Martes 16 de Enero de 2018
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NO TODOS LOS CONGRESISTAS SON BORREGOS

mauricio-vargas

 
12 de noviembre 2017 , 02:35 a.m.
 

Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.

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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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12 de noviembre 2017 , 02:35 a.m.
 

Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.

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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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POLITICA CRIMINAL A RETAZOS,PARA PENDEJOS

RUEDA MARIA

 
 
 

Colombia se quedó sin política criminal. Lo que hay son retazos, conforme a los cambios que a los ministros se les vayan ocurriendo. Se trata de funcionarios del Gobierno con unas propuestas normativas “personales”, deshilvanadas, que no comparten con nadie antes de radicar prácticamente en secreto en el Congreso. Y cuando los demás actores que deberían estar discutiendo coherentemente la política criminal del país terminan tropezándose con hechos cumplidos, no les queda sino expresar desconcierto profundo frente a lo que están descubriendo.

 

Así pasó con el proceso de paz. Cuando el Fiscal descubrió que la tal JEP dejaba abierta la puerta para las reincidencias, las disidencias y que extendía indefinidamente la comisión del narcotráfico bajo la disculpa de que era un delito de ejecución continuada y conexo al de rebelión, puso el grito en el cielo. Se fue al Congreso a convencerlos, y los convenció. El costo es que lo acusaron de estar queriéndose tirar la JEP. 

Ahora sucede lo mismo. El gobierno Santos ha entrado en un estado de paroxismo en ‘fast track’, que lo tiene corriendo para presentar casi en secreto delicadas modificaciones normativas de la justicia penal que nos tiene convertidos en un país criminalmente deshilvanado.

¿Qué tal la propuesta a las bandas criminales, compuestas, entre otros, por delincuentes que nacieron con el Epl, donde fueron amnistiados; se pasaron luego para las autodefensas, donde obtuvieron tratamientos benignos, y desde donde salieron para unirse a las ‘bacrim’, donde encontrarán abierta nuevamente la puerta del Estado para negociar su “acogimiento” a la ley? (Ojo, que no es sometimiento, porque esta palabra no les gusta). ¿A cambio de qué? De que el Estado les rebaje las penas hasta en un 50 % y les deje quedarse con el 5 % de sus utilidades delictivas. 

Como si nada de eso fuera poco, ahora nos anuncian un nuevo proyecto que reduce las penas a los pequeños cultivadores de drogas, y el Fiscal ha dicho expresamente que lo que ha leído ahí lo tiene “aterrado”.

Como los ministros del Posconflicto y de Justicia más o menos han dicho que el Fiscal miente en la explicación de sus alarmas, estudiémoslas a ver:

1) Ministros Pardo y Gil Botero: ¿es cierto que este proyecto reduce las penas hasta en un 80 % a quienes siembren cultivos ilícitos y hasta los financiadores de los narcocultivos gozarían de libertad y de beneficios penales, ya que al artículo 375 del Código Penal lo reforman sin distingos para todos los delincuentes? 

2) ¿Que quienes no acepten suscribir los acuerdos de sustitución de cultivos van a gozar de las mismas rebajas y beneficios que los que sí, por la rebaja indiscriminada del artículo 375?

3) ¿Que el proyecto contiene un diabólico incentivo potencial para que los cultivos industriales se organicen asociados ahora entre parcelas pequeñas de no más de 3,8 hectáreas, como hicieron los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, que dividieron sus fincas para ganarse los beneficios del Estado?

4) ¿Que, como parte del incentivo, todo campesino colombiano que lo desee podrá sembrar por lo menos una vez un cultivo de coca de 18 metros cuadrados sin que le pase absolutamente nada? ¿Qué sucedería si millones de campesinos colombianos deciden ejercer ese derecho el año entrante? ¿Será esta ley una provocación al ensayo nacional?

5) ¿Como el artículo 6 del proyecto modifica con carácter definitivo el artículo 375 del Código Penal, esta rebaja para narcocultivadores conservará indefinidamente el beneficio punitivo?

La pregunta más grave es si estas políticas de ablandamiento frente al pequeño cultivador, de la que por lo visto también pueden raspar olla los grandes, es más que un potencial incentivo a las narcosiembras, que en los promedios del país tienen menos de una hectárea por familia cocalera. 

