Lunes 10 de Diciembre de 2018
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LOS POPULISTAS Y LAS MENTIRAS TRIBUTARIAS

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VARGAS MAURICIO

A mediados de los ochenta, cuando me iniciaba como reportero político en ‘Semana’, cubrí por primera vez los debates parlamentarios para una reforma tributaria. Desde entonces he seguido más de una docena de proyectos de impuestos. En todos los casos he escuchado que la iniciativa se va a hundir. Y en todos los casos ha terminado aprobada.

La sensación de ‘déjà vu’ se hace más fuerte cuando escucho los mismos argumentos ligeros de siempre: que el pueblo ya no aguanta más impuestos y toda la secuencia de lugares comunes populistas –muchos de ellos, descaradas mentiras– que llenan los titulares estos días. Hasta connotados expresidentes de la república –los mismos que en su tiempo subieron el IVA– salen ahora a rasgarse las vestiduras.

 

El tema necesita un debate desapasionado que deje por fuera tanta verborrea barata. El hueco fiscal dejado por el gobierno botaratas de Juan Manuel Santos y el sartal casi infinito de costosos compromisos que nos heredó obligan a su sucesor a poner la casa en orden. La sola JEP, que arrancó con un presupuesto anual de 200.000 millones de pesos, ya demanda para el año entrante 370.000 millones. Y eso que nos la vendieron como un pequeño tribunal que se iba a ocupar de casos emblemáticos.

Lo anterior no quiere decir que el proyecto de ley de financiamiento (el disfraz que el minhacienda, Alberto Carrasquilla, le puso a la tributaria) acierte en los caminos para resolver el lío. Da en el clavo cuando busca bajar el impuesto de renta, pues la carga tributaria sobre las empresas –lo mismo las grandes que las pequeñas– se incrementó en exceso en el pasado y tiene frenadas la inversión y la generación de empleo. Aunque suene popular eso de ‘gravar duro a los ricos’, la inmensa mayoría de las empresas son medianas y pequeñas, y sus dueños no son ricos. La carga ha sido tan pesada que después de bajar casi 10 puntos porcentuales en 15 años, el desempleo rebrotó desde el año pasado y anda por el 9,5 por ciento.

En lo del IVA hay acierto y error. 
Acierto en gravar muchos más productos, incluidos varios de la canasta familiar, aunque suene impopular (los impuestos siempre lo son). Dejar productos sin IVA es una invitación a la evasión: sin IVA no hacen falta facturas, y si una empresa no tiene que facturar, puede declarar de renta lo que le dé la gana, pues no hay cómo comprobar cuánto vendió.

El error es pretender que ese IVA a productos de la canasta familiar quede en la tarifa del 19 por ciento que nos clavó para la mayoría de los demás bienes de consumo el gobierno de Santos. Semejante golpe afectaría de manera grave el consumo, como lo demuestran varios estudios, e impulsaría la inflación. Lo mejor sería una tarifa muy inferior (del 8 por ciento, o menos) que tenga el efecto positivo antievasión pero no golpee el consumo.

Otro rubro que parece excesivo es el impuesto al patrimonio. Es cierto que golpea a los más ricos, pero en algunos casos los golpea tanto que los anima a sacar sus inversiones de Colombia y llevárselas a otros países. Y eso frena la economía y sube el desempleo.

¿Y el ahorro en el gasto público? El Gobierno efectuó algunos recortes, pero podría hacer más. Eso sí, hizo algo histórico, que nadie le ha reconocido: el presupuesto para 2019 es el primero en 18 años sin cupos indicativos, esos billones de pesos que se esfumaban en contratos de obras regionales –muchas no las hacían– recomendados por congresistas: la famosa y corrupta ‘mermelada’. Cortar con esa práctica criminal es un gran logro, aunque puede llevar a que muchos congresistas, insatisfechos por la falta de jalea, quieran hundir la tributaria. El presidente Iván Duque ha estado tímido en la defensa de su proyecto. Tiene que remangarse y meterse más en el asunto porque si no expone sus razones, el debate lo van a ganar las mentiras populistas.

