Miércoles 22 de Enero de 2020
Verdades Confirmadas

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EL FRACKING Y LA MINISTRA IZQUIERDISTA

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NIETO3Por Rafael Nieto Loaiza Supongo que hay buenas razones para el nombramiento de la nueva Ministra de Ciencia y Tecnología, pero confieso que no logro comprenderlo. Las mujeres están ya bien representadas, no da voz a ningún partido o movimiento político que pueda darle oxígeno al Gobierno, y no da figuración regional (el suroccidente ya tiene tres ministros y el DPS). Por el contrario, hay departamentos en los cuales Duque tuvo altísima votación sin presencia en el gabinete (Antioquia y Norte de Santander, solo para dar dos ejemplos). Además, la nueva Ministra apoyó el paro y tiene simpatía por ideas contra las cuales se votó en el 2018. Y estoy seguro de que entre el uribismo y los partidos de la coalición de gobierno hay personas con las credenciales para ocupar el nuevo Ministerio. Peor, la Ministra resultó ser muy imprudente y una activista política que se opone al uso de dos herramientas sin las cuales el país será mucho más pobre y mucho más violento. En efecto, en sus primeras declaraciones, sin haber coordinado con el Presidente ni con sus colegas del gabinete responsables de esos asuntos, y opinando sobre temas de los cuales no es experta, la Ministra se vino lanza en ristre contra el fracking y del uso del glifosato. Sobre el herbicida y su importancia en la lucha contra el narcotráfico he escrito varias columnas. Por eso prefiero centrar esta en el fracking (fracturación hidráulica, en español), que no es otra cosa que una técnica que permite la extracción de yacimientos no convencionales de petróleo. En el 2018, Colombia exportó US$41.831 millones, un 10.4% más que en el 17. Las ventas de las industrias extractivas sumaron US$24.709 millones, el 59%. De ellas, las exportaciones de petróleo y sus derivados fueron de US$16.482 millones. Es decir, el petróleo y sus derivados fueron el 40,9% de todas las exportaciones colombianas. Más aún, mientras las exportaciones del sector petrolero aumentaron un 17,5%, los demás sectores solo lo hicieron un 1,6%. El impacto del sector no ha sido suficientemente bien valorado. Solo Ecopetrol aportó en el 18, entre impuestos, dividendos y regalías, 23 billones de pesos. Las transferencias de todo el sector pasan los 30 billones. Es decir, entre 4 y 5 reformas tributarias, reformas que recogen, cada una, entre 6 y 8 billones de pesos. Sin embargo, ocurre que Colombia produce petróleo pero no es un país petrolero. En efecto, para fines del 18 había reservas probadas por 1.727 millones de barriles. En otras palabras, teníamos petróleo para 6.3 años y gas para 11.1 años. Muy poco. Peor, de los 865mil barriles promedio diario que produce Colombia, se consumen 368mil y quedan disponibles para exportar 497mil. Si perdemos capacidad exportadora, dejaríamos de recibir los dichos US$16.4 mil millones. Pero si además tenemos que importar, tendríamos que pagar por los barriles que consumimos. A un precio promedio de 60 dólares el barril, gastaríamos US$8.059 mil millones anuales en importaciones petroleras. El punto es claro: Colombia no tiene cómo compensar los ingresos de las exportaciones petroleras ni los 30 billones de pesos en transferencias del sector a la Nación. Y no tendríamos cómo pagar las eventuales importaciones petroleras. Perder la autosuficiencia petrolera como Nación, cosa que está a la vuelta de la esquina, dispararía el dólar por encima de los siete mil pesos, requeriría una brutal reforma tributaria a cargo de unos ciudadanos exhaustos que no aguantan un impuesto más y, aún con la reforma, obligaría a un drástico recorte del gasto público, traería la caída del crecimiento del PIB en al menos punto y medio, dispararía los precios de la gasolina y el gas, y aumentaría de manera gravísima el desempleo y la pobreza. Dicho de otra manera, daríamos un salto hacia atrás y seríamos mucho, muchísimo más pobres. Eso, no otra cosa, es lo que nos jugamos. De manera que para mantener la autosuficiencia petrolera y, ojalá, nuestras exportaciones, es indispensable encontrar petróleo rápidamente y extraerlo. Y eso solo es posible a través del “recobro mejorado” de crudos pesados y, en particular, del fracking. No hay alternativa. Por supuesto, hay que hacerlo con todas las medidas medio ambientales que sean indispensables. En el mundo hay más de dos y medio millones de pozos petroleros que usan esa técnica. En Estados Unidos y Canadá, donde los estándares medio ambientales son altísimos, no ha habido ni un solo caso de contaminación de acuíferos por fracking, entre otras razones porque esas grandes bolsas subterráneas de agua se encuentra miles de metros más cerca de la superficie que los yacimientos no convencionales, yacimientos ubicados a grandes profundidades. Los casos de contaminación encontrados, muy pocos, no son responsabilidad de la facturación hidráulica sino de defectos en los pozos, defectos que también pueden ocurrir en los pozos convencionales. En fin, el fracking permitiría agregar entre 2.000 y 7.000 millones a las reservas petroleras. De ellas depende el futuro de Colombia. Sí, hagamos el debate, pero de manera seria e informada y midiendo con cuidado el impacto que tendría para el país no hacer fracking.

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REPENSAR LA DIPLOMACIA COLOMBIANA

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11 de enero 2020 , 11:41 p.m.

El gobierno Duque le puso todos los huevos al canasto de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y supusimos que aquel memorable concierto de la frontera era el primer acto de otros que tumbarían a Maduro. Hasta ahora, eso no sucedió. El presidente venezolano, con el que carecemos del más mínimo contacto –cosa que está inventada por la diplomacia aun en los peores casos, como el de EE. UU. con Cuba, Corea del Norte y con la misma Venezuela, donde el enviado especial Elliott Abrams conserva instrumentos para su relacionamiento con el régimen–.

