Sábado 14 de Diciembre de 2019
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LA GUERRA CONTRA LAS GUERRILLAS Y LOS NARCOS SE GANA EN EL AIRE

DE LA ESPRIELLAEl arte de la guerra enseña que “todo movimiento militar es importante para la nación porque se trata de vida o muerte, de supervivencia o destrucción; es imperativo, por lo tanto, estudiarlo muy atentamente”.

Colombia está en guerra contra dos enemigos poderosos, que al final terminan siendo uno: el narcotráfico y el terrorismo. El tartufo Santos, que recibió al país con menos de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos, se lo entregó al presidente Duque con más de 200 mil. Esas plantaciones, controladas por estructuras armadas al margen de la ley, fundamentalmente las “disidencias” de las Farc, se traducen en toneladas de clorhidrato de cocaína, cuya comercialización irriga generosamente las arcas de ese grupo antisocial.

Combatir al narcotráfico y al terrorismo es un asunto sustantivo y fundamental; así lo ha entendido el presidente Duque, a pesar de estar parcialmente maniatado por la “Corte Constitucional” santista, que se ha ingeniado toda suerte de razones para impedir que se ponga en marcha el único mecanismo eficaz en la lucha contra los cultivos ilícitos: la fumigación aérea.

A través de la erradicación manual, es prácticamente imposible acabar con la coca. Existe evidencia de que hay zonas del país con cultivos de coca que producen hasta 6 cosechas al año. Los narcos, así como han invertido ingentes sumas de dinero en el perfeccionamiento de rutas para el tráfico y la compra de conciencias, han hecho lo propio para hacer cada vez más resistentes y eficaces las plantaciones de las que brota la materia prima de la cocaína, que, sin duda, es el combustible con el que ellos intentan poner en jaque a la sociedad y a nuestra democracia.

Al precio que sea, hay que retomar las fumigaciones aéreas. De no hacerlo, va a ser muy difícil romperle el espinazo al basilisco que tanto defienden las Farc y demás sectores de la izquierda, que se han convertido en los promotores de la prohibición de las fumigaciones. Para los terroristas con los que Santos pactó en La Habana, el asunto era de importancia extrema. Fueron ellos los que pusieron de rodillas al Estado y obligaron a que se suspendiera la aspersión. Esos individuos, que estuvieron encerrados durante décadas en la manigua y que crecieron exponencialmente hasta que la guerra llegó a los cielos, saben perfectamente que, gracias a las fumigaciones con herbicida y a los bombardeos, la correlación de fuerzas cambió en perjuicio suyo. La guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, que, insisto, son la misma cosa, se gana desde el aire. Y así como es urgente que se retomen las aspersiones para llevar a los cultivos ilícitos a su mínima expresión, nuestra Fuerza Aérea y la aviación del Ejército deben gozar del pleno respaldo del Gobierno y de la ciudadanía, para continuar con los bombardeos a los campamentos de los criminales.

Resulta repulsivo que el santista redomado y enmermelado Roy Barreras, que representa lo más sucio y deleznable de la política, con sus debates cargados de odio, ventajismo, oportunismo y resentimiento contra nuestros militares y policías, se salga con la suya y logre amedrentarlos.

Lo que quieren los bandidos y sus cómplices (que son igual de criminales) es crear precedentes sociales y judiciales, para que los miembros de la Fuerza Pública no cumplan sus deberes de combatir el crimen, por temor a las represalias mediáticas y jurídicas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: el bombardeo contra la guarida en la que estaba escondido el bandido de las Farc, alias Gildardo Cucho, en la zona rural de San Vicente del Caguán, está dotado de toda la legitimidad, a la luz del Derecho Internacional Humanitario.

Claro que produce inmenso dolor que, en esa operación, siete menores de edad hayan perdido la vida, pero en ningún caso, aquellos decesos son responsabilidad del Estado. La culpa la tienen las Farc, Santos y, por supuesto, el miserable acuerdo de paz de La Habana, en el que no se exigió la desvinculación total de los niños en poder de los terroristas. No olvidemos que ese acuerdo se perfeccionó con el concurso canalla de Roy Barreras. Celebro la designación de Carlos Holmes Trujillo como ministro de Defensa. Que se tengan los criminales, porque no hay duda de que él va a llegar golpearlos, sin contemplación. Con el nuevo ministro, seguirán los bombardeos y, seguramente, se establecerán los mecanismos necesarios para que se pueda recomenzar con la fumigación aérea de la coca.

