Martes 16 de Enero de 2018
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IMPRECISIONES PERVERSAS

mauricio-vargas

 
07 de mayo 2017 , 03:55 a.m.

En un agudo artículo este jueves en EL TIEMPO, los analistas Camilo Echandía –uno de los más equilibrados estudiosos del conflicto– e Irene Cabrera les hacen ver a los comandantes del Eln que, en la accidentada negociación que no terminan de empezar con el Gobierno, se están creyendo lo que no son al empeñarse en “imponer una negociación sin condiciones” con una “gran imprecisión en los temas de la agenda”.

 

Cuando en el 2012 las Farc se sentaron a la mesa, eran mucho más poderosas en lo militar –y en muchas más regiones– que el Eln hoy. Y aun así, aceptaron una agenda limitada y una negociación con condiciones. Como lo afirman Cabrera y Echandía, entendían lo que el Eln no entiende: que la correlación de fuerzas con el Ejército y el resto de la Fuerza Pública, después de los duros golpes recibidos por la guerrilla, les era muy desfavorable y les impedía ponerse gallitos. 

Otra cosa es que luego, en la mesa, hayan ganado mucho más de lo que quizás era prudente concederles. Pero ni esa perspectiva de ganar terreno en la mesa parece atraer al Eln. Dando muestras de que hay división entre sus comandantes –solo unos parecen en verdad amigos de negociar– y de que el ala más fuerte es a la vez la más dura, las acciones del Eln indican que los más radicales creen que aún tienen mucho que ganar en coca, dinero, minería ilegal, extorsión y control de territorios, antes de sentarse en serio a negociar.

El Eln sigue matando en Cesar, Catatumbo, Arauca y otras regiones fronterizas con Venezuela, país donde goza de buenos y seguros refugios. Sigue secuestrando, sigue sembrando minas quiebrapatas en Riosucio (Chocó), sigue narcotraficando y sigue extorsionando. Se ilusionan sus jefes con copar regiones que abandonan los frentes de las Farc desmovilizados y concentrados, como en Cauca y Nariño.

Es comprensible que, una vez firmado el acuerdo con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos esté empeñado en hacer lo propio con el Eln, para no dejar vivo ese conflicto. Pero en algún momento él y el jefe negociador con ese grupo terrorista, el exministro Juan Camilo Restrepo, se tienen que preguntar si su mano tendida de manera tan generosa se ha convertido en un estímulo perverso para que el Eln siga matando. Y se lo tienen que preguntar en serio, porque esto cuesta mucha sangre inocente.

Al fin y al cabo –deben estar pensando los comandantes del Eln–, sus frentes pueden pasar mucho tiempo más asesinando y lucrándose, a punta de fusil y explosivos, de los múltiples negocios mafiosos asociados a sus actividades, pues al final, cuando se decidan a negociar, conseguirán, cuando menos, lo mismo que las Farc: sostenimiento económico para la tropa, y para los comandantes, cero cárcel y toda la posibilidad de hacer política y ser elegidos. Y lo conseguirán con una correlación militar de fuerzas mucho más desfavorable que la que las Farc afrontaban cuando firmaron. 

Así que –se dirán los jefes del Eln– ¿por qué apresurarse? La respuesta es que, aunque el resultado de las presidenciables del año entrante es todavía muy incierto, bien podría pasar que el ganador decida amputar de un sablazo la mano tendida del Gobierno al Eln. Con una Fuerza Pública liberada de la necesidad de combatir a las Farc, todo el aparato militar del Estado se concentraría en arrinconar y reducir al Eln, en un momento en que el ambiente para la generosidad en la mesa se haya convertido en cosa del pasado. ¿Lo entenderá el Eln? ¿Lo entenderán Santos y Restrepo?

* * * *

De derrota en derrota. Al mininterior Juan Fernando Cristo le va cada día peor en el Congreso. Su última derrota fue la de su candidato a la Corte Constitucional, Héctor Osuna, por quien se jugó a fondo. Con tan mal ambiente en el Capitolio, ¿cuánto más durará el ministro de la política?

MAURICIO VARGAS
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COMO VAMOS ,VAMOS MAL

Paloma Valencia Laserna 

Como vamos, vamos mal.

