Martes 16 de Enero de 2018
Economía

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SEGUROS Y SIN MIEDO

RAMIREZ6

 
 
 

Mi visión de Colombia a finales de esta década es la de un país seguro, próspero, desarrollado, justo e incluyente, en el que el imperio de la ley sea la consecuencia de una mejor ciudadanía, respetuosa del otro y de los derechos de los demás, así como de los bienes ajenos tanto de propiedad pública como privada.

 

Cuando preguntamos qué le hace falta a Colombia para lograr la mejor versión de sí misma, es inevitable concluir que ha hecho falta ese acuerdo sobre lo fundamental del que hablara Álvaro Gómez.

Hace un tiempo me puse a imaginar qué habría incluido ese acuerdo ideal y concluí que tendría una convocatoria a la sociedad entera para renovar el contrato social y, por ende, el compromiso de todos los ciudadanos alrededor de 5 pactos, basados en un sentido trascendente. Sería, de alguna manera, nuestro pacto para una mejor civilización. Ellos son: 

1. Un pacto por la sobriedad y la eficacia en lo público, por la transparencia y por acabar la corrupción. 

2. El pacto por el respeto al otro, la protección de la familia, el desarrollo humano, el empoderamiento de la mujer, y por convertir la educación, la innovación y la investigación en una prioridad nacional. 

3. Un pacto por el desarrollo económico, la reindustrialización, la agroindustria, el estímulo a la inversión, el emprendimiento, la productividad y la competitividad nacional, procurando alcanzar el pleno empleo. 

4. Un pacto por la inversión física, el desarrollo de la infraestructura y el cierre de la brecha entre regiones. 

5. Un pacto por el fortalecimiento institucional, la justicia, el orden, el imperio de la ley, la seguridad y el desarrollo de buenas prácticas en la política. 

En las oportunidades que me abra EL TIEMPO, por la campaña presidencial, desarrollaré cada uno de estos elementos, pero hoy me referiré a la seguridad. 

La seguridad humana, según la ONU, recoge siete categorías: seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de la comunidad y política.

Los colombianos merecemos un país en donde podamos vivir con tranquilidad y sin miedo. Tenemos derecho a una sociedad donde se pueda caminar por las calles sin temor a que un delincuente acabe con nuestras vidas por robarnos un celular o a nuestros hijos unos zapatos. Si el Estado no nos garantiza seguridad, tampoco podrá garantizarnos libertades ni desarrollo.

La lucha contra la inseguridad no solo tiene que ver con combatir a las Farc, el Eln, las bandas criminales o la delincuencia común. La seguridad incluye el sentido de protección, prevención y cuidado que deben proveernos las instituciones y ayudar a generar entre todos los miembros de una misma comunidad, como en una familia. 

Según la Fiscalía, en Colombia cada hora se roban en promedio 5 vehículos, 6 celulares, 3 casas y 2 establecimientos comerciales. La seguridad urbana es el principal asunto que preocupa a los colombianos. Según Yanhaas, representa el 48 %; seguido por salud, 45 %; desempleo, 38 %; y economía, 28 %. 

En la región Caribe, la preocupación es del 63 %. La encuesta de convivencia y seguridad del Dane (diciembre de 2017) muestra el atraco a personas, el hurto de vehículos y el microtráfico como principales delitos que afectan a la población en Bogotá, Pasto, Valledupar, Neiva, Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta. 

Creo en un Estado fuerte que cumpla y haga cumplir la ley. Pondremos esta casa de Colombia en orden, y con una justicia drástica que castigue a los delincuentes.

Las mujeres y madres tenemos una gran capacidad para proteger. Como madre y mujer colombiana, protegeré a los ciudadanos. Ya lo hice siendo la Ministra de Defensa Nacional y sé cómo hacerlo. 

MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Candidata presidencial

 
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OTRO MODELO EMPRESARIAL,VAMOS POR MAL CAMINO

DUQUE I

 
07 de enero 2018 , 01:17 a.m.
 