En cambio, Colombia está en actitud de no audio- no video. Asumimos el liderazgo del Grupo de Lima, cuya actividad en relación con Venezuela se ha enfriado, quizás frustrados sus miembros ante la terquedad de Maduro, al que parece que nada lo afecta determinantemente. Tanto el gobierno Duque como el de Trump pensaron que esa salida era cuestión de semanas, apoyados en las cada vez peores cifras que miden la forma como viven los venezolanos.

Una encuesta de Meganálisis, hecha entre noviembre y diciembre pasados, de manera telefónica a 1.580 personas, en los 22 estados y el Distrito Capital, obtuvo cifras que mantienen nuestra capacidad de asombro: el 82 % de los encuestados no tienen agua potable a diario ni de manera continua. El 58 % reconoce tener familiares que han migrado a otros países. El 53 % maneja dólares para costear los gastos de su hogar. El 87 % no cree en el socialismo. El 85,3 % no apoya la Asamblea Nacional. El 86,6 % quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder. Y dos respuestas bien reveladoras para Colombia: después de transcurridos diez meses, el 68,5 % ya no cree, ni confía ni apoya al presidente interino Juan Guaidó, mientras que el 84,8 % no está dispuesto a salir a protestar si es convocado por Guaidó y la Asamblea Nacional.

En hechos que aún son motivo de controversia, el diputado Luis Parra se declaró ganador de la presidencia de la Asamblea Nacional, y Maduro lo reconoció, a pesar de provenir originalmente de la oposición. Se aplicó exitosamente la operación ‘maletín verde’, que habría consistido en comprar con sumas cercanas a los 700.000 dólares cada voto contra Guaidó. Si Parra logrará arrebatarle la presidencia a Guaidó de manera definitiva, es incierto. El chavismo y una parte de la oposición proclamaron el domingo a Parra. Pero CNN en Español aseguraba el viernes pasado que Guaidó había logrado recuperar por reelección la presidencia de la Asamblea Nacional, e incluso recibió la felicitación del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo.

Bien si es así, o bien si Parra logra quedarse con la presidencia dividiendo a la oposición, sonó una alarma que indica que Colombia debería repensar su política diplomática con Venezuela. Maduro domina la Corte suprema, la Asamblea Constituyente, casi se toma la Legislativa y tiene el control territorial porque las fuerzas militares, que equivocadamente creíamos más divididas y a punto de salir del clóset traicionando a Maduro, siguen rodeándolo hasta ahora.

Deberíamos tener instrumentos para establecer acuerdos sobre lo fundamental con Venezuela en temas como migración, salud, economía y control de la frontera. Cualquiera que sea el embajador que Guaidó ponga en Colombia para reemplazar al que tenía, carece por completo de la capacidad para hacer compromisos en esos aspectos con el presidente Duque. Allá no tenemos siquiera un encargado de negocios.

Mientras tanto, la economía venezolana se ha refrescado con el ingreso de 4.500 millones de dólares en remesas, lo cual indica que la situación actual podría ir para largo.

Pero así sea cierto que Guaidó recuperó la presidencia de la Asamblea, políticamente no avanzó absolutamente en nada. Está igual que desde que se autoproclamó presidente interino; 52 países lo apoyan, es cierto, pero el resto del mundo está con Maduro, y la prueba es que Venezuela no pierde ninguna elección en las Naciones Unidas. ¡Hasta logró que la eligieran guardiana de los derechos humanos del planeta!

Y si Colombia pensaba que habría una salida militar con ayuda de EE. UU., esta cada vez parece más lejana. Pompeo dijo en enero que quiere dialogar para lograr un gobierno de transición. ¿Para qué insistirá Colombia en seguir haciendo lo mismo, que no garantiza sino obtener los mismos resultados? Porque Maduro sigue ahí, y de pronto Juan Guaidó ya no. ¿Y entonces, cuál es el plan B de Colombia?

Entre tanto... ¿Recuperará Guaidó su perdida capacidad de convocatoria? Su llamado dice: “Es momento de levantarse con fuerza”. Veremos cuántos venezolanos saca a la calle la semana entrante...

MARÍA ISABEL RUEDA

 
11 de enero 2020 , 11:41 p.m.

El gobierno Duque le puso todos los huevos al canasto de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y supusimos que aquel memorable concierto de la frontera era el primer acto de otros que tumbarían a Maduro. Hasta ahora, eso no sucedió. El presidente venezolano, con el que carecemos del más mínimo contacto –cosa que está inventada por la diplomacia aun en los peores casos, como el de EE. UU. con Cuba, Corea del Norte y con la misma Venezuela, donde el enviado especial Elliott Abrams conserva instrumentos para su relacionamiento con el régimen–.

En cambio, Colombia está en actitud de no audio- no video. Asumimos el liderazgo del Grupo de Lima, cuya actividad en relación con Venezuela se ha enfriado, quizás frustrados sus miembros ante la terquedad de Maduro, al que parece que nada lo afecta determinantemente. Tanto el gobierno Duque como el de Trump pensaron que esa salida era cuestión de semanas, apoyados en las cada vez peores cifras que miden la forma como viven los venezolanos.

Una encuesta de Meganálisis, hecha entre noviembre y diciembre pasados, de manera telefónica a 1.580 personas, en los 22 estados y el Distrito Capital, obtuvo cifras que mantienen nuestra capacidad de asombro: el 82 % de los encuestados no tienen agua potable a diario ni de manera continua. El 58 % reconoce tener familiares que han migrado a otros países. El 53 % maneja dólares para costear los gastos de su hogar. El 87 % no cree en el socialismo. El 85,3 % no apoya la Asamblea Nacional. El 86,6 % quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder. Y dos respuestas bien reveladoras para Colombia: después de transcurridos diez meses, el 68,5 % ya no cree, ni confía ni apoya al presidente interino Juan Guaidó, mientras que el 84,8 % no está dispuesto a salir a protestar si es convocado por Guaidó y la Asamblea Nacional.

