Sábado 20 de Abril de 2019
Verdades Confirmadas

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CONTRA EL PETROLEO Y EL FRACKING,LA POBREZA

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Rafael Nieto Loaiza     

No hay en el mundo una materia prima más usada que el petróleo. Se utiliza para hacer brea y asfalto, lubricantes para maquinarias, aceites de motor y grasas, parafinas para velas, pisos, vaselinas, pvc, plásticos, pinturas, barnices, disolventes, colorantes, fertilizantes e insecticidas, detergentes, limpiadores, cauchos artificiales, poliéster, thinner, azufre y ácido sulfúrico, coque de petróleo, petroquímicos, fármacos y anestésicos e, incluso, la aspirina. Se usa en energía industrial, calefacción e iluminación, la industria petroquímica y un largo etcétera. Está presente en miles y miles de productos sin los cuales no sería posible la vida contemporánea. El petróleo ha sido la sangre de la economía mundial en el último siglo y un factor geoestratégico fundamental.

Muy demandado y escaso, el petróleo es costoso y volátil. Cierto es que algunos países productores, como Libia o Venezuela, siguen sumidos en la pobreza. Pero no por el petróleo, sino por la supina imbecilidad de sus gobernantes. Algunos otros, en cambio, como ciertos países árabes, se han hecho inmensamente ricos con el petróleo. Noruega, a su vez, que no está en la lista de los quince principales productores, apalancó su salto a un desarrollo pleno, y es ejemplo mundial, usando el petróleo de manera estratégica.

La utilización más intensiva del petróleo, sin embargo, se da en la industria de transporte, a través de la gasolina, el diésel y el jet fuel. Algo más del 50% del petróleo que se consume en el mundo hoy en día se destina a este uso. Pero ocurre que el desarrollo tecnológico y la creciente conciencia medio ambiental han impulsado la búsqueda de fuentes alternativas de energía, más limpias, menos contaminantes. El salto en los últimos cinco años ha sido impresionante. De hecho, se prevé que en 15 o 20 años, como máximo, todos los automóviles, buses y camiones se moverán con motores eléctricos o con sistemas que no usarán combustibles derivados del petróleo.

Como consecuencia, se requerirá alrededor de la mitad de la producción. Semejante disminución de la demanda acarreará el derrumbe de los precios. Solo los productores más eficientes serán competitivos. Países como Colombia saldrán del mercado.

Para nosotros el punto es relativamente sencillo: el petróleo que Colombia no extraiga en los tres próximos lustros se quedará ahí, bajo tierra, para siempre. La consecuencia práctica es inmensa. Un porcentaje sustantivo de las divisas por exportaciones y de los recursos fiscales de la Nación dependen del sector petrolero. La participación de la extracción y refinación de petróleo ha oscilado entre el 8.1 y el 5.3% anual desde el 2000. En pleno auge petrolero, 2011 a 2014, el ingreso por impuestos y dividendos de Ecopetrol representó el 2.2% del PIB promedio y permitieron la reducción del déficit fiscal del 3.3% al 2.6%. Como resultado, Colombia mejoró el grado de inversión a BBB, cayó la prima de riesgo país y disminuyó el costo de financiamiento.

En el otro lado, la caída de precios trajo aparejada la disminución del 20% de los ingresos del gobierno central. Como Santos y Cárdenas en lugar de ahorrar la bonanza petrolera aumentaron de manera sustantiva el gasto público (no la inversión), nos han clavado tres reformas tributarias desde el 2014, una cada dos años, dejando sin oxígeno al sector privado y exhaustos los bolsillos ciudadanos.

Para rematar, al mismo tiempo han venido cayendo las reservas petroleras con que contamos.  Hoy ascienden a 1.727 millones de barriles. Tenemos apenas para 6,3 años de crudo y 11,1 años de gas. Colombia tiene petróleo, pero no es un país petrolero. Estamos a un paso de perder la autosuficiencia. A Ecopetrol, que tuvo un muy buen año 2018, en parte por la eficiente gestión de su presidente, Felipe Bayón, le quedan apenas 7.4 años de vida. Y aunque el impulso que está dando a la ANH Luis Miguel Morelli es muy alentador, en general el futuro no es promisorio. Si seguimos haciendo más de lo mismo, nos iremos al barranco.