MAURICIO VARGAS

 
10 de noviembre 2018 , 11:24 p.m.

A mediados de los ochenta, cuando me iniciaba como reportero político en ‘Semana’, cubrí por primera vez los debates parlamentarios para una reforma tributaria. Desde entonces he seguido más de una docena de proyectos de impuestos. En todos los casos he escuchado que la iniciativa se va a hundir. Y en todos los casos ha terminado aprobada.

La sensación de ‘déjà vu’ se hace más fuerte cuando escucho los mismos argumentos ligeros de siempre: que el pueblo ya no aguanta más impuestos y toda la secuencia de lugares comunes populistas –muchos de ellos, descaradas mentiras– que llenan los titulares estos días. Hasta connotados expresidentes de la república –los mismos que en su tiempo subieron el IVA– salen ahora a rasgarse las vestiduras.

 

El tema necesita un debate desapasionado que deje por fuera tanta verborrea barata. El hueco fiscal dejado por el gobierno botaratas de Juan Manuel Santos y el sartal casi infinito de costosos compromisos que nos heredó obligan a su sucesor a poner la casa en orden. La sola JEP, que arrancó con un presupuesto anual de 200.000 millones de pesos, ya demanda para el año entrante 370.000 millones. Y eso que nos la vendieron como un pequeño tribunal que se iba a ocupar de casos emblemáticos.

Lo anterior no quiere decir que el proyecto de ley de financiamiento (el disfraz que el minhacienda, Alberto Carrasquilla, le puso a la tributaria) acierte en los caminos para resolver el lío. Da en el clavo cuando busca bajar el impuesto de renta, pues la carga tributaria sobre las empresas –lo mismo las grandes que las pequeñas– se incrementó en exceso en el pasado y tiene frenadas la inversión y la generación de empleo. Aunque suene popular eso de ‘gravar duro a los ricos’, la inmensa mayoría de las empresas son medianas y pequeñas, y sus dueños no son ricos. La carga ha sido tan pesada que después de bajar casi 10 puntos porcentuales en 15 años, el desempleo rebrotó desde el año pasado y anda por el 9,5 por ciento.

En lo del IVA hay acierto y error. 
Acierto en gravar muchos más productos, incluidos varios de la canasta familiar, aunque suene impopular (los impuestos siempre lo son). Dejar productos sin IVA es una invitación a la evasión: sin IVA no hacen falta facturas, y si una empresa no tiene que facturar, puede declarar de renta lo que le dé la gana, pues no hay cómo comprobar cuánto vendió.

El error es pretender que ese IVA a productos de la canasta familiar quede en la tarifa del 19 por ciento que nos clavó para la mayoría de los demás bienes de consumo el gobierno de Santos. Semejante golpe afectaría de manera grave el consumo, como lo demuestran varios estudios, e impulsaría la inflación. Lo mejor sería una tarifa muy inferior (del 8 por ciento, o menos) que tenga el efecto positivo antievasión pero no golpee el consumo.

Otro rubro que parece excesivo es el impuesto al patrimonio. Es cierto que golpea a los más ricos, pero en algunos casos los golpea tanto que los anima a sacar sus inversiones de Colombia y llevárselas a otros países. Y eso frena la economía y sube el desempleo.

¿Y el ahorro en el gasto público? El Gobierno efectuó algunos recortes, pero podría hacer más. Eso sí, hizo algo histórico, que nadie le ha reconocido: el presupuesto para 2019 es el primero en 18 años sin cupos indicativos, esos billones de pesos que se esfumaban en contratos de obras regionales –muchas no las hacían– recomendados por congresistas: la famosa y corrupta ‘mermelada’. Cortar con esa práctica criminal es un gran logro, aunque puede llevar a que muchos congresistas, insatisfechos por la falta de jalea, quieran hundir la tributaria. El presidente Iván Duque ha estado tímido en la defensa de su proyecto. Tiene que remangarse y meterse más en el asunto porque si no expone sus razones, el debate lo van a ganar las mentiras populistas.