Y cierro con otra enseñanza de El arte de la guerra: “es necesario hostigar al enemigo para saber en qué parte está fuerte o débil…”y ese hostigamiento, debe darse desde los hermosos cielos de nuestra patria. La ñapa I: ¿Por qué Roy Barreras, demás hierbas del pantano y medios enmermelados no dijeron nada de los menores muertos en bombarderos legalmente ordenados por el tartufo en su momento? La ñapa II: Para que vayan viendo: ya van 15 extranjeros expulsados de país, cuya intención era —a no dudarlo— cooperar en el sabotaje que tienen programado los mal llamados encapuchados para el paro del 21 de noviembre. Aterra saber el número que aún queda por expulsar del suelo patrio y que nada se hace contra los connacionales que “supuestamente” quieren infiltrarse para aportar su cuota de caos y destrucción ese día.

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FRENAR YA A VADALOS Y SUS DIRIGENTES

MACKENSIE EDUARDO

FRENAR DESDE YA A LOS VÁNDALOS Y A QUIENES LOS DIRIGEN

11/11/2019 | Por Eduardo Mackenzie | @eduardomackenz1

 

Ante los anuncios de que el 21 de noviembre van a quemar a Bogotá, Medellín y otras ciudades, como hicieron en Quito y Santiago de Chile, el gobierno colombiano no debería esperar a que los vándalos profesionales, muchos llegados de Venezuela, según la prensa, ejecuten su plan. Hay que tomar medidas preventivas contra esa gente. Hay que reprimir y desorganizar los preparativos de lo que los voceros encapuchados ya anuncian como unos días y semanas de violencia generalizada.

Adoptar antes del 21 de noviembre una posición firme contra la “violencia revolucionaria” en preparación no equivale a abandonar el Estado de derecho. La democracia dispone de instrumentos legales para defenderse de sus enemigos violentos y para impedir y reprimir los asaltos depredadores contra la sociedad y los poderes legalmente constituidos.

El arsenal jurídico de que dispone el gobierno es conocido. El artículo 189, numeral 4, de la Constitución Nacional, dice que el presidente de la República debe “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.” La primera parte del numeral habla de la acción preventiva que debe tomar todo jefe de Estado. La parte segunda se refiere a la acción posterior a la alteración del orden público.

Desde el artículo 213 al 215, la misma Carta reitera cuáles son los poderes que debe ejercer un jefe de Estado ante las violaciones graves del orden público. El presidente de la República está facultado para hacer uso de la figura de los estados de excepción y, sobre todo, él puede declarar, más específicamente, el estado de conmoción interior en caso de grave perturbación del orden público. El artículo 296 habla de la aplicación inmediata de las órdenes presidenciales “para conservar o para restablecer el orden público donde fuere turbado”.

Ante las proclamas que lanzan en estos momentos los jefes subversivos, el gobierno haría mal en seguir pasivo. Esperar que esa gente pase al ataque le dejará irresponsablemente una ventaja enorme a tales fuerzas. Si el gobierno no actúa preventivamente es porque no quiere, no porque no puede.

Hay un video impresionante que circula en las redes sociales en estos momentos. Un encapuchado explica que ellos “apoyarán a Fecode y a la CUT” en su “lucha social” contra el “paquetazo de Duque”, el cual, dice, es un conjunto de “reformas tributarias, pensionales y agrícolas que atentan contra el pueblo de Colombia”. Agrega que el 21 de noviembre van a “atacar a la fuerza pública como nunca se había visto antes”, y que “ningún policía va a quedar sin sentir la fuerza del pueblo”. Dice que atacarán los principales medios de transporte, como el Transmilenio de Bogotá y el metro de Medellín, que esos sistemas de movilidad “tienen que quedar destruidos por completo”. Para hacer eso, alega, utilizarán gasolina, “papas bombas” y máscaras anti gas, pues van a seguir el ejemplo de lo que “hicieron en Chile y en Ecuador”. El energúmeno invita a fabricar explosivos siguiendo las instrucciones de una página web.

