Viernes 23 de Agosto de 2019
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LAS NUEVAS FUNCIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Rafael Nieto Loaiza   

La audiencia de la Corte Constitucional sobre la fumigación de narco cultivos sobre glifosato invita a reflexionar.

Para empezar, ratifica la extensión que ha hecho la Corte de sus propias funciones para asumir las de otros órganos del poder público. La Corte debería dedicarse única y exclusivamente a la protección de la Constitución, que es su razón de ser, y nada más. Si antes ha dado muestras sistemáticas de su tendencia a asumir el papel de legislador, en este caso la Corte pretende hacer una evaluación de conveniencia y oportunidad del uso de glifosato, una decisión que es política y que le corresponde al Ejecutivo. La ruptura del sistema de división, equilibrio, frenos y contrapesos entre las distintas ramas del poder público supone riesgos y peligros para el sistema democrático, como ha quedado probado en las decisiones de la Corte sobre el plebiscito y el desarrollo constitucional y legal de los pactos con las Farc y como se comprueba de nuevo ahora.

El planteamiento del “principio de precaución”, en virtud del cual debe suspenderse la fumigación de narco cultivos con glifosato porque podría producir cáncer, es un sofisma de distracción. La Agencia contra el Cáncer de la OMS sostuvo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkin. La Agencia se refirió en general al glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo, sin distinguir el cultivo sobre el cual se usa. Sin embargo, la Corte solo suspendió la fumigación de narcocultivos. Si fuera coherente, debería haber suspendido cualquier uso del glifosato. Después, la Corte suspende las fumigaciones con glifosato de coca y amapola, pero no ha dicho ni mu de los otros productos y actividades que la misma Agencia ha dicho que también podrían ser carcinogénicos. Peor, no ha dicho absolutamente nada de aquellos sobre los que la Agencia ya tiene plena certeza de que sí generan cáncer. ¿Por qué? La sentencia de la Corte es solo una excusa que enmascara una decisión política: la de no atacar los cultivos ilícitos, proteger la política de Santos (que antes de la sentencia de la Corte ya había suspendido las fumigaciones), y complacer a las Farc que, no hay que olvidarlo, pidió pararlas como una condición para las negociaciones. Esta Corte, no sobra recordarlo, tiene una clarísima mayoría santista y pro pacto con las Farc, y ha dado muestras inequívocas de politización en sus actuaciones.

Pero en la argumentación de la Corte con base en el “principio de precaución” hay otras contradicciones, aún más graves. En teoría, la Corte pretende precaver los riesgos posibles para la salud que podrían ocurrir por las fumigaciones de narcocultivos con el glifosato. Pero no considera los peligros y consecuencias, esas ya probadas, de no fumigarlos. Como hasta hoy no hay alternativa al uso del glifosato, el Gobierno no puede sino recurrir a la erradicación manual. Y esa manera de erradicación no tiene riesgos potenciales sino reales, tangibles, actuales. El 25 de febrero moría un policía y once más quedaban heridos al caer en un campo minado cuando erradicaban. En efecto, en los últimos cinco años han sido casi un centenar los policías y civiles muertos y más de trescientos los mutilados. ¿Por qué precaver eventuales enfermedades, aún no probadas, y, en cambio, no evitar las muertes y mutilaciones ciertas que se producen por la erradicación manual?  La Corte tiene responsabilidad en esa tragedia.

Para rematar, parar la fumigación con glifosato ha traído aparejado que nos inundemos de coca. No es de sorprender. Desde que se suspendió la aspersión en el 2015 ha habido un crecimiento monumental de los narcocultivos. Se llegó a 209.000 hectáreas en el 2017, de lejos la cifra más alta de nuestra historia, y con certeza la de 31 de diciembre de 2018 es aún mayor.

Estamos inundados en un mar de coca que, como era previsible e inevitable, se ha traducido en un aumento de la violencia. Después de quince años de reducciones sistemáticas, la tasa de homicidios aumentó casi un 4% el año pasado. Ello ha ocurrido aunque se firmó el pacto con las Farc y, dicen sus defensores, estamos en un post conflicto. Pues bien, aún sin las Farc, en Colombia se asesinó más el año pasado. El incremento de los homicidios se dio en particular en los departamentos con mayor crecimiento de narcocultivos, donde hay una disputa por el control de actividades y rentas ilegales: el suroccidente (Chocó, Cauca, Nariño, Valle), más Antioquia, Córdoba y Norte de Santander, en particular el Catatumbo. Solo en los municipios donde está el plan integral de sustitución de cultivos el homicidio creció, hasta septiembre del 2018, en un escalofriante 48%.