MAURICIO VARGAS

 

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DUQUE UN TIPO TRABAJADOR PERO INGENUO

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¿De dónde vendrá ese primer plazo de cien días para medir un gobierno? Debe tratarse de una invención periodística, porque a escasos tres meses de posesionado, a Duque solo lo podemos conocer a medias por su tono y actitud.

Se ve que es estudioso, sereno, trabajador incansable –algunos dicen que frenético, y que ya hay ministros que se sienten reventados–; pero a veces parecería que entre tanta trabajadera hace falta coordinación, pues varias veces ha tenido que salir a corregirle la plana a un ministro o a algún otro alto funcionario. Es frío a la hora de tomar decisiones, y se ve muy empoderado y seguro en el cargo. Es alegre. Es joven.Pero joven juvenil, no joven viejo, que los hay.

 

Joven en su manera de ver las cosas, e incluso en su ingenuidad. Solo un joven ingenuo se atreve a hacer lo que está haciendo con el Congreso. Y no pocos son pesimistas frente a esa apuesta. 

El país no estaba preparado para entender que la agenda legislativa transcurre más despacio porque hay un cambio de tercio en las costumbres políticas, y eso la opinión lo confunde con falta de liderazgo. Pero menos aún estaba preparado el Congreso, y en cien días es imposible que cambie la forma que tenía de relacionarse con el Gobierno, a punta de dádivas y cupos indicativos.

Duque es un liberal de centro. A algún analista le oí decir que su estilo se parece al del expresidente Julio César Turbay, en cuya escuela se formó su propio padre, Iván Duque Escobar. Trata de caer bien, no es confrontacional, pero es leal a sus principios.

Y es muy buen amigo de sus amigos. Tanto que circula por ahí un chiste: que para trabajar en este gobierno no sirve ser amigo de Uribe o militar en el Centro Democrático, sino cumplir uno de los siguientes cuatro requisitos: haber trabajado en el BID, haber vivido en Washington, haber estudiado en el colegio Rochester o en la Universidad Sergio Arboleda. Por lo cual queda claro que se siente cómodo trabajando con la gente que conoce, y en ese aspecto mira con cierto desdén las etiquetas que impone la política. No ha cometido el error de estigmatizar a sus contradictores.

Pero, además, es audaz y corajudo: asumió él mismo el costo político de la polémica reforma tributaria con el camionado de IVA que vendría, de la que nadie está responsabilizando a un fusible como es el minhacienda, que llegó al Gobierno ya bastante chamuscado. Ante los peores críticos de su ley de financiamiento, Duque responde serenamente: busquemos alternativas, no estoy en un concurso de vanidades. 

Sobre su línea de gobierno ya hay cosas claras: solo cansancio les quedó a quienes llevan cien días esperando a que el presidente Duque haga trizas el acuerdo de paz o que le embole los zapatos al expresidente Uribe. Acerca del posconflicto, invertirá en él algo así como 8 billones de pesos. Y sobre Uribe, no son muy conocidos pero sí han sido reales los reclamos que el senador y su partido le hacen al Presidente sobre nombramientos de personas que no gustan porque los han insultado por Twitter, pero que Duque sostiene en el puesto, porque a él sí le gustan; públicas son las diferencias que hay en temas claves como el IVA a la canasta familiar. Claro. Ya los del Polo opinan que estos desencuentros, que han sido manejados con cortesía entre ambos, solo son una “puesta en escena”. Por el contrario, creo que esas relaciones están en observación y en una de estas pasan a cuidados intensivos. 

Otra cualidad que se le ha notado a Duque en este examen de los cien días es que tiene cuero. No ha caído en la provocación de quienes lo califican de ligero, de superficial, de mascota de Uribe, de amigo de Maluma. En eso ha mostrado temple de estadista (aunque sí se le fue la mano al proponerle a Carlos Vives que se lanzara a la alcaldía de Santa Marta. Déjelo tranquilo cantando, Presidente). 

Es buen comunicador. Debería intervenir más en alocuciones oficiales para volverse el defensor principal de sus reformas. 

