Viernes 15 de Diciembre de 2017
Notibreves

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Los nombres que más suenan en la puja por la Defensoría del Pueblo

Carlos Negret, secretario general del Partido de 'la U', y Guillermo Rivera, viceministro del Interior.

Aunque oficialmente el presidente Juan Manuel Santos no ha entregado la terna de la cual la Cámara de Representantes elegirá al nuevo Defensor del Pueblo, ya empiezan a sonar entre los partidos algunos de los nombres que podrían entrar en la puja para ocupar este cargo.

Se espera que el jefe de Estado envíe la terna poco después del 20 de julio, cuando inicia la próxima legislatura en el Congreso y que la elección se dé en agosto. Entre los nombres que más han sonado en estos días para hacer parte de la terna y que tendrían apoyo en la Plenaria de la Cámara se encuentran el abogado y secretario general del Partido de 'la U', Carlos Negret, y el actual viceministro del Interior Guillermo Rivera, quien pertenece al Partido Liberal.

Negret tendría el apoyo, como es de esperarse, de la bancada de Cámara de su partido y se cree que también recibiría un espaldarazo de varios representantes del Partido Conservador.

"Tenemos la confianza de que el Presidente tenga entre los ternados a Carlos Negret y esperamos que él tenga el apoyo de la Plenaria de la Cámara. Es un hombre que tiene un reconocimiento de todos los partidos, además de que es un gran abogado especialista en Derechos Humanos. Tiene todas las calidades para ser Defensor del Pueblo", aseguró Didier Burgos, representante a la Cámara de 'la U'.

En ese mismo sentido se pronunció el representante conservador Óscar Fernando Bravo, para quien Negret tiene la ventaja de que "ha tenido mucha presencia en el Congreso".

Sin embargo, el mismo Bravo mencionó que "algunos liberales han puesto a sonar el nombre del viceministro Guillermo Rivera".

En eso coinciden también algunos parlamentarios de Cambio Radical, quienes reconocen que tanto Carlos Negret como Guillermo Rivera estarían en el sonajero y son de "de buen recibo en el Congreso", aunque aseguran que no tienen todavía una posición de bancada hasta que el Presidente no entregue la terna a la Cámara de Representantes.

Varios de los representantes liberales consultados por EL TIEMPO expresaron que aún no hay una posición oficial respecto al tema.

"No nos hemos reunido específicamente para hablar sobre ese tema, por lo que aún no hay una posición institucional ni de bancada", comentó el representante del Partido Liberal Rafael Romero.

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EL PAPA NOMBRA DOS OBISPOS COLOMBIANOS

 

   
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Mons. José Falla Robles y P. José Libardo Garces / Fotos: CEC
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VATICANO, 29 Jun. 16 / 10:10 am (ACI).- La Santa Sede informó este 29 de junio que el Papa Francisco ha nombrado como Obispo de Soacha (Colombia) a Mons. José Daniel Falla Robles, hasta ahora Obispo Auxiliar de Cali; y al P. José Libardo Garcés Monsalve, como nuevo Obispo de Málaga Soatá, también en Colombia.

Mons. Falla Robles reemplaza a Mons. Daniel Caro Borda, cuya renuncia al cargo de Obispo de Soacha fue aceptada al haber cumplido 75 años de edad.

El obispo electo nació en Bogotá el 7 de octubre de 1956. Fue ordenado sacerdote el 28 de noviembre de 1992. El 15 de abril de 2009 Benedicto XVI lo nombró Obispo titular de Calama y Auxiliar de la Arquidiócesis de Cali y fue ordenado en la Catedral Primada de Colombia el 20 de junio de 2009.

La Asamblea Plenaria de julio de 2012 lo nombró Secretario General de la Conferencia Episcopal, cargo para que el fue reelegido en julio de 2015.

Por su parte, el P. José Garcés, nuevo Obispo de Málaga Soatá, nació en Aguadas (Manizales) el 26 de septiembre de 1967 y fue ordenado Sacerdote el 27 de noviembre de 1993 para la Arquidiócesis de Manizales.

Actualmente se desempeña como párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario y Canciller en la Arquidiócesis de Manizales.

VA

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TODOS CONTRA TODOS Y SANTOS MIRANDO PARA EL OTRO LADO

José Manuel Acevedo.                        

Tanto en el escenario de la paz como en el de las fuerzas de seguridad del Estado hay peligrosas grietas que se están abriendo mientras Santos prefiere mirar para otro lado

Guerra del micrófono (¡o del twitter!) entre funcionarios de la misma Rama Ejecutiva, rivalidades entre viceministros que se creían los ‘hijos bobos’ de Santos, ministros que se encuentran de frente y ni se saludan y partidos políticos que dicen hacer parte de una misma unidad nacional, pero que se combaten con fiereza por debajo de la mesa... Ya estábamos acostumbrados a todas estas fracturas en la era Santos. Sin embargo, preocupa que dentro del propio gobierno hayan surgido fisuras silenciosas pero peligrosas tanto en el equipo de paz como en el de las Fuerzas Militares, encargadas de proveer seguridad al Estado en un momento crítico como el que vivimos.