Colombia necesita un modelo integral de desarrollo empresarial, porque vamos por mal camino. La tasa efectiva de tributación supera el 50 % y hay sectores y tipos de empresas en las que la asfixia tributaria puede superar el 80 %. Al iniciar su vida empresarial, una promisoria emprendedora ya tiene en el Estado un antipático socio mayoritario. Claramente, nuestro sistema tributario no estimula el ahorro, la inversión, la productividad ni la formalización laboral.

 
 

En los últimos 15 años, y desde decenas de entidades, se han emitido más de 17.000 decretos, 2.000 circulares y 68.000 resoluciones, creando un ambiente de incertidumbre que vulnera la capacidad de invertir a mediano y largo plazo. Además, existen múltiples ventanillas, que van desde la Dian, la UGPP, el Invima, el ICA, las superintendencias, autoridades locales, agencias ambientales, etc., que elevan innecesariamente los costos de transacción. 

Esto tiene graves efectos sobre la informalidad. Según la estupenda encuesta que hace anualmente el Dane a los micronegocios, y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 43 % de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil o no llevan contabilidad técnica. Quienes trabajan en ellas son informales, y 5 de cada 10 personas “ocupadas” tienen un empleo informal que los condena a actividades de baja productividad y los aleja del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. 

Tenemos que tomar acciones que nos conduzcan a un modelo que estimule la inversión, la productividad y la formalización. Para eso hay que adelantar una agenda que integre medidas fiscales y estímulo empresarial. Necesitamos una urgente revisión del gasto público para eliminar todo lo innecesario en el presupuesto de funcionamiento, como excesos en publicidad y eventos, expansiones de nómina estatal con pretextos dudosos y riesgos de corrupción o acelerados crecimientos de la planta de contratistas en muchas entidades.

Es necesaria una reforma creíble del gasto público a mediano y largo plazo. Proponemos una regla que limite su crecimiento anual, amparada en reformas que le devuelvan al presupuesto flexibilidad y orden. El país ya tiene experiencia en este frente con el Sistema General de Participaciones.

Las Agencias de Responsabilidad Vertical, que han proliferado en los últimos 7 años, pueden perfectamente redefinirse. Necesitamos un programa de ahorros estructurales sobre la base de mayor eficiencia tecnológica y mayor asignación de responsabilidades a entes territoriales, bajo el esquema de hacer más con menos. 

Debemos reducir la evasión de renta y de IVA como mínimo en un 50 % para el año 2022 con metas anuales del 12,5 % por año, apelando a la factura electrónica y a un monitoreo detallado que permita generar ingresos con los cuales se pueda, con responsabilidad fiscal, bajar impuestos de renta a las empresas, brindando tarifas competitivas y mejorando el recaudo y los ingresos de los trabajadores producto de la reactivación económica. 

También debemos crear una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento para eliminar trámites y consolidar la información en una plataforma digital para facilitar la vida de quienes generan empleo. 

Colombia requiere una reducción del costo país, una mayor diversificación de la oferta exportable, mayor dinamismo a los mercados de capital y una inserción de la producción industrial en las cadenas globales del valor. Este cambio es posible y necesario para una economía dinámica y diversa que genere empleos de calidad. 

Seguir por el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar el círculo vicioso de la informalidad. Ha llegado el momento de pasar la página y de pensar en el futuro.

 
07 de enero 2018 , 01:17 a.m.
 

Colombia necesita un modelo integral de desarrollo empresarial, porque vamos por mal camino. La tasa efectiva de tributación supera el 50 % y hay sectores y tipos de empresas en las que la asfixia tributaria puede superar el 80 %. Al iniciar su vida empresarial, una promisoria emprendedora ya tiene en el Estado un antipático socio mayoritario. Claramente, nuestro sistema tributario no estimula el ahorro, la inversión, la productividad ni la formalización laboral.

 
 

En los últimos 15 años, y desde decenas de entidades, se han emitido más de 17.000 decretos, 2.000 circulares y 68.000 resoluciones, creando un ambiente de incertidumbre que vulnera la capacidad de invertir a mediano y largo plazo. Además, existen múltiples ventanillas, que van desde la Dian, la UGPP, el Invima, el ICA, las superintendencias, autoridades locales, agencias ambientales, etc., que elevan innecesariamente los costos de transacción. 