En hechos que aún son motivo de controversia, el diputado Luis Parra se declaró ganador de la presidencia de la Asamblea Nacional, y Maduro lo reconoció, a pesar de provenir originalmente de la oposición. Se aplicó exitosamente la operación ‘maletín verde’, que habría consistido en comprar con sumas cercanas a los 700.000 dólares cada voto contra Guaidó. Si Parra logrará arrebatarle la presidencia a Guaidó de manera definitiva, es incierto. El chavismo y una parte de la oposición proclamaron el domingo a Parra. Pero CNN en Español aseguraba el viernes pasado que Guaidó había logrado recuperar por reelección la presidencia de la Asamblea Nacional, e incluso recibió la felicitación del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo.

Bien si es así, o bien si Parra logra quedarse con la presidencia dividiendo a la oposición, sonó una alarma que indica que Colombia debería repensar su política diplomática con Venezuela. Maduro domina la Corte suprema, la Asamblea Constituyente, casi se toma la Legislativa y tiene el control territorial porque las fuerzas militares, que equivocadamente creíamos más divididas y a punto de salir del clóset traicionando a Maduro, siguen rodeándolo hasta ahora.

Deberíamos tener instrumentos para establecer acuerdos sobre lo fundamental con Venezuela en temas como migración, salud, economía y control de la frontera. Cualquiera que sea el embajador que Guaidó ponga en Colombia para reemplazar al que tenía, carece por completo de la capacidad para hacer compromisos en esos aspectos con el presidente Duque. Allá no tenemos siquiera un encargado de negocios.

Mientras tanto, la economía venezolana se ha refrescado con el ingreso de 4.500 millones de dólares en remesas, lo cual indica que la situación actual podría ir para largo.

Pero así sea cierto que Guaidó recuperó la presidencia de la Asamblea, políticamente no avanzó absolutamente en nada. Está igual que desde que se autoproclamó presidente interino; 52 países lo apoyan, es cierto, pero el resto del mundo está con Maduro, y la prueba es que Venezuela no pierde ninguna elección en las Naciones Unidas. ¡Hasta logró que la eligieran guardiana de los derechos humanos del planeta!

Y si Colombia pensaba que habría una salida militar con ayuda de EE. UU., esta cada vez parece más lejana. Pompeo dijo en enero que quiere dialogar para lograr un gobierno de transición. ¿Para qué insistirá Colombia en seguir haciendo lo mismo, que no garantiza sino obtener los mismos resultados? Porque Maduro sigue ahí, y de pronto Juan Guaidó ya no. ¿Y entonces, cuál es el plan B de Colombia?

Entre tanto... ¿Recuperará Guaidó su perdida capacidad de convocatoria? Su llamado dice: “Es momento de levantarse con fuerza”. Veremos cuántos venezolanos saca a la calle la semana entrante...

MARÍA ISABEL RUEDA

 
11 de enero 2020 , 11:41 p.m.

El gobierno Duque le puso todos los huevos al canasto de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y supusimos que aquel memorable concierto de la frontera era el primer acto de otros que tumbarían a Maduro. Hasta ahora, eso no sucedió. El presidente venezolano, con el que carecemos del más mínimo contacto –cosa que está inventada por la diplomacia aun en los peores casos, como el de EE. UU. con Cuba, Corea del Norte y con la misma Venezuela, donde el enviado especial Elliott Abrams conserva instrumentos para su relacionamiento con el régimen–.

En cambio, Colombia está en actitud de no audio- no video. Asumimos el liderazgo del Grupo de Lima, cuya actividad en relación con Venezuela se ha enfriado, quizás frustrados sus miembros ante la terquedad de Maduro, al que parece que nada lo afecta determinantemente. Tanto el gobierno Duque como el de Trump pensaron que esa salida era cuestión de semanas, apoyados en las cada vez peores cifras que miden la forma como viven los venezolanos.

Una encuesta de Meganálisis, hecha entre noviembre y diciembre pasados, de manera telefónica a 1.580 personas, en los 22 estados y el Distrito Capital, obtuvo cifras que mantienen nuestra capacidad de asombro: el 82 % de los encuestados no tienen agua potable a diario ni de manera continua. El 58 % reconoce tener familiares que han migrado a otros países. El 53 % maneja dólares para costear los gastos de su hogar. El 87 % no cree en el socialismo. El 85,3 % no apoya la Asamblea Nacional. El 86,6 % quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder. Y dos respuestas bien reveladoras para Colombia: después de transcurridos diez meses, el 68,5 % ya no cree, ni confía ni apoya al presidente interino Juan Guaidó, mientras que el 84,8 % no está dispuesto a salir a protestar si es convocado por Guaidó y la Asamblea Nacional.

En hechos que aún son motivo de controversia, el diputado Luis Parra se declaró ganador de la presidencia de la Asamblea Nacional, y Maduro lo reconoció, a pesar de provenir originalmente de la oposición. Se aplicó exitosamente la operación ‘maletín verde’, que habría consistido en comprar con sumas cercanas a los 700.000 dólares cada voto contra Guaidó. Si Parra logrará arrebatarle la presidencia a Guaidó de manera definitiva, es incierto. El chavismo y una parte de la oposición proclamaron el domingo a Parra. Pero CNN en Español aseguraba el viernes pasado que Guaidó había logrado recuperar por reelección la presidencia de la Asamblea Nacional, e incluso recibió la felicitación del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo.

