Miércoles 23 de Mayo de 2018
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LA JEP NO ES CORTE DE JUSTICIA

RUEDA MARIAPor: María Isabel Rueda 20 de mayo 2018 , 03:09 a.m. Cuando capturaron a Zeuxis Pausias Hernández, alias Santrich, Humberto de la Calle fue el primero en decir que cómo habría quedado de bien construido el acuerdo con las Farc que hasta tenía instrumentos para manejar una crisis como esta. A los pocos días dio un volantín. Según su nueva posición, con la potencial extradición de Santrich “se están tirando la paz”. La detención de Santrich por reincidencia ya no era una muestra de fortaleza del acuerdo, sino que, por el contrario, lo que le pase a un solo individuo es capaz de dar al traste con los resultados de cinco años de negociaciones. Es decir, un proceso tan frágil, tan frágil, que la reincidencia de uno de sus cabecillas es capaz de “tirárselo”. La propia Iglesia, que ora por la igualdad del ser humano, cometió la desigualdad de alojar a Santrich entre sus sábanas de manera exclusiva, que no se extiende a ningún otro presidiario del país. Conocida la noticia de este acto discriminatorio de caridad, yo sí me preguntaba cuál iba a ser el valiente coronel de nuestro Ejército que iría a esta sede de la Conferencia Episcopal a golpear la aldaba y a pedirle a la sotana que abra la puerta, que le entregue a Zeuxis Pausias para extraditarlo a los EE. UU. Ese coronel ya puede respirar tranquilo. La JEP encontró la salida. O, mejor dicho, se la inventó, porque no tiene facultad para ello, con lo cual se salta el artículo 6 de la Constitución, que dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo cual estén expresamente autorizados por la Constitución y la ley. Y en ninguna parte dice que la JEP puede suspender una extradición. Ah, perdón. Sí hay un artículo en el que aparece esa autorización. En el 134 de un reglamento interno que los magistrados de la JEP crearon a la medida de Santrich, contrariando la orden constitucional de que la JEP no puede dictarse sus propias reglas de competencia. ¿Por qué? Porque ningún juez puede decretarse su propia ley en un régimen democrático. En lo administrativo, el primer asalto de la JEP fue por la marmaja. Se dedicaron a pelear por las oficinas y los contratos. Y en lo judicial, acabamos de ser testigos de su primer asalto: aquel con el que pretenden soltar a Santrich. Si se suspende el motivo por el cual está detenido, que es extraditarlo, pues la detención ordenada para tal efecto, por unidad de materia judicial, queda igualmente suspendida. Cómo será de absurda la decisión de la JEP que, aunque está suspendido el proceso de extradición, no ocurre lo mismo con los términos que tienen los EE. UU. para presentar su solicitud, que siguen corriendo. Y más divertido todavía. La JEP le solicita a la Fiscalía remitirle todos los documentos relacionados con el trámite de extradición de Zeuxis Pausias. La Fiscalía tuvo que responderle que como el proceso de extradición se inicia con el pedido formal del extraditable por cuenta de EE. UU., y ello no ha ocurrido, “no existen los documentos del referido trámite de extradición”. A estas alturas, podemos resumir la embarrada de la JEP de la siguiente manera: — Pide suspender un proceso que no se ha iniciado. —La JEP no puede dictarse por sí, y ante sí, normas de competencia o de procedimiento. —La decisión sobre los procedimientos legales de la JEP es exclusivamente del Congreso. —La JEP no solo está usurpando esa función, sino que se apoya para ello en unos protocolos de procedimiento que se autoconfirió. —Según el Acto Legislativo 1 de 1997, las normas que rigen la extradición tienen que ser de tipo legal. La JEP acaba de modificarlas con un protocolo auto-atribuido. —La facultad asignada a la JEP de darse su propio reglamento interno categóricamente excluye que se autoestipule normas procedimentales. Este golpe de Estado de la JEP a la Constitución sí nos confirma, por esas características, las fuertes sospechas de la opinión pública de que la JEP no es una corte de justicia, sino una trinchera ideológica. De manera que Santrich, como lo pinta Beto Barreto en su genial caricatura del viernes pasado en EL TIEMPO, ya puede romper su huelga de hambre: “¿De verdad la JEP hizo ese favor por mí? ¡Que me traigan una bandeja paisa!”. Entre tanto… Fiscal Luisa Ortega: ¿qué relación tendrán los empresarios barranquilleros que le venden a Maduro comida dañada para los Clap, con que alimenta a su pobres, con la financiación de la campaña Petro? MARÍA ISABEL RUEDA

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LA JEP DEDICADA A PROTEGER A LOS COMANDANTES DE LAS FARC

 
mauricio-vargas.
 