¿Cómo es posible que un forajido de esa calaña pueda obrar sin ser identificado y capturado? Ese sujeto es identificable por la cantidad de datos que deja en ese video: la dirección IP, el timbre de su voz, su acento, el lenguaje que emplea y, sobre todo, sus ojos y manos. ¿Qué espera la Policía para arrestarlo y clausurar la página citada?

La huelga revolucionaria que preparan el PCC, la CUT y Fecode no necesita inspirarse en lo ocurrido en Chile y Ecuador. Esa forma de asalto mortífero tiene su antecedente en el sangriento “paro cívico” del 14 de septiembre de 1977, que dejó 23 muertos (7 en Bogotá), 400 heridos, 30 de ellos policías, y 400 detenidos en Colombia. La huelga fracasó: pedía un aumento del salario mínimo del 50%. Sin negociar, Alfonso López Michelsen acordó después un aumento del 26%.

Los actores del próximo 21 de noviembre son los mismos de aquella fecha: la CSTC (hoy convertida en CUT) y Fecode. El paro de 1977 arrastró a las centrales UTC, CTC y CGT, las cuales deploraron más tarde su papel de idiotas útiles en esa aventura. El paro duró dos días en los cuales hubo francotiradores, incendios de almacenes, alcaldías, centros de energía eléctrica, camiones y automóviles, bloqueos de carreteras y avenidas. Para no perder la personería jurídica, los sindicatos actores de esa debacle dijeron después que el paro se les había “salido de las manos”.

Esa huelga salvaje no le trajo al país mejoras sociales. Todo lo contrario: abrió un capítulo de mayores desgracias. El PCC proclamó que esa huelga marcó “el comienzo de una nueva etapa de la lucha del proletariado colombiano”. En efecto, meses después, Cuba logró reforzar al M-19, y las Farc y el Epl recibieron mayores ayudas del exterior. Doce meses después, el 12 de septiembre de 1978, tres pistoleros maoístas, Héctor Fabio Abadía Rey, Alfredo Camelo Franco y Manuel Bautista, se introdujeron al domicilio de Rafael Pardo Buelvas, el ex ministro de Gobierno de López Michelsen, y lo asesinaron delante de su esposa. Los asesinos fueron condenados a veinticinco años de cárcel de los cuales sólo pagaron ocho.

Como en 1977, los organizadores visibles del levantamiento del 21 de noviembre disfrazan sus objetivos: hablan de “marchas” y de “protestas pacíficas” contra un imaginario “paquetazo neoliberal” del presidente Duque. En realidad, el nivel de vida de la población le importa un pito a la subversión: ésta lo que busca es tener una masa maniobrable en las calles para incendiar, inmovilizar a la fuerza pública y tratar de erigir un régimen “bolivariano”.

Ellos hacen circular en Twitter alarmantes rumores y exigen, a ciertas jefaturas sindicales y fracciones del parlamento, completar el dispositivo sedicioso. Allá ellas si quieren jugar al idiota útil. Eso se paga más tarde en pérdida de votos.

Cuando el mundo entero celebra los 30 años del derrumbe del muro de Berlín y del colapso del sistema comunista —que destruyó la economía, las ciudades, el medio ambiente y, sobre todo, a millones de personas de tantos países—, las Farc y sus servidores, como Timochenko, Petro, Cepeda y Robledo, quieren hacer retroceder el país a ese periodo nefasto de la historia. Los “dirigentes” del 21 de noviembre son obscurantistas, tan ridículos como peligrosos. Son perdedores irremediables. ¿Cómo es posible que franjas de la juventud universitaria traguen las mentiras de esa gente?

El desafío no son, pues, unas “marchas”. Están preparando, en realidad, una huelga revolucionaria que deberá durar varios días y semanas. Ante esa perspectiva, la prensa parece un poco más lúcida y evoca los peligros que se ciernen sobre el país. El partido Centro Democrático denuncia, por su parte, en términos claros, que el derecho a protestar está siendo desviado para justificar la ejecución de acciones destructivas, dirigidas por “anarquistas internacionales” y “grupos violentos”.