Bien si es así, o bien si Parra logra quedarse con la presidencia dividiendo a la oposición, sonó una alarma que indica que Colombia debería repensar su política diplomática con Venezuela. Maduro domina la Corte suprema, la Asamblea Constituyente, casi se toma la Legislativa y tiene el control territorial porque las fuerzas militares, que equivocadamente creíamos más divididas y a punto de salir del clóset traicionando a Maduro, siguen rodeándolo hasta ahora.

Deberíamos tener instrumentos para establecer acuerdos sobre lo fundamental con Venezuela en temas como migración, salud, economía y control de la frontera. Cualquiera que sea el embajador que Guaidó ponga en Colombia para reemplazar al que tenía, carece por completo de la capacidad para hacer compromisos en esos aspectos con el presidente Duque. Allá no tenemos siquiera un encargado de negocios.

Mientras tanto, la economía venezolana se ha refrescado con el ingreso de 4.500 millones de dólares en remesas, lo cual indica que la situación actual podría ir para largo.

Pero así sea cierto que Guaidó recuperó la presidencia de la Asamblea, políticamente no avanzó absolutamente en nada. Está igual que desde que se autoproclamó presidente interino; 52 países lo apoyan, es cierto, pero el resto del mundo está con Maduro, y la prueba es que Venezuela no pierde ninguna elección en las Naciones Unidas. ¡Hasta logró que la eligieran guardiana de los derechos humanos del planeta!

Y si Colombia pensaba que habría una salida militar con ayuda de EE. UU., esta cada vez parece más lejana. Pompeo dijo en enero que quiere dialogar para lograr un gobierno de transición. ¿Para qué insistirá Colombia en seguir haciendo lo mismo, que no garantiza sino obtener los mismos resultados? Porque Maduro sigue ahí, y de pronto Juan Guaidó ya no. ¿Y entonces, cuál es el plan B de Colombia?

Entre tanto... ¿Recuperará Guaidó su perdida capacidad de convocatoria? Su llamado dice: “Es momento de levantarse con fuerza”. Veremos cuántos venezolanos saca a la calle la semana entrante...

MARÍA ISABEL RUEDA

RUEDA MARIA I

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FUERA CUBA DE COLOMBIA

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Eduardo Mackenzie   

Parece que los colombianos no tienen derecho a declarar su oposición a la dictadura cubana; que no tienen derecho a pedir que Bogotá rompa las relaciones diplomáticas con la isla prisión. El 5 de diciembre pasado, en efecto, cuatro ciudadanos fueron agredidos por desplegar pacíficamente, ante la embajada del castrismo en Bogotá, una pancarta que decía “Fuera Cuba de Colombia”.

Gracias a la oportuna intervención de tres policías, los manifestantes no fueron linchados por unos 50 energúmenos, algunos de ellos ebrios y encapuchados, que llegaron inmediatamente al lugar y se lanzaron contra los cuatro ciudadanos gritando insultos y blandiendo banderas de Cuba y pancartas de las Farc. Los agresores destrozaron los carteles de los manifestantes y trataron de arrebatar violentamente la pancarta mayor del grupo, pero no lo lograron.

Por razones misteriosas, la prensa de Bogotá decidió guardar silencio sobre ese incidente. ¿Los diarios establecidos recibieron llamados de la embajada de Cuba para que censuraran esa información? La sola excepción fue el portal web de Panam Post quien describió lo ocurrido, lo criticó y difundió algunas fotos (1). Ese medio relató: “Miembros del Movimiento Libertario colombiano fueron expulsados y agredidos por la ‘guardia indígena’ cuando se encontraban realizando un plantón en la embajada de Cuba en Bogotá, pidiendo que el Gobierno del presidente Iván Duque rompa relaciones con el régimen Castro.”

Ese incidente puso en evidencia que hay lazos muy extraños entre esa embajada y las Farc de Timochenko, pues este último sector fue el que afirmó, a través de un twitt, que la llamada “guardia indígena” había “evitado que ‘grupos fascistas’ atacaran la embajada de Cuba”.

“Ese día me di cuenta que efectivamente hay más de lo que se ve respecto a la influencia de Cuba en Colombia. No tiene sentido que por un plantón de cuatro personas más de 50 personas nos estuvieran esperando y que minutos después llegara la ‘guardia indígena’ a ‘defender’ la embajada cubana de un plantón pacífico”, declaró María Alejandra Londoño, directora del MLC.

Cada vez que esa edificación es objeto de manifestaciones adversas, los agentes de la dictadura castrista creen ver allí “fascistas” y gentes de “extrema derecha”. El 6 de mayo pasado, por ejemplo, un puñado de exilados venezolanos llegó pacíficamente hasta esa embajada. Inmediatamente surgieron dos docenas de tipos que se lanzaron contra los manifestantes. Alberto Vanegas, un jefe del sindicato comunista CUT, admitió horas después que gente de su grupo había participado en “la defensa” de esa embajada, contra unos “intentos provocadores”, acto por el cual recibió sin tardar agradecimientos del embajador cubano, Luis Ponce Caraballo.

Para frenar los ímpetus violentos de los llamados “defensores de la revolución cubana y de Venezuela” agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá también tuvieron que intervenir ese día.

Nada de eso es normal, ni legal. Los colombianos tienen derecho a manifestar pacíficamente ante la embajada castrista de Bogotá sin ser molestados, ni agredidos, ni dispersados por exaltados pro-castristas. Estos últimos deben saber que tales incursiones son ilegales y pueden dar lugar a una sanción penal. ¿No son ellos los que gritan en estos días de “paro nacional” que la protesta pacífica es un derecho? ¿Por qué ellos sí tienen ese derecho y no los demócratas?