El portal de internet lasillavacia.com, al que nadie puede tachar de enemigo de los acuerdos de La Habana, lo dijo este viernes con meridiana claridad: con la decisión de suspender el proceso de extradición del excomandante de las Farc ‘Jesús Santrich’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “se hace el harakiri” y debilita de manera grave su ya cuestionada credibilidad. Santrich, designado como representante a la Cámara por el partido Farc, es acusado —con contundentes pruebas— de un grave delito de narcotráfico cometido con posterioridad a la firma de los acuerdos, lo que, según esos mismos acuerdos, lo lleva a perder todos sus beneficios y a ser procesado por la justicia ordinaria. Y eso incluye la posibilidad de ser extraditado.

 

En la decisión hay un cúmulo de absurdos. Primero, porque la JEP suspende un proceso que no se ha iniciado, lo que, además de atentar contra el derecho, insulta la inteligencia. En efecto, como lo señaló el fiscal Néstor H. Martínez, el trámite de una extradición solo arranca cuando el país que pide al reo presenta la solicitud formal de extradición, y eso no ha ocurrido. Solo entonces se activa la competencia de la JEP, como lo especifica el artículo 19 transitorio, incorporado en la Constitución en desarrollo de los pactos de La Habana, y que los magistrados de la JEP se pasan por la faja.

No es un tema menor: la JEP dice que no está claro si los hechos en que Santrich se involucró con el sanguinario cartel de Sinaloa ocurrieron con posterioridad a la firma de los acuerdos. Eso a pesar de que el propio excomandante no niega que esos contactos fuesen en noviembre de 2017, casi un año después de la firma de los acuerdos, y se limita a alegar que no eran para narcotraficar sino para desarrollar “proyectos productivos” en áreas rurales.

“Lo que hoy está planteando la JEP no está ni en el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial ni en el proyecto de procedimiento que está en curso en el Congreso”, sostuvo el senador de ‘la U’ Hernán Penagos, ponente de dicho proyecto. La JEP prevarica en materia grave: dice que desconoce las pruebas sobre la fecha de ocurrencia; ¿cómo puede conocerlas cuando esa demostración judicial solo va a ser allegada cuando Estados Unidos formalice el pedido de extradición? En términos futbolísticos, la JEP anuló un gol antes de que se produjera la jugada. Al proteger a Santrich como si fuera la pobre víctima de un montaje, la JEP pela el cobre y exhibe un sesgo pro-Farc que aterra.

La credibilidad de esta jurisdicción viene siendo cuestionada desde hace rato. Hace pocas semanas, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, renunció a su cargo de forma intempestiva. A más de una diferencia conceptual sobre la estructura administrativa de la jurisdicción, quedó la impresión de que sus magistrados querían el control burocrático y de la multimillonaria contratación de la entidad, el mismo vicio que ha enlodado la respetabilidad de los tribunales de la justicia ordinaria.

A más del tufo clientelista y contratista que quedó tras la salida de Correa, ahora resulta que los magistrados dan muestran de escasa sindéresis y dejan entrever su favoritismo hacia los excomandantes de las Farc, autores —con los paramilitares— de algunos de los más espantosos crímenes de la historia colombiana. Que sepan de una vez por todas estos honorables togados que, por esta vía, quizás consigan vencer pero jamás lograrán convencer. Y que, por lo pronto, le dieron la razón al candidato presidencial Iván Duque, quien ha prometido que, si gana, hará ajustes importantes a las normas que regulan la JEP. Ajustes que son bienvenidos si, como lo indican los hechos, más que juzgar a los excomandantes, la JEP se dedica a protegerlos.

MAURICIO VARGAS
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EL COMANDANTE PETROSKY CON LA LUCHA DE CLASES

Tatiana Cabello    

Gustavo Petro es, sin lugar a dudas, un personaje bastante particular. Es la mezcla criolla del Comandante Chávez, aquel que despilfarró la riqueza del País más rico de América, y un clásico dictador soviético… de esos que llevaron a la miseria a una de las naciones más importantes del mundo en nombre de la lucha de clases.

Es además un sujeto que ya tiene preparado su dedo expropiador, aquel súper poder que solo tienen los populistas empedernidos con el que quiere empezar a quitarle las tierras a cuanto propietario legítimo exista. Primero, sentenció a Incauca. Segundo, a Álvaro Uribe. Quién sabe qué persona siga después, pero si llega al poder tengan la seguridad que todos estaremos en la lista.

