Miércoles 23 de Mayo de 2018
Verdades Confirmadas

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POR UNA NUEVA GENERACION EN LA POLITICA

Iván Duque Márquez                                      

Mi mayor deseo es representar a una nueva generación, defender unos principios y unos valores que creo firmemente son los que necesita Colombia.

Después de 15 años de escribir en las páginas editoriales de Portafolio, hoy tengo que despedirme con nostalgia de este diario que me ha acogido, que ha sido como mi casa y me ha permitido expresar libremente mis opiniones.
Portafolio es un diario independiente, que fomenta el debate de ideas, que profundiza la información y que ha sido una herramienta de análisis seria y de impulso al emprendimiento que tanto necesita Colombia.

En esta columna de despedida tengo que decir que nunca me he guardado una opinión. Mi pensamiento está contenido en los 15 años que llevo escribiendo esta columna, incluso he publicado libros como Efecto Naranja de editorial Planeta que ha re-condensado muchas de esas columnas, muchas de esas ideas que tenemos para el país. Me despido de este espacio, no sin antes agradecer a Ricardo Ávila y a Rosa María Cárdenas, al igual que a Silverio Gómez y a Mauricio Rodríguez.
Me voy porque he sido elegido candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático y porque mi mayor deseo es representar a una nueva generación, defender unos principios y unos valores que creo firmemente son los que necesita Colombia.
Yo hago parte del 73 por ciento de los colombianos menores de 45 años que, como todos los ciudadanos, queremos un país distinto, basado en principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Me despido para asumir el gran compromiso de pasar las páginas de la impunidad, de la violencia, del populismo; para construir un país que pase las páginas del derroche y de la asfixia tributaria. Para trabajar por un país donde la educación sea un agente de movilidad social y donde el servicio de salud de calidad sea una realidad para todos. 
Para cumplir esos grandes retos necesitamos hacer del empresario, del emprendedor y del comerciante, un socio para el progreso. Necesitamos que el Estado deje de verlos con desconfianza, con sospecha, o como una simple fuente de ingresos tributarios. Tenemos que entender que el triunfo del empresario es el triunfo de Colombia.
En estas páginas he explicado nuestra propuesta para la recuperación económica. He dicho que hay que eliminar el derroche del Gobierno, que hay que trabajar por la formalización laboral, por hacer una gran reforma a la administración pública, por fortalecer la fiscalización para reducir la evasión. Tenemos que tomar medidas urgentes y brindar estabilidad jurídica de largo plazo a la inversión, racionalizar el régimen de exenciones y promover las que se traduzcan en mayor inversión y generación de empleo.
Necesitamos diversificar la oferta exportable de Colombia, fortalecer la industria del país e insertarla en las cadenas globales de valor. Debemos incentivar el emprendimiento y particularmente el asociado con servicios ciencia y tecnología, industrias creativas, Big Data, el internet de las cosas, biotecnología, y fomentar el desarrollo agroindustrial de la mano con pequeños productores para la seguridad alimentaria nacional y la exportación.
Estas medidas nos permitirán bajar impuestos, mejorar el salario de los trabajadores y tener un país emprendedor.
Ese es el país del futuro, ese es el país por el que vamos a trabajar en el 2018.

 

 

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QUE CHUPEN POR NO PAGAR CARLCEL POR CRIMENES

mauricio-vargasPor: Mauricio Vargas 03 de diciembre 2017 , 01:43 a.m.

Los voceros del partido Farc, exjefes de la guerrilla en buena hora desarmada –aunque queden unos dos mil disidentes dedicados a matar y narcotraficar–, se quejan a diario por los incumplimientos del Gobierno.