Es decir, no fumigar trae más coca y más coca es más homicidios. ¿Dónde está la lógica del principio de precaución que aplica la Corte?

En fin, el aumento de la coca trae daños irreversibles al medio ambiente, fomenta la drogadicción, afecta la economía, corrompe la cultura y la ética ciudadanas y, sin duda, aumenta la violencia. En esas condiciones, aún si se admitiera que el glifosato pudiera causar daños a la salud, que no está todavía probado, las alternativas son mucho peores. Ese es el juicio ético que debe hacer la Corte. Lo otro es traerle más males a un país que sufre muchos.

 

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GLIFOSATO PARA LAS FARC

Fernando Londoño H.

Si tuvieran razón los pillos o despistados que aseguran que el glifosato solo sirve a medias, o que no sirve para nada, no estaríamos en el debate. Porque si no sirviera, las FARC jamás le habrían pedido a su cómplice y socio Juan Manuel Santos que dejara las fumigaciones. La prueba cumbre de que la cosa pesa es el aullido de quienes la cargan.

Pero otras pruebas vienen en defensa del aserto. La explosión de los cultivos ha sido pavorosa desde que Santos, con el auxilio de la Corte Constitucional, dio la orden de parar el glifosato. No subió la marea desde 48.000 hectáreas hasta las más de 250.000 que padecemos por casualidad. La multiplicación del cultivo se debe a que funcionó la obra combinada del Presidente que sufrimos y la Corte que seguimos soportando.

Pero recuerden los olvidadizos oficiosos que el glifosato permitió reducir la coca sembrada hasta las 48.000 hectáreas que dejó Uribe, cuando venía de las 145.000 que nos había dejado el Doctor Pastrana. El glifosato sirve de maravilla, los delincuentes le temen y la historia de las siembras la demuestran.

Alguno terció en el debate con la peregrina tesis de que por costosa debe eliminarse la práctica de asperjarlo. Para empezar, se omite el pequeño hecho de que son los Estados Unidos los que han pagado el costo de las fumigaciones. Nos han salido gratis, amigos queridos. Pero si algún precio pagáramos, sería poco en comparación con sus beneficios. Nada cuesta más que la cocaína y su exterminio es barato a cualquier precio.

Y viene el tema de la salud, utilizado por el nefasto Ministro de Santos para justificar la orden de parar las aspersiones. De todos los argumentos contra el glifosato no hay otro más frágil. Porque si Gaviria tuviere razón, los que hemos vivido entre cafetales estaríamos muertos hace rato. Y no se ha sabido de un cáncer por ROUND-UP, que así se llama el glifosato en los almacenes. Ni de un cáncer que venga de sembrar caña o de gustar golosinas con azúcar o de comer papa.

Pero si fuere dañino, lo que nadie ha demostrado, lo sería para las alimañas que viven en los cultivos de coca, por estrategia sembrada bien lejos de miradas indiscretas. Santos anda muy preocupado con el bienestar de los alacranes y las culebras que por aquellos parajes habitan. Parece que ahora quisiera ir por la presidencia de la Sociedad Protectora de Animales Silvestres.

 En cuando a prácticas dañinas o peligrosas, ninguna parecida a la erradicación manual de la coca, que tantas vidas ha costado, tantas mutilaciones, tanto dolor y tanta sangre.

Tomemos las cosas en serio, tan poco frecuente actitud nuestra ante las muy graves que nos pasan. Porque como lo dijo el Presidente Duque con razón sobrada, este no es un asunto de herbicidas, demonios. Lo que va en juego es la salud de la Patria, el orden público, el porvenir de todos.

El país no es viable con los inventarios actuales de coca sembrada, también con sobrada razón lo afirmó el Fiscal Néstor Humberto Martínez. Así que la elección es sencilla y no deja duda, siquiera razonable: el glifosato o el caos.

Santos, que es un perverso, plantea la disyuntiva de otra manera. Porque para él lo mejor, mucho mejor que el glifosato, es la sustitución de los cultivos. Olvidó que para ese lindo propósito hay que acabar primero con lo que va a sustituirse. Y dejó de lado otra cuestión más interesante y plausible, a saber, que mejor que la sustitución es que no hubiera coca.