Es muy pernicioso saber, además, que un sindicato con personaría jurídica envía golpeadores para prohibir por la fuerza una manifestación política en Bogotá. Es inaudito que sindicalistas colombianos acepten ser usados como grupo de choque de la embajada de una dictadura abyecta. ¿Qué tendría que decir ante eso el ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación?

¿Había también gente de la CUT en la agresión contra el MLC del 5 de diciembre pasado? Según las redes mamertas los golpeadores eran miembros de la “guardia indígena”. Pero esa “guardia indígena” no es una perita en dulce. Es una milicia rural que suele atacar con gente armada de palos y machetes, en el Cauca, al Ejército y a la Policía colombiana. ¿Cómo es posible que las autoridades de Bogotá toleren los asaltos de la tal “guardia indígena”?

María Alejandra Londoño explicó que el MLC “es un movimiento ciudadano y político que considera que la mejor forma de construir país es a través de elecciones libres, del libre mercado y del respeto a la propiedad privada.” Agregó que a lo largo de 2019, el MLC “ha pedido al presidente Iván Duque que rompa relaciones diplomáticas con Cuba en vista de que La Habana sigue protegiendo a los autores del atentado terrorista del 21 de enero de 2019, contra la Escuela General Santander de Bogotá, en el que perdieron la vida 22 jóvenes cadetes”.

La cancillería colombiana, en efecto, ha pedido a Cuba la deportación de los jefes del ELN que se esconden en esa isla, para que respondan por sus crímenes. No obstante, la dictadura castrista se niega a satisfacer ese pedido, lo que lo convierte a La Habana en cómplice directa de la masacre del 21 de enero.

“Nos sorprendió mucho que cuando llegamos al frente de la embajada las personas gritaban ‘Viva Fidel’, ‘Fidel vive’, ‘somos comunistas y orgullosos’ y, por supuesto, que nos arrebataran de forma violenta los letreros que llevábamos con las imágenes de denuncia”, explicó María Alejandra Londoño.

“Fue una agresión acorde al nivel de miedo que siente en este momento el régimen cubano”, agregó María Alejandra.  “De nuevo hago hincapié en que nosotros éramos cuatro y la reacción fue descomunal. Para los que nos llamaban ‘paranoicos’ y ‘locos’ esta es la respuesta de que no estamos equivocados y que, efectivamente, el gobierno colombiano debe romper relaciones con el régimen de Cuba de forma inmediata”, concluyó la directora del MLC.

El incidente del 5 de diciembre muestra que la embajada de Cuba tiene a su disposición grupos de choque en Bogotá, que los puede convocar y que éstos responden a sus órdenes con precisión militar. Tales hordas utilizan la fuerza contra los que hacen manifestaciones legales de repudio ante la embajada de Cuba. Otro detalle grave: un testigo de los hechos declaró que dos o tres miembros de esa embajada habían salido de esa sede para sumarse a la turba que gritaba y trataba de arrancar las pancartas del MLC. La participación de miembros de la embajada de Cuba en tal incidente constituye una violación de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados. La Cancillería colombiana debería tomar nota de ese detalle.

Los defensores de la dictadura cubana alegan que, si Bogotá rompe relaciones con la isla prisión, las exportaciones de Colombia se verán muy afectadas. Argumento ridículo. El comercio entre Colombia y Cuba es minúsculo. Según cifras oficiales, en 2017 las exportaciones de Colombia a Cuba no fueron superiores a los 34 millones de dólares. Quien necesita de ese comercio es, sobre todo, Cuba. Bogotá nada gana con el mantenimiento de relaciones con un país que se burla de Colombia y protege en su territorio a los peores terroristas que ensangrientan a Colombia. Esa embajada es, además, un nido de chivatos. Fueron ellos, muy probablemente, los que llamaron directamente a la “guardia indígena” para que los protegiera de los cuatro militantes libertarios.

La campaña del MLC va a continuar. A comienzos de 2020 realizarán otro plantón y el 21 de enero rendirán, frente a esa embajada, un homenaje a las víctimas del atentado a la Escuela General Santander. “Al gobierno colombiano le sobran razones para romper relaciones y nosotros sólo queremos hacer más visibles algunas de éstas”, subrayó María Alejandra Londoño.

(1).- https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/12/06/guardia-indigena-libertarios-cuba/

@eduardomackenz1

 

 

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EL DESGASTE DE LOS PAROS Y EL APOYO AL ESMAD

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VARGAS MAURICIO

 
21 de diciembre 2019 , 10:41 p.m.

Esta semana, Guarumo y Ecoanalítica revelaron una oportuna encuesta sobre la percepción de la situación del país que tienen los colombianos. Realizada en 40 municipios y no solo en las grandes capitales, la investigación constató el desgaste sufrido por el movimiento de marchas y plantones iniciado a mediados de noviembre: 60,9 % de los entrevistados se declararon en desacuerdo con la continuación de las manifestaciones y protestas, mientras que solo 34,3 % se mostró de acuerdo.

Una sorpresa: 59,4 % declaró que tiene una imagen favorable del escuadrón antidisturbios (Esmad), mientras que 32,9 % tiene una imagen desfavorable. De modo consecuente, solo 29,2 % está de acuerdo con el desmonte del Esmad, mientras que 62,4 % se muestra en desacuerdo con acabarlo. Y otro dato: en cuanto a con quiénes debe ser la conversación nacional planteada por el presidente Iván Duque tras el inicio de las protestas, 67,8 % dijo que con todos los sectores, y apenas 22,8 %, que solo sea con el comité del paro, que no luce muy representativo.

La divulgación de estos resultados coincidió este lunes con una lánguida manifestación en la plaza de Bolívar de Bogotá (casi la única ciudad donde siguen las protestas): unos pocos cientos asistieron, dos semanas después de haberla desbordado decenas de miles de marchistas. Recordé una frase de un viejo sindicalista, hoy retirado: “Las protestas son como las fiestas, hay que saber cuándo empezarlas y, sobre todo, cuándo terminarlas”.

Convencidos de que podían imitar lo sucedido en otras latitudes, los organizadores optaron por prolongar su actividad sin reparar en el desgaste que esto implica. Lo que al principio puede ser simpatía se torna pronto en cansancio, pues cuando el centro de una ciudad como Bogotá se paraliza, cientos de miles de trabajadores de los estratos medios y populares sufren lo indecible para llegar a sus puestos y, luego, para regresar a casa.

Con varios días de tardanza, el comité del paro presentó su pliego de peticiones al Gobierno: está cargado de imposibles. No me detengo en esto, pues varios informes de prensa, así como la columna de Thierry Ways el jueves en estas páginas, lo dejaron claro. Destaco solo la exigencia al Gobierno de readquirir las acciones de Ecopetrol que –para financiar las inversiones de la empresa– han sido vendidas a particulares este siglo, y que equivalen al 11 % de la compañía. Recomprarlas nos costaría a los contribuyentes unos 15 billones de pesos.

Esa cifra equivale a un tercio del presupuesto total de inversiones del Gobierno para el año entrante. No explica el comité del paro de dónde saldrían esos recursos: ¿acaso de bajar inversiones y gastos de funcionamiento en salud, educación, infraestructura o seguridad? ¿Acaso de acabar con el programa Familias en Acción? ¿Acaso de paralizar la inversión en el posconflicto? El pliego, al que le fueron colgando demandas de todo tipo hasta completar 104, engordó tanto como adelgazaron las marchas. Los líderes de las protestas perdieron así una oportunidad valiosa de impulsar una negociación viable y sensata ante la que Duque, arrinconado como estaba, lucía más que dispuesto.

El desgaste es general, no solo afecta las protestas. Lo sufre el Presidente, con una imagen favorable de 36,3 % y desfavorable de 52,4 %. Su consuelo es que los demás andan peor: Álvaro Uribe, con 33,5 % favorable y 60,1 % desfavorable; Gustavo Petro, con 24 % favorable y 63 % desfavorable, y Juan Manuel Santos, 22,3 % favorable y 68,4 % desfavorable. Salvo Duque, todos enfrentan un rechazo superior al 60 %, tal y como ocurre con la continuación de las protestas, dato que mencioné al inicio. Alguien debe decirle al comité del paro que, cuando el desgaste es generalizado, nadie está en condiciones de plantear exigencias maximalistas.

MAURICIO VARGAS

 
21 de diciembre 2019 , 10:41 p.m.

Esta semana, Guarumo y Ecoanalítica revelaron una oportuna encuesta sobre la percepción de la situación del país que tienen los colombianos. Realizada en 40 municipios y no solo en las grandes capitales, la investigación constató el desgaste sufrido por el movimiento de marchas y plantones iniciado a mediados de noviembre: 60,9 % de los entrevistados se declararon en desacuerdo con la continuación de las manifestaciones y protestas, mientras que solo 34,3 % se mostró de acuerdo.

Una sorpresa: 59,4 % declaró que tiene una imagen favorable del escuadrón antidisturbios (Esmad), mientras que 32,9 % tiene una imagen desfavorable. De modo consecuente, solo 29,2 % está de acuerdo con el desmonte del Esmad, mientras que 62,4 % se muestra en desacuerdo con acabarlo. Y otro dato: en cuanto a con quiénes debe ser la conversación nacional planteada por el presidente Iván Duque tras el inicio de las protestas, 67,8 % dijo que con todos los sectores, y apenas 22,8 %, que solo sea con el comité del paro, que no luce muy representativo.

La divulgación de estos resultados coincidió este lunes con una lánguida manifestación en la plaza de Bolívar de Bogotá (casi la única ciudad donde siguen las protestas): unos pocos cientos asistieron, dos semanas después de haberla desbordado decenas de miles de marchistas. Recordé una frase de un viejo sindicalista, hoy retirado: “Las protestas son como las fiestas, hay que saber cuándo empezarlas y, sobre todo, cuándo terminarlas”.

Convencidos de que podían imitar lo sucedido en otras latitudes, los organizadores optaron por prolongar su actividad sin reparar en el desgaste que esto implica. Lo que al principio puede ser simpatía se torna pronto en cansancio, pues cuando el centro de una ciudad como Bogotá se paraliza, cientos de miles de trabajadores de los estratos medios y populares sufren lo indecible para llegar a sus puestos y, luego, para regresar a casa.

Con varios días de tardanza, el comité del paro presentó su pliego de peticiones al Gobierno: está cargado de imposibles. No me detengo en esto, pues varios informes de prensa, así como la columna de Thierry Ways el jueves en estas páginas, lo dejaron claro. Destaco solo la exigencia al Gobierno de readquirir las acciones de Ecopetrol que –para financiar las inversiones de la empresa– han sido vendidas a particulares este siglo, y que equivalen al 11 % de la compañía. Recomprarlas nos costaría a los contribuyentes unos 15 billones de pesos.

Esa cifra equivale a un tercio del presupuesto total de inversiones del Gobierno para el año entrante. No explica el comité del paro de dónde saldrían esos recursos: ¿acaso de bajar inversiones y gastos de funcionamiento en salud, educación, infraestructura o seguridad? ¿Acaso de acabar con el programa Familias en Acción? ¿Acaso de paralizar la inversión en el posconflicto? El pliego, al que le fueron colgando demandas de todo tipo hasta completar 104, engordó tanto como adelgazaron las marchas. Los líderes de las protestas perdieron así una oportunidad valiosa de impulsar una negociación viable y sensata ante la que Duque, arrinconado como estaba, lucía más que dispuesto.