Pero, quizás en su afán de no mostrar un gobierno demasiado bogotano, ha concentrado sus primeros cien días en sus viajes por la provincia, y Bogotá atraviesa un momento en que no le vendría mal un empujoncito de ánimo del propio Duque, quien debería mostrarse un poquito más bogotano.

La última cosa para decir sobre Duque: es un buen tipo. Pero, como me dijo un amigo mío: eso, para un presidente, puede llegar a ser fatal. 

Entre tanto… No más ataques contra la sede de RCN. No es a un edificio. Es a la libertad de expresión.

MARÍA ISABEL RUEDA

RUEDA MARIA I
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LA COMPETENCIA LIMITADA DE LA JEP

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José G. Hernández    

Como se recordará, el artículo transitorio 19 del A.L. 1/17, que estableció la Jurisdicción Especial de Paz, dispuso que, “Cuando se alegue, respecto de un integrante de las Farc-Ep o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.

El artículo 54 de la Ley 1922/18, relativo al trámite de las solicitudes de extradición cuando se trate de desmovilizados de las Farc, establece lo siguiente:

“Artículo 54. Extradición. La Sección de Revisión verificara que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas.

En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición”.

En providencia del 25 de octubre, la Sección de Revisión de la JEP decidió por mayoría –invocando la excepción de inconstitucionalidad (Art. 4 C.P.)- inaplicar el inciso primero de dicha norma legal en el caso de  Seuxis Paucias Hernández Solarte -alias “Jesús Santrich”-. El fundamento, según comunicado de la JEP: “Ese inciso resulta contrario a los artículos transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 29 de la Constitución Política, pues éstos le otorgan potestades más amplias, como la competencia para “[evaluar] la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.

Resulta discutible la apelación que hace el auto de la JEP a la excepción de inconstitucionalidad, pues, desde el punto de vista de su contenido (no del trámite legislativo, que parece haber sido inconstitucional), la oposición entre el inciso legal y la Constitución no es evidente. Véase que la primera parte del inciso dice lo mismo que el artículo 19 transitorio del A,L. 1/17: que la competencia de la Sección de Revisión se reduce a verificar cuándo tuvieron lugar los hechos por los cuales se solicita la extradición, antes o después de la firma de los acuerdos de paz.

Ahora bien,  la competencia de la JEP está delimitada por la misma Constitución. No tiene facultad para pronunciarse sino acerca del asunto en referencia -cuándo tuvieron lugar los posibles delitos-, y sólo a ese respecto puede decretar pruebas. Aquéllas que no posea ella sobre la cronología de los hechos. Las tienen en este caso el país solicitante y la Fiscalía.

Pero la JEP sólo tendrá la competencia para lo dicho, no para decidir sobre el fondo, ni para resolver si se extradita o no  a “Santrich”. En caso de concluir que los delitos tuvieron ocurrencia después del 1 de diciembre de 2016, la decisión correspondería exclusivamente al Presidente de la República, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia.

No entendemos la razón por la cual se ha complicado tanto el trámite para algo tan sencillo como definir la época en que acaecieron los hechos.

 

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EL TINGLADO DE LA FARSA EN LA JEP

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Fernando Londoño H.   

La hora tenía que llegar…Y llegó.

Los farsantes de la JEP, sedicentes magistrados de la Nación para la paz, quedaron al descubierto.

Tuvieron cuatro meses para dilucidar el terrible problema de si la Corte de Nueva York pedía a Santrich por hechos ocurridos antes o después del 16 de diciembre de 2.016, y al vencimiento de ese larguísimo término para resolver asunto que se examina en media hora, se desmontaron de la cabalgadura pidiendo pruebas al Fiscal y pruebas, ¡vaya cinismo! a los Estados Unidos.

Santrich no será extraditado. Lo sabíamos.

Quedamos en vergüenza ante los Estados Unidos y el mundo entero. Como lo temíamos.

Probado quedó, por enésima y última vez, que todo esto de la paz es una farsa. Como tenía que suceder.

A los que se llaman amigos de la paz y a los que honradamente saben lo que nos pasa con este embuste, van estas reflexiones elementales y contundentes.