La Corte Constitucional tomará decisión en pocos días. Ya se sabe el voto de tres de los magistrados, que no tuvieron vergüenza en salir a almorzar con Santos en la mitad de la audiencia. Como son muy nobles, todavía le agradecen el haberlos hecho elegir para el cargo que tan sin merecimientos ocupan. Queda por saberse el voto de los otros seis.

Mientras que palos van y vienen, mientras decimos majaderías y las hacemos, el país se desangra. Los campesinos pierden su tierra y su paisaje. El reclutamiento de niños para el crimen es mayor que nunca. La inundación de dólares negros, que es la traducción monetaria de la coca, arruina toda la clase trabajadora del país, desbarata las exportaciones, corrompe lo que encuentra a su paso y nos mantiene en un mundo artificial y mentiroso en el que lo mejor y más barato que hace cualquier gobierno, es endeudarse.

No se trata de un herbicida, amigos. Se trata del presente y el porvenir. Del tipo de sociedad en que queremos vivir. Del rescate moral y económico de nuestra Colombia inmortal. Por eso decimos, sin vacilaciones ni tartamudeos, que llueva glifosato en la selva. Antes de que la arrasen estos malditos, claro.  

 

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EL METODO CORRUPTO DE SANTOS

Abelardo De La Espriella

La trampa, la marrulla, la mentira, la falsedad, la corrupción, la maturranga y la deslealtad son los elementos predominantes de la personalidad de Juan Manuel Santos. Desde que era un niño, y a falta de talento e inteligencia, desarrolló un agudo sentido para engañar a los demás, logrando así mimetizarse cual camaleón, al tiempo que hacía de los principios una camisa a su medida, dependiendo de las circunstancias.

Donde quiera que estuviera, Santos buscaba pasar por encima de quien fuera. Su propia familia padeció la ambición desmedida del tartufo: para defenestrar a su tío Hernando Santos Castillo como director de “El Tiempo”, fue capaz de cosas irrepetibles, pero el valeroso Don Hernando, no cedió al chantaje. Del periódico saltó a la vida pública: fungió como ministro de Comercio Exterior de Gaviria, luego de toda suerte de intrigas y consejas. También estuvo al lado del presidente Pastrana, en la cartera de Hacienda, recurriendo a una “lagartería” monumental, de la que hay muchas historias. A la administración Uribe llegó como mandado por el infierno, posando de algo que nunca ha sido: un hombre decente, comprometido y correcto.

Juan Manuel Santos, en circunstancias normales, jamás habría llegado a ningún Pereira: de no haber sido el hijo de Enrique Santos Castillo, hasta el cargo de portero del periódico le hubiese quedado grande. No es un hombre inteligente, ni culto y muchos menos un estadista: la mediocridad y la liviandad lo mantienen irredimiblemente atado a las tinieblas de la ignorancia y la maldad. Hasta debieron enseñarle a hablar correctamente, en medio de su primera campaña presidencial: en un hotel de Brickell, en Miami, un reconocido actor venezolano lo instruyó durante varios meses, para que pudiese hilvanar una conversación, sin que las palabras parecieran el balbuceo de un imberbe que arranca la vida. Ni que decir de la apariencia de Santos: no hay un rostro que ejemplifique la oscuridad del alma de mejor manera. De gracia y donaire, mejor no hablar, pues tiene más carisma una estatua de cera.

Ya en el poder, y con el garrote en la mano, Santos se mostró, con cinismo proverbial, tan abyecto como siempre lo fue: los montajes y las persecuciones estuvieron a la orden del día: el almirante Arango Bacci, María del Pilar Hurtado, Diego Palacios, Sabas Pretelt, Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias y Oscar Iván Zuluaga son tan solo algunos ejemplos de los alcances del sujeto de marras, que se valió de sus cómplices en el aparato judicial (entre los que se cuentan el prófugo exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos y el exfiscal Eduardo Montealegre) para hacer de las suyas, mientras la prensa fletada justificaba lo injustificable para favorecer a Santos. Ni para qué mencionar los niveles inconmensurables e inmarcesibles de corrupción que estimuló desde su “desgobierno” y que aún subsiste, pese a los esfuerzos del presidente Duque y de su gobierno para cortarle la cabeza a esa tenebrosa culebra.