Primero fueron los campamentos para los desmovilizados, donde fallaron los suministros porque –nada de qué sorprenderse– el Ejecutivo entregó decenas de miles de millones de pesos en contratos a firmas carentes de los requisitos del caso. Pero como el asunto solo afectaba a la tropa rasa, las protestas no duraron. Lo más delicado vino por la incapacidad del Gobierno de cumplir al pie de la letra los compromisos del acuerdo de La Habana, en campos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el régimen electoral. Para los comandantes, que la tropa pase hambre es mucho menos grave que poner en riesgo los beneficios jurídico-políticos que ‘Timochenko’ y sus socios ganaron en la mesa. Por eso las protestas en ese campo se han hecho sentir con fuerza. “El Gobierno ha asumido una actitud infame de distracción e incumplimiento (...) porque ya dejamos las armas”, dijo hace algunas semanas ‘Jesús Santrich’. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional determinó que el Congreso podía meterles mano a los proyectos de ley del Gobierno que desarrollan los acuerdos, y como muchos congresistas se lo tomaron en serio, ha habido modificaciones importantes. Entre los goles atajados por los parlamentarios está el que dejaba la puerta abierta a los disidentes para entrar a la JEP cuando quisieran, lo que estimulaba que siguieran delinquiendo y llenando sus bolsillos. El Congreso fijó límites: solo habrá beneficios jurídicos para los delitos cometidos antes de la firma de los acuerdos. También definieron las cámaras que no habrá beneficios para los autores de delitos sexuales contra menores, una práctica reiterada entre los paramilitares, pero también entre algunos jefes de las Farc, como lo estableció el Centro de Memoria Histórica al revelar el asqueroso comportamiento del canciller de esa guerrilla, ‘Raúl Reyes’, muerto en Ecuador hace una década. Las quejas de esta semana han tenido que ver con el hundimiento de la ley que establece 16 circunscripciones especiales para llegar al Congreso, y que aunque fueron anunciadas como curules para las víctimas, en realidad pueden servir a gente cercana a la Farc al estar ubicadas en zonas de histórica presencia armada de ese grupo. El asunto quedó atrapado en un lío de leguleyos: por tratarse de una ley especial, requería el voto de la mitad más uno de los miembros de cada cámara, y en el Senado –de 102 miembros– solo consiguió 50. El presidente Juan Manuel Santos se sacó el jueves un conejo de la chistera y aseguró que el proyecto sí fue aprobado, porque como dos de sus principales aliados, los senadores Musa Besaile y el ‘Ñoño’ Elías, ya no están en el Congreso, sino en la cárcel, y hay otro más fuera, el Senado ya no tiene 102 integrantes sino 99, y 50 votos sí marcan la mayoría absoluta. En fin, todo un enredo: habrá que ver si la tinterillada pasa el examen de la Corte Constitucional. Por causa de todos estos líos, el abogado español Enrique Santiago, asesor de la Farc, quien también suele hacer magia con sus interpretaciones jurídicas, sentenció hace poco: “El presidente Santos no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de los acuerdos”. Puede que tenga razón: Santos perdió sus otrora amplias mayorías en el Capitolio y, como en el país subsiste la separación de poderes, no puede manejar a las altas cortes a su antojo. ¿Qué puede hacer la Farc? Pues aguantarse los incumplimientos, porque, al fin y al cabo, que sus comandantes no paguen cárcel por algunos de los peores crímenes de la historia del país es premio más que suficiente. MAURICIO VARGAS Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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SIN GUARDIANES DEFENSORES DE LA CONSTITUCION

José G. Hernández                                      

“Por lo visto, no hay guardianes que defiendan la Constitución”

Ha dicho el presidente Santos en Lisboa que el Acuerdo de Paz de Colombia es “un verdadero laboratorio que puede ser útil para intentar soluciones en otros escenarios”.

En ese laboratorio todavía siguen, Gobierno y Congreso, experimentando; usando tubos de ensayo. Eso explica por qué han cometido tantos errores, particularmente en la etapa de adopción de las normas que se han venido expidiendo para la implementación de lo convenido. Como se trata de experimentar, los asesores gubernamentales no cesan de aconsejar distintas fórmulas, para que sean ensayadas, sin importar los efectos de su aplicación. Si una fórmula falla, se recomienda otra, en lo que se conoce como “teoría del ensayo y el error”.

Por ejemplo, en materia de refrendación de los acuerdos, se pensó primero en la convocatoria de una asamblea constituyente. Después se descartó, sin saber por qué. Se ensayó entonces, con el mismo propósito, la idea un referendo, e inclusive se expidió una ley estatutaria que modificó las disposiciones que venían rigiendo al respecto. Pero en septiembre de 2015, sin dar ninguna explicación, el Presidente descartó también el referendo porque “sería un suicidio”.

Se ensayó la vía del plebiscito, y el experimento salió mal para el Gobierno. Confundieron el valor de la paz con un voluminoso y abstruso documento denominado Acuerdo Final, desconocido para la mayoría, y la pregunta formulada a los votantes no giraba alrededor de elementos comprensibles  que hubiesen podido ser votados con conocimiento de causa, sino que las opciones -SÍ o NO- recaían sobre el mamotreto.