La entrega de armas va lenta. El gobierno fue poco serio al no imponer un estimado de armas y unos mínimos que cumplir. En muchos municipios se rumora qué hay muchas caletas de armas. Los hallazgos del ejército lo confirman. ¿Cuantas entregarán y cuantas quedarán como "seguro" para las Farc?

Si la entrega de armas, está demorada, qué decir de la entrega del negocio de las drogas. Ni rutas, ni cultivos, ni socios han sido reportados. El país está inundado de cultivos ilícitos, cualquier intento de erradicación terminara en nuevas violencias y para completar será  el discursos para legitimar a las Farc. Serán las Farc las que salgan -como ya lo han hecho- a oponerse a la erradicación "en defensa de los campesinos", en contra del gobierno. Claro que fueron las mismas farc las que promovieron el crecimiento de los cultivos ilícitos, con el plan de luego hacer sentir al campesinado que su enemigo es el Estado (también estarán confiados en que miles de millones de dólares les llenen las arcas para la política).

Y claro que van a hacer política. Hemos conocido las circunscripciones especiales que les han otorgado. Bloqueada la participación de otros partidos políticos, tiene la ventaja de diseñar nuevos departamentos que incluyen los municipios donde consideran que pueden consolidar las mayorías. Es una vergüenza que el grupo terrorista que atormentó esos ciudadanos ahora tenga la prerrogativa de diseñar los feudos electorales que les garanticen poder representar a quien no representan. Posar de líderes cuando han sido solo victimarios. Renunciar a la necesaria construcción de instituciones y de llevar al Estado hasta allá, solo para reconocer e institucionalizar el poder que las Farc construyeron a través del terror, las amenazas y el dinero de los cultivos ilícitos; sólo puede considerarse un retroceso.

Colombia no puede capitular ante los violentos. La andanada de ataques del ELN en medio del discurso de entrega del Gobierno es el primer resultado de la negociación con las Farc. Ya se sabe que todos los crímenes que cometan, sin importar su crueldad, serán amnistiados o al menos no serán castigados. Asesinan policías, secuestran las personas, amenazan, extorsionan, dinamitan los oleoductos y el gobierno insiste en pagarles con todo tiempo de beneficios para que cesen sus crímenes.

Así mismo, las bandas criminales asociadas al narcotráfico y a la minería ilegal crecen todos los días en el país. Se asocian con los políticos locales y corrompen no sólo las instituciones sino a los otros jovenes y hacen de los niños sus víctimas ideales. Esos negocios son las causas reales de la violencia, pues el dinero ilegal financia todos los poderes de la criminalidad.

Derrotar el crimen y conquistar la seguridad para los ciudadanos, el camino es la construcción de instituciones. Para ello se requiere la confianza en los poderes públicos, y respeto por el Estado. Eso implica fe en la justicia y miedo a la justicia: saber que el Estado actuará frente al crimen, dando tranquilidad a la víctima y temor al victimario. En todo aquello vamos mal, muy mal.

Nota: lamentamos la muerte del General Bedoya, excelente militar y gran patriota. Extendemos nuestra solidaridad a su familia, amigos y a las Fuerzas Armadas.

 

 

 

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JEP VIOLA ESTANDARES INTERNACIONALES



Carlos Holmes Trujillo                                        

La Jurisdicción Especial de Paz viola los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, a cuyo cumplimiento está obligada Colombia.

Las controversias sobre la Jurisdicción especial para la paz continúan, y seguirán presentándose, en virtud de la trascendencia de éste asunto para el futuro de la nación, así como el de la seguridad jurídica de los colombianos.

Por muchos esfuerzos que el Gobierno haga para convencer al país y a la comunidad internacional de que dicha jurisdicción cumple estrictamente con los estándares internacionales, en materia de lucha contra la impunidad, no lo conseguirá.

Y le será imposible lograrlo, por cuanto lo que resulta ser una evidencia a gritos es que los desconoce de manera flagrante.

Varios de los aspectos relacionados con la justicia, la dicha lucha contra la impunidad entre ellos, hacen parte hoy de marcos que están definidos en el derecho internacional público.

Están inscritos, además, en las obligaciones generales para combatirla que tienen los Estados, las responsabilidades consagradas en distintos instrumentos internacionales, el derecho consuetudinario, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina.