El futuro pasa por el desarrollo de yacimientos no convencionales, a través del famoso fracking, que le daría al país entre 2.000 y 7.000 millones de barriles de reservas. El fracking significa entre doblar y cuadriplicar las reservas. En otras palabras, aseguraríamos el futuro de Ecopetrol y del país. Por el contrario, hay que decirlo son claridad, sin los ingresos petroleros, el salto al pasado, el crecimiento de la pobreza, el golpe a la clase media, serán monumentales. Necesitamos asegurar esos ingresos, y ojalá incrementarlos, para los próximos quince o veinte años. Y usarlos, como Noruega, de manera inteligente para apalancar otros sectores de la economía, para que cuando se venga la destorcida y no podamos sacar más petróleo, tengamos otras fuentes de desarrollo y riqueza. Hay que invertir, y hay que invertir bien, nuestro petróleo. El que no saquemos en los próximos tres o cuatro lustros, quedará sepultado para siempre. Y bajo tierra quedará también el dinero que necesitamos para asegurar el desarrollo del país. Eso es lo que nos jugamos con el fracking

 

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LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL LABERINTO COCALERO.

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Andrés Espinosa Fenwarth

Estados Unidos confirma que Colombia se transformó en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo a partir de 2013.

El Informe de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano, publicado la semana pasada, presenta un panorama desolador respecto de la gestión del anterior Gobierno. En desarrollo la sección 489 (a) (3) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Estados Unidos confirma que Colombia se transformó en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo a partir de 2013, además de fuente importante de precursores químicos y lavado de dinero del narcotráfico.

De acuerdo con la Determinación Presidencial de Donald Trump, contenida en el Memorando 2018-21806 dirigido al Departamento de Estado el 11 de septiembre del 2018, la producción y el tráfico de drogas ilícitas proveniente de Colombia en ese periodo “afecta directamente la seguridad nacional y la salud de los norteamericanos”.

El informe del Departamento de Estado concluye que entre los elementos que contribuyeron al vertiginoso aumento del cultivo de coca en Colombia, estimado entre el 2013 y el 2017, sobresalen el fin de la aspersión aérea con glifosato exigida por la Corte Constitucional; el negativo impacto del programa de sustitución de cultivos de la pasada administración, que creó incentivos perversos para que los cultivadores plantaran más coca; el incumplimiento por parte de las Farc de las disposiciones sobre drogas ilícitas del acuerdo de paz; la violenta manipulación de las protestas sociales y los explosivos improvisados usados para aniquilar a los erradicadores en los campos de coca.

Basados en encuestas directas a los productores, se desprende que en Colombia el cultivo de coca produce, en promedio, 4,5 cosechas al año más que hace una década. El desempeño de la productividad cocalera nacional, forjada por los agrónomos de los carteles mexicanos, implica que las 209.000 hectáreas de coca de finales del 2017 equivalen a 940.500 hectáreas del alcaloide del 2007.

Desde el 2013, la despenalización de la dosis mínima convirtió a Colombia en el cuarto país consumidor de cocaína y marihuana de Suramérica. Sin embargo, el informe en comento evoca la favorable reversión de las disposiciones de dosis mínima de la presente administración y los positivos resultados de ‘Antioquia Libre de Coca’, que permitió reducir los cultivos de coca en el 2017, iniciativa que congrega a las autoridades nacionales y regionales, la policía, las Fuerzas Militares y el sector privado.

El Departamento de Estado reconoce los objetivos y el mandato claro de la estrategia antinarcóticos del presidente Iván Duque, anunciada el 13 de diciembre del 2018, la cual busca reducir el consumo doméstico de drogas ilícitas, desmantelar las organizaciones criminales, interrumpir los flujos financieros del narcotráfico e incrementar la presencia estatal con oportunidades económicas en las zonas rurales productoras, de suerte que en cinco años se reduzcan los cultivos de coca y la producción de cocaína en 50 por cierto.

El Ejecutivo y la Corte Constitucional tienen ahora le responsabilidad de sacarnos del laberinto cocalero en el que nos encontramos.