Si el narcotráfico es para los guerrilleros un delito conexo al político; si a las bandas criminales les vamos a rebajar hasta el 81 % de su pena. Y si el pequeño cultivador, firmando o no el acuerdo de sustitución, va a recibir sensibles rebajas de penas y si siembra su parcela hasta por 3,8 hectáreas por una vez lo perdonan, nos van a considerar unos locos a quienes sigamos insistiendo en que mejor regresen a la legalidad, porque en la ilegalidad se les concede todo. Recursos, perdón y libertad. Ah, y hasta se pueden quedar con la cosecha. 

Entre tanto... Curiosa fórmula: el Partido Liberal negoció la rebaja del costo de su consulta interna a 40.000 millones, al precio de que voten aun menos liberales.

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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CATALUÑA CONTRA ESPAÑA LA GRANDE

Vicente Torrijos                                       

La mayoría de los catalanes prefiere seguir haciendo parte de España.

Así lo muestran recurrentemente las encuestas y los resultados electorales. 

Pero parece que los separatistas fueran más, sencillamente porque son agresivos, buscan escrachar, vociferan e intimidan. 

Mediante una coalición explosiva, ellos han logrado gobernar la comunidad autónoma, desafían al Estado, violan la ley, posan de víctimas y ponen al servicio de su causa los dineros que pertenecen a todos los catalanes.

Rompen las reglas de la convivencia, aprueban en su parlamento regional leyes acomodaticias gracias al fast track que tanto gusta allá como acá, y estimulan el culto a la fuerza, recordando a cada paso la noche de los cristales rotos.

Con ese rupturismo recalcitrante, propio de casi todo proyecto nacionalista, facilitan la irrupción de fenómenos dolorosos, como el terrorismo yihadista, que ve en semejante actitud, el terreno abonado para perpetrar toda suerte de atentados.

Arrastrados por la ilusión de una distopía (la declaración unilateral de independencia), ellos, los soberanistas, segregan a los coterráneos que se les oponen y, por ende, los señalan y persiguen, tratando de expulsarlos del territorio para consolidar su feudo.

En esa lógica, antier mismo montaron esa pantomima llamada referendo y aunque todo les ha resultado adverso -como siempre-, seguramente seguirán aferrándose al adefesio propagandístico del 'derecho a la autodeterminación' y proclamarán esa caricatura de ‘Estado libre y soberano’.

En cualquier caso, solo hay tres modelos emergentes después del esperpéntico 1 de octubre.

El primero, es el del primordialismo extremista, sedicioso e incendiario (violencia directa), en el que probablemente se empeñarán los militantes de la izquierda marxista atraídos por la idea de dar a luz una especie de ETA, y cuyo único apoyo internacional es el que reciben de Nicolás Maduro (y sus secuaces en Colombia, Bolivia y Nicaragua).

El segundo, es el del mercadeo identitario, radical, subversivo y más o menos rudo (violencia simbólica), a cargo del nacionalismo pragmático, tan asociado a la corrupción y los privilegios endógenos puestos en marcha por el padre del separatismo reciente, Jordi Pujol, y su familia, todos ellos procesados por la justicia.

Y el tercero, el del reformismo consensuado, pacífico, no nacionalista, no secesionista, respetuoso de la Constitución, de los derechos de todos los españoles y, por tanto, de todos los catalanes.

Reformismo consensuado que, promovido por los partidos Popular, Ciudadanos y Socialista, actualizará el sistema autonómico, preservará la integridad territorial del Estado, castigará a los violentos y robustecerá la democracia española.  

 

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OTRAS 16 CURULES PARA LAS FARC

