escribo esta columna, sábado en la mañana, no se posible saber si en la tarde y en la noche se mantendrá el orden, si como anoche en Bogotá habrá disturbios y saqueos, o si tras una relativa calma del fin de semana, el lunes se volverá a los bloqueos y a la violencia. La clave, creo, es la respuesta firme del Gobierno. En el momento en que de la impresión de que la situación se le escapa de las manos, perderá el control que aún tiene.

Y no puede darse ese lujo. Al problema de gobernabilidad que tiene ya en el Congreso se añadió en las elecciones uno con las regiones: en la mayoría de las ciudades capitales se eligieron mandatarios opositores. Es, además, un gobierno sumamente impopular, como lo reflejan las encuestas y, hay que decirlo, las protestas del 21. Si a ello se sumara que se pierda la gobernabilidad en las calles, la situación será insostenible. Como antes, insisto ahora en que la gobernabilidad es, de lejos, el principal desafío de Duque.

La percepción de debilidad no lo ayuda en el propósito de conseguirla. Los políticos huelen la sangre a distancia. Ya la antigua unidad nacional lo acorraló en el Congreso. Ahora la izquierda, atribuyéndose un discutible liderazgo en el 21, lo sentó a la mesa. Tengo serias preocupaciones sobre el impacto en la democracia de arrinconar a un gobierno elegido con la mayor votación en la historia, hacerlo deponer su programa de gobierno e imponerle la agenda de los derrotados. Pero eso es harina para otra columna

 

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DOS MARCHAS O PAROS DISTINTOS

VARGAS MAURICIO

 
16 de noviembre 2019 , 11:06 p.m.

El país anda dividido entre quienes miran con ilusión rebelde el paro de este jueves y quienes lo esperan con terror. Lo ocurrido en Ecuador y luego, de modo imprevisto, en Chile, la nación más estable de la región en estos 30 años, es visto como precedente esperanzador por millones de inconformes, entre ellos muchos jóvenes, pero también como una oportunidad desestabilizadora por sectores radicales. Y esto último asusta.

 

 

No es fácil predecir qué va a ocurrir, pero si comparamos la situación nacional con la que precedió los levantamientos de Ecuador y Chile, hubo allá decisiones gubernamentales específicas muy impopulares, que sirvieron de chispa al estallido. En Ecuador, el Gobierno anunció un alza –represada por años– de hasta 123 % en los combustibles, y en Chile fue decretado un aumento en el transporte público, uno de varios por los cuales el precio del pasaje del metro de Santiago se duplicó en una década.

En Colombia, los motivos del paro no son decisiones sino supuestos anuncios de una reforma laboral que, entre otras cosas, permitiría que los jóvenes sin experiencia fueran contratados por menos del salario mínimo, y una ley de pensiones que dizque aumentaría la edad de jubilación. Durante varias semanas, el presidente Iván Duque ha rechazado ambas iniciativas y ha recalcado que no está de acuerdo con ellas. La ministra del Trabajo, Alicia Arango, ha aclarado que ninguna determinación será adoptada sin una previa concertación con gremios y sindicatos.

Una cosa es una decisión tomada y otra muy distinta, una especulación de la oposición desmentida por el Gobierno. Aun así, en la era de las noticias falsas que se vuelven verdades virtuales gracias al uso masivo de redes sociales por sectores políticos que las aprovechan de modo tan mendaz como eficiente, todo puede ocurrir. Esas herramientas las puede usar cualquiera con algo de músculo digital, como lo demuestra a diario Donald Trump.

Prueba de ello es que, a pesar de los señalamientos contra el izquierdista Foro de São Paulo por estar detrás de estas movilizaciones en la región, hasta ahora, el único gobierno que se cayó es el de Evo Morales, en Bolivia, que más cercano no podía ser al dichoso Foro. Claro que Evo olvidó que robarse unas elecciones puede alebrestar a millones.

El mundo altamente intercomunicado en el que vivimos –la aldea global que predijo hace décadas Marshall McLuhan– hace que hoy, mucha más gente pueda ver oportunidades, bienes y servicios que están o parecen estar al alcance. Para cientos de millones de seres humanos cuyos núcleos familiares dejaron la pobreza marginal para ascender a un estrato precario de la clase media, hoy hay muchos más bienes y servicios a la vista. Pero eso no garantiza que cualquiera pueda pagarlos ni que cuando los tenga sean de buena calidad.

Y en esa distancia entre aspiración y realidad anida y crece el descontento. Si una familia pobre carece de los más elementales servicios de salud, no puede quejarse de la calidad de la salud: al no tenerla no sabe qué calidad tiene. Pero cuando adquiere esos servicios, exige –con toda la razón y con todo el derecho– que sean buenos. Así progresa la humanidad.