Y, por si fuera poco, es un personaje que pareciera vivir en un interminable cuento de hadas, donde los recursos son ilimitados y un árbol mágico ubicado en el patio del Palacio de Nariño expide billetes gratis por montón para financiar todas sus fantasías.

El hecho que no haya cumplido las interminables promesas que realizó en su campaña a la Alcaldía de Bogotá no es culpa de su arrogancia, ni de su incapacidad de trabajo en equipo, ni mucho menos porque prometió lo divino y lo humano, sino es responsabilidad de la espantosa oligarquía bogotana que le bloqueó todos los frentes de acción… curiosamente las mismas explicaciones que da el narco-régimen venezolano cuando trata de justificar lo injustificable.

Ahora, en su campaña a la Presidencia está volviendo a prometer el cielo y la tierra, pero, fiel a su estilo, de manera paralela emprende una guerra contra el sector privado con estigmatizaciones injustificadas: los ganaderos son paramilitares, los ingenios azucareros son latifundistas y el sector minero energético es tan dañino que hay acabarlo.

El Comandante Petrosky, sin embargo, tiene todas las credenciales para ejercer como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares: ya tiene la experiencia en combate y conoce perfectamente el funcionamiento de las guerrillas, mejor, de hecho, que cualquier General, dado que vivió esa experiencia en carne propia.

Colombia no puede caer en manos de un populista que motivado por un conjunto de resentimientos personales piensa destruir al sector privado, expandir desproporcionadamente el gasto público y llevar al país a un abismo interminable del que difícilmente nos recuperaríamos.

¡Duque Presidente!

@TataCabello

 

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LA CARCEL DEL CIEGO SANTRICH

Jaime A. Arrubla    

No hay duda que el caso Santrich puso a temblar la continuidad del proceso de paz y su etapa del posconflicto. Nuevamente se establece tremenda excepción a nuestra institucionalidad, esta vez en el sistema penitenciario;

¡si es cierto!,  el sistema carcelario colombiano, permite en ciertos casos reclusión en lugares especiales,  y así se ha hecho con altos funcionarios, por el riesgo que corren y por la alta investidura que detentaron;  por ello permanentemente vemos exministros y exgobernadores  y altos oficiales recluidos en estaciones de policía o en cantones del ejército; pero lo que no habíamos visto nunca es que esto sucediera en instalaciones  eclesiásticas como lo es la Fundación de la Pastoral Penitenciaria, con autorización de la Conferencia Episcopal;  pero también con  la protesta de importantes prelados como el mismo Presidente del Tribunal Eclesiástico colombiano, Monseñor López y el Capellán del Congreso de la República, Monseñor Mercado;  sin embargo, la recepción del personaje reclamado en extradición  fue autorizada y cada obispo manda en su diócesis.

¿Cuándo la Iglesia Católica había aceptado la reclusión de un reo en sus instalaciones?  No tenemos recuerdo de algo similar en el pasado reciente, a pesar de las continuas y permanentes obras humanitarias que mantiene en nuestro territorio.  Pues el Sr. Santrich es pionero debutante, que además, tiene las siete vidas del gato, pues es imposible una huelga de hambre de más de treinta días; o es cuerpo glorioso y merece estar incluso en un lugar más santo, o está comiendo de contrabando.

Las razones que se han esbozado son de carácter humanitario; las que debe mostrar la sociedad colombiana y las mismas que nunca se observaron en la guerrilla con los secuestrados. Yo me pregunto, ¿será que a todos los prisioneros que de aquí en adelante entren en huelga de hambre, van a recibir el mismo trato; no solo por las autoridades del Gobierno autorizando un convento para su reclusión, sino que la Iglesia los va a seguir prestando?   Francamente  se debió acudir más bien a las razones de seguridad, que no se pueden garantizar en comandos y cantones; pero acudir a las humanitarias, no solo no le salen a quien quiere acabar con su vida, decisión por demás respetable, sino que  se metieron en una trampa para atender a los futuros presos en huelga de hambre, que seguro vendrán, pues realmente lo que les falta es la huelga, porque el hambre lo tienen todos los acinados presos colombianos.

Seamos honestos; las razones no son las humanitarias que predican; la realidad es que están encartados con el huelguista pedido en extradición.   El precedente no puede ser peor; nuevamente se rompe en Colombia el derecho a la igualdad y la tradición institucional so pretexto de alcanzar la anhelada paz.     Debemos entender que el Sr. Santrich está pedido en extradición, por una Corte extranjera, al parecer por delitos cometidos después de la firma   de los acuerdos de paz. Es la Corte Suprema de Justicia la competente para dar su concepto sobre la misma y el Presidente de la Republica, quien discrecionalmente puede o no enviarle al país que lo reclama, asumiendo las consecuencias políticas de su decisión.