El CD y los otros voceros le piden al gobierno tomar medidas antes del 21. Álvaro Uribe pide a las autoridades “judicializar a los incitadores a la violencia”, pero incurre en ingenuidad al pedir a los organizadores del paro que ellos mismos “aíslen a los violentos”. Nada más urgente que poner a buen recaudo a los que lanzaron las jornadas sangrientas. No hay otra vía para proteger a los ciudadanos, a la fuerza pública, a los sistemas de transporte, los edificios públicos y los centros de trabajo. Los que están llamando a repetir “lo de Ecuador y Chile”, están invitando al pillaje, a la destrucción y a la matanza. En tales llamados hay mucho de apología del delito.

Los llamados de Iván Duque a “reflexionar” no bastan. Capturar a los comprometidos en esa operación es urgente. A los extranjeros habría que juzgarlos, pero no deportarlos, para que tengan que pagar con cárcel, y con multas, sus delitos contra Colombia. Deportarlos sería premiar sus crímenes con la libertad. Ese error equivale a lanzar combustible a la hoguera.

 

 

 

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EL NUNCIO ESTÀ INTERVINIENDO EN POLITICA Y NOS ESTÀ ACONSEJANDO CON CRITERIOS COMUNISTAS

Rafael Nieto Navia    

El status de los agentes diplomáticos (embajadores, nuncios de la Santa Sede y otros funcionarios diplomáticos) está reglado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, un tratado universal que, además, recoge derecho consuetudinario y es obligatorio para todos los estados y la Santa Sede.

Los agentes diplomáticos tienen como función representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger los intereses del Estado acreditante, negociar con el gobierno del receptor y fomentar las relaciones amistosas, económicas, culturales y científicas entre los dos Estados.  Lo mismo se aplica mutatis mutandis a los nuncios apostólicos. Los nuncios tienen, además, importantes funciones en la relación entre la Santa Sede y las iglesias locales.

La Santa Sede, cuyo jefe es el Papa, no es un Estado. Pero es miembro de la comunidad internacional desde siempre y desde antes de que lo fueran la mayoría de los estados de hoy día. Mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los estados, independientemente de su religión. El Estado de la Ciudad del Vaticano es un ente distinto que tiene acuerdos con Italia y algunas organizaciones internacionales.

Los nuncios son los agentes diplomáticos de la Santa Sede. Tienen las mismas obligaciones que los demás agentes, entre ellas la contemplada en el artículo 41 de la Convención: no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor.

El actual nuncio apostólico es monseñor Luis Mariano Montemayor, nacido en Argentina. Hace poco dio un par de entrevistas de las cuales cito algunos apartes: A una pregunta sobre su visita a ciertas regiones dijo que las Farc eran las que mandaban y agregó: “Y con ellas negociaban (las gentes) un statu quo que les permitía de alguna manera saber al menos a quién podían protestarle, ahora no. La gente no identifica quién tiene el poder, solo sabe que son muchos y que estos tienen luchas permanentes…Es una constatación. Hay ausencia del Estado en algunas zonas.”

Sobre la JEP: “Dejemos de torpedear, dejemos esta actitud de francotiradores contra el sistema de justicia transicional. ¿Por qué? Porque de algún modo hay que hacer justicia, y este mecanismo fue el que se eligió. Hubo una decisión de Estado... Ahora, hay que dejarlos actuar, dejar que muestren lo que valen y lo que pueden hacer… No vivir permanentemente buscando reformas constitucionales… son los Acuerdos, que gusten o no gusten, es lo que hay, fue lo que se negoció y tienen el aval de la comunidad internacional.” Sobre el Eln: “Es obligación del Estado y de la sociedad civil impedir que el débil sea explotado. Existe, aunque algunos lo nieguen, la violencia política, la solución política a través de la lucha armada. Con el Eln hay que negociar. Para ellos, como para las Farc, ha llegado el momento histórico, la lucha armada no tiene razón de ser… nosotros mantenemos contactos abiertos con el Eln, incluso por razones humanitarias.”

Sobre Cuba: “Era necesario comprender la posición de Cuba, comprender la posición de los países garantes y buscar una solución de las negociaciones en La Habana. Había que darle una mano a Cuba, que no merecía ser castigada, ya que estaba tratando de ayudar a Colombia, como ya lo había hecho con las Farc para salir del fracaso.” Sobre Venezuela: “hay ‘una diplomacia del micrófono’. Las dos partes se han dedicado a amenazarse… Además, el juego de pedir a las tropas venezolanas que deserten o que tomen partido por la oposición, o Maduro decir que apoya efectivamente a ‘Márquez’ o al Eln, y moviliza sus tropas, es un juego muy peligroso.”

¿Consejero político o intervención en política, monseñor?

 

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CONCESIONES PARA LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

NIETO3

 

Por Rafael Nieto Loaiza

Santos les entregó todo: diez curules en el Congreso por ocho años y sin un solo voto, emisoras de radio y financiación privilegiada que no tiene ningún partido político, ingreso de sus miembros al cuerpo de escoltas de la UNP, salario y pago de prestaciones sociales de los guerrilleros, quebrarle el espinazo a la justicia para crear un tribunal donde escogieron los magistrados y juzgarán a sus enemigos, una comisión “de la verdad” para reescribir a su acomodo la historia del conflicto, modificación de la Constitución e inclusión del contenido en el ordenamiento jurídico, lavada de cara nacional e internacional y, en general, un tratamiento como si las Farc fueran iguales al Estado.

Además, hizo dos concesiones adicionales que explican la persistencia de la violencia: por un lado, impunidad de iure, vía amnistía e indulto, de los delitos “ordinarios” y, más grave, impunidad de facto para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad siempre es germen de nuevas violencias: invita a repetir. Si, además, no solo no hay sanción real para el delito sino que se rompe el principio de igualdad frente a la ley para tratar de manera más favorable a los criminales que a los ciudadanos de bien, como ocurrió con las Farc, el mensaje ético y social es devastador. Sin embargo, muchos dicen que era el pago necesario para que las Farc dejaran de matar.

La otra concesión es mucho más difícil de explicar. La negociación se hizo, hay que decirlo con todas las letras, con una guerrilla untada hasta el cuello de narcotráfico, con una mafia gigantesca y muy violenta. Y sin embargo, Santos pactó con esa narcoguerrilla: durante la negociación, suspensión de la fumigación aérea y de la erradicación forzada; después, obligación de concertar con los narcocultivadores antes de erradicar y privilegiar la sustitución voluntaria, incentivos económicos para los cocaleros por 24 meses, suspensión por dos años de las acusaciones penales a los cultivadores, garantía de no extradición para las Farc y sus familiares, modificación de la jurisprudencia para tratar el narcotráfico como conexo a los delitos “políticos” y, por tanto, amnistía y el indulto.

Además, y esto es aún más grave, no se estableció sanción efectiva por no colaborar para desmontar el negocio. De hecho, no hay un solo caso en que las Farc hayan entregado laboratorios, pistas clandestinas, rutas, narcocultivos, nombres de sus cómplices, mecanismos de lavado de activos ni, mucho menos, dineros y bienes resultados del narcotráfico.

Fueron esas concesiones las que generaron que criticáramos ese acuerdo, no porque fuéramos enemigos de la paz sino porque las consideramos excesivas y peligrosas. Mostraban un estado débil. Alimentaban la impunidad. Premiaban a los violentos. Establecían un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico. Creíamos que, en lugar de traer paz, alimentarían la violencia.

Es lo que ha ocurrido. El año pasado, en plena aplicación del acuerdo, tuvimos 208.000 hectáreas de coca y mil toneladas de producción. Y la tasa de homicidios aumentó un 6.6%, cambiando la tendencia de disminución de los últimos tres lustros.

Las Farc dejaron los frentes más ricos y poderosos, vinculados al narco y a la minería ilegal, entre ellos el 1, 7, 16, 40 y 48, por fuera del acuerdo. Las famosas “disidencias”. Y desde abril del año pasado, todos sabemos (la JEP se hace la pendeja) que Márquez, jefe de negociadores de las Farc en La Habana, y al menos otro miembro del secretariado, Santrich, nunca se desvincularon del narcotráfico. Los llamados “reincidentes” también son mafiosos.

El examen de la geografía de la violencia reafirma mi tesis: no somos, en general, un país violento. La violencia no es homogénea. Se concentra en unas zonas específicas del territorio, aquellas vinculadas a las economías ilícitas: minería ilegal y narcotráfico. Es el control de esas rentas ilegales y la búsqueda de su expansión la que explica en lo fundamental la aún altísima tasa de homicidios que sufrimos, la razón por la que en Colombia persistió el conflicto armado mientras que en el resto del Continente desaparecía, el motivo de las “disidencias” y de que Márquez y su banda nunca dejaran el negocio, el motor que alimenta y permite crecer a los grupos armados organizados, la causa que recicla, una y otra vez, la violencia.

