Domingo 17 de Junio de 2018
NO TODOS LOS CONGRESISTAS SON BORREGOS

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NO TODOS LOS CONGRESISTAS SON BORREGOS

mauricio-vargas

 
12 de noviembre 2017 , 02:35 a.m.
 

Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.

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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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12 de noviembre 2017 , 02:35 a.m.
 

Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.

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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

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