El desgaste es general, no solo afecta las protestas. Lo sufre el Presidente, con una imagen favorable de 36,3 % y desfavorable de 52,4 %. Su consuelo es que los demás andan peor: Álvaro Uribe, con 33,5 % favorable y 60,1 % desfavorable; Gustavo Petro, con 24 % favorable y 63 % desfavorable, y Juan Manuel Santos, 22,3 % favorable y 68,4 % desfavorable. Salvo Duque, todos enfrentan un rechazo superior al 60 %, tal y como ocurre con la continuación de las protestas, dato que mencioné al inicio. Alguien debe decirle al comité del paro que, cuando el desgaste es generalizado, nadie está en condiciones de plantear exigencias maximalistas.

MAURICIO VARGAS

 
21 de diciembre 2019 , 10:41 p.m.

Esta semana, Guarumo y Ecoanalítica revelaron una oportuna encuesta sobre la percepción de la situación del país que tienen los colombianos. Realizada en 40 municipios y no solo en las grandes capitales, la investigación constató el desgaste sufrido por el movimiento de marchas y plantones iniciado a mediados de noviembre: 60,9 % de los entrevistados se declararon en desacuerdo con la continuación de las manifestaciones y protestas, mientras que solo 34,3 % se mostró de acuerdo.

Una sorpresa: 59,4 % declaró que tiene una imagen favorable del escuadrón antidisturbios (Esmad), mientras que 32,9 % tiene una imagen desfavorable. De modo consecuente, solo 29,2 % está de acuerdo con el desmonte del Esmad, mientras que 62,4 % se muestra en desacuerdo con acabarlo. Y otro dato: en cuanto a con quiénes debe ser la conversación nacional planteada por el presidente Iván Duque tras el inicio de las protestas, 67,8 % dijo que con todos los sectores, y apenas 22,8 %, que solo sea con el comité del paro, que no luce muy representativo.

La divulgación de estos resultados coincidió este lunes con una lánguida manifestación en la plaza de Bolívar de Bogotá (casi la única ciudad donde siguen las protestas): unos pocos cientos asistieron, dos semanas después de haberla desbordado decenas de miles de marchistas. Recordé una frase de un viejo sindicalista, hoy retirado: “Las protestas son como las fiestas, hay que saber cuándo empezarlas y, sobre todo, cuándo terminarlas”.

Convencidos de que podían imitar lo sucedido en otras latitudes, los organizadores optaron por prolongar su actividad sin reparar en el desgaste que esto implica. Lo que al principio puede ser simpatía se torna pronto en cansancio, pues cuando el centro de una ciudad como Bogotá se paraliza, cientos de miles de trabajadores de los estratos medios y populares sufren lo indecible para llegar a sus puestos y, luego, para regresar a casa.

Con varios días de tardanza, el comité del paro presentó su pliego de peticiones al Gobierno: está cargado de imposibles. No me detengo en esto, pues varios informes de prensa, así como la columna de Thierry Ways el jueves en estas páginas, lo dejaron claro. Destaco solo la exigencia al Gobierno de readquirir las acciones de Ecopetrol que –para financiar las inversiones de la empresa– han sido vendidas a particulares este siglo, y que equivalen al 11 % de la compañía. Recomprarlas nos costaría a los contribuyentes unos 15 billones de pesos.

Esa cifra equivale a un tercio del presupuesto total de inversiones del Gobierno para el año entrante. No explica el comité del paro de dónde saldrían esos recursos: ¿acaso de bajar inversiones y gastos de funcionamiento en salud, educación, infraestructura o seguridad? ¿Acaso de acabar con el programa Familias en Acción? ¿Acaso de paralizar la inversión en el posconflicto? El pliego, al que le fueron colgando demandas de todo tipo hasta completar 104, engordó tanto como adelgazaron las marchas. Los líderes de las protestas perdieron así una oportunidad valiosa de impulsar una negociación viable y sensata ante la que Duque, arrinconado como estaba, lucía más que dispuesto.

El desgaste es general, no solo afecta las protestas. Lo sufre el Presidente, con una imagen favorable de 36,3 % y desfavorable de 52,4 %. Su consuelo es que los demás andan peor: Álvaro Uribe, con 33,5 % favorable y 60,1 % desfavorable; Gustavo Petro, con 24 % favorable y 63 % desfavorable, y Juan Manuel Santos, 22,3 % favorable y 68,4 % desfavorable. Salvo Duque, todos enfrentan un rechazo superior al 60 %, tal y como ocurre con la continuación de las protestas, dato que mencioné al inicio. Alguien debe decirle al comité del paro que, cuando el desgaste es generalizado, nadie está en condiciones de plantear exigencias maximalistas.

MAURICIO VARGAS

 

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EL DERECHO AL PARO VIOLENTO NO EXISTE

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Andrés Úsuga Marín

En pasados días quise proponerle un ejercicio (académico y social) a mis amigos, que me siguen en las redes sociales, con respecto a lo que viene sucediendo en Colombia, y que ya lleva más de 15 días afectando de manera grave no solo al Gobierno Nacional, como erróneamente lo creen quienes lideran la iniciativa, sino también a la economía del país, y por supuesto, al pueblo colombiano que viene de tumbo en tumbo y bastante confundido con las informaciones de líderes y los medios de comunicación que realmente no han ayudado a resolver la situación sino a agravarla. 

El ejercicio pasaba por la saturación de la frase cliché "yo respeto la protesta y el paro porque eso es un derecho constitucional", que la han venido pronunciando personajes de todos los niveles sociales, económicos, políticos y mediáticos como una forma de pronunciarse correctamente desde lo político; esto es, en un intento por quedar bien con Dios y con el diablo, comprometiéndose, no tanto con los promotores de la iniciativa, sino también con los que no estamos de acuerdo con parar el país porque 300 mil ciudadanos lo decidieron de esta forma sin consultarlo con nadie más.

