Sábado 15 de Diciembre de 2018
SANTOS EL FUGITIVO

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SANTOS EL FUGITIVO

Libardo Botero C.       

¿Por qué huyó Santos del país apenas terminó su mandato? ¿Y por qué lo hizo de una manera clandestina, atropellada y abiertamente ilegal? No tardará mucho en saberse, pero mientras tanto se han lanzado diversas hipótesis.

Los más frescos, admiradores del mandatario recién salido, bien pocos por cierto, han esgrimido a su favor el argumento trivial de que se merecía un descanso, unas vacaciones. ¿Descanso de qué, podríamos preguntar? Bien poco trabajaba el señor, encerrado en Palacio, ya que le estaba vedado salir a la calle o a la plaza pública para no sufrir el rechazo generalizado de la población. Además de ese motivo evidente, no es que al señor le hubiera gustado mucho untarse de pueblo. Al final de su gobierno solo hacía apariciones esporádicas en público, para que los medios fletados dieran cuenta de que aún ejercía su mandato, acompañado siempre de unos cuantos carga-ladrillos. Su concepción del poder se identificaba más con el encierro en las oficinas y salones de Palacio, dedicado a intrigas y componendas, y sobre todo a la poco esforzada actividad de firmar decretos y decretos, con una eficacia contundente, pues se han contado en más de cuatro centenares los de los últimos días de su ejercicio.

Otros, sin ruborizarse, alegan que el señor cumplió los mandamientos legales para ausentarse del país. Nos ilustran a los escépticos, y nos quieren refutar, con la exhibición de la carta que envió al presidente del Senado el 10 de agosto, cuando ya había cesado en sus funciones y era un simple expresidente, en la cual informaba a la cabeza del legislativo de una primera andanada de viajes al exterior durante este resto de año. De cada viaje asegura que retornará, es cierto, pues confiesa que quiere asentarse en el país y residir en él. Pero lo que genera sospechas, dudas, y sobre todo enojo, es que de manera olímpica sustenta sus salidas en los mismos mandamientos legales que le prohíben salir sin autorización del Senado.

Piensan también sus defensores de oficio, quizás, para sus adentros, que de ese modo Santos evitaba un embarazoso debate en el Senado, presidido por personas poco afectas, como el senador Ernesto Macías. Y lo que podría ser más vergonzoso, y peligroso, que la cámara alta eventualmente acogiera la proposición de prohibirle por un año que abandonara las fronteras patrias.

Ya conocimos, a lo largo de estos ocho años, el talante autoritario de Santos, y su manía de tergiversar, amañar y violentar los preceptos constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento político. No hace falta inventariarlo. Lo insólito ahora consiste en querer seguir haciéndolo cuando no ocupa el solio presidencial, como si estuviera por encima de la ley a perpetuidad. En su misiva Santos indica que “de conformidad con los artículos 196 de la Constitución Política y 323 de la Ley 5 de 1992, que establecen el deber de informarle previamente al Honorable Senado mis intenciones de viajar fuera el (sic) país en el primer año después de haber dejado la Presidencia…”, le reporta la lista de desplazamientos inmediatos que tiene previstos.

Nunca Santos ha sido bueno para expresarse, así se precie de periodista. Por ocho años utilizó eficaces servicios de redactores que le preparaban sus intervenciones públicas, y un telepronter que no abandonaba.  Aun así, los defectos de dicción y comunicación nos atormentaban cada que lo veíamos en pantalla. La redacción de la carta al Senado es la deplorable comprobación de que el octenio poco le aportó en sintaxis y redacción. Pero tampoco somos tan mal pensados para afirmar que el exmandatario no sabe leer. El artículo 196 de la carta no habla en parte alguna de que en el primer año posterior a su mandato los expresidentes para salir del país deben simplemente “informar” de sus intenciones al parlamento. No. De manera precisa estipula que dicho personaje “no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Lo mismo que repite, textualmente, la Ley 5 de 1992 en su artículo 323.

Entonces, la conclusión ineludible es que Santos, muy orondo ha decidido pasarse por la faja no “el deber” de dejar una constancia, sino la obligación constitucional y legal de solicitar, y obtener, permiso del Congreso para salir del país. Pretendiendo imponer esa línea de conducta hacia adelante, para tener paso franco al exterior sin incómodas limitaciones. Pero, al proceder así, se ha colocado fuera de la ley y así debe ser tratado en este caso, con el correspondiente proceso, que el mismo Ernesto Macías ha solicitado a la corporación indicada para que inicie.

Porque si esta franquicia se le otorga, si esta licencia se le da, no tendrá empacho el día de mañana en salir corriendo para el exterior, sobre todo si se precipitan llamados a investigación o juicios, en virtud de precisas demandas que cursan en distintas instancias, empezando por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Las sombras de Odebrecht, de la mermelada a chorros, del fraude en las elecciones de 2014, de la capitulación ante las Farc, del desconocimiento del plebiscito de 2016, entre otros pecados, lo persiguen sin darle tregua. El ejemplo de Rafael Correa, su homólogo de Ecuador, conspicuo integrante de la pandilla de atarbanes del “socialismo del siglo XXI”, en su momento uno de sus “nuevos mejores amigos”, debe atormentar al ex inquilino de la Casa de Nariño. El arrogante de ayer, hoy, como se dice en el argot popular “paga escondederos a peso” para escapar a la justicia de su país.

A nosotros también nos debe servir de ejemplo para prevenir que nuestro Correa se convierta también en fugitivo de la justicia allende las fronteras.

 

 

 

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