O entendemos que las rentas ilícitas son el problema y nos decidimos como país a eliminarlas o seguiremos en esta espiral violenta interminable que no nos permite alcanzar el futuro que nos merecemos.

 

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LOS COLOMBIANOS NO CREEMOS EN NADA NI EN NADIE

lozan juan

 
 

Por el filo del precipicio transita Colombia, con un desprestigio generalizado de sus instituciones. Son dramáticas las cifras del último estudio de Gallup, recién salido del horno (Gallup Poll n.º 132, agosto de 2019).

Para citar solo algunos ejemplos, la Iglesia católica llega a su punto más bajo en cerca de 20 años (precario 51 % de imagen favorable). El Congreso, a uno de sus más altos registros de desfavorabilidad (75 %). Las Fuerzas Militares, a 58 % de favorabilidad, la marcación más baja en cinco gobiernos, por debajo, incluso, de la registrada durante el escándalo de los ‘falsos positivos’. La Policía Nacional sigue con un inquietante desfavorable de 52 %, por encima de un 43 % favorable.La Corte Constitucional, a diferencia de lo que había sucedido a partir de su creación, lleva desde el segundo gobierno de Santos cargando con una imagen negativa que se ubica en 53 %, con un 36 % favorable. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, que tiene imagen negativa desde el 2012, registra una imagen desfavorable del 62 %, contra un escaso 28 % favorable. Y en el sistema judicial en su conjunto, el desfavorable está en 79 % versus un microscópico 15 % favorable. Casi lo mismo que los partidos políticos: 79 % desfavorable, 14 % favorableLa clase empresarial colombiana, por su parte, no registraba marcaciones más bajitas desde 2002 (49 % favorable contra 42 % desfavorable), y frente a los medios de comunicación, las épocas en las que su imagen favorable rondaba el 80 % parece cosa del pasado. Hoy, el asunto es a otro precio. Su imagen favorable es de apenas 51 %, contra un alto desfavorable de 45 %.

Aquí no queda títere con cabeza. Parece caldo de cultivo para locos mesiánicos, para habilidosos populistas, para prestidigitadores de las extremas –o de la izquierda o la derecha– que con verbo encendido pretendan sacar réditos políticos de un panorama en el que la gente no les cree a los jueces, ni a los políticos, ni a militares, ni a los gobernantes, ni a los sacerdotes ni a los medios de comunicación.

Es un camino hacia el imperio de la anarquía, de la confusión, del desánimo, de la maledicencia, los odios, las iras y los desengaños. Así es como llegan al poder tipos como Maduro/Chávez o Daniel Ortega y como retornan figuras nefastas como el combo kirchnerista, que ya está acariciando el poder en Argentina.

Y no se trata de lanzar voces apocalípticas, de caos o destrucción. Tampoco, de instaurar una retórica llorona sobre lo mal que estamos, ni de miedo sobre un tenebroso futuro. Muy por el contrario. Escribo esta columna convencido de la capacidad de Colombia para remontar este momento y superarlo con esfuerzos colectivos, exigencias ciudadanas, respuestas institucionales y madurez democrática.

En cada estamento hay que sacar las manzanas podridas. Y freír los peces gordos. Y rectificar caminos. Sin vacilación. Llámense cura pederasta, senador ladrón, militar torcido, policía corrupto, empresario serruchero, juez untado. Una mezcla de repudio social, resortes éticos del sector y acciones judiciales individualizadas eficaces para que no se manchen los honestos resulta imperativa. Los buenos son más, y hay que mostrarlos, estimularlos, premiarlos y convertirlos en modelos por seguir.

Necesitamos promover y visibilizar los buenos ejemplos. Y promover las reformas estructurales retenidas frente a la justicia y el sistema político. Y se debe buscar una articulación de líderes virtuosos, mirando hacia el futuro, en los diferentes campos de la vida colombiana para identificar causas colectivas orientadas a proteger el bien común.

Este estudio, el más serio en su género, que se aplica con metodología constante en Colombia desde hace muchos años y llegó a su entrega #132, es un potente campanazo de alerta de tsunami, huracán y terremoto. Todavía estamos a tiempo. Y todos tenemos algo por hacer.

JUAN LOZANO

 

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