Por la paz debía acabarse para siempre el problema del narcotráfico, como lo dijo el pésimo actor de la farsa, Juan Manuel Santos. Pasados seis años del montaje, tenemos más coca sembrada que nunca en la Historia de esta tragedia. Padecemos la peor deforestación que registra el mundo en sus bosques nativos. Sufrimos la destrucción implacable de nuestros ríos, convertidos en lodazales inmundos. El consumo interno de cocaína y bazuco ha llegado a tamaño insoportable. Todos los municipios de Colombia admiten como su problema principal las llamadas ollas del narcotráfico. La violencia sigue apoderada del país. Los desplazamientos humanos son los más graves del mundo, exceptuando los de Siria y Venezuela. Los reclutamientos de niños por las bandas armadas están a la orden del día. El contrabando que se nutre de los capitales de la droga tiene en jaque-mate la industria manufacturera. Con todo y la devaluación que se ha registrado en la última semana, tenemos la moneda más fuerte que se conoce.

¿En qué ha cambiado la historia trágica de Colombia en estos seis años en que un truhan con ganas de Premio Nobel montó el tinglado de la farsa?

Pues en nada. No tenemos el valor de reconocerlo y lo que es más grave, el nuevo Gobierno no se decide a enfrentar el primero y mayor de los problemas nacionales. Seguimos agotando nuestra paciencia en espera de un plan integral contra el narcotráfico. Y mientras tanto……. Mientras tanto volamos en átomos.

La Justicia Especial para la Paz es una de las más ridículas instituciones que toleramos como decorado de esta mala comedia. Para darle gusto a las FARC, que de eso se trata, se convino un Tribunal que les perteneciera por entero, con magistrados elegidos por ellos, o por sus representantes, un quinteto con mayoría extranjera –vaya colonialismo vergonzoso- integrado por un representante de la ETA española, otro de Sendero Luminoso del Perú y un tercero de los montoneros argentinos. Completaron el quinteto una farmaceuta comunista –el colmo- y un Magistrado comunista de la Corte Suprema de Justicia. Y los elegidos cuestan una millonada en el país donde muchos niños mueren de hambre, no hay escuelas, ni hospitales ni vías. Y estos tales magistrados se ponen toga y birrete, y tienen audiencia en la radio amiga y amplio presupuesto de la nación quebrada. Y como su tarea es proteger la mafia, pues ya empezaron. Santrich es una pequeña parte del entramado grotesco. Porque venían estos próceres de citar a los cabecilla de las FARC, no para juzgarlos, sino para que cuenten la verdad de sus crímenes. Como les de la gana. Sin quien contrainterrogue ni contradiga. Que digan lo que se les antoje y ahí está la verdad. ¿No era lo que queríamos?

No nos quedó más remedio que estallar en carcajadas cuando se presentaron ante la JEP estos bandidos, usando el conducto de sus apoderados y mediante escrito de cuya autenticidad no hay la menor prueba. Linda manera de concurrir ante los jueces estos matones, narcos, violadores, terroristas propietarios de quienes los citan. A la distancia, en escrito que nadie verifica ni conoce, diciendo cualquier cosa y ya quedaron presentados. Ya se sometieron a la Ley. Ya son muy buenas personas. El arrepentimiento es pleno y sincero.

Para que los dichos de estos bandidos no tenga controversia; para que los comunistas dejen establecido que toda la violencia corre por cuenta y responsabilidad del Estado y la burguesía explotadora; para que los niños colombianos tengan por catequista al Padre de Roux y a sus compinches, quieren ahora que les nombren el responsable de guardar y exponer la memoria histórica del país. La guerra en Colombia, fue culpa de nosotros, las víctimas. Para probarlo, la memoria histórica. Y para consumar la prueba, la JEP.

El tinglado de la farsa está completo y listo para la función.

¿Hasta cuándo, hasta cuándo Catilina?