Esto tiene graves efectos sobre la informalidad. Según la estupenda encuesta que hace anualmente el Dane a los micronegocios, y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 43 % de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil o no llevan contabilidad técnica. Quienes trabajan en ellas son informales, y 5 de cada 10 personas “ocupadas” tienen un empleo informal que los condena a actividades de baja productividad y los aleja del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. 

Tenemos que tomar acciones que nos conduzcan a un modelo que estimule la inversión, la productividad y la formalización. Para eso hay que adelantar una agenda que integre medidas fiscales y estímulo empresarial. Necesitamos una urgente revisión del gasto público para eliminar todo lo innecesario en el presupuesto de funcionamiento, como excesos en publicidad y eventos, expansiones de nómina estatal con pretextos dudosos y riesgos de corrupción o acelerados crecimientos de la planta de contratistas en muchas entidades.

Es necesaria una reforma creíble del gasto público a mediano y largo plazo. Proponemos una regla que limite su crecimiento anual, amparada en reformas que le devuelvan al presupuesto flexibilidad y orden. El país ya tiene experiencia en este frente con el Sistema General de Participaciones.

Las Agencias de Responsabilidad Vertical, que han proliferado en los últimos 7 años, pueden perfectamente redefinirse. Necesitamos un programa de ahorros estructurales sobre la base de mayor eficiencia tecnológica y mayor asignación de responsabilidades a entes territoriales, bajo el esquema de hacer más con menos. 

Debemos reducir la evasión de renta y de IVA como mínimo en un 50 % para el año 2022 con metas anuales del 12,5 % por año, apelando a la factura electrónica y a un monitoreo detallado que permita generar ingresos con los cuales se pueda, con responsabilidad fiscal, bajar impuestos de renta a las empresas, brindando tarifas competitivas y mejorando el recaudo y los ingresos de los trabajadores producto de la reactivación económica. 

También debemos crear una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento para eliminar trámites y consolidar la información en una plataforma digital para facilitar la vida de quienes generan empleo. 

Colombia requiere una reducción del costo país, una mayor diversificación de la oferta exportable, mayor dinamismo a los mercados de capital y una inserción de la producción industrial en las cadenas globales del valor. Este cambio es posible y necesario para una economía dinámica y diversa que genere empleos de calidad. 

Seguir por el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar el círculo vicioso de la informalidad. Ha llegado el momento de pasar la página y de pensar en el futuro.

 
07 de enero 2018 , 01:17 a.m.
 

Colombia necesita un modelo integral de desarrollo empresarial, porque vamos por mal camino. La tasa efectiva de tributación supera el 50 % y hay sectores y tipos de empresas en las que la asfixia tributaria puede superar el 80 %. Al iniciar su vida empresarial, una promisoria emprendedora ya tiene en el Estado un antipático socio mayoritario. Claramente, nuestro sistema tributario no estimula el ahorro, la inversión, la productividad ni la formalización laboral.

 
 

En los últimos 15 años, y desde decenas de entidades, se han emitido más de 17.000 decretos, 2.000 circulares y 68.000 resoluciones, creando un ambiente de incertidumbre que vulnera la capacidad de invertir a mediano y largo plazo. Además, existen múltiples ventanillas, que van desde la Dian, la UGPP, el Invima, el ICA, las superintendencias, autoridades locales, agencias ambientales, etc., que elevan innecesariamente los costos de transacción. 

Esto tiene graves efectos sobre la informalidad. Según la estupenda encuesta que hace anualmente el Dane a los micronegocios, y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 43 % de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil o no llevan contabilidad técnica. Quienes trabajan en ellas son informales, y 5 de cada 10 personas “ocupadas” tienen un empleo informal que los condena a actividades de baja productividad y los aleja del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. 

Tenemos que tomar acciones que nos conduzcan a un modelo que estimule la inversión, la productividad y la formalización. Para eso hay que adelantar una agenda que integre medidas fiscales y estímulo empresarial. Necesitamos una urgente revisión del gasto público para eliminar todo lo innecesario en el presupuesto de funcionamiento, como excesos en publicidad y eventos, expansiones de nómina estatal con pretextos dudosos y riesgos de corrupción o acelerados crecimientos de la planta de contratistas en muchas entidades.