 

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"LA MINGA" DE LOS CONGRESISTAS.

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Libardo Botero C.     

La imagen de la semana, en el espectro noticioso del país, probablemente fue la de la “minga” del Congreso: un grupo de parlamentarios de varios departamentos del sur-occidente, de distintos partidos, que sin previa cita quisieron entrar en bulliciosa turbamulta a la Casa de Nariño y obligar al presidente Duque a reunirse con ellos, para discutir la situación generada por la minga indígena de aquella región.

En la calle, frente a Palacio, Feliciano Valencia –congresista indígena, conocido de autos- explicó la idea básica de aquella intentona, desnudando a su vez la real pretensión de la violenta protesta. Según Valencia, aspiraban a hablar con el presidente para pedirle que fijara día y hora de su presencia en El Cauca a fin de reunirse con la dirigencia indígena, tras lo cual la minga levantaría el bloqueo a la carretera panamericana. Evidente: la pretensión es doblegar la voluntad del presidente, para que quede sujeto a los caprichos y exigencias estrafalarias de las organizaciones levantadas contra el orden constitucional. Propinarle un golpe político y dejar sentado que las arbitrariedades de décadas de estos grupos serían santificadas, para dejar abierta la puerta a nuevas asonadas, con la bendición oficial.

Afortunadamente el presidente no se sometió a este nuevo chantaje. Al día siguiente se dirigió a los colombianos para ratificar que no se prestará al fatídico juego de validar las vías de hecho para buscar reivindicaciones. De contera condenó el uso con fines políticos de este tipo de conflictos, que a nadie se le escapa. La visita a la minga, apenas unas horas antes, de un grupo de dirigentes políticos de oposición, a cuya cabeza se encontraba Gustavo Petro, no dejaba dudas de tan clara intención. Es parte de la estrategia que desde la noche del 17 de junio pasado –cuando se confirmó la victoria de Iván Duque en la segunda vuelta- anunció el perdedor: incendiar el país a punta de movilizaciones, prepararse así para las elecciones locales de 2019, y hacerle invivible el ejercicio del gobierno al nuevo mandatario, para buscar llegar al Palacio de Nariño en cuatro años, o “antes” como lo indicó desafiante.

La única solución racional y sensata de la aventurada minga sería que cesaran en sus arbitrarias y criminales actividades para que el gobierno entrara a considerar sus quejas y reclamos. Sin embargo, en contravía del sentir nacional, ahora anuncian que extenderán a otras regiones su levantamiento y, en compañía de algunos sindicatos y otras organizaciones, dizque se preparan para un paro nacional en abril, después de Semana Santa. Como lo ratificó el expresidente Ernesto Samper –fuente fidedigna, si la hay, en estos tópicos- la minga es una respuesta al gobierno por no haber continuado las negociaciones con el ELN. Así las cosas, muchos compatriotas, que valoran la actitud presidencial de no ir por ahora a El Cauca, sin embargo ven con inquietud que a la vez se acepte dialogar y negociar –a través de la comisión que encabeza Mininterior- mientras prosiguen los bloqueos, atentados y ataques terroristas y anuncios de más desmanes. Porque no se trata simplemente de que el presidente no vaya, sino de que el gobierno a todo nivel no se someta a los dictámenes de quienes se han colocado fuera de la ley.

Están en juego tantos asuntos, que el gobierno no puede vacilar. Como lo ha indicado el lúcido analista Plinio Apuleyo Mendoza en su columna de este viernes en El Tiempo, en esos departamentos tienen asentamiento enormes cultivos de coca –muchos en los resguardos indígenas-, y la protesta incendiaria no es ajena a ese fenómeno.  “¿Qué hay detrás de la explosiva situación que acorrala al gobierno de Duque? ¿Por qué nos abruman tantas protestas, tantos paros, tantas marchas y tantos hechos sangrientos?”, pregunta. Para responder: “Es hora de mostrar que el narcotráfico y la guerrilla sirven a la izquierda radical, que busca el poder siguiendo el camino de Cuba, Nicaragua, Bolivia y la desastrosa Venezuela. Con tal propósito imperan en departamentos como el Chocó, Cauca, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo.” La anarquía que generan no es gratuita, concluye: “La droga, gracias a ellos, consigue una fácil salida por el Pacífico y Venezuela.” La mención de Bolivia, pienso yo, no es accidental, sino que nos recuerda la tragedia de esa nación, que sufre el gobierno de Evo Morales y su camarilla, que llegaron al poder en un proceso sistemático de bloqueos y tropelías de indígenas cocaleros hasta quebrar las defensas democráticas de la población.