Fernando Londoño H. La hora tenía que llegar…Y llegó. Los farsantes de la JEP, sedicentes magistrados de la Nación para la paz, quedaron al descubierto. Tuvieron cuatro meses para dilucidar el terrible problema de si la Corte de Nueva York pedía a Santrich por hechos ocurridos antes o después del 16 de diciembre de 2.016, y al vencimiento de ese larguísimo término para resolver asunto que se examina en media hora, se desmontaron de la cabalgadura pidiendo pruebas al Fiscal y pruebas, ¡vaya cinismo! a los Estados Unidos. Santrich no será extraditado. Lo sabíamos. Quedamos en vergüenza ante los Estados Unidos y el mundo entero. Como lo temíamos. Probado quedó, por enésima y última vez, que todo esto de la paz es una farsa. Como tenía que suceder. A los que se llaman amigos de la paz y a los que honradamente saben lo que nos pasa con este embuste, van estas reflexiones elementales y contundentes. Por la paz debía acabarse para siempre el problema del narcotráfico, como lo dijo el pésimo actor de la farsa, Juan Manuel Santos. Pasados seis años del montaje, tenemos más coca sembrada que nunca en la Historia de esta tragedia. Padecemos la peor deforestación que registra el mundo en sus bosques nativos. Sufrimos la destrucción implacable de nuestros ríos, convertidos en lodazales inmundos. El consumo interno de cocaína y bazuco ha llegado a tamaño insoportable. Todos los municipios de Colombia admiten como su problema principal las llamadas ollas del narcotráfico. La violencia sigue apoderada del país. Los desplazamientos humanos son los más graves del mundo, exceptuando los de Siria y Venezuela. Los reclutamientos de niños por las bandas armadas están a la orden del día. El contrabando que se nutre de los capitales de la droga tiene en jaque-mate la industria manufacturera. Con todo y la devaluación que se ha registrado en la última semana, tenemos la moneda más fuerte que se conoce. ¿En qué ha cambiado la historia trágica de Colombia en estos seis años en que un truhan con ganas de Premio Nobel montó el tinglado de la farsa? Pues en nada. No tenemos el valor de reconocerlo y lo que es más grave, el nuevo Gobierno no se decide a enfrentar el primero y mayor de los problemas nacionales. Seguimos agotando nuestra paciencia en espera de un plan integral contra el narcotráfico. Y mientras tanto……. Mientras tanto volamos en átomos. La Justicia Especial para la Paz es una de las más ridículas instituciones que toleramos como decorado de esta mala comedia. Para darle gusto a las FARC, que de eso se trata, se convino un Tribunal que les perteneciera por entero, con magistrados elegidos por ellos, o por sus representantes, un quinteto con mayoría extranjera –vaya colonialismo vergonzoso- integrado por un representante de la ETA española, otro de Sendero Luminoso del Perú y un tercero de los montoneros argentinos. Completaron el quinteto una farmaceuta comunista –el colmo- y un Magistrado comunista de la Corte Suprema de Justicia. Y los elegidos cuestan una millonada en el país donde muchos niños mueren de hambre, no hay escuelas, ni hospitales ni vías. Y estos tales magistrados se ponen toga y birrete, y tienen audiencia en la radio amiga y amplio presupuesto de la nación quebrada. Y como su tarea es proteger la mafia, pues ya empezaron. Santrich es una pequeña parte del entramado grotesco. Porque venían estos próceres de citar a los cabecilla de las FARC, no para juzgarlos, sino para que cuenten la verdad de sus crímenes. Como les de la gana. Sin quien contrainterrogue ni contradiga. Que digan lo que se les antoje y ahí está la verdad. ¿No era lo que queríamos? No nos quedó más remedio que estallar en carcajadas cuando se presentaron ante la JEP estos bandidos, usando el conducto de sus apoderados y mediante escrito de cuya autenticidad no hay la menor prueba. Linda manera de concurrir ante los jueces estos matones, narcos, violadores, terroristas propietarios de quienes los citan. A la distancia, en escrito que nadie verifica ni conoce, diciendo cualquier cosa y ya quedaron presentados. Ya se sometieron a la Ley. Ya son muy buenas personas. El arrepentimiento es pleno y sincero. Para que los dichos de estos bandidos no tenga controversia; para que los comunistas dejen establecido que toda la violencia corre por cuenta y responsabilidad del Estado y la burguesía explotadora; para que los niños colombianos tengan por catequista al Padre de Roux y a sus compinches, quieren ahora que les nombren el responsable de guardar y exponer la memoria histórica del país. La guerra en Colombia, fue culpa de nosotros, las víctimas. Para probarlo, la memoria histórica. Y para consumar la prueba, la JEP. El tinglado de la farsa está completo y listo para la función. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo Catilina?