Es necesaria una reforma creíble del gasto público a mediano y largo plazo. Proponemos una regla que limite su crecimiento anual, amparada en reformas que le devuelvan al presupuesto flexibilidad y orden. El país ya tiene experiencia en este frente con el Sistema General de Participaciones.

Las Agencias de Responsabilidad Vertical, que han proliferado en los últimos 7 años, pueden perfectamente redefinirse. Necesitamos un programa de ahorros estructurales sobre la base de mayor eficiencia tecnológica y mayor asignación de responsabilidades a entes territoriales, bajo el esquema de hacer más con menos. 

Debemos reducir la evasión de renta y de IVA como mínimo en un 50 % para el año 2022 con metas anuales del 12,5 % por año, apelando a la factura electrónica y a un monitoreo detallado que permita generar ingresos con los cuales se pueda, con responsabilidad fiscal, bajar impuestos de renta a las empresas, brindando tarifas competitivas y mejorando el recaudo y los ingresos de los trabajadores producto de la reactivación económica. 

También debemos crear una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento para eliminar trámites y consolidar la información en una plataforma digital para facilitar la vida de quienes generan empleo. 

Colombia requiere una reducción del costo país, una mayor diversificación de la oferta exportable, mayor dinamismo a los mercados de capital y una inserción de la producción industrial en las cadenas globales del valor. Este cambio es posible y necesario para una economía dinámica y diversa que genere empleos de calidad. 

Seguir por el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar el círculo vicioso de la informalidad. Ha llegado el momento de pasar la página y de pensar en el futuro.

 

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LA ECONOMIA,ESTUPIDO DERROCHON

 

Saúl Hernández Bolívar                                        

Es mejor aumentar el poder adquisitivo de la gente que agigantar los ingresos del Estado derrochón.

El 2018 es un año político, pero el quid será, otra vez, “la economía, estúpido”. Por eso, los candidatos aprovecharán para hacer populismo, aunque por estos días han estado más bien callados con respecto al aumento del salario mínimo. Las patronales no ofrecen más del 4 o 5 por ciento, mientras las centrales sindicales arrancaron con el 12, como si fueran pilotos de Avianca. Un salto difícil de dar mientras que tengamos una productividad tan bajita: para igualar lo que hace un gringo se necesitan cinco chibchombianos...

Me dirán que el senador Álvaro Uribe también está haciendo populismo al pedir que aumenten los salarios. La cartilla del sentido común sugiere que, si subimos los salarios un 10 %, mañana vendrá la escalada alcista a comerse el incremento. Valga decir que el mínimo ha ganado poder adquisitivo en los últimos años porque ha subido más que la inflación, pero aun así muchos se siguen preguntando dónde es que merca el Dane. Lo cierto es que, en esto del mínimo, hay que ver con lupa quiénes son los patronos.
Los cacaos colombianos caben en una salita, como lo muestra el hecho de que los cinco colombianos más ricos concentran el 12,5 % del PIB, según el ‘ranking’ del diario alemán ‘Die Welt’. En el fondo, lo grave no es la concentración de la riqueza sino el que nuestro PIB sea más bien modesto y haya bastante desigualdad. En Suecia, los cinco más ricos concentran el 18 % de su jugoso PIB, y sin embargo ese país es de los que encabezan el índice Gini por ser de los que tienen una distribución más equitativa del ingreso.
Según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), el 94,7 % de las empresas registradas en Colombia son microempresas, o sea que tienen menos de diez empleados cada una; el 4,9 % son pequeñas y medianas, y solo algo así como el 0,3 % son grandes empresas. Además, según el Ministerio de Comercio, las micro, pequeñas y medianas empresas responden por el 80,8 % del empleo del país, donde la mitad de los asalariados devengan el mínimo.
Visto lo anterior, es apenas obvio que el aumento de los salarios golpee mucho más a miles de pequeños emprendedores que a nuestro diminuto clubcito de magnates. Y, como si fuera poco, ahí no están comprendidos los miles de trabajadores informales, que, según un estudio de la Universidad del Rosario, alcanzan el 65 %.
Ahora, de lo que no hay duda es de que es mejor aumentar el poder adquisitivo de la gente para estimular el consumo que agigantar los ingresos de un Estado derrochón que esfuma recursos en consultas de 40.000 millones de pesos, sobrecostos de 4.000 millones de dólares en una refinería o ‘míseros’ 223 millones en luces navideñas para la Casa de Nariño.
Populista es la propuesta que hace Piedad Esneda Córdoba de eliminar totalmente el IVA para estimular el consumo, aduciendo que los 35 billones que por ese concepto se van a recaudar este año se los pueden sacar a las grandes empresas (esas que son el 0,3 %) y al consumo suntuario, como las joyas, la ropa y las carteras que ella usa. ¿Para qué impulsar el consumo si “las colas del desabastecimiento hay que hacerlas con gusto”?
Realista, en cambio, es la propuesta de Sergio Fajardo de aumentar la edad para pensionarse, con el fin de evitar que estalle la bomba pensional (a lo que Santos le sacó el cuerpo), por esa verdad de Perogrullo de que “ahora vivimos más”. Una reflexión sensata que fue objeto de burla en las redes, pero que riñe con el discurso de los partidos de izquierda que lo apoyan y con su nefasta gestión financiera en la Gobernación de Antioquia.
Esperemos que el 2018 nos traiga un mandatario que sí nos guíe por la senda de la prosperidad y no haga trizas el mármol de sus promesas.