La frase anterior denota una profunda ignorancia. Entonces mostremos por qué pienso de esta forma y dónde es que está ese supuesto "Derecho al PARO", que todos dicen que está en la Constitución y en la ley. Procedimos a rastrearlo en el texto del 91. Veamos nuestra Constitución Política del 04 de julio de 1991, con más de 40 reformas en 28 años:

Artículo 24: Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a CIRCULAR LIBREMENTE por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. VS Artículo 37: Toda parte del pueblo PUEDE REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACIFICAMENTE. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Los dos artículos anteriores, hacen parte de lo que podríamos describir como carta de derechos fundamentales de nuestra Constitución. Encontramos en el primer artículo, DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACION; ahora bien, en el artículo 37 encontramos el DERECHO A REUNIRSE Y MANIFESTARSE PACIFICAMENTE. Pero nos damos cuenta de que en ninguno de los dos obra el “DERECHO AL PARO”.

Pero les hago la misma propuesta a ustedes lectores de esta columna; hagan desde sus fueros internos, el ejercicio de ponderación que deben hacer los jueces de la República cuando les llega una acción de tutela a su despacho y es cuando entran en colisión dos derechos fundamentales y se debe privilegiar uno para desfavorecer al otro.

Hagámoslo simple, con un método básico: ¿usted está con el artículo 24 o con el artículo 37? Si en serio la Democracia es el gobierno de las mayorías (¿O si no es así para qué llevamos a cabo elecciones y procesos electorales?), miremos quién opta por uno y quién por el otro. En este momento coyuntural del país, imagínese que estuviera en sus manos tomar esa decisión, esto es: ¿si se ponen en una balanza al mismo nivel (en un momento de crisis social e institucional) usted hacia dónde la desequilibraría?

Por último, voy a hacer una apreciación muy personal -y respeto a quien piense contrariamente-: debo decir que,  para mí, tengo que el Derecho a REUNIRSE y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE, no lleva implícito un “Derecho al PARO”, o sea, para obligar a PARAR al que no quiere parar...y mucho menos a agredir al que no quiere parar, ni afectar la infraestructura de todos, pública o privada.

Les valgo que implícito en el “manifestarse”, está o podría estar el “derecho a la protesta”, pero de nuevo, ésta deberá ser PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE. Ya la CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA tiene pronunciamientos distinguiendo por ejemplo el Derecho a la Huelga Política, y que esto no conlleva un paro o cese de actividades;  y en el remoto caso de que existiera ese derecho, pienso que el titular del mismo debería ser quien ostente la calidad de Propietario de una persona jurídica privada, o sea un empresario o su junta directiva; ya que no puede ser claro que una persona, un trabajador, tenga el derecho de parar la producción de toda una empresa por sus desavenencias con las políticas públicas o privadas, ya que de esta forma prevalecería el derecho individual por encima del derecho del colectivo, esto es, de los demás trabajadores que no quisieran parar.

Mejor dicho, es o sería un derecho que solo podría abrogarse quien detente las facultades para hacer parar trabajadores y máquinas, y no o una persona o una minoría que quiera afectar a todos los demás, así no estén de acuerdo con la decisión de parar.

En conclusión, la violencia no solo implica sangre, explosiones, heridas y demás cosas que todos tenemos claro. También existe violencia PASIVA, como no permitir la LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS POR EL TERRITORIO NACIONAL y violentar con arengas, y presiones físicas o psicológicas a quien no quisiera compartir la idea de parar la producción del país, de la cual hace parte el poder movilizarse por las calles y carreteras del país, toda vez que el comercio depende de forma muy alta de esa circulación para el intercambio de bienes y servicios que alimentan la economía.

El paro (que en mi concepto es más un saboteo programado y que no alcanzó a ser nacional, para infortunio de los agitadores en la sombra), la pa$ (El negociado de La Habana entre una élite corrupta y una élite de genocidas, violadores y narcotraficantes erróneamente indultados y amnistiados), las elecciones de 2018 (donde a pesar de hacer todas las cochinadas habidas y por haber, PERDIERON) y las votaciones del plebiscito (la mayor hazaña democrática de la historia Colombiana, al ganarle a todo el establecimiento, el presupuesto nacional y extranjero, y que hoy todo lo que dijimos ha salido cierto y peor aún), han ido tumbando muchas máscaras, antifaces, cortinas de humo, mamparas, falsos, dobles, hipócritas… y eso me ha gustado mucho, lo creo muy necesario, muy pertinente y crucial. Prefiero de frente a tanto agazapado y soterrado jugando a dos y a tres bandas... No obstante, veo a unos intentando recamuflarse al interior de despachos públicos y detrás de micrófonos y columnas... Creo que en vez de llamarlo polarización lo deberíamos llamar aclaración de posturas ideológicas y dejar esas medias tintas que sirven a los solapados y morrongos.

Colofón: ¿Cómo es posible que estén prestándose empleados públicos del nivel nacional, a los saboteos y críticas al Gobierno Nacional, teniendo la calidad de servidores de libre nombramiento y remoción? Yo entiendo que un trabajador de carrera administrativa y hasta los trabajadores oficiales siempre quieran mejorar las condiciones laborales vía presiones sindicales; pero si es un empleado público que llegó con el Gobierno anterior y no está de acuerdo con las nuevas políticas, es tan fácil como presentar su carta de renuncia y se acaba el problema. Es increíblemente absurdo ver ciudadanos que están en la nómina oficial de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales y agencias del nivel central, criticando en redes y en las calles al Gobierno que los mantuvo en sus cargos, cuando debieron renunciar por simple dignidad desde el 6 de agosto de 2018.

 

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