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LOS ÑOÑOS AL PODER EN LAS REGIONES ?

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CASTRO JAIMEPor: Jaime Castro 27 de octubre 2018 , 11:15 p.m. Las críticas situaciones que viven buen número o la mayoría de municipios y departamentos no obedecen a que sus planes de desarrollo no coincidan en el tiempo con los de la Nación ni a que la elección de sus autoridades no se realice con las del Gobierno central y el Congreso, como piensan quienes piden unificar el calendario electoral y prorrogar más de dos años el periodo de los actuales ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Las causas son otras. Tienen que ver, sobre todo, con el deterioro de nuestras prácticas políticas, que convirtieron las entidades territoriales en feudos podridos que manejan roscas, camarillas y, a veces, clanes familiares. Los motivos de los congresistas que razonan, como antes se dijo, no son, entonces, los que presentan públicamente. Los anima el propósito de apoderarse de los municipios y departamentos que todavía no han logrado controlar. La descentralización, inicialmente, cambió el mapa político (acabó el monopolio liberal conservador en alcaldías y gobernaciones) y produjo notables resultados económicos y sociales (garantizó inversión pública en todo el país, amplió la cobertura y mejoró la calidad de varios servicios públicos). Así lo establecieron el Banco Mundial y el Departamento de Planeación. Como la clase política con asiento en el Capitolio no se conforma con la ‘mermelada’ nacional que últimamente recibió, decidió ir por las entidades territoriales, que son atractivos centros de poder: tienen puestos, contratos, presupuestos bien financiados y ejercen interesantes –de pronto lucrativas– funciones, para lo cual deben elegir como alcaldes y gobernadores a sus amigos y familiares más cercanos, gracias a su ‘know how’ electoral y al peso de sus recursos y maquinarias, que se emplean a fondo porque también se juega la reelección de representantes y senadores. Fue este bacilo el que pervirtió la descentralización y la convirtió en sinónimo de politiquería y corrupción, hecho del que no se ocupa el Congreso, aunque su eliminación produciría más ahorro que suprimir las elecciones territoriales. Como el presidente Duque ha proscrito la ‘mermelada’, quienes no sobreviven políticamente sin ella, con mayor razón ahora pretenden las alcaldías y gobernaciones, fáciles de conseguir si se juntan las campañas territoriales con las nacionales, porque estas últimas dominarían el escenario y el voto de la ciudadanía, después de ahogar expresiones locales y regionales cuya identidad y valores respetó la Carta del 91 con la separación de las elecciones, porque si se ‘amarran’ las territoriales a las nacionales, los ‘Ñoños’ de todos los partidos se tomarían los centros de poder regional y local que todavía no son suyos. Unificar el calendario electoral y prorrogar periodos son además decisiones inconstitucionales. Si el Congreso puede prorrogar mandatos populares, también podría recortarlos, tanto los de las autoridades citadas como los del Congreso y el presidente de la república. Sin embargo, no puede hacerlo porque está habilitado para reformar la Constitución, pero no para sustituirla por otra distinta cambiando sus principios fundamentales y su ordenamiento institucional. No puede por ello eliminar los principios rectores de la democracia, la descentralización y la autonomía territorial. Varias sentencias de la Corte han tumbado normas que sustituían la Constitución. También han prohibido legislar con nombre propio, como ocurriría en este caso, porque son conocidos los beneficiarios de la prórroga. No obstante el clima anticorrupción que hay en el país, las instancias decisorias en la materia guardan silencio sobre la politiquería y corrupción de municipios y departamentos y no proponen nada para combatir las conductas dolosas de quienes los gobiernan. JAIME CASTRO Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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