De otro lado, los tan mencionados estándares internacionales son el producto de un largo proceso de elaboración, que ha contado con la voluntad permanente de los Estados miembros de la ONU, para hacer referencia solamente a ésta organización.

Basta mencionar que los “Principios Internacionales de lucha contra la Impunidad”, acogidos en el año 2005, materializan el trabajo realizado por mandato de la subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de las Naciones Unidas.

Gracias a ese encargo, que se puso en manos de Louis Joinet, y a la posterior revisión del estudio elaborado por el experto francés, efectuada por Diane Orentlicher, sumado a las fuentes antes mencionadas, existen las regulaciones que permiten saber si un Estado cumple o no con el deber de investigar, juzgar y condenar, si es el caso, al responsable de graves violaciones de los derechos humanos.

Colombia está obligada, de conformidad con los principios 19, 24, 26, 28 y 38, para mencionar solamente algunos, a lo siguiente:

1.Adoptar medidas apropiadas, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente los autores de delitos graves; 2. Imponer, en esos casos, penas apropiadas; 3. Impedir que los autores se amparen en las disposiciones favorables que suelen aplicarse a los delitos políticos para evitar su extradición; 4. Garantizar que la verdad y la colaboración sean solo causa de la disminución de las penas, no un eximente de responsabilidad o de otro tipo; 5. Reformar las leyes y las instituciones administrativas que contribuyan a la violación de los derechos humanos o que las legitimen.

Colombia los viola todos.

Lo acordado en La Habana no conduce a que se condene debidamente a los responsables de los más graves crímenes que confiesen su responsabilidad oportunamente.

La restricción de la libertad, con la posibilidad de que esos mismos culpables puedan ser elegidos inmediatamente, no es una pena apropiada.

En contravía de las obligaciones convencionales, se permite que los responsables de atrocidades no sean extraditados, gracias a que se amparan en la favorabilidad, vía la conexidad, que se le concede a los delitos políticos.

La aceptación oportuna de la responsabilidad permite que los culpables no paguen un solo día de privación de la libertad.

Y en lugar de reformar el marco legal para impedir que se legitimen las violaciones de los derechos humanos, el Gobierno lo que hizo fue acordar medidas para legitimarlas, amparándolas bajo una sombrilla de motivación política.

¡Que no exista, entonces, duda alguna!

La JEP viola los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, a cuyo cumplimiento está obligada Colombia.

Carlos Holmes Trujillo La Jurisdicción Especial de Paz viola los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, a cuyo cumplimiento está obligada Colombia. Las controversias sobre la Jurisdicción especial para la paz continúan, y seguirán presentándose, en virtud de la trascendencia de éste asunto para el futuro de la nación, así como el de la seguridad jurídica de los colombianos. Por muchos esfuerzos que el Gobierno haga para convencer al país y a la comunidad internacional de que dicha jurisdicción cumple estrictamente con los estándares internacionales, en materia de lucha contra la impunidad, no lo conseguirá. Y le será imposible lograrlo, por cuanto lo que resulta ser una evidencia a gritos es que los desconoce de manera flagrante. Varios de los aspectos relacionados con la justicia, la dicha lucha contra la impunidad entre ellos, hacen parte hoy de marcos que están definidos en el derecho internacional público. Están inscritos, además, en las obligaciones generales para combatirla que tienen los Estados, las responsabilidades consagradas en distintos instrumentos internacionales, el derecho consuetudinario, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina. De otro lado, los tan mencionados estándares internacionales son el producto de un largo proceso de elaboración, que ha contado con la voluntad permanente de los Estados miembros de la ONU, para hacer referencia solamente a ésta organización. Basta mencionar que los “Principios Internacionales de lucha contra la Impunidad”, acogidos en el año 2005, materializan el trabajo realizado por mandato de la subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de las Naciones Unidas. Gracias a ese encargo, que se puso en manos de Louis Joinet, y a la posterior revisión del estudio elaborado por el experto francés, efectuada por Diane Orentlicher, sumado a las fuentes antes mencionadas, existen las regulaciones que permiten saber si un Estado cumple o no con el deber de investigar, juzgar y condenar, si es el caso, al responsable de graves violaciones de los derechos humanos. Colombia está obligada, de conformidad con los principios 19, 24, 26, 28 y 38, para mencionar solamente algunos, a lo siguiente: 1.Adoptar medidas apropiadas, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente los autores de delitos graves; 2. Imponer, en esos casos, penas apropiadas; 3. Impedir que los autores se amparen en las disposiciones favorables que suelen aplicarse a los delitos políticos para evitar su extradición; 4. Garantizar que la verdad y la colaboración sean solo causa de la disminución de las penas, no un eximente de responsabilidad o de otro tipo; 5. Reformar las leyes y las instituciones administrativas que contribuyan a la violación de los derechos humanos o que las legitimen. Colombia los viola todos. Lo acordado en La Habana no conduce a que se condene debidamente a los responsables de los más graves crímenes que confiesen su responsabilidad oportunamente. La restricción de la libertad, con la posibilidad de que esos mismos culpables puedan ser elegidos inmediatamente, no es una pena apropiada. En contravía de las obligaciones convencionales, se permite que los responsables de atrocidades no sean extraditados, gracias a que se amparan en la favorabilidad, vía la conexidad, que se le concede a los delitos políticos. La aceptación oportuna de la responsabilidad permite que los culpables no paguen un solo día de privación de la libertad. Y en lugar de reformar el marco legal para impedir que se legitimen las violaciones de los derechos humanos, el Gobierno lo que hizo fue acordar medidas para legitimarlas, amparándolas bajo una sombrilla de motivación política. ¡Que no exista, entonces, duda alguna! La JEP viola los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, a cuyo cumplimiento está obligada Colombia.

