Lunes 14 de Octubre de 2019
INCONSECUENTES EN LA IZQUIERDA Y EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.

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INCONSECUENTES EN LA IZQUIERDA Y EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Mauricio Vargas       

Es inconsecuente clamar contra el asesinato de líderes sociales y, al tiempo, oponerse al glifosato.

La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, puso el dedo en la llaga el jueves, cuando señaló, cifras en mano, que la génesis del asesinato de líderes sociales, excombatientes de las Farc y defensores de derechos humanos “es el problema del narcotráfico”. Las bandas criminales –herederas de los paramilitares, disidentes de las Farc y el propio Eln– han multiplicado su poder económico y, por ende, su capacidad de matar para dominar las zonas en donde operan, gracias a la disparada, entre 2013 y 2017, de los cultivos de coca, que pasaron de 80.000 hectáreas a 209.000.

Cuando una ‘bacrim’ maneja cultivos, laboratorios y rutas de exportación de cocaína, necesita ejercer un dominio hegemónico y excluyente allí donde opera. Eso incluye tener a su servicio a muchos alcaldes, controlar negocios como la minería ilegal, extorsionar a agricultores y comerciantes, y dominar el negocio de la tierra, tanto rural como urbana.

Un líder de derechos humanos que denuncia esos grupos, un defensor del medioambiente opuesto a que tumben bosque para sembrar coca o abrir minas ilegales, una dirigente (como María del Pilar Hurtado) que defiende a quienes invadieron unas tierras, todos son objetivo por matar para estos criminales. La restitución de tierras a las víctimas está paralizada –como es obvio– en zonas de narcocultivos, y sus líderes, amenazados. Con más coca sembrada, más laboratorios, más rutas que defender y, sobre todo, más plata en los bolsillos y más armas, las ‘bacrim’ necesitan amenazar más y matar más.

Por eso me impresiona que los mismos opinadores que denuncian con vehemencia el asesinato de líderes sociales le hayan caído como manada a mi colega María Isabel Rueda por atreverse a cuestionar, en su columna de estas páginas, a quienes defienden la prohibición del glifosato. El linchamiento –una gritería corta de argumentos y generosa en descalificaciones– contrasta con otra columna, esa sí reflexiva, del profesor Moisés Wasserman el viernes, también en EL TIEMPO.

Al glifosato se le atribuyen eventuales riesgos para la salud, no obstante su uso extendido y actual en cafetales, arrozales y muchos otros cultivos legales. En cuanto a las siembras de coca, en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos y la Corte Constitucional suspendieron la aspersión aérea, la misma que había demostrado su efectividad en años anteriores, al bajar el área a la mitad en la primera década del siglo. El resultado de dicha suspensión fue que los cultivos crecieron casi dos y media veces.

En la balanza tenemos que poner un eventual peligro (el daño a la salud por el glifosato, que está en discusión) frente a una certeza (que su uso erradica cultivos y reduce el poder de matar de las ‘bacrim’). Ahora, si hay mejor remedio que el glifosato, que nos lo digan de una vez por todas.

Yo conozco uno: legalizar las drogas a nivel mundial y no simplemente avanzar en despenalizaciones parciales de marihuana. Eso acabaría con el componente ilegal y mafioso del negocio. El problema es que ni en Colombia ni en los países consumidores hay ambiente político para aplicar ese remedio. Según el Gallup Poll, en el país se oponen el 76 por ciento de los encuestados. Las cifras en otros países son similares.

De modo que hablar de legalización, como se ha puesto de moda entre muchos expresidentes que nada hicieron por ello cuando eran presidentes, es un pajazo mental. Mientras esa legalización no se dé y mientras no nos muestren algo mejor para erradicar que el glifosato –con todo y sus riesgos–, la balanza entre un eventual peligro y una certeza nos lleva a una sola conclusión: si queremos que maten menos líderes sociales, bajemos significativamente la siembra de coca. Y eso, por ahora, solo se ha logrado con aspersiones de glifosato.

MAURICIO VARGAS

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