Domingo 21 de Julio de 2019
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CULTIVOS SUSTITUTIVOS DE COCA.

Paloma Valencia     

Había dicho en la columna anterior que la continuidad de las políticas antinarcóticas, pasan por la erradicación, que debe traducirse en sustitución, y para que sea estable, debe darle al campesino ingresos similares a los de la coca.

Sin embargo, esto rara vez ocurre. Los mercados a los que aspiramos llegar pagan mal los productos agrícolas.  Hay alternativas interesantes capaces de competir en ingresos con la coca; pero este es un gran reto.

Los campesinos que tienen cultivos ilícitos no producen el clorhidrato de cocaína, el paquete blanco que se ve en las incautaciones. Su única labor en ese mercado ilegal es vender las hojas raspadas de las plantas de coca; de ahí el llamado nombre de “raspachines”.

Estos campesinos junto con su familia por hectárea recolectan en promedio 130 arrobas de hoja fresca de coca cada 45 días. Por cada arroba de hoja le dan al campesino 50 mil pesos, de los cuales debe descontar 35 mil pesos por jornales, fertilizantes e insecticidas. Su ganancia es de 15 mil pesos por arroba, lo que equivale a que por fase recibe 6,5 millones de pesos. En un año un “raspachin” recibe 52,7 millones, de los cuales descuenta 36,9 millones por costos. El ingreso neto anual es de 15,8 millones de pesos. Un ingreso mensual de 1,3 millones de pesos.

No cualquier cultivo puede competir.

En Corinto Cauca el aguacate Hass ha sido muy exitoso. El rendimiento es de 8.000 kilos por hectárea. Cada kilo en el mercado nacional es vendido entre 1.500 y 2.000 pesos, y para exportación por encima de los 3.000 pesos. Un campesino, ex cocalero del municipio, se cambió a producir aguacates y recibe ingresos por hectárea mensuales de 1,7 millones de pesos. Sus costos por hectárea son aproximados en 700.000 mensuales. En un año, este campesino, tiene una utilidad neta de 12 millones de pesos, equivalente a un millón de pesos de utilidad mensual. No obstante, los campesinos del municipio tienen en promedio 3 hectáreas, lo que se traduce en 3 millones de pesos mensuales libres. Un resultado competitivo con los ingresos mensuales por producción de hoja de coca. El reto está en que se logre la calidad de exportación, y no suceda que la gran parte de la cosecha se considere de “segunda”, y tenga mal precio.

Otro ejemplo de éxito es la producción de cacao. A diferencia del café, donde las utilidades están en las especialidades; en los últimos años han aparecido los “clones”. Estos hacen referencia a diferentes tipos de nichos de mercado. Los cacaoteros pueden producir distintos clones que van desde cacao para producción de alcohol hasta cacao sin grasa para productos farmacéuticos.

Un cacaotero tiene un mercado asegurado. Para venderlo necesita cosechar, desgranar, fermentar y segmentar. Una hectárea le puede llegar a producir 4.000 kilogramos al año. El precio del kilogramo está en 7.500 pesos. Al año los costos son de 3,5 millones por hectárea.

En el Norte de Cauca, se creó un centro de acopio para la producción de clones. Este centro compra la baba del Cacao, es decir, no se necesita ni fermentarlo ni segmentarlo y la compra al campesino se la hacen por 9.500 pesos por kilo. Un cacaotero puede llegar a tener una utilidad neta anual de 26,5 millones por hectárea, es decir, 2,2 millones de pesos netos mensuales.  Más de un salario mínimo legal vigente adicional que la producción de hoja de cocaína. El reto en ese caso es el “cadmio”, un elemento que es considerado nocivo para la salud, y limita nuestra capacidad exportadora. Debemos trabajar con eficacia para controlar y limitar la cantidad de cadmio en nuestro cacao.

Sin embargo, sobreviene el reto económico del proceso de adecuación de las tierras. En el caso del aguacate Hass, la inversión inicial es de 15 millones de pesos por hectárea, en el de cacao de 10 millones. Con el aguacate, se requieren tres años para que empiece a producir, con el cacao treinta meses.

El programa de sustitución de cultivos debe centrarse en ayudar al productor en su inversión inicial, y el monitoreo durante la etapa de producción; y luego garantizar los mercados para que los precios se mantengan. Sin ello, la estabilidad de las políticas es muy limitada.

 

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NECESARIO UN JUICIO JUSTO

María Fernanda Cabal

El 16 de julio de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia de única instancia en contra del entonces  Ministro  de  Agricultura  Andrés  Felipe  Arias,  condenándolo  por  "celebración  de  contratos  sin  cumplimiento  de requisitos legales y peculado a favor de terceros", actuaciones que jamás fueron demostradas por el Alto Tribunal.

Sin embargo, éste fallo no fue unánime.  En ese entonces,  el  Magistrado Eugenio Fernández Carlier,   presentó salvamento de voto con serias discrepancias a la decisión tomada por la Corte.

En el documento, de 67 páginas, el magistrado lanzó una fuerte crítica a la Fiscalía al considerar que no había demostrado la responsabilidad de Arias en el delito de celebración indebida de contratos y estimó que en su conducta tampoco hubo mala fe, ni dolo y que mucho menos se había quedado con dineros pertenecientes al programa 'Agro Ingreso Seguro'.

Fernández  Carlier explicó cómo  lo manifestado por el ente  acusador, no correspondía  a lo probado  en juicio;  no estaba acreditado y no cumplía con los requisitos mínimos exigidos en un debido proceso.

Pero lo que llama más la atención dentro del caso de Arias, es que tanto en el salvamento de voto como en el análisis de la sentencia, se concluye que antes de su paso por el Ministerio de Agricultura, en esa cartera se habían realizado -desde 1.993- más de cien convenios similares al ejecutado bajo el nombre de 'Agro Ingreso Seguro', que jamás recibieron cuestionamientos por parte de ningún órgano de control.

"La defensa y el procesado demostraron que los funcionarios del Ministerio que precedieron a Andrés Felipe Arias acudían a contratar directamente con el IICA en actividades similares", explicó el Magistrado Fernández.

A pesar de lo argumentado  en el mencionado salvamento  de voto, la sentencia contra Arias obtuvo votos  positivos de los magistrados  Leonidas  Bustos y Gustavo  Malo,  hoy involucrados  en una escandalosa  red de corrupción  conocida  como el "Cartel de la Toga", donde fueron públicas las denuncias que señalaban el cobro de cifras millonarias a involucrados en sus investigaciones.(1)

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Andrés  Felipe Arias es  una  víctima  más  de un  sistema judicial  politizado,  invertido en su  conciencia  moral,  que  premia bandidos y criminales  de lesa  humanidad como 'Jesús Santrich',  pero condena a 17  años a un hombre inocente cuya única "culpa" era ser el sucesor de Álvaro Uribe a la Presidencia de Colombia.

Propio de los  Estados sin instituciones  sólidas  ni independencia  real de poderes,  el  debido proceso le fue vulnerado y se le negó el  derecho  universal a una segunda instancia;  convirtiendo  a Arias  -como a muchos más- en un condenado sin juicio justo.

Su sentencia viola todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia sobre la materia, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Políticos y Civiles de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está en vigencia desde el 23 de marzo de 1976.

Incluso, el mismo Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en noviembre de 2018, confirmó  que se han vulnerado los derechos del exministro, por no tener precisamente una segunda instancia.

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La sentencia de única instancia contra Arias fue impugnada y negada por la Corte Suprema en tres ocasiones. A hoy, ya son 8 años dando la batalla para demostrar su inocencia.

Luego de solicitar asilo en los Estados Unidos por persecución política en su contra, regresa extraditado a Colombia sin existir tratado vigente, por la obstinada gestión de funcionarios de la Cancillería, upados por Juan Manuel Santos para retaliar contra Uribe y el uribismo.

Repugna la  mezquindad y falta   absoluta de rigor de muchos "opinadores"   mediáticos, que se mofan de la tragedia que vive Arias y disfrutan de su evidente indefensión. Esa manada de predadores sin alma,   me recuerda que somos una sociedad enferma, sin Dios, que reclama derechos  y exculpa  asesinos  mientras  cercena  la defensa de los inocentes.  ¡Hasta dónde hemos llegado!

 (1)  - El Magistrado  Bustos,  otrora  aliado incondicional  de Juan  Manuel  Santos y famoso por la frase  de "La paz  está por encima de la justica",  no ha regresado al país desde noviembre del año pasado y se rumora que ha solicitado asilo político en Canadá.

 

 

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LA POLITICA UNA ACTIVIDAD MAFIOSA

VARGAS MAURICIO

 
08 de junio 2019 , 10:28 p.m.

Por increíble que parezca, avanzó de modo silencioso un proyecto legislativo al que esta semana le faltaban dos debates de los ocho que debe surtir por cambiar un artículo de la Constitución, y que revivía –vigorizada– la ‘mermelada’ criminal, ese mecanismo de asignación de la inversión pública que durante casi dos décadas abrió las puertas al saqueo y operaba con los llamados ‘cupos indicativos’.

 

Dichos cupos nacieron con el siglo, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y, para contentar a las mayorías del Congreso y convencerlas de votar una vital reforma del situado fiscal, se inventó unas partidas que podían ser propuestas por los congresistas para invertir en sus regiones.

Sonaba bonito, pero era veneno puro: muchos congresistas llegaban al Ministerio de Hacienda con sus proyectos bajo el brazo y –claro– con el contratista amarrado. Le llevaban esos recursos al alcalde o al gobernador, a condición de asignárselo a dicho contratista, y luego el congresista le cobraba una jugosa comisión al constructor, quien, para pagarla, aumentaba el precio de la obra o la dejaba a medias. Muchas obras quedaron inconclusas, pero el parlamentario tramitador igual se llenó los bolsillos. Una decena de billones de pesos fueron asignados así durante el segundo mandato de Santos, para pagar a los caciques la factura de su reelección en 2014.

En campaña, Iván Duque se comprometió a acabar con ese mecanismo. Y cumplió: el presupuesto aprobado por el Congreso para la vigencia 2019 fue el primero en casi dos décadas sin los billonarios cupos. Al principio, el síndrome de abstinencia casi mata a medio Congreso. La incomodidad de decenas de parlamentarios exbeneficiarios del perverso sistema explica que al presidente Duque le haya costado tanto sacar adelante sus leyes en el Capitolio. Pero valía la pena ese costo, pues, de un solo golpe, se cerró el mayor boquete para el saqueo del presupuesto.

El proyecto –moribundo, por fortuna– que revive el monstruo deja en cabeza de los congresistas la iniciativa de asignación del 20 por ciento del presupuesto de inversión. Si hubiese existido este año, unos 9 billones de pesos en contratos habrían sido asignados por los parlamentarios. Aparte de violar el principio de separación de poderes (la iniciativa del presupuesto es del Gobierno y no del Congreso), la reforma perfecciona el mecanismo de robo, pues ya ni siquiera se trata de “sugerencias” de los congresistas (como se suponía eran los cupos indicativos), sino de imposiciones consagradas como derecho constitucional de senadores y representantes.

El representante del Polo Democrático Germán Navas Talero, ponente en la Cámara, se unió a un puñado de parlamentarios de la antigua Unidad Nacional santista para revivir la ‘mermelada’, y argumentó que la iniciativa creaba un mecanismo transparente para asignar los recursos. Puro bla, bla, bla: con ese mismo cuento crearon los cupos indicativos hace casi 20 años. Y está claro que en la ‘mermelada’ hubo de todo, menos transparencia.

Ojalá que la Comisión Primera del Senado, donde este engendro surte su séptimo debate, lo termine de enterrar. El Gobierno rechazó el proyecto, y varias bancadas partidistas –empezando por la liberal– se comprometieron a hundirlo. Muchos congresistas comprendieron que, por culpa de la ‘mermelada’, hacer política se había convertido en una actividad mafiosa que, además, hizo impagables las campañas para los que no roban. Enhorabuena: y ahora, acaben de matar el adefesio.

* * * *

Insensatez. Para la Corte Constitucional, quien consume drogas o alcohol en un parque, delante de niños que juegan, ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿En qué mundo viven los magistrados?

MAURICIO VARGAS
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CON ESTOS JUECES....NO

Rafael Nieto Navia       

En 1936 se publicó la primera edición de un libro -luego han seguido cientos de ellas-, que se llama El elogio de los jueces, cuyo autor fue un abogado italiano, Piero Calamandrai, verdadero jurista de los que ha habido tan pocos. Es una obra que habla fundamentalmente de las relaciones entre abogados y jueces, y en la que de una manera gratísima de leer se deslizan consejos y comentarios sobre lo que deben ser y se espera que sean los jueces.

Para el juez, dice Calamadrei, “sentencia y verdad deben en definitiva coincidir; [porque] si la sentencia no se adapta a la verdad [ésta quedará reducida] a la medida de su sentencia”. Y agrega el autor de “El elogio de los jueces”: “Difícil es para el juez hallar el justo punto de equilibrio entre el espíritu de independencia respecto de los demás y el espíritu de humildad ante sí mismo; ser digno sin llegar a ser orgulloso, y al mismo tiempo humilde y no servil; estimarse tanto a sí mismo como para saber defender su opinión contra la autoridad de los poderosos o contra las insidias dialécticas de los profesionales, y al mismo tiempo tener tal conciencia de la humana falibilidad que esté siempre dispuesto a ponderar atentamente las opiniones ajenas hasta el punto de reconocer abiertamente el propio error, sin preguntarse si ello puede aparecer como una disminución de su prestigio. Para el juez, la verdad ha de significar más que la prepotencia de los demás, pero más también que su amor propio”.

Yo, que fui juez internacional por veinticinco años, doy fe de lo difícil que es administrar justicia y, sobre todo, no dejarse llevar por inclinaciones personales o cantos de sirena. El juez tiene que separarse de “sus propias opiniones políticas, su fe religiosa, su condición económica, su clase social, sus tradiciones regionales o familiares y hasta sus prejuicios y fobias".

Los jueces poseen un “poder mortífero -dice Calamadrei-  que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito”. La justicia exige distinguir entre lo justo y lo injusto, siempre, por supuesto, con el derecho -que es precisamente la ciencia de lo justo- en la mano, pero con suficiente independencia para, llegado el caso, abstenerse de aplicar la ley injusta.

El libro fue escrito cuando en los colegios se enseñaba religión y en las universidades ética.

“Hoy todo cuán distinto” como dijo el poeta. Los que nos formamos en la vieja escuela, nos escandalizamos de lo que se llama “justicia” en Colombia, no la de los jueces de pueblo sino la de las altas magistraturas. El “cartel de la toga” era inimaginable cuando fui magistrado suplente en la Corte Suprema, pocos años antes de que el M19 la quemara. Y, por supuesto, lo que surgió de la Constitución del 91 y del esperpento de la Corte Constitucional. Cuántos abusos se han cometido en la “interpretación” de la Constitución que la Corte entiende como el derecho a modificarla y cuántas “normas” han invadido las áreas de otras ramas del poder. ¿Hay intereses inconfesables?

Negar las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP con un falso argumento matemático, hace nugatoria la facultad del Comisionado para impedir que terceros no vinculados al conflicto evadan la extradición, y hace que la disposición del Acuerdo que castiga los delitos posteriores a la fecha del mismo naufrague en las manos de la JEP.

 

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EL TARTUFO TIENE LA CULPA,DEL PLAN MACABRO DE SANTOS.

 

Abelardo De La Espriella

El plan macabro de Juan Manuel Santos no podía ejecutarse solo o implementarse por generación espontánea: robarse el plebiscito y, de suyo, la voluntad popular mayoritaria requería cómplices, y, para ese cometido, el Tartufo se tomó la Corte Constitucional. La mamertería y algunos incautos de este otro lado del espectro ideológico discurren en el manido mensaje de “no aplicar el espejo retrovisor”; pero yo les digo: no solo hay que poner todos los espejos retrovisores que sea posible, sino que hay que enfrentar también las causas del despiporre institucional que padece nuestra Patria, ¿o es que para curar una enfermedad no hay que buscar sus orígenes?

La génesis del cáncer que tiene postrada a Colombia no es otra que la del maldito ayuntamiento, por demás concupiscente, entre Santos y las mayorías que este impuso en la Corte Constitucional. Gracias a ese maridaje funesto y prevaricador, el Tartufo se robó el plebiscito y ahora mantiene en vilo la gobernabilidad del presidente Iván Duque. Cualquier decisión del primer mandatario para enderezar los entuertos heredados del gago demoníaco chocará con una barrera infranqueable: los esbirros de Santos en la Corte Constitucional, que, como partícipes determinantes que fueron del golpe de estado que se dio en contra de la voz del pueblo, no dejarán pasar ninguna iniciativa que pretenda resarcir los derechos del constituyente primario, pues quedarían en evidencia todas las maturrangas que se orquestaron para regalarle la impunidad total a las Farc.