No hay, entonces, por qué extrañarse por el almuerzo que sostuvo Santos con tres magistrados de la Corte Constitucional (VER FOTO) minutos antes de su intervención en el pleno de esa corporación, en el marco del debate sobre las fumigaciones a los cultivos ilícitos. Es justo reconocer que, si en algo ha sido coherente Santos, es precisamente en aplicar el mismo método que lo llevó a la Presidencia: mentir, corromper, utilizar a quien necesite y luego desechar lo que le estorbe, como hizo con Maduro. Las reuniones con togados no son extrañas para Santos: en ocho años de su nefasta presidencia desfilaron por el palacio de Nariño, muchos de ellos, con el objeto de “cuadrar” leyes, organizar persecuciones y armar los entuertos que el gago tanto disfruta.

No me canso de repetirlo: Santos ha comprado todo lo que ha querido (hasta el Nobel de Paz), pero hay algo que nunca podrá tener, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las trampas imaginables: el cariño del pueblo colombiano.

La ñapa I: Bonita reaparición la de Santos: volvió al ruedo a pedirle a la Corte Constitucional que contribuya a que Colombia siga inundándose de coca.

La ñapa II: El magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares se entiende tan bien con Santos, porque ambos son igual de mediocres.

La ñapa III: A los únicos que perjudica la fumigación con glifosato es a los bandidos que cultivan la maldita coca.

La ñapa IV: Y, a propósito de despropósitos judiciales: la Corte Constitucional acaba de proscribir la caza deportiva del ordenamiento jurídico colombiano, mientras continúa avalando el aborto. A no dudarlo, más les importa la vida de una musaraña y de un gusarapo que la del niño que está por nacer. Por eso estamos como estamos.

 

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NEGOCIO REDONDO DE MIGUEL SAMPER Y SOCIOS CON LA JEP

RUGELES GUSTAVOGUSTAVO RUGELES

La viveza de Miguel Samper, Ricardo Sabogal y Flórez: negocio redondo

Tres exfuncionarios del gobierno Santos con altos cargos de nivel directivo encontraron la manera de seguir aprovechando su influencia y la información privilegiada de las entidades que dirigieron. Una vez terminado el gobierno Santos, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Miguel Samper, el exdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo Sabogal y Javier Flórez, exdirector de Acceso a Tierras, resultaron haciendo equipo desde el sector privado.

El 21 de noviembre de 2018 se constituyó la empresa Gestión Rural SAS con dirección de domicilio en la calle 116 número 9 – 51 apartamento 101, y cuyo representante legal es Javier Andrés Flórez Henao. La compañía que ha sido publicitada en redes y videos por Flórez y sus socios Samper y Sabogal, tiene como objeto social “La prestación de servicios legales y jurídicos, catastrales, topográficos, estudios ambientales, procesos de adquisición y venta de tierras, asesoramiento en proyectos de tierras, estudios de gobernanza de tierras” y otros servicios más relacionados directamente con las funciones y la información que manejaron durante el anterior gobierno.

Desde esa compañía los tres exfuncionarios se han dedicado a hacer plata. Han contactado a distintas empresas con problemas de titulación y demás aspectos de tierras ofreciendo asesorarlos, es decir ‘solucionar sus problemas’ aprovechando su influencia sobre los los funcionarios de su línea que aún están en puestos claves en esas tres entidades del gobierno Duque.

Sus ambiciones fueron más allá: los tres emprendedores exfuncionarios ahora van por los recursos de la cooperación internacional que el gobierno de Estados Unidos destina a distintos proyectos sociales, de paz y de tierras en Colombia a través de la agencia de cooperación USAID. En la práctica los millonarios recursos que destina el gobierno americano a Colombia los ejecutan operadores privados de ese país que son contratados por USAID pero que a su vez contratan asesores Colombianos para estar bien sintonizados en Colombia.

Este año, está definido el manejo de esos recursos y la tres empresas u operadores privados resultaron asesoradas, cada uno por aparte y a título personal, por los tres exfuncionarios. Miguel Samper sería asesor de la firma Chemonics internacional; Ricardo Sabogal a AcdiVoca y Javier Flórez a Tetratech, las tres firmas que aspiran a manejar los recursos de cooperación internacional. https://elexpediente.co/, 07 de marzo de 2019. ---

La secretaria ejecutiva de la Jep fue asesora de Juan Sebastián Rozo; Y María Del Pilar Bahamón fue asesora del ex ministro Tic a quién contrato en el tribunal de paz por 113 millones en 34 días.