Otra cosa es el aprovechamiento burdo del descontento. Esta semana, cuando el exalcalde Gustavo Petro hizo un llamado a las barras de los equipos de fútbol para acompañar el paro del jueves, se puso en evidencia: hemos aprendido con sangre cómo se comportan a veces esas barras. ¿Será que Petro dejó las armas pero todavía se siente tentado por la violencia? El 21 veremos qué tan profundo es el descontento, pero también qué tanto lo aprovechan estos sectores incendiarios, de izquierda y algunos de derecha, como el del muy amenazante Jaime Restrepo, autodenominado ‘El Patriota’.

MAURICIO VARGAS
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El país anda dividido entre quienes miran con ilusión rebelde el paro de este jueves y quienes lo esperan con terror. Lo ocurrido en Ecuador y luego, de modo imprevisto, en Chile, la nación más estable de la región en estos 30 años, es visto como precedente esperanzador por millones de inconformes, entre ellos muchos jóvenes, pero también como una oportunidad desestabilizadora por sectores radicales. Y esto último asusta.

No es fácil predecir qué va a ocurrir, pero si comparamos la situación nacional con la que precedió los levantamientos de Ecuador y Chile, hubo allá decisiones gubernamentales específicas muy impopulares, que sirvieron de chispa al estallido. En Ecuador, el Gobierno anunció un alza –represada por años– de hasta 123 % en los combustibles, y en Chile fue decretado un aumento en el transporte público, uno de varios por los cuales el precio del pasaje del metro de Santiago se duplicó en una década.En Colombia, los motivos del paro no son decisiones sino supuestos anuncios de una reforma laboral que, entre otras cosas, permitiría que los jóvenes sin experiencia fueran contratados por menos del salario mínimo, y una ley de pensiones que dizque aumentaría la edad de jubilación. Durante varias semanas, el presidente Iván Duque ha rechazado ambas iniciativas y ha recalcado que no está de acuerdo con ellas. La ministra del Trabajo, Alicia Arango, ha aclarado que ninguna determinación será adoptada sin una previa concertación con gremios y sindicatos.


Una cosa es una decisión tomada y otra muy distinta, una especulación de la oposición desmentida por el Gobierno. Aun así, en la era de las noticias falsas que se vuelven verdades virtuales gracias al uso masivo de redes sociales por sectores políticos que las aprovechan de modo tan mendaz como eficiente, todo puede ocurrir. Esas herramientas las puede usar cualquiera con algo de músculo digital, como lo demuestra a diario Donald Trump.

Prueba de ello es que, a pesar de los señalamientos contra el izquierdista Foro de São Paulo por estar detrás de estas movilizaciones en la región, hasta ahora, el único gobierno que se cayó es el de Evo Morales, en Bolivia, que más cercano no podía ser al dichoso Foro. Claro que Evo olvidó que robarse unas elecciones puede alebrestar a millones.

El mundo altamente intercomunicado en el que vivimos –la aldea global que predijo hace décadas Marshall McLuhan– hace que hoy, mucha más gente pueda ver oportunidades, bienes y servicios que están o parecen estar al alcance. Para cientos de millones de seres humanos cuyos núcleos familiares dejaron la pobreza marginal para ascender a un estrato precario de la clase media, hoy hay muchos más bienes y servicios a la vista. Pero eso no garantiza que cualquiera pueda pagarlos ni que cuando los tenga sean de buena calidad.

Y en esa distancia entre aspiración y realidad anida y crece el descontento. Si una familia pobre carece de los más elementales servicios de salud, no puede quejarse de la calidad de la salud: al no tenerla no sabe qué calidad tiene. Pero cuando adquiere esos servicios, exige –con toda la razón y con todo el derecho– que sean buenos. Así progresa la humanidad.

Otra cosa es el aprovechamiento burdo del descontento. Esta semana, cuando el exalcalde Gustavo Petro hizo un llamado a las barras de los equipos de fútbol para acompañar el paro del jueves, se puso en evidencia: hemos aprendido con sangre cómo se comportan a veces esas barras. ¿Será que Petro dejó las armas pero todavía se siente tentado por la violencia? El 21 veremos qué tan profundo es el descontento, pero también qué tanto lo aprovechan estos sectores incendiarios, de izquierda y algunos de derecha, como el del muy amenazante Jaime Restrepo, autodenominado ‘El Patriota’.

MAURICIO VARGAS
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Domingo, 03 Noviembre 2019
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