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CÒMO CREERLE A LA CANCILLER HOLGUIN?

 

 

José Manuel Acevedo

El problema de María Ángela Holguín es que no puede usar espejo retrovisor como el resto de políticos; de hacerlo, sólo se vería a sí misma dándole la espalda a los venezolanos. 

No sólo el presidente Juan Manuel Santos perdió la credibilidad y la confianza de la mayoría de los colombianos. También su canciller, María Ángela Holguín resulta castigada en los sondeos de opinión y encuestas de las últimas semanas.

La ministra que más tiempo ha durado en este gobierno ha encontrado precisamente en esa prolongación de su mandato, la peor de sus pesadillas: si pusiera un espejo retrovisor, como lo hace la mayoría de políticos para echarle la culpa a los que le antecedieron en el cargo, Holguín solo se vería a sí misma reflejada dándole una y otra vez la espalda a los venezolanos. Cada vez que tuvo la oportunidad de reaccionar enérgicamente para rechazar los abusos del régimen de Nicolás Maduro, prefirió pasar de agache. Nadie le pedía guerra pero tampoco nadie quería tener a Chávez y luego a Maduro de nuevos mejores amigos, como ella y Santos los declararon sin pudor.

No eran solo los políticos de oposición ni los fogosos expresidentes que dictan cátedra después de que dejan sus cargos los que le pedían a la ministra que hiciera uso de los mecanismos estrictamente diplomáticos con celeridad y decisión para intentar apartarse de esa locura llamada la ‘Venezuela de Chávez‘.

Eran también y sobre todo, los más serios y ponderados internacionalistas y los desesperados ciudadanos que viven aún en medio de la tragedia los que clamaban por algo distinto a una mirada indiferente. La señora canciller, sin embargo, callaba.

Peor que eso: la ministra Holguín fue la gran promotora de que el país vecino participara como garante del proceso de paz con las Farc (tal vez Maduro algún día nos cuente a qué costo) y, sin duda, fue la artífice de que Ernesto Samper llegara a la secretaría general de la UNASUR para oxigenar desde ese organismo la democracia fallida en Venezuela y validar los atropellos que allí se cometían con el prurito de fomentar el diálogo interno que nunca fue.

Por eso, cuando la Canciller anuncia mediante sus recientes comunicados un viraje en las relaciones con Venezuela nadie le cree. Por eso, cuando va a la ONU a transmitir la "preocupación" del gobierno colombiano por lo que pasa del otro lado de la frontera, todos se mueren de risa. Por eso, cuando la doctora Holguín promueve la reunión de ministros de exteriores de la OEA, la mayoría sabe que lo hace a fuerza de circunstancias y no porque de verdad lo crea conveniente.

¿O no es cierto que cada vez que se reúne con Samper y con Rodríguez Zapatero su conclusión es que la OEA no puede resolver ninguno de los problemas que aquejan a Venezuela y que hay que seguir creyendo que oposición y gobierno solitos pueden ponerse de acuerdo? 

¡Cómo creerle, señora Canciller si los discursos en público y en privado son tan diametralmente opuestos!

Cómo creerle que esta vez todo será distinto, si quien comanda las relaciones internacionales de nuestro país, su jefe, el presidente, un día le llama a Chávez "un peligro en la región", al otro "un factor de estabilidad para América Latina", y más tarde, cuando no quedan testigos vivos más que él, cuenta vía Twitter que hace años le advirtió a su homólogo que la revolución en Venezuela había fracasado. ¿Será eso serio? ¡Cómo creerles a Maduro, a Santos y a la señora Canciller!

 

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A QUIÈN CREEN QUE ENGAÑA SANTOS?

Indalecio Dangond B.                                    

Al mismo tiempo que el presidente Juan Manuel Santos anunciaba ocho medidas para combatir la corrupción en el país, el Concejo Nacional Electoral lo citaba junto con Roberto Prieto —su gerente de campaña— a que explicaran sobre los US$400.000 que Odebrecht giró a su campaña presidencial.

Paralelamente, la Fiscalía anunciaba imputación de cargos por el delito de fraude procesal a Roberto Prieto y la Procuraduría anunciaba los avances que va teniendo en la investigación de los $31.000 millones en contratos que le entregó el gobierno de su jefe. Claramente, nadie se tragó el cuento de ese anuncio del presidente Santos.

Al inicio de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos también se comprometió a respetar la independencia y autonomía de la Justicia y durante estos últimos años no ha hecho otra cosa que presionar a las Altas Cortes y la Fiscalía en ciertos casos de su interés. Esta semana, por ejemplo, varios medios denunciaron un sospechoso pacto entre el mandatario y los partidos políticos de su coalición de gobierno, para que apoyen la elección de sus candidatos a la Corte Constitucional a cambio de la entrega de varios ministerios y entidades públicas.

El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos nos anunció la necesidad de una nueva reforma tributaria para garantizar este año la alimentación escolar de cinco millones de niños, la salud a cinco millones de colombianos de escasos recursos, créditos de educación superior para 120.000 jóvenes y brindar la asistencia técnica a 2.7 millones de campesinos, entre otros programas de inversión social. Pues esta semana nos enteramos que piensa desviar 1.1 billones de pesos, para capitalizar por tercera vez a la fracasada e inviable empresa Colombia Telecomunicaciones y destinar otra gruesa suma de esos impuestos para financiar el improvisado proceso de desmovilización de las Farc.

También nos enteramos esta semana que el gobierno pretende derogar o modificar mediante el mecanismo del fast track varias leyes y programas que no tienen que ver con la implementación del posconflicto. La Corte Constitucional ya les tumbó algunas decisiones, pero siguen cometiendo abusos con esas facultades otorgadas al presidente Santos.

Los proyectos de ley de innovación agropecuaria y de adecuación de tierras, por ejemplo, han sido redactados sin tener en cuenta las consideraciones de los gremios de la producción agropecuaria y en perjuicio del desarrollo productivo agroindustrial del país. Son tan incoherentes que están tramitando dos esperpentos proyectos de ley. Uno que se llama Ordenamiento social de la propiedad y otro que le pusieron el nombre de Formalización y focalización de la propiedad rural. Ambos contemplan la expropiación de tierras vía administrativa y la adjudicación de predios a grupos de población rural y urbana organizados bajo el esquema de las Zonas de Reserva Campesina, con control de los subsidios para asistencia técnica y capital semilla a través de las fracasadas y burocratizadas Umatas municipales. Bajo un esquema similar, se montaron Chávez y Maduro en el poder de Venezuela.

Ya tienen la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural al servicio de esta estrategia. Ahora van por el Ministerio de Agricultura.

¿A quién creen que engañan?

* Consultor.

 

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