Domingo 17 de Junio de 2018
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LA IMPOSIBLE REFORMA A LA JUSTICIA DE SANTOS

 

Marta Lucía Ramírez                                   

Después de dos intentos fallidos de reforma a la justicia, el Gobierno dice –en el ocaso de su mandato– que apoyará la propuesta del procurador Carrillo de promover un referendo. La propuesta es poco realizable, especialmente por el poco tiempo que queda a este Gobierno y la falta de legitimidad y de capital político del Presidente. Después de siete años de absoluto desinterés en sacar adelante esta reforma indispensable, el anuncio, estando el Presidente en Nueva York, muestra oportunismo, descoordinación gubernamental y otra vez improvisación.

La paz y el progreso de Colombia son inviables si no hay una pronta y cumplida administración de justicia. Los jueces deben resolver los conflictos en función de la ley y de los acuerdos celebrados de buena fe entre ciudadanos. La supremacía de la ley expedida por los representantes del pueblo en función del bien común, debe solucionar las diferencias de una sociedad y evitar que las personas tomen la justicia por su propia mano.

La reforma a la justicia que necesita el país no compete solo a la clase política. Hace un mes propuse un pacto entre todos los precandidatos, la academia y la magistratura, para consensuar desde ya las reformas indispensables a la justicia. Quien llegue a la Casa de Nariño en el 2018, debe hacerlo con la reforma ya preparada para su trámite inmediato y sepa que va a contar de entrada con el apoyo político de la totalidad de los candidatos. En la actualidad, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, y la presidenta de la Corporación Excelencia por la Justicia Gloria María Borrero, se encuentran ayudándonos a hacer una convocatoria amplia de los sectores involucrados para afinar la propuesta.

Colombia debe dar señales inequívocas de acabar la tolerancia con la corrupción, la impunidad y la ineficacia en la administración de justicia. Debemos desarrollar un Servicio Civil profesional e idóneo en el cual las personas que ingresen a la Justicia y la administración del Estado en general, lo hagan exclusivamente por sus competencias y calidades y no por la maquinaria de la cual dependen y eliminar toda injerencia política en la elección de jueces y magistrados para privilegiar criterios de ética, idoneidad moral, experiencia y formación intelectual. Solo así se garantizará que el mérito sea criterio preponderante para el acceso y ascenso a la administración de justicia.

Sin leyes justas que se apliquen para todos por igual, no hay democracia. El fortalecimiento de la justicia no puede ser una “moda” cuando explotan grandes escándalos. Es la necesidad esencial de una sociedad que está perdiendo el rumbo. La justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz no solo para casos mediáticos sino para todos los ciudadanos.

La reforma a la justicia debe ser estructural y no cosmética y a la carrera. La justicia es otra de las muchas tareas pendientes que deja Juan Manuel Santos, pero nos ocuparemos de ella y de darle la debida prioridad. Tanto la paz como la justicia y la ley son partes indivisibles de una misma ecuación.

 

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SANTOS JUEGA CON TRUMP

ANA MARIA A

 

Ana María Abello                                       

La descertificación no es un asunto que se puede tomar a la ligera. Las consecuencias serían nefastas para el país.

Con la advertencia de Donald Trump al gobierno Santos de descertificar al país por su falta de voluntad de combatir el narcotráfico, me atrevo a decir que es evidente que durante la reunión que sostuvieron ambos en mayo se habló mucho más de coca que de aguacates.

No sería normal que intempestivamente el gobierno de los Estados Unidos haya decidido lanzar una advertencia pública de tal calibre sin que hubiera habido alguna advertencia previa. Y nada de raro tendría que Santos, que se mueve como pez en el agua en el escenario internacional con sus ínfulas de realeza inglesa, haya creído que se le podía “mamar gallo” a Trump con el tema de la coca.

Parecería que a Juan Manuel Santos se le olvidó el gravísimo precedente en esta materia. Como a nosotros no nos falla la memoria, recordémosle que en el año de 1996 el gobierno de Bill Clinton descertificó a Colombia por culpa de Ernesto Samper. Ese mismo Samper, que hoy se trata de “camarada” con las Farc, instauró un narcoestado al llegar a la presidencia patrocinado y financiado por el Cartel de Cali. Como consecuencia personal a Samper le retiraron la visa para el ingreso a los Estados Unidos, igual que han hecho recientemente con personajes siniestros como Piedad Córdoba, Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos.