 

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LLEGÒ LA HORA CONTRA LOS VENDIDOS A SANTOS

Juan Gómez Martínez                                            

Estamos en un momento crucial para la vida nacional. Es la hora de escoger entre quiénes nos van a sacar de la encrucijada en la que estamos o seguir en la situación que padecemos “como nunca antes”.

Es la hora para escoger y llevar a los mejores al Congreso de la República para que acompañen al futuro presidente, poder enderezar el rumbo del país y sacarnos del abismo al que nos han conducido. Hay candidatos a la Cámara y al Senado que merecen toda nuestra confianza para conseguir el cambio y, sin mermelada comprometedora, trabajar por Colombia como debe ser y no hacerlo por intereses personales como lo hacen los congresistas que se dejaron corromper por un gobierno ídem.

Hay candidatos con la experiencia parlamentaria necesaria y los hay nuevos con experiencia administrativa suficiente para ejercer controles sobre la administración. Sobre todo, y es lo más importante, candidatos que han dado muestras de honestidad y dedicación tan importantes en estos tiempos de vergüenza por las actuaciones por fuera de las normas de la decencia. El futuro presidente necesita un Congreso honesto, trabajador y con gran amor y sacrificio por Colombia.

Ya tenemos también los candidatos a la presidencia. Los hay de todas las clases, compromisos, experiencias y actitudes. Unos que serían los continuadores del gobierno actual, que es bien conocido por su incapacidad, por su compromiso y entrega a los grupos que han acabado con Colombia y su pueblo, sin muestras ni actitudes de arrepentimiento y, mucho menos, de reparación. Los hay con experiencias administrativas y otros desconocidos en estas materias. Los hay que pueden mostrar éxitos en administraciones, como también los que pasaron por ellas sin éxito o simplemente inflados por la publicidad.

Hay candidatos reconocidos como grandes trabajadores, expertos en temas económicos y de gobierno, parlamentarios brillantes, jóvenes ya reconocidos en el orden nacional e internacional, que han dado muestras de entrega por el futuro del país, como los hay también que han vivido de la mermelada, de su gobiernismo permanente, cualquiera que este sea, que han pasado su vida política viviendo de las salemas y prebendas del Estado.

Necesitamos un presidente que enrute el pacto con las Farc. Que consiga la paz verdadera sin la entrega de Colombia a los subversivos, que corrija los errores y excesos que el actual gobierno cometió con el solo propósito de conseguir un premio que tanto daño nos ha producido.