En materia de paz, los roces han sido notorios. Aunque al equipo negociador del gobierno le inquietó la primera intervención de Enrique Santos en La Habana por fuera de los cauces oficiales del proceso, fue en realidad la última visita la que más los incomodó. Una persona cercana a la mesa de La Habana me contó que era francamente desconcertante para los negociadores, en especial para Sergio Jaramillo, que cuando se paraban en la raya en temas cruciales frente a las Farc llegara el hermano del presidente a asumir compromisos a nombre del Estado y desbaratar toda la estrategia del grupo negociador. El presidente insiste en que la ayuda de Enrique ha sido invaluable para destrabar la mesa en momentos críticos pero lo cierto es que esas visitas están poniendo cada vez más nerviosos a De la Calle y sus muchachos. Así como nunca les gustó la ‘ayuda’ del fiscal que solía generarles más problemas que soluciones, lo del primer hermano de la Nación también les está generando escozor.  

No es en lo único en lo que hay división. El inicio de una fase pública de diálogos con el ELN y sus repercusiones en la mesa ya abierta con las Farc ha sido motivo también de distanciamiento entre Sergio Jaramillo y Frank Pearl. El primero cree que la forma en que se está conduciendo aquella etapa previa a la instalación de una mesa con los elenos es desastrosa. En la cara se le nota a Jaramillo que no confía en lo que está pasando con esa guerrilla y aunque oculte su inconformismo públicamente para no generar más ruido, por dentro sigue siendo muy escéptico de lo que se está haciendo y razones no le faltan.

Pero si por los lados de la paz existen estas tensiones, en el aparato de guerra las cosas no son mejores. Que un general activo como Mauricio Forero haya hablado con el uniforme todavía puesto de la manera en que lo hizo con varios medios de comunicación la semana pasada ha puesto con los pelos de punta al gobierno. Sus declaraciones son muy delicadas y merecieron la atención del procurador que en una carta al ministro de defensa le pidió aclarar estas sindicaciones. En el gobierno, más allá de un lacónico comunicado, ha faltado quien salga a contarle al país lo que está pasando y si, de fondo, lo que existe realmente es una pelea interna que está aflorando en el peor momento de todos.

Conviene, por ejemplo, que el ministro de defensa nos cuente si además del General Forero también pedirá la baja del General Zúñiga, ex jefe de inteligencia técnica del Ejército. Que nos cuente si este es un episodio más de una guerra interna entre ambos oficiales que desdice de la institución militar y que quizá tenga alcances muy feos que todavía estamos lejos de conocer.

Lo único peor que le puede pasar al presidente Santos, es que además de su baja favorabilidad y la polarización feroz entre defensores y detractores del proceso de paz, en su gobierno existan estas serias pugnas y que él decida mirar para otro lado y no asumir un liderazgo fuerte que le permita coger el toro por los cachos y reunificar a su gente. Las rivalidades y rupturas que se están creando en sus narices no son de poca monta y bien valdría la pena que revisara lo que está pasando si es que quiere salir airoso de su arriesgada apuesta para lograr lo que él llama paz.  

Twitter: @JoseMAcevedo

 

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SANTOS QUIERE TERMINAR SU MANDATO GOBERNANDO A LA BRAVA

ACEVEDO J

Y se hundieron las circunscripciones especiales de paz. Con un secretario general del Senado recomendando archivar la iniciativa y una bancada conservadora que le sugirió hacer lo propio al presidente del Congreso, resultaba difícil que las cosas salieran de manera distinta. 

Los responsables del naufragio del proyecto no son ni el Centro Democrático ni Cambio Radical, como pretenden hacerlo ver algunos, sino el propio Gobierno que sin mermelada en la olla para raspar, ha sido incapaz de persuadir con argumentos y, por supuesto, los senadores “amigos” que dejaron de ir a la sesión aquella en la que se intentaba conciliar el proyecto de la discordia.

Las patadas de ahogado que han venido después son realmente deplorables pero confirman el estilo del Ejecutivo: hacerlo todo sin legitimidad, por la puerta de atrás, sin consensos ni apego a los procedimientos ordinarios sino con ‘”chabacanería constitucional” como dijo en un trino reciente el profesor Francisco Barbosa, por cierto, defensor del proceso de paz.

Basta con hacer un poco de memoria: a la brava fue que en 2012 archivaron una reforma a la justicia que impulsaron al principio pero de la que al final se arrepintieron y enterraron de manera exótica. A la brava, lograron que el Congreso refrendara un acuerdo que había sido rechazado en las urnas. A la brava, pretendieron que los congresistas no pudieran modificar las leyes y actos legislativos sin permiso del Gobierno. A la brava, querían tramitar un régimen enteramente favorable para las Farc al punto de que ni disidentes ni reincidentes tuvieran exclusiones de la justicia transicional, lo que hubiera quedado aprobado de no ser porque el fiscal y el congresista Hernán Penagos se les pararon en la raya.

