Durante los 11 meses que lleva operando la JEP, la impunidad, acompañada de la burla sistemática de los cabecillas de las Farc, que no acuden ante las citaciones y mediante cartas expresan su voluntad, ha sido una constante.

El objetivo de sanciones proporcionales a los crímenes cometidos parece alejarse y la impunidad parece convertirse en arma letal que contribuye a la revictimización.

La esperanza de una justicia transicional, que pudiera avanzar en sanciones proporcionales y que fuera implacable con quienes no dijeran toda la verdad, llevando a una reparación moral y a una extinción del dominio efectiva de todos los bienes que no fueron debidamente declarados para que sirvieran en la reparación de las víctimas, fue solo una ilusión.

Hoy no hay una voluntad real de las Farc de acudir a los llamados de la JEP y el paradero de los máximos responsables de crímenes atroces es incierto.

La JEP ha impartido como un arma letal para proteger y garantizar la impunidad de las Farc, con excusas ha impedido la extradición del reincidente Jesus Santrich.

La modificación del acuerdo parece ser la única alternativa que tenemos los colombianos para frenar el arma de impunidad y garantizar una paz con justicia y garantías de no repetición.