Para terminar, quiero hacer unos comentarios sobre las listas abiertas. Aunque no he sido muy partidario de ellas, creo que en este momento de la vida política nacional era necesario coger por el camino de las listas abiertas. Ese sistema obliga a todos los candidatos a trabajar en la campaña para conseguir los votos. Se tienen que mover y “puebliar” si quieren llegar al Congreso. Las listas cerradas tienen el peligro de que algunos candidatos se puedan sentar a la espera de que la cabeza de lista arrastre los votos que terminarán por beneficiar a los que no trabajaron lo suficiente para conseguirlos. Dicen que ese sistema es muy costoso, puede ser cierto, pero nunca más que la consulta liberal.

 

 

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COMO LOS CANGREJOS CONTRA LA REALIDAD

Miguel Gómez Martínez                                 

Al gobierno, obsesionado por su imagen, le importan poco la calidad de las políticas públicas y su ejecución.

Dado que el gobierno insiste en sacar pecho por los resultados sin igual que obtiene en todos los campos, tenemos que seguir diciendo que existe un largo trecho entre la fantasía y la realidad. Porque la realidad es la realidad, y no es buena.
Los índices internacionales tienen como principal ventaja la de permitir una comparación en el tiempo, realizada por personas que suponemos son independientes en sus análisis. Si miramos el resultado final del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial para el 2017, vamos para atrás, como los cangrejos.

En el consolidado perdimos, en el último año, cinco posiciones pasando del puesto 61 al 66. Es un balance muy pobre, pero explicable, pues el tema de competitividad, asociado con la política de comercio exterior, no ha recibido atención durante estos siete años. El informe está estructurado en 12 pilares que resumen temas económicos, sociales e institucionales. En los que salimos mejor calificados son Eficiencia de los Mercados Financieros (puesto 27) y Tamaño del Mercado (puesto 37). En el primero, es claro que la calidad de la supervisión y las mejoras en bancarización han sido importantes. En el segundo, la inercia demográfica juega un papel importante, y Colombia es hoy el tercer mercado más importante de América Latina, después de Brasil y México.
En el pilar institucional obtenemos nuestro peor resultado, con un dramático puesto 117 sobre 137. Por ello, conviene analizar, con detalle, lo que nos está sucediendo. De lejos, el principal factor que dificulta hacer negocios en Colombia es la corrupción mencionada por el 17,6 por ciento de los encuestados. En la medición de ‘favoritismo en la toma de decisiones de los miembros del gobierno’, ocupamos un penoso lugar 119 entre 137 países. 
No se le escapa a los observadores internacionales el uso indebido del poder para pagar favores y privilegiar a los amigos, que se ha impuesto como nunca antes en nuestra historia. Si se mide el criterio de ‘eficiencia del gasto público’, somos coleros, con el puesto 129 entre 136 naciones. En el factor ‘peso de las regulaciones estatales’, que mide la calidad de la burocracia, estamos graves, con un angustioso puesto 123. 
Cuando se le pregunta a los encuestados por otros factores que hacen difícil emprender en Colombia, se mencionan las tasas impositivas (14,2 por ciento) y la legislación tributaria, con 5,7 por ciento. La ineficiencia de la burocracia estatal es señalada en tercer lugar, con 9,2 por ciento en una administración que se hizo elegir con el lema del ‘buen gobierno’. Salen también mal calificadas la infraestructura, la inestabilidad de las políticas y la calidad del régimen laboral.
Lo triste de este diagnóstico es que no sorprende. Decir que la corrupción está desbordada, que nuestro sistema tributario es un desastre, o que tenemos una burocracia asfixiante e inepta, no es una noticia. Si los problemas son tan evidentes, ¿por qué no actuamos para solucionarlos? ¿Por qué seguimos perdiendo lugares en las clasificaciones internacionales sin que las políticas públicas reaccionen?
Al gobierno, obsesionado por su imagen, le importan poco la calidad de las políticas públicas y su ejecución.Considera que una rueda de prensa y un titular solucionan los problemas. Mientras tanto, vamos para el estanque.

 

 

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SERGIO FAJARDO sin religiòn conocida,izquierdista, en coaliciòn con
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HUMBERTO DE LA CALLE,ateo de religiòn,liberal de izquierda,santista ,
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