No estamos entonces hablando de cosas menores. Además, un policía fue asesinado, nueve indígenas fallecieron al estallar un artefacto artesanal que manipulaban, varios uniformados han resultado heridos en ataques armados de integrantes de la minga, la presencia de guerrillas infiltradas no ha sido desmentida, los daños a la infraestructura son enormes e inaceptables, la afectación económica de la región y del país es incalculable. Ante acontecimientos tan graves no caben dubitaciones, si de defender el régimen constitucional y la tranquilidad ciudadana se trata. Ni siquiera el falso dilema de quienes se oponen al despeje de las vías por la policía, porque se podrían presentar muertos o heridos en las confrontaciones para lograrlo. Entonces los indígenas y sus compinches pueden asesinar militares, atacar patrullas, lanzar artefactos explosivos, dinamitar carreteras, entre otras atrocidades, ¿y las fuerzas del orden deben permanecer impasibles por temor a tocarlos? ¿Cómo no restaurar el orden allí, aunque el costo sea alto -no porque lo quieran las autoridades legítimas sino porque lo imponen así los grupos levantiscos-? ¿Caeremos en la misma lógica que llevó a entregar el país en manos de los narcoterroristas de las Farc por el gobierno Santos?

Sin embargo esas no son las consideraciones que pesan en varias de las colectividades políticas que se mueven en el Congreso, y algunos de cuyos integrantes desfilaron desde el Capitolio hacia el Palacio de Nariño el pasado miércoles en actitud desafiante. Ya no son solo los grupos aleccionados que manipulan las organizaciones indígenas. Ahora son los miembros de tradicionales partidos políticos que, huérfanos de las prebendas que antaño disfrutaron y este gobierno se niega a otorgarles, andan armando una “minga nacional” para doblegar al primer mandatario, golpeándolo con furia en busca de debilitarlo, lo mismo que al Centro Democrático, para tratar de salir a flote en las elecciones regionales de octubre y recuperar el poder en 2022. Al igual que a la minga de El Cauca, les interesa golpear a Duque y a Uribe, y les tiene sin cuidado que se recurra medios insanos para tal fin. No se les oye ni una sílaba de condena a los desafueros de las minoritarias hordas indígenas. En el fondo, los consagrados “amigos de la paz” desnudan su alma, aceptando y aprovechando la fatídica utilización de todas las formas de lucha. Como no disponen de contratos ni puestos para levantar votos, no tienen empacho en aprovechar los atropellos de los indígenas como arma de proselitismo, fingiendo que lo hacen por consideración con sus reivindicaciones.

El momento, piensan, les es propicio y ninguna razón les hará desistir de sus aviesos propósitos. Las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP fueron recibidos con piedras en la mano, sin ningún argumento de peso. Han decidido desecharlas, y así parece que lo impondrán en el Congreso. Frente al Plan Nacional de Desarrollo quisieron adoptar la estrategia del saboteo, tratando de quebrar el quórum, para impedir que el Congreso lo debatiera; solo de milagro el gobierno logró que pasara en primer debate. La tarea legislativa se avizora muy difícil para el gobierno. Aunque Duque ganó con ventaja las elecciones presidenciales, el CD y sus aliados no consiguieron lo mismo en las parlamentarias, cuando todavía la mermelada movía ciertas caudas de votantes. Solo falta que, en auxilio de esa minga ampliada, la Corte Constitucional reitere su prohibición de la fumigación de cultivos de coca con glifosato: es el apoyo que necesitan las fuerzas que ambicionan demoler la democracia y que tienen allí la principal fuente de recursos.