castro jaimeEl Gobierno y las Farc acordaron crear 16 circunscripciones especiales para la elección de igual número de representantes a la Cámara y pidieron al Congreso que así lo ordene mediante una reforma constitucional que cambia la regla de juego que siempre formó parte de nuestro ordenamiento superior: el trazado de las circunscripciones para la elección de corporaciones públicas coincide con el de los municipios y departamentos. Por eso, jamás ni el gobierno de turno ni ocasionales mayorías suyas definieron geográficamente las circunscripciones. Como no han podido amañarlas con fines electorales, no hemos tenido por ese motivo las confrontaciones a veces violentas de otros países. Ahora crean verdadero sudoku electoral porque las nuevas circunscripciones tienen trazados caprichosos que no coinciden con los límites departamentales. Las conforman entre 4 y 24 municipios, a veces de uno solo, pero también de dos y hasta tres departamentos, que en algunas ocasiones ‘aportan’ municipios suyos a dos o tres circunscripciones. Y si el municipio tiene más de 50.000 habitantes, solo pertenece a la circunscripción su área rural, no su casco urbano, lo que producirá masivos desplazamientos de electores porque quienes sufraguen en las nuevas circunscripciones pueden votar dos veces: por la lista que prefieran del respectivo departamento y por su candidato de la circunscripción especial, privilegio que no tiene ningún otro colombiano. ¿Quién propuso que fueran 16 circunscripciones y trazó sus límites? Seguramente las Farc, que durante décadas controlaron la mayor parte de sus territorios y habitantes. No pudo ser el Gobierno, porque si así pensaba, habría llevado el proyecto al Congreso sin negociarlo con los insurgentes. Según textos oficiales, en las citadas circunscripciones hay cultivos de coca, minería ilegal, precaria organización institucional y el conflicto no ha terminado, aunque con otros actores: últimamente, en ellas fueron asesinados 65 líderes sociales. Sus habitantes, además, son pobres. Serán, entonces, los ‘empresarios’ de los cultivos y la minería ilegales quienes manejarán las votaciones, financiarán las campañas y presionarán físicamente a los electores si fuere necesario. En caso de que no sean las mismas personas, lo harán quienes, de hecho, hasta hace poco mandaron sobre esas poblaciones y conservan su apoyo, así como los actores ilegales del conflicto que todavía sientan allí sus reales y otras organizaciones criminales.

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COLOMBIA VOTÒ NO;Y QUÈ HA PASADO?

KERTZMAN FANNY

 

Fanny Kertzman                                      

“El costo de que Juan Manuel Santos ignorara los resultados del plebiscito del No: es el resultado de la crisis que vive Colombia”. Análisis de Fanny Kertzman

Hoy, dos de octubre, a un año de que Juan Manuel Santos ignorara el resultado del plebiscito donde ganó el NO, es bueno reflexionar sobre las consecuencias de ese golpe de estado.  El acuerdo de paz ha perdido legitimidad ante los colombianos y cada vez se ve más lejana su total implementación.

Como consecuencia, el país se polariza aún más. En el Congreso la Unidad Nacional se resquebraja y el gobierno ya no cuenta con mayorías automáticas para aprobar la legislación amarrada a lo decidido en La Habana.

La Unidad Nacional en el Congreso, que estaba pegada con mermelada, ha ido desbaratándose: el último golpe fue la decisión de Germán Vargas y Cambio Radical de no votar en el Congreso lo relacionado con el acuerdo de paz, empezando por la Ley Estatutaria (léase reglamento) de la JEP. Tan limitada es la gobernabilidad que hasta el ex Presidente César Gaviria, ungido como jefe único liberal, le hace bullying a Santos.

Ahora es que se está descubriendo la realidad de lo que se acordó en la Habana. Era imposible identificar la infinidad de micos hasta que llegara la etapa de implementación. Ya los sapos son demasiado grandes como para que los traguen los partidarios del NO, que ganaron y fueron ignorados. Simplemente, el país que proponen las Farc no es viable. Es un país sin justicia, inviable como Venezuela. Y Colombia votó NO.

A esto se suma la ausencia de la Justicia, que fue politizada con mayorías de izquierda y se cuece en su propia corrupción. Cómo será la falta de credibilidad de la justicia ordinaria, que hasta las Farc armaron su propia justicia aparte, con todas sus aberraciones, que hoy rechazan los colombianos.

Ante semejante desprestigio de las instituciones, no sorprende la rápida ascensión de Sergio Fajardoen las encuestas. Lidera con 21% de intención de voto e imagen favorable de casi 54%, según la última encuesta Invamer. Fajardo encarna la anti política y parece que le ayudó la alianza con Claudia López y Jorge Robledo. Aunque a los empresarios no les ha caído bien esta noticia, debe tenerse en cuenta que si Fajardo gana la candidatura, evita­­­­­ que Claudia o Robledo lleguen a la presidencia. Además, es una jugada a tres bandas: la unión con los verdes y el Polo garantiza una buena votación de base para arrancar. Ya se perfila Fajardo como el candidato del triunvirato. Es una buena opción para cooptar además votos de Petro, que va de bajada en las encuestas.