Se ideó, entonces, y se puso en práctica, la polarización de los colombianos. Quienes votaran por el SÍ, a favor del Acuerdo, no lo harían porque lo entendieran y aceptaran sino porque -a ciegas- eran amigos de la paz. Quienes optaran por la negativa no lo hacían por tener reservas o por discrepar de algunos puntos del Acuerdo, sino porque eran enemigos de la paz.

Triunfó el NO. De ello se desprendía, en sana lógica, que, habida cuenta del rechazo popular al documento, este ha debido ser renegociado para pactarlo sobre bases distintas, pero los asesores aconsejaron algunas adiciones, consultadas con los que fueron llamados “voceros del NO”, y, en vez de someter al pueblo el nuevo texto, propusieron ensayar la refrendación popular (a la que se refirió el A.L. 1/16 como condición para que el procedimiento legislativo abreviado -“Fast track”- y las facultades extraordinarias entraran en vigencia) pero, eso sí, siempre que no votara el pueblo sino el Congreso, que así lo hizo sin discutir.

Para infortunio de la democracia, la Corte Constitucional, en lamentable fallo, admitió no solamente que la Constitución fuera sustituida por el “Fast track”,  sino que el Congreso sustituyera al pueblo, aunque no tuviera facultades para ello.

Vendrían otros ensayos y nuevos errores: pretender que el Acuerdo de Paz era un Tratado Internacional; establecer, mediante norma constitucional (A.L. 1/16, derogado por A.L. 1/17) que el Acuerdo se incorporara como parte del bloque de constitucionalidad; “blindar” el Acuerdo con la impracticable  tesis del carácter “intocable” del Acuerdo por 12 años. La Corte, en vacilante sentencia, pareció inclinarse por lo contrario en todos estos puntos.

Y seguimos con los ensayos: ahora se habla de declarar la conmoción interior si el Congreso no aprueba la ley estatutaria sobre JEP. Es fácil el experimento. Al fin y al cabo, como que, por lo visto, no hay guardianes que defiendan la Constitución. 

 

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RUGELES CONTRA DANIEL CORONEL ,DOS TITANES

Gustavo Rugeles                                         

La oportunidad para que Daniel Coronell explique sus amores y odios políticos y su rol como contratista del Estado.

Una oportunidad para que el referente del periodismo en Colombia y EEUU aclare su relación económica con narcotraficantes y su vertiginoso ascenso económico derivado de los dineros públicos.

Daniel Coronell es sin duda el columnista más temido e influyente del país y una de las pocas personas que ha encontrado la fórmula para hacer del periodismo un negocio rentable. Su maratónica carrera comenzó con la salida al aire de Noticias RCN y luego pasó velozmente de presentador a convertirse en un próspero empresario de la televisión con un vertiginoso ascenso económico que hasta hoy muy pocos se explican.

El pasado fin de semana el laureado periodista me buscó para interrogarme sobre la financiación y la operación del portal de periodismo de investigación El Expediente y por el respeto que le tengo le respondí de forma inmediata haciendo pública la conversación, de periodista a periodista (Ver Tweet).

Apelando a la caballerosidad de Daniel y amparado en el artículo 23 de la Constitución Política, también me permito formularle de manera respetuosa algunas preguntas que de ser contestadas le ayudarían a aclarar de una vez por todas las distintas versiones frente a su probada relación económica con personas vinculadas con la mafia como son el integrante del cartel de Cali Cesar ‘el bandi’ Villegas (qedp) y el extraditado narcotraficante Justo Pastor Perafán. También es una oportunidad para que Daniel explique sus amores y odios políticos y su rol como contratista del Estado favorecido con multimillonarios contratos y con canal propio, un éxito único en un país donde los portales se financian con escasos recursos y los reporteros de los grandes medios devengan salarios de miseria.

Gracias por sus respuestas señor Coronell. Los ciudadanos para los que escribimos y que son la razón de ser de nuestro oficio siempre las ha esperado como una muestra de su buena fe y de la transparencia necesaria en esta profesión de la que usted es un importante referente ético y moral en Colombia y Estados Unidos.