Sin embargo y pese a esta agresiva “minga nacional” que asedia al gobierno, no conseguirán sus protervos fines. Las mayorías nacionales están al lado del gobierno y cada día se consolidan más. Las elecciones regionales de octubre se traducirán en avances de la coalición oficial. Así lo presagia también la intensa actividad del CD en todos los rincones de Colombia, preparando este crucial debate electoral. Mientras tanto, el presidente Duque debe seguir su ruta, gobernando pese al bloqueo del legislativo y la desaforada campaña de “protestas sociales” que proseguirá sin pausa, consolidando los grandes avances que ya contabiliza, y guiando el país por la senda que anhelan las mayorías, amantes de la libertad y la democracia.

Y para rematar, una pregunta que ya ronda por algunos círculos: ¿no será ya hora de que el CD se lance en una gran movilización a las calles, para contrarrestar la ofensiva desestabilizadora?

 

 

 

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NARCOTRAFICO Y GUERRILLA CON LA IZQUIERDA RADICAL EN COLOMBIA

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Plinio Apuleyo Mendoza

Es hora de mostrar que el narcotráfico y la guerrilla sirven a la izquierda radical.

 

La radio y la televisión no escapan a este diluvio de malas noticias. Hace pocos días escuché a jóvenes muchachas de la Corporación Rosa Blanca acusando ante las cámaras a un excabecilla de las Farc, hoy convertido en un honorable senador, de haberlas violado repetidas veces. Todas ellas, víctimas del secuestro y del reclutamiento forzoso de menores, fueron obligadas a abortar de modo muy peligroso y rudimentario.

Todo es un plan que se está orquestando para hundir el gobierno de Duque y llegar al poder, como lo consiguió el chavismo.

Nos acostumbramos a estas tremendas noticias sin percibir qué hay detrás de ellas. Expertos vinculados a nuestras universidades las asocian a la violencia histórica que carga el país. Mencionan, en primer término, las guerras civiles que salpicaron buena parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los liberales también, como prueba de este ancestral sectarismo, fueron víctimas de la famosa policía ‘chulavita’ para impedir su regreso al poder. El punto más alto de esta violencia se vivió el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. La caída de Rojas Pinilla le abriría al fin un espacio a la paz con la creación del Frente Nacional. Sin embargo, el triunfo de la Revolución cubana inspiró la creación de las Farc. Para muchos especialistas, la violencia que contamina vastos sectores de nuestra población se debe a los cincuenta años del conflicto armado que concluyó con grandes prebendas para la guerrilla con el acuerdo de paz.

¿Qué hay detrás de la explosiva situación que acorrala al gobierno de Duque? ¿Por qué nos abruman tantas protestas, tantos paros, tantas marchas y tantos hechos sangrientos? Es hora de mostrar que el narcotráfico y la guerrilla sirven a la izquierda radical, que busca el poder siguiendo el camino de Cuba, Nicaragua, Bolivia y la desastrosa Venezuela. Con tal propósito imperan en departamentos como el Chocó, Cauca, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo. Controlan las comunidades indígenas que han bloqueado la carretera Panamericana causando pérdidas enormes y escasez en el sur del país. Han presentado las razonables objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP como un funesto ataque a la paz. Los temores e inquietudes que genera la JEP tienen como réplica suya turbulentas manifestaciones de apoyo. Se han servido de Venezuela y del régimen de Maduro para albergar al Eln y a reconocidos cabecillas de las Farc que mantienen sus combativas huestes. Tras sus ataques en Colombia, logran un pronto refugio en territorio venezolano. La droga, gracias a ellos, consigue una fácil salida por el Pacífico y Venezuela. En el tablero legislativo, especialmente en la Cámara, la extrema izquierda sabotea cualquier propuesta del Presidente.

En fin, todo es un plan que se está orquestando para hundir el gobierno de Duque y llegar al poder, como lo consiguió el chavismo. De ahí que no basta considerar estos y muchos otros males que saltan a la prensa como simples contratiempos de nuestra vida política y social. Muchos prefieren ignorar nuestra realidad que se recoge en las primeras páginas de los periódicos, para buscar las secciones deportivas o distraerse con las predicciones del horóscopo o las fiestas populares.

Nota: los errores no faltan. Aclaro que Aurelio Caicedo Ayerbe fue fundador del Museo de Arte Moderno de Bogotá y no Marta Traba, como lo escribí en mi pasada columna.