Una sociedad como la americana entiende que para construir país se necesita contar con una ciudadanía y, más aún, con una juventud sana y libre de vicios. Ellos no van a tolerar que el 90% de la cocaína que está ingresando a ese país provenga de Colombia, ni siquiera con la excusa de un acuerdo (al que me rehúso llamarle de paz) con una guerrilla marxista. Ya quisiéramos los colombianos tener la mínima capacidad de entender la gravedad que conlleva tener a una juventud expuesta a la droga y las consecuencias que eso tendrá en materia de producción y de salud pública en los años por venir.

En cuanto a la descertificación no crean que es un asunto que se puede tomar a la ligera. La realidad es que si llegara a producirse las consecuencias serían nefastas para el país, que ya está viviendo una crisis económica severa. Ejemplos de algunas de ellas podrían ser:

  1. La reputación del país sufriría un golpe que se vería reflejado en la ya decreciente inversión extranjera. Si a los altos costos de producción, fruto entre otras cosas de ser el cuarto país con más impuestos en el mundo, se le suma que, con la descertificación seremos un país paria, los inversionistas pegarían carrera.
  2. Los colombianos volveríamos a ser percibidos como ciudadanos de tercera categoría a nivel mundial. Esto quiere decir que, como en Back to the Future, volveríamos a 1996 cuando nos sometían a pesquisas y cuestionamientos en los aeropuertos del mundo. Ni hablar de los colombianos que decidan hacer negocios en el extranjero pues venir de un país descertificado equivale a portar la letra escarlata en la camisa.
  3. Las ayudas que recibimos de los Estados Unidos podrían suspenderse. Además, los Estados Unidos se podrían oponer a que nos otorguen préstamos internacionales.

Santos, al que poco le importa lo que pueda sucederle al país, decidió desentenderse también de este tremendo problema y al tiempo que levita impunemente en un mundo de frivolidad de guayaberas de hilo de holán para recibir al Papa y en recepciones farandulescas al primer ministro israelí, solo atina a responderle a los Estados Unidos a través de su Ministro de Defensa Villegas con altanería. Este, con la mayor desfachatez, decidió que la solución al aumento de cultivos en Colombia era acusar a EEUU de no vigilar suficientemente la frontera con México para impedir el ingreso de la droga.

Los bravucones buena vida del gobierno Santos se sienten ofendidos porque Trump dijo lo que el Centro Democrático, hace años: las políticas de Juan Manuel Santos han promovido el crecimiento del cultivo de coca para beneficiar a las Farc. Las mismas que aprovecharán los beneficios, elevados a rango constitucional, que les dio este gobierno para acceder al poder, al cual llegarán con el dinero fruto de los años de bonanza cocalera de la era Santos.

Si Estados Unidos no descertifica a Colombia durante el gobierno Santos es porque Dios es grande, porque motivos los hay de sobra para una descertificación. Ya nos descertificaron en el pasado porque Samper llegó a la presidencia financiado por la mafia. ¿Se imaginan lo que pasará cuando sean las Farc, los traficantes de drogas más grandes que ha visto el país, las que accedan al poder valiéndose de la fortuna que lavaron con el acuerdo?

 

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LAS MENTIRAS DE CUELLO BLANCO EN EL GOBIERNO SANTOS

acosta jose r José Roberto Acosta

En un revelador informe de la Contraloría General de la República (http://bit.ly/2gOt780) se detallan las mentiras de directivos del Banco Agrario de Colombia, incluyendo a su junta directiva, para ocultar sus errores y zafarse de un juicio de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial derivado del irregular préstamo que se desembolsó al consorcio Navelena, propiedad de la corrupta Odebrecht, y que ya supera los $135.000 millones.

Mintió Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al afirmar en reiteradas oportunidades que a más tardar en el mes de septiembre se recuperaría el dinero, a sabiendas de que las garantías del préstamo son solo papeles sin valor, ya que su fuente de pago era el cierre financiero del proyecto que, a pesar de prorrogar con sospechosa indulgencia por cinco veces, finalmente se frustró. Mintió José Elías Melo Acosta, quien, en su calidad de presidente de la Corporación Financiera Colombiana, ocultó que como estructurador del proyecto de navegabilidad del río Magdalena estaba inmerso en abierto conflicto de intereses al sustentar un crédito destinado en parte para liberar al Banco de Occidente, propiedad de su jefe, Luis Carlos Sarmiento, de la exposición crediticia que este establecimiento bancario tenía con Navelena. Fiduciaria de Occidente ya notificó al Banco Agrario sobre la inexistencia de los recursos en la subcuenta fuente de pago, por lo que no era posible atender de manera inmediata la amortización de las obligaciones vencidas. Banco Agrario afirma que las vigencias futuras “ya se encontraban consignadas en el fideicomiso constituido para la administración del proyecto, según informe fiduciario al corte de octubre de 2015”, algo absurdo, pues esos dineros dependían del cierre financiero y de cuando, en el futuro, los desembolse el Ministerio de Hacienda. Banco Agrario pone en evidencia que su junta directiva, como última y final responsable de esta estafa contra dineros públicos, siempre supo que el riesgo reputacional de Odebrecht impediría el cierre financiero, lo que dejaría sin garantías el crédito. Dos miembros de dicha junta directiva, Aurelio Iragorri y Mauricio Cárdenas Santamaría, guardan silencio. Tanta mentira no tiene defensa y mucho menos atenuantes por el nivel educativo y experiencia de los involucrados. Hechos totalmente documentados y difíciles de deformar por interpretaciones o recursos discursivos y mediáticos por cuenta de funcionarios turbios como el fiscal general de la Nación. “No mentirás”, pero si lo haces y te pillan, pagarás. @jrobertoacosta1 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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LA DESTRUCCION DE LA INDUSTRIA EN VENEZUELA

ESPINOSA ANDRES1

 

Andrés Espinosa Fenwarth                                          

El tránsito del modelo socialista venezolano hacia el comunismo anacrónico de Cuba se fundamenta en la destrucción de su base industrial.

El tránsito del modelo socialista venezolano hacia el comunismo anacrónico de Cuba de los años sesenta se fundamenta en la destrucción de su base industrial y empresarial. 

Los asfixiantes controles cambiarios, laborales y de precios, sumados a las expropiaciones arbitrarias y las compras forzosas hacen parte de un proceso sistemático para derruir por completo la actividad fabril y comercial de las multinacionales y de las empresas privadas de capital venezolano, a fin de consolidar la ‘economía del común’ y del ‘buen vivir’, es decir, del modo de producción comunista.

La Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), la principal organización gremial industrial del vecino país, estima que por lo menos 8.000 empresas han cerrado sus operaciones en los últimos 20 años. Según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), Venezuela expropió, confiscó o adquirió forzadamente 1.440 compañías en la última década en el sector de alimentos, industria, minero, construcción, banca, comercio y servicios. 

Hace 10 años, Venezuela nacionalizó la explotación de hidrocarburos en la Faja Oriental del Orinoco, los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas y exigió la constitución de compañías mixtas con mayoría accionaria estatal para poder continuar con la exploración y producción de gas y petróleo. ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron, con dignidad, esta exigencia y procedieron a demandar al Estado venezolano. Chevron, Phillips 66, Repsol, Statoil, Total y Valero Energy optaron por aceptar, sin remilgos, el nuevo modelo oficial de explotación impuesto por Venezuela, a cambio de condiciones de operación y rentabilidad favorables. Desde entonces, estas transnacionales apoyan y financian, en compañía de la banca estatal china y la petrolera rusa Rosneft, el comunismo venezolano.

De acuerdo con un artículo reciente del Harvard Business Review, que analiza el éxodo de las multinacionales de Estados Unidos del mercado venezolano, la mayoría de estas empresas han huido en los últimos tres años por las crecientes dificultades para repatriar sus utilidades; la imposibilidad de importar materias primas y productos terminados; las dificultades para recibir el pago de los socios locales, incluido el Estado venezolano, y las expropiaciones gubernamentales. 

La lista de multinacionales que paralizaron o cancelaron sus operaciones en Venezuela por las mismas razones comprende al Banco de Santander, Bridgestone, Cargill, Cementos Andinos, Coca-Cola, Colgate, Clorox, Comercializadora de Azúcares y Mieles S.A., Ciamsa, Almacenes Éxito, Ford, General Motors, General Mills, Liberty Mutual, Mondelez, Nestlé, Procter & Gamble, Kimberly Clark, PepsiCo, Saint-Gobain Performance Plastics Europe, Hilton, Lafarge y Holcim. Decidieron suspender sus vuelos Aeroméxico, American Airlines, Air France, Aerolíneas Argentinas, Air Canada, Avianca, Delta, Gol, Iberia, Latam, Lufthansa y United Airlines.
La dosis terminal de expropiaciones y nacionalizaciones también abarcó las empresas venezolanas como Agroisleña, Automercados Cada, Compañía de Teléfonos de Venezuela, Electricidad de Caracas, Industria Nacional de Artículos de Ferretería, Lácteos Los Andes, Matesi, Mercantil Molinos Nacionales, Polar, Sidor, Silka, Teleférico de Caracas y las 6 plantas y los centros de recolección de chatarra de la Siderúrgica del Turbio y Sidetur.
¡Peor imposible!

 

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UNTADOS DE PAPA

RUEDA MARIA

 
03 de septiembre 2017 , 02:03 a.m.
 

Monseñor Suescún me transmitió, con enorme generosidad, una invitación a formar parte del comité de bienvenida de Francisco. Qué honor: la última vez que vino aquí un papa fue hace 31 años. No pude, lo habría hecho encantada, pero por fortuna hay personas más apropiadas que yo para proteger la dignidad de su misión pastoral.

 

Es que muchos le tienen ganas, pero el Papa no está para que lo usen como un instrumento de ‘marketing’ político o comercial. Abundan quienes quieren untarse de Papa para mejorar sus calificaciones ante la opinión o para aparecer, “con cara de estampita”, como dice el Papa, untados de santidad ante sus electores o ante sus clientes.

Por fortuna, esos intentos ‘non sanctos’ no toman por sorpresa a los hábiles cancilleres del Vaticano. No permitieron que antes de que estuviera firmada la paz con las Farc trajeran a Francisco a Colombia a que desvarara el acuerdo. Se exponía a que cada una de las partes de la polarización que divide al país le arrancara un pedazo de muceta. Casi se la hacen en La Habana, donde la delegación del Gobierno y las Farc le tenían preparada una celada para que le diera su bendición al acuerdo sobre justicia, que, después se vino a saber, no estaba terminado sino cosido a las malas para la visita y lleno de “pendientes”. Qué tal, el Papa de dueño de la JEP... Enseguida intentaron hacerle otra encerrona en las Naciones Unidas, en Nueva York, a donde le iban a llevar a Shakira para amenizar el evento. De esa trampa también salió corriendo. Los dejó, según una expresión que él utiliza, “con cara de pepinillos en vinagre”.

Finalmente, el Papa llega a Colombia con el acuerdo de paz firmado. Pero intentarán de nuevo utilizarlo. Empezando por el presidente Juan Manuel Santos, que probablemente vea en el Papa su última oportunidad de mejorar su imagen en las encuestas. Por eso debe ser que a Santos se lo ha visto casi todos los días de esta última semana subiéndose y bajándose del papamóvil como un niño estrenando triciclo. Por tal motivo, el genial caricaturista Osuna ha rebautizado el vehículo como el ‘papa-nobel’; en una de estas, el Papa termina siendo el segundo de a bordo de su tradicional vehículo pastoral...

¿Y qué tal el ‘chevroletazo papal’, como lo llama el columnista Mario Fernando Prado? Qué felicidad la de Colmotores de que el Papa escogiera la marca Chevrolet para armar los tres papamóviles que usará en su romería. Gracias a la visita papal, el ‘top of mind’ de esta marca se le elevó tanto que ya estoy viendo la cuña: “Al cielo, solo en Chevrolet”.

Otros que ya anuncian manoseo al Papa son las Farc. Uno de sus miembros, ‘Pastor Alape’, dijo esta semana que ellos aspiran a obtener una audiencia con su santidad, pero que de ninguna manera en calidad de victimarios, sino de víctimas. Porque el victimario en Colombia es el Estado, según lo acaba de reconocer el Congreso Nacional cuando aprobó la ‘ley abuelita’ (ver columna anterior), que reprohibió el paramilitarismo en la Constitución colombiana. Por causa de ese acto legislativo, si las Farc existieron fue porque tuvieron que levantarse en armas contra la tiranía del Estado paramilitar. De manera que con esa tesis tiene más derecho ‘Alape’, como víctima, que Santos, como jefe del Estado victimario, de montarse al papamóvil con el Papa. Las cosas como son.

Y como si fuera poco, el tercer grupo que ha salido a expresar su deseo de manosear al Papa es el Eln.

Después de esmerarse en activar esta semana sus más fuertes explosivos contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y de bajarse en emboscada a uno que otro policía para ambientar de la forma más violenta posible la venida del Papa, el Eln discute en Quito con la delegación del Gobierno si hacerle a Francisco el homenaje de conceder temporal y experimentalmente la decisión de no disparar mientras su santidad esté en territorio colombiano. Una vez ido a Roma, todo seguirá igual. Más policías y soldados muertos, más secuestrados, más petróleo regado por los campos y los ríos y los mares colombianos.

Ojalá no manoseen al Papa de esa forma tan procaz. 

Entre tanto... Una última recomendación. Si le van a colgar al Papa la parafernalia de la paz, o sea la paloma que los del Gobierno llevan obligados en la solapa, que no le vayan a poner, ¡por Dios!, la de Roy Barreras, porque es la más grande y le desjetan la casulla.

MARÍA ISABEL RUEDA

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