Sábado 21 de Abril de 2018
LA JEP EN PELIGRO DE MORIR RAPIDO

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LA JEP EN PELIGRO DE MORIR RAPIDO

mauricio-vargas

 
15 de abril 2018 , 02:17 a.m.
 

En febrero de 2014, cuando avanzaba la mesa de La Habana, el comandante Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich, se despachó, sin sonrojarse, sin que le temblara la voz, sin un asomo de vergüenza, un discurso contra el narcotráfico: “La política antidrogas –dijo al definir lo que las Farc buscaban en el acuerdo– tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras del poder narcoparamilitar, criminal y mafioso, entronizadas en el Estado...”.

 

No se asombren, es el mismo Santrich que fue grabado este noviembre en plena negociación con gente del cartel de Sinaloa, para el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. El mismo que pintó y firmó, con fecha 2 de noviembre de 2017, un retrato para Rafael Caro, uno de los diez capos mexicanos más buscados. Sí, el mismo Santrich que a fines de esta semana tuvo la cachaza de decir que quiere ofrendar su vida “para que Colombia tenga un futuro mejor”.

Pero que Santrich sea un criminal con ganas de montarla de mártir no debe sorprender a nadie: lleva décadas en el delito, y las malas mañas no se pierden, incluida la de posar de víctima siendo un victimario. En cambio, que sesudos analistas digan que esta captura, ordenada y ejecutada por la Fiscalía General, pone en peligro el proceso de paz, en vez de decir que quien lo puso en peligro fue Santrich por seguir en el narcotráfico –en el que estuvo por muchos años dentro de las Farc–, habla muy mal de la escala de valores de algunos defensores a ultranza de los acuerdos de La Habana.

La orden de captura a Santrich no fue una bofetada al proceso: la bofetada la dio Santrich al traicionar la confianza de la sociedad, que, representada por el Gobierno, le otorgó enormes concesiones para que dejara atrás sus innumerables crímenes. Más grave aún: no está claro si él es el único comandante en esas andanzas posteriores a la firma del acuerdo, o si hay otros, pues al fin y al cabo el sobrino de Iván Márquez también cayó preso en esta operación antidrogas con los de Sinaloa.

La magistrada Patricia Linares, flamante presidenta de la JEP, se sumó a las voces que me desconcertaron esta semana. Se quejó de haberse enterado de la captura por los medios, como si un caso tan flagrante pudiera manejarse distinto. ¿Qué quería la magistrada, que le pidieran permiso para la captura mientras Santrich escapaba, como estaba listo a hacerlo, hacia Cuba? Y es que Santrich iba a volarse, pues fue advertido ni más ni menos que por funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Ministerio del Interior y que le provee su escolta.

La magistrada Linares y sus colegas andan muy ocupados asignando 200.000 millones de pesos en gastos, una tarea que le quitaron –nadie sabe por qué– al secretario general de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien optó por renunciar. En vez de manejar platas, ella y sus compañeros deben concentrarse en estudiar el caso con sumo cuidado. Es evidente que Santrich delinquió después de la firma de los acuerdos y que los traicionó al violar el principio de no repetición de los delitos a que las Farc se comprometieron. De modo que el asunto no le compete a la JEP, sino a la justicia ordinaria, y que, en esa medida, Santrich puede –y debe– ser extraditado.

Si en vez de dejarle el asunto a la justicia ordinaria, la señora Linares y sus colegas se le atraviesan al cumplimiento de la ley –y del acuerdo, que prevé que el exguerrillero que vuelva a incurrir en el delito pierda todos los beneficios–, habrán herido de muerte a la JEP, que carecerá, a partir de ese momento, de toda credibilidad, y los textos de La Habana, que lucirán como letra muerta. En esta tarea, los magistrados de la JEP no deberían tardarse: las pruebas están a la vista y no dejan margen a la duda.

MAURICIO VARGAS
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15 de abril 2018 , 02:17 a.m.
 

En febrero de 2014, cuando avanzaba la mesa de La Habana, el comandante Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich, se despachó, sin sonrojarse, sin que le temblara la voz, sin un asomo de vergüenza, un discurso contra el narcotráfico: “La política antidrogas –dijo al definir lo que las Farc buscaban en el acuerdo– tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras del poder narcoparamilitar, criminal y mafioso, entronizadas en el Estado...”.

 

No se asombren, es el mismo Santrich que fue grabado este noviembre en plena negociación con gente del cartel de Sinaloa, para el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. El mismo que pintó y firmó, con fecha 2 de noviembre de 2017, un retrato para Rafael Caro, uno de los diez capos mexicanos más buscados. Sí, el mismo Santrich que a fines de esta semana tuvo la cachaza de decir que quiere ofrendar su vida “para que Colombia tenga un futuro mejor”.

Pero que Santrich sea un criminal con ganas de montarla de mártir no debe sorprender a nadie: lleva décadas en el delito, y las malas mañas no se pierden, incluida la de posar de víctima siendo un victimario. En cambio, que sesudos analistas digan que esta captura, ordenada y ejecutada por la Fiscalía General, pone en peligro el proceso de paz, en vez de decir que quien lo puso en peligro fue Santrich por seguir en el narcotráfico –en el que estuvo por muchos años dentro de las Farc–, habla muy mal de la escala de valores de algunos defensores a ultranza de los acuerdos de La Habana.

La orden de captura a Santrich no fue una bofetada al proceso: la bofetada la dio Santrich al traicionar la confianza de la sociedad, que, representada por el Gobierno, le otorgó enormes concesiones para que dejara atrás sus innumerables crímenes. Más grave aún: no está claro si él es el único comandante en esas andanzas posteriores a la firma del acuerdo, o si hay otros, pues al fin y al cabo el sobrino de Iván Márquez también cayó preso en esta operación antidrogas con los de Sinaloa.

La magistrada Patricia Linares, flamante presidenta de la JEP, se sumó a las voces que me desconcertaron esta semana. Se quejó de haberse enterado de la captura por los medios, como si un caso tan flagrante pudiera manejarse distinto. ¿Qué quería la magistrada, que le pidieran permiso para la captura mientras Santrich escapaba, como estaba listo a hacerlo, hacia Cuba? Y es que Santrich iba a volarse, pues fue advertido ni más ni menos que por funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Ministerio del Interior y que le provee su escolta.

La magistrada Linares y sus colegas andan muy ocupados asignando 200.000 millones de pesos en gastos, una tarea que le quitaron –nadie sabe por qué– al secretario general de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien optó por renunciar. En vez de manejar platas, ella y sus compañeros deben concentrarse en estudiar el caso con sumo cuidado. Es evidente que Santrich delinquió después de la firma de los acuerdos y que los traicionó al violar el principio de no repetición de los delitos a que las Farc se comprometieron. De modo que el asunto no le compete a la JEP, sino a la justicia ordinaria, y que, en esa medida, Santrich puede –y debe– ser extraditado.

Si en vez de dejarle el asunto a la justicia ordinaria, la señora Linares y sus colegas se le atraviesan al cumplimiento de la ley –y del acuerdo, que prevé que el exguerrillero que vuelva a incurrir en el delito pierda todos los beneficios–, habrán herido de muerte a la JEP, que carecerá, a partir de ese momento, de toda credibilidad, y los textos de La Habana, que lucirán como letra muerta. En esta tarea, los magistrados de la JEP no deberían tardarse: las pruebas están a la vista y no dejan margen a la duda.

MAURICIO VARGAS
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