 

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MINORIAS INDIGENAS CRIMINALES Y COLOMBIANOS MAYORITARIOS DESESPERADOS

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Rafael Nieto Loaiza       

Como se agrava en lugar de resolverse, hay que dar otra mirada a la protesta que tiene el Cauca por epicentro.

Uno, la “minga” tiene el objetivo de aumentar los privilegios y beneficios que el Estado le da a los indígenas, como se ve en la exigencia de que se les entreguen 49.100 hectáreas adicionales a las que ya tienen y 4.6 billones de pesos más (3.6 de ellos para los indígenas caucanos), adicionales a los 10 billones del plan nacional de desarrollo. O en las peticiones de que se de carácter de autoridad medio ambiental a los cabildos y no se permitan los sobrevuelos sobre sus territorios.

Dos, pero además de buscar los intereses de los indígenas, el bloqueo es parte de un proceso de movilización política mucho más amplio que pretende ganar “la calle”, anunciado por Petro en su discurso después de las elecciones. Derrotados en las urnas, pretenden conseguir los objetivos de su agenda política a través de paros, protestas y bloqueos. Es pieza clave de la estrategia de la oposición política al gobierno de Duque y de posicionamiento para el 2022. Como en el caso de los movimientos estudiantiles, le miden el aceite al Presidente. Su pretensión es arrodillarlo y por eso no aceptan su invitación a dialogar en Casa de Nariño. Así que los bloqueos indígenas no son “sociales”, son políticos. Muchos líderes indígenas han sido adoctrinados por la extrema izquierda y son útiles a sus propósitos o trabajan abiertamente por ellos.

Tres, la “minga” no tiene nada de espontánea. Ha sido cuidadosamente planeada desde el inicio del gobierno. Para sostener varios miles durante veinte días, está muy bien financiada. ¿Cómo se paga? Una parte, con las transferencias millonarias que hacemos todos nosotros a los indígenas; otra, con los dineros que deja la coca de los resguardos caucanos. Al 31 de diciembre de 2017 había 15.960 ha de coca en el Cauca, un aumento del 26.7% en relación con el 2016.

Cuarto, el paro ha estado lejos de ser pacífico. Además del bloqueo de las vías y su destrucción, los cocteles molotov y las papas bombas, ya van nueve muertos y un par de docenas de heridos. Los indígenas no solo no colaboran con la Fuerza Pública para detener a los responsables sino que los atacan e impiden el trabajo de las autoridades, como ocurrió después de la explosión en Dagua.

Quinto, la afectación de los derechos de los demás ciudadanos no solo no es un efecto colateral sino que es uno de los objetivos del bloqueo: busca aumentar los daños de manera que los afectados presionen al Gobierno para que ceda, termine el paro y cesen las pérdidas. A estos indígenas no solo no les importa violar los derechos de los demás, entienden que esa violación es indispensable para la extorsión.

Sexto, sin embargo, el abuso sistemático de las vías de hecho y la politización de la protesta está exacerbando los ánimos de los demás ciudadanos. Lo que era antes una tendencia natural de muchos a solidarizarse con los indígenas, marginados por décadas, empieza a tornarse en una molestia frente al exceso, en un rechazo de los privilegios y beneficios que se les otorgan en demasía.

Séptimo, como consecuencia, empieza a abrirse una discusión sobre el alcance de los de los derechos de las minorías y sobre la afectación de los derechos de los demás ciudadanos. Ya se oyen voces que encuentran inaceptable que las mayorías subsidien a los indígenas, que se les de mejor tratamiento que las negritudes y población rom, que rechazan que como resultado de las vías de hecho y la violencia los indígenas reciban beneficios que no tienen los demás.

El debate, al final, es sobre las minorías (no solo las indígenas, por cierto), muy radicales y organizadas, y unas mayorías, silenciosas y pasivas que, sin embargo, empiezan, con toda razón, a perder la paciencia y exasperarse. Aunque esperamos que el Presidente se mantenga firme, quizás los indígenas de la “minga” puedan ganar otra vez esta batalla. Pero el exceso solo conseguirá el hartazgo y polarizar a un sector mayoritario de población en contra de ellos. 

 

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