Era paradójico que Gustavo Petro encabezara las encuestas, cuando está impedido para ejercer cargos públicos por sanciones de la Procuraduría y la Contraloría Distrital. La primera lo destituyó del cargo de Alcalde, pero Petro apeló ante la Consejo de Estado y logró una medida cautelar, mientras que el expediente está paralizado. La Contraloría, por su parte, le impuso una exótica multa por $ 217.204.849.989 por detrimento patrimonial, al bajar las tarifas de Transmilenio en 2012 y más recientemente, en junio, por el detrimento patrimonial de más de 279 millones de dólares por la recompra del 31.92 % de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), antes conocida como Ecogas.

Es por ello que tanto Petro como Piedad Córdoba (también destituída por la Procuraduría), esperan ansiosamente la reforma política, que hace su arduo curso en el Congreso. Aunque la reforma es consecuencia de lo acordado en La Habana, su primer artículo dice:

“Las limitaciones de los derechos políticos decretadas como sanciones que no tengan carácter judicial a servidores públicos de elección popular producirán efectos solo cuando sean confirmadas por decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa en el grado jurisdiccional de consulta.”

Esto significa en cristiano que cuando un funcionario de elección popular sea destituido, la decisión debe ser confirmada por el Consejo de Estado. Si pasa la reforma política y rige este criterio retroactivamente, Petro (y Piedad) tendrían posibilidades de ser elegidos Presidente.

Los proyectos ligados a los Acuerdos de La Habana tendrán tropiezos en su paso por el legislativo. Ya hay impasses como el presentado la semana pasada en Plenaria de Senado, que la prensa enmermelada tapó. Solo María Isabel Rueda lo comentó. Yo lo alcancé a ver en Twitter, pero inmediatamente desapareció.

La noche del miércoles 27 había plenaria del Senado para aprobar la llamada ley “abuelita”, donde se reitera que los grupos paramilitares están prohibidos. Esta es otra exigencia de las Farc. Presidía la sesión Efraín “Fincho” Cepeda, conservador gobiernista del Atlántico. Después del debate se llamó a votación. Se requerían 51 votos para pasar el proyecto y solo se iluminaron 44 luces en la pantalla electrónica. Fincho, desconcertado porque el proyecto se acababa de hundir, dio diez minutos más para la votación. En esas se apagó el tablero electrónico. El Ministro del Interior, Guillermo Rivera, y Fincho, aterrados, llamaron de urgencia al técnico quien acudió y declaró que la pantalla estaba dañada y no tenía arreglo. Como resultado, se aplazó la votación. Traté de comunicarme con el Senador Cepeda y no contestó llamadas ni mensajes. Me imagino que están esperando en los próximos días obtener otros seis votos a punta de mermelada, para volver a votar el proyecto.

Otros acontecimientos de esta semana, que le revolvieron las tripas a víctimas y ciudadanos, incluyen la ceremonia de perdón que debe pedir la Nación a las víctimas de Bojayá, como si compartieran la culpa las víctimas y victimarios y el homenaje a Jojoy. Grotesco. Por otro lado, la escogencia de ciertos personajes en la JEP que ya han prejuzgado al Presidente Alvaro Uribe, y por lo tanto deben ser recusados, le ha quitado credibilidad a la misma. Los colados, las “disidencias”y el mar de coca han desprestigiado el Acuerdo.

El 27 de septiembre arrancó la discusión de la Ley Estatutaria de la JEP.  El proyecto promete un gran debate: Cambio Radical no votará este proyecto –se dice que Rodrigo Lara, presidente de la Cámara escondió el proyecto en agosto y hasta ahora lo radica-, razón por la cual correrán verdaderos ríos de mermelada para su aprobación.

Todo este despelote es consecuencia de no haber escuchado la decisión de los electores: No es No. Los colombianos rechazaron el Acuerdo. Ahora los argumentos están a la vista ¿Cuándo lo entenderán el gobierno y sus enmermelados?

 

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