  1. ¿Cuál era su patrimonio e ingresos anuales antes de montar el noticiero NTC durante el gobierno del Presidente César Gaviria?
  2. ¿Exactamente de dónde provienen los recursos con los que montó su noticiero?
  3.  ¿Cuál fue su papel en la estrategia de comunicaciones de la campaña presidencial de Cesar Gaviria Trujillo?
  4. ¿Cuánto le cobro la empresa Imagen y Sonido del narco Justo Pastor Perafán por usar sus equipos para el programa piloto de noticiero NCT? ¿De dónde salió el dinero?
  5. ¿Al momento de usted asociarse con los hermanos David y Marco Antonio Cañón en NTC sabía usted que estos eran socios del narcotraficante Pastor Perafán en la empresa Imagen y Sonido?
  6. ¿Sabía usted al momento de usar los equipos de Imagen y Sonido que su dueño Perafán había estado preso en Panamá en 1982, detenido por la Interpol por tráfico de estupefacientes?
  7. ¿Participó usted en la entrevista que el “Magazin NTC” le hizo a Justo Pastor Perafán en la emisión del 19 de septiembre de 1991?
  8. ¿Conoció usted al Sr. Perafán? ¿En qué circunstancias?
  9. Usted ha dicho que no sabía de los nexos de Perafán con Cañón y que esos dineros nunca entraron a NTC. ¿Qué tiene por decir frente a las declaraciones de Cañón donde dice que usted sí sabía? Ver Daniel Coronell
  10. Si lo que dice el señor Marco Antonio Cañon no es cierto, ¿usted lo ha denunciado por injuria y calumnia?
  11. ¿Cuantas columnas ha escrito sobre Cesar Gaviria quien le entregó la licencia para operar a su noticiero NTC?
  12. ¿Quién le presentó al integrante del cartel de Cali Cesar “el Bandi” Villegas? ¿Cómo terminó de socio de su noticiero NTC?
  13. Si en 1991 la empresa NTC tenía un capital de 50 millones, ¿cómo terminó con un capital de $300 millones según consta en la escritura 1184 de la Notaría 11 de Bogotá de mayo de 1994?
  14. ¿Cuántas y cuáles demandas con pretensiones económicas ha interpuesto usted o NTC en contra del Estado?
  15. ¿Cuánto dinero ha recibido por cuenta de esas demandas interpuestas contra el Estado?
  16. ¿Qué participación tiene la firma NTC o usted con el informativo Noticias Uno?
  17. Si la ley 335 de 1996  dice expresamente que ”los contratos de concesión de espacios de televisión pública son improrrogables”, ¿cómo logró que el estado le prorrogara por 3 años la licencia a Noticias Uno en el año 2013 durante el gobierno Santos?
  18. ¿Durante el gobierno Uribe, siendo Juan Manuel Santos ministro, es cierto que usted obtuvo $4.458 millones en contratos con el sector defensa? Favor precisar el objeto y ejecución de esos contratos e informar cuantos fueron mediante licitación pública
  19. ¿De las cerca de 250 columnas publicadas en la revista Semana en los últimos años, ha escrito una mensual contra Álvaro Uribe ¿Su sesgo contra el expresidente es porque advirtió que usted era un periodista extraditable y denunció sus nexos con narcotraficantes?
  20. ¿En qué ocasiones se ha reunido privadamente con el Presidente Santos o con integrantes de su familia?
  21. ¿Podría detallar el contexto en el cual se reunió con Martín Santos en una casa en Coral Gables a los pocos días de haberle sido adjudicada la concesión de Canal 1 como único proponente?
  22. ¿Sería tan amable de explicar el origen de los recursos con los que compro recientemente una casa de $1.3 millones de dólares en la ciudad de Miami?
  23. ¿Podría por favor revelar su declaración de renta desde el año en que entró como accionista a la sociedad NTC hasta la fecha?
  24. ¿Podría informar en que año y en qué condiciones entró a formar parte de la comunidad judía?
  25. ¿Es cierto que su padre llanero Álvaro Coronell Mancipe y su abuelo fueron bautizados con apellido Coronel pero a usted lo registraron terceras personas con el apellido Coronell?

@GustavoRugeles

Los Irreverentes, 25 de noviembre de 2017

 

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NO TODOS LOS CONGRESISTAS SON BORREGOS

mauricio-vargas

 
12 de noviembre 2017 , 02:35 a.m.
 

Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.

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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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12 de noviembre 2017 , 02:35 a.m.
 

Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.

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El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.

En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

MAURICIO VARGAS
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En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en bloque y sin tocarles una coma.

También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado. Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con Martínez.

También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.

Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno, pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

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