 

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LOS QUE SE ESTAN TIRANDO EL PROCESO DE PAz

José G. Hernández    

 “Son las Farc las que están destruyendo el proceso”

“Se están tirando el proceso de paz", dice el candidato De la Calle. "El Fiscal se está llevando el proceso de paz al infierno", repite alias “Iván Márquez”, tras informaciones del diario norteamericano “The Wall Street Journal".

Desde la captura de alias "Jesús Santrich", se dijo por algunos que entró en crisis el proceso de paz.

 “Iván Márquez” lanza duras críticas contra el fiscal Martínez, a quien llama “un tipo dañado”, y en días pasados se trasladó a Miravalle, en Caquetá, como protesta por la captura de “Santrich” y por la negativa del recurso de Habeas Corpus que su ex compañero había interpuesto. Después dijo que no se posesionará como Senador, con el fin de evitar que lo llamen narcotraficante.

“Santrich”, por su parte, ha entrado en huelga de hambre, y su salud está cada vez más deteriorada, en vez de acudir a medios jurídicos para desvirtuar las pruebas que se alleguen en su contra, si es inocente. El Estado no le debe permitir que se suicide, ya que, según el artículo 2 de la Constitución, su obligación es proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia.

La aplicación estricta del Derecho,  para que los desmovilizados  reincidentes -después de la tan proclamada paz- se sometan a la ley,  es el camino indicado, como surge del mismo Acuerdo y de las normas dictadas en su desarrollo.

Seamos correctos. Aunque en el Acuerdo hay obligaciones para el Gobierno y para el Estado en su conjunto, de conformidad con las reformas, no estamos ante un acto jurídico unilateral. Se comprometió el Estado, sin duda,  pero, dado el carácter bilateral del Acuerdo, las Farc  también contrajeron obligaciones, algunas de las cuales –como en el caso de los menores ilícitamente reclutados- no han cumplido. Pero, sobre todo, entraron en un compromiso claro, si lo que querían era  incorporarse a la legalidad: no volver a delinquir. No repetir conductas como el narcotráfico. Sin ese compromiso, leal y sincero, el proceso de paz carecía de sentido. Así lo reconoce incluso "Timochenko".

Quien haya seguido delinquiendo tras la firma del documento, debe responder ante la Justicia. Y, si delinquió contra otro Estado, por ejemplo, exportando cocaína -como afirman los Estados Unidos que lo hizo “Santrich”-, merece ser extraditado.

Proponer que no se castigue al delincuente con todo el rigor que corresponde, o pretender que se garantice la no extradición por  conductas posteriores al 1 de diciembre de 2016, es una forma de incumplir lo pactado  y de violar la Constitución y la ley, allí sí  “haciendo trizas” lo estipulado. El artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 establece la aplicación de la justicia ordinaria y la posibilidad de extradición de quienes, habiéndose desmovilizado, hayan delinquido después del Acuerdo.

Además, quienes así razonan están presentando el narcotráfico como algo leve, menor, casi insignificante, cuando es muy grave, y nos está haciendo quedar muy mal en el exterior, pese al Premio Nobel. Proclamar su impunidad con el pretexto de no frustrar el objetivo de la paz, es un engaño al país y a los países que creyeron en el proceso. Ellos deben saber que este proceso no está en peligro por culpa de la DEA, del Fiscal General, o de la oposición, sino por las conductas punibles y vergonzosas  de quienes se habían comprometido a no delinquir y traicionaron ese pacto. Son ellos los que están destruyendo el proceso.

 

 

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IVAN DUQUE,catòlico no confirmado,del Partido Centro Democratico,no de Derecha ni de izquierda sino de Centro , economista y el màs joven de los candidatos;en coaliciòn con la conservadora catòlica de Derecha Marta Lucia Ramirez.
29
SERGIO FAJARDO,sin partido,ni religiòn conocida,de tendencia izquierdista y en coaliciòn con los izquierdistas del Polo y los Verdes; su Vicepresidente la izquierdista Claudia Lòpez.
27
GUSTAVO PETRO,sin religiòn,izquierdista,socialista del Siglo XXI y chavista,se autodenomina progresista;y con vicepresidente izquierdista de los Verdes Angela Marìa Robledo
13
GERMAN VARGAS LLERAS,catolico,liberal de Derecha,jefe de Cambio Radical,expresidente de Santos y con Vicepresidente el Santista de Derecha Juan Carlos Pinzòn
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HUMBERTO DE LA CALLE.Liberal santista,ateo,izquierdista y negociador con las Farc;con vicepresidente del Polo izquierdista Clara Lòpez.
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