Siguen apareciendo las conexiones entre los contratistas de la Jep y quién se los otorga, y el Nombre de María del Pilar Bahamón quién tiene incidencia directa sobre la contratación en la Jep sigue en el ojo del Huracán.

 Y MIGUEL SAMPER tambien ya recibiò un contrato por 50 millones por 34 dias de supuesto trabajo para la JEP.

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LA JEP UNA CLOACA APESTOSA

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Jorge Enrique Pava Q.

De acuerdo con las evidencias que día a día van apareciendo, la JEP es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Y si bien su nacimiento y origen es a todas luces espurio y abominable, pues se deriva del desconocimiento del resultado plebiscitario que determinó el NO a la farsa de La Habana, la corrupción, el descaro, el cinismo y la pestilencia en todas sus actuaciones la hacen más apestosa aún.

Las contrataciones que se van destapando con el paso del tiempo, dan cuenta de un carrusel en el que participan sus acérrimos defensores resguardados en la política, los medios de comunicación, los órganos de justicia y las instituciones estatales. Así, vemos cómo la familia Samper, la esposa del senador Cepeda, los defensores de Santrich, los guardianes del gobierno Santos y otros tantos reclamadores de limpias costumbres y adalides de la moral, resultan beneficiados con contratos millonarios, absurdos, desproporcionados y lesivos para las finanzas del país. ¡Y nada pasa, porque hacen parte de esa “izquierda progresista” que, en idioma sencillo y claro, no es más que el grupo de “mamertos” que se duelen con su derrota y pretenden que se gobierne como si hubieran triunfado!

La vergüenza no existe para la JEP. Ante el despliegue de las investigaciones de la Fiscalía donde queda demostrada la filtración de dineros oscuros para dilatar el proceso de Santrich y garantizar su impunidad, solo atina a decir que lo desconoce, o que “fue a sus espaldas”.

En el transcurso de las negociaciones perversas de La Habana, mientras el gobierno Santos repetía que no habría impunidad; ni curules automáticas para los terroristas; ni participación en política de autores de delitos de lesa humanidad; ni conservación de armas, dineros y rutas del narcotráfico; etc., otros sosteníamos que se trataba de una farsa que ocultaba beneficios absurdos para los delincuentes, en desmedro de la institucionalidad del país. Y el tiempo, infortunadamente, nos dio la razón.

Porque si el objetivo era obtener verdad, justicia, reparación y no repetición, nada de esto se ha cumplido y, por el contrario, la iniquidad se ha aumentado. No ha habido verdad, pues las escasas audiencias que podrían revelar situaciones, hechos, atentados, delitos y actos terroristas se han llevado a cabo a puerta cerrada, sin presencia de víctimas ni ciudadanía afectada, por lo que se alcanza a presumir, dados los descaros y las afinidades de los magistrados con los procesados, que se han tratado de una especie de tertulias íntimas sin trascendencia alguna.

Tampoco hay justicia, pues los procesos se llevan a cabo entre pares y en un tribunal que, desde sus primeros pasos, se sabía creado por las Farc, para las Farc y en pro de las Farc. Así lo anunciaron públicamente y con cinismo los cabecillas farianos en repetidas ocasiones, y así fue defendido por sus seguidores que hoy vemos que no son gratuitos.

No puede haber reparación cuando asistimos a la revictimización de cientos de mujeres y niños que claman por que se castiguen los crímenes cometidos en su contra, y solo se encuentran un tribunal acomodado que minimiza las violaciones para otorgar impunidad. Y mucho menos cuando las Farc siguen gozando de inmensas fortunas, protección especial, privilegios desmedidos y mimos del Estado, ante el asombro y la impotencia de quienes han sido vejados y deberían ser reparados.

Y la no repetición queda obviada al ver cómo la JEP se ha esforzado en defender a Santrich, aún acosta de las pruebas que evidencian la comisión de delitos después del plazo establecido en los acuerdos, por lo que debió haber sido extraditado desde hace mucho tiempo. Por el contrario, se está estimulando a los delincuentes amparados en esos acuerdos, con la garantía de su impunidad al ser descubiertos.

Por esto y muchas otras cosas que son del conocimiento público, podemos afirmar que la JEP, desde su origen, es un tribunal promotor de la injusticia y provocador de la peor vergüenza judicial que, antes que generar paz, se convierte en un potente explosivo de desigualdad social y promotor de guerra.

@titepava

 

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