Parte del problema es la falta de estatura intelectual, moral y social de los jueces de ese antro en el que se ha convertido la otrora prestigiosa Corte Constitucional. Un solo ejemplo de la descomposición y falta de calidad de sus miembros: Antonio Lizarazo fungió como asesor de Santos en el proceso con las Farc, lo cual no fue óbice para que sus compañeros lo designaran ponente de las objeciones presidenciales a la JEP, las mismas que fueron hundidas, torciéndole el pescuezo a la ley. Ya ni vergüenza tienen los “togados del mal”: hacen lo que se les viene en gana, se creen por encima del Ejecutivo, de todo el Poder Judicial, usurpan las competencias del Congreso, se pasan la Constitución Nacional por la faja, interpretándola a conveniencia, y, lo que es aún peor, desdeñan del veredicto de las mayorías, como si el constituyente primario, es decir, el pueblo, fuese un convidado de piedra.

Si por la Corte Constitucional llueve, por el Consejo de Estado no escampa: digamos que la una es una cloaca, y el otro un lupanar, en el que las cartas están marcadas. El Tartufo también corrompió al Consejo de Estado. Como buenos deshonestos, Santos y sus cómplices de las altas cortes tienen claro que, para los amigos, se interpreta la Ley, mientras que, a los demás, se les aplica, y que más vale un magistrado “amarrado’ que todo el derecho de un lado. Los “honorables” togados de lo contencioso administrativo, frente a supuestos fácticos y jurídicos exactamente iguales, asumieron dos posturas completamente divergentes: despojaron de su investidura a la tristemente célebre Aída Merlano porque no se posesionó al estar privada de la libertad; pero ¡oh “sorpresa”!, conservaron la de Santrich, que tampoco juramentó en el cargo, al estar preso, lo que posteriormente llevó a la Corte Suprema a ordenar la libertad del narcoterrorista jefe de las Farc, porque obviamente sí tiene fuero y, por ello, solo podía estar detenido por orden de su juez natural. En esta ecuación funesta se salva (por ahora) la Corte Suprema, que deberá mostrar en los próximos días, si, en este caso, está del lado de la legalidad, ordenando la captura de Santrich (ojalá no se vuele antes) como en derecho corresponde.

No asistimos a la consolidación del gobierno de los jueces, sino más bien a la dictadura de unos magistrados que actúan al unísono para encubrir lo que, junto con Santos, hicieron: estafar la democracia y prostituir la institucionalidad, a cambio de lisonjas y prebendas.

Que nadie se llame a engaños: Santrich está libre, gracias a Santos y al resto de bandidos que lo han secundado, pues dejaron todo amarrado y siguen conspirando incluso a nivel internacional para garantizar a toda costa que las Farc se burlen de la sociedad y las víctimas.

El presidente debe tomar medidas contundentes para sacar al país de atolladero: Santos nos hundió en el barro; pero Duque tiene la responsabilidad histórica de sacarnos de ahí a como dé lugar.

La ñapa I: La arrogancia de Jesús Santrich solo es comparable con la de Simón Trinidad, que hoy día está bien mansito. ¡Ya veremos qué tan bravo es el bellaco de Santrich cuando lo monten en el avión de la DEA, rumbo a Estados Unidos!

La ñapa II: La peor desgracia que le ha ocurrido a Colombia tiene nombre propio: Juan Manuel Santos, pues el daño que le ha causado a la República tardará años en ser reparado. Falso proceso de paz con las Farc, la corrupción rampante en su mandato y los sobornos de Odebrecht son tan solo algunos ejemplos del legado maldito del Tartufo. ¿Cómo explicarles a nuestros jóvenes tanta impunidad y maldad?

La ñapa III: Hay que reconocerle algo a Iván Cepeda: el hombre está con las Farc “de frente, mar”. Lo que se hereda no se hurta, como dice el refrán.

La ñapa IV: Si tuvieran algo de coherencia Daniel “Pecueca” Samper; María Jimena “la Dulzura Duzán”, “Vladdulaque Flórez” y Antonio “el Ogro” Caballero, ya habrían renunciado todos a la revista Semana, en respaldo a su amigote Daniel Coronel. ¡Qué va: prefieren no patear la lonchera! Poderoso caballero es don dinero.

@DELAESPRIELLAE

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