A la brava, quieren ahora sacar adelante un proyecto de singular importancia, como el de la representación para las víctimas, pendiendo apenas de un voto y de interpretaciones y mecanismos de resurrección bastante discutibles.

 

A la brava, el doctor Santos y sus más cercanos colaboradores, siguen sin entender que ‘no es no’ y desafían al Estado de Derecho con ‘presidentadas’ que no tienen justificación.

Este Gobierno continúa obstinado con una implementación sin pedagogía ni sensibilización, sin concentrarse en las bases guerrilleras o en los derechos de las victimas y en cambio creyendo que a punta de leguleyadas obligará a la plena realización de los acuerdos. Como si se tratara de un asunto que pudiera resolverse con un decreto o como si un tribunal, mediante una acción de cumplimiento pudiera decir “a partir de hoy, hágase la paz”.

Tiene razón el constitucionalista Juan Manuel Charry cuando dice que “el déficit político no se arregla con fórmulas jurídicas, pues genera más polarización y desplaza costos políticos a los jueces en injusto desgaste institucional”.

 

Lamentablemente, a la brava, sin gobernabilidad y sin respaldo ciudadano, terminará su mandato el presidente Juan Manuel Santos que a la brava gobernó y a la brava sigue intentando imponer lo que él y las Farc llaman paz.

Twitter @JoseMAcevedo       

Y se hundieron las circunscripciones especiales de paz. Con un secretario general del Senado recomendando archivar la iniciativa y una bancada conservadora que le sugirió hacer lo propio al presidente del Congreso, resultaba difícil que las cosas salieran de manera distinta. 

Los responsables del naufragio del proyecto no son ni el Centro Democrático ni Cambio Radical, como pretenden hacerlo ver algunos, sino el propio Gobierno que sin mermelada en la olla para raspar, ha sido incapaz de persuadir con argumentos y, por supuesto, los senadores “amigos” que dejaron de ir a la sesión aquella en la que se intentaba conciliar el proyecto de la discordia.

Las patadas de ahogado que han venido después son realmente deplorables pero confirman el estilo del Ejecutivo: hacerlo todo sin legitimidad, por la puerta de atrás, sin consensos ni apego a los procedimientos ordinarios sino con ‘”chabacanería constitucional” como dijo en un trino reciente el profesor Francisco Barbosa, por cierto, defensor del proceso de paz.

Basta con hacer un poco de memoria: a la brava fue que en 2012 archivaron una reforma a la justicia que impulsaron al principio pero de la que al final se arrepintieron y enterraron de manera exótica. A la brava, lograron que el Congreso refrendara un acuerdo que había sido rechazado en las urnas. A la brava, pretendieron que los congresistas no pudieran modificar las leyes y actos legislativos sin permiso del Gobierno. A la brava, querían tramitar un régimen enteramente favorable para las Farc al punto de que ni disidentes ni reincidentes tuvieran exclusiones de la justicia transicional, lo que hubiera quedado aprobado de no ser porque el fiscal y el congresista Hernán Penagos se les pararon en la raya.

A la brava, quieren ahora sacar adelante un proyecto de singular importancia, como el de la representación para las víctimas, pendiendo apenas de un voto y de interpretaciones y mecanismos de resurrección bastante discutibles.

 

A la brava, el doctor Santos y sus más cercanos colaboradores, siguen sin entender que ‘no es no’ y desafían al Estado de Derecho con ‘presidentadas’ que no tienen justificación.

Este Gobierno continúa obstinado con una implementación sin pedagogía ni sensibilización, sin concentrarse en las bases guerrilleras o en los derechos de las victimas y en cambio creyendo que a punta de leguleyadas obligará a la plena realización de los acuerdos. Como si se tratara de un asunto que pudiera resolverse con un decreto o como si un tribunal, mediante una acción de cumplimiento pudiera decir “a partir de hoy, hágase la paz”.

Tiene razón el constitucionalista Juan Manuel Charry cuando dice que “el déficit político no se arregla con fórmulas jurídicas, pues genera más polarización y desplaza costos políticos a los jueces en injusto desgaste institucional”.

 

Lamentablemente, a la brava, sin gobernabilidad y sin respaldo ciudadano, terminará su mandato el presidente Juan Manuel Santos que a la brava gobernó y a la brava sigue intentando imponer lo que él y las Farc llaman paz.

Twitter @JoseMAcevedo       

Y se hundieron las circunscripciones especiales de paz. Con un secretario general del Senado recomendando archivar la iniciativa y una bancada conservadora que le sugirió hacer lo propio al presidente del Congreso, resultaba difícil que las cosas salieran de manera distinta. 

Los responsables del naufragio del proyecto no son ni el Centro Democrático ni Cambio Radical, como pretenden hacerlo ver algunos, sino el propio Gobierno que sin mermelada en la olla para raspar, ha sido incapaz de persuadir con argumentos y, por supuesto, los senadores “amigos” que dejaron de ir a la sesión aquella en la que se intentaba conciliar el proyecto de la discordia.

Las patadas de ahogado que han venido después son realmente deplorables pero confirman el estilo del Ejecutivo: hacerlo todo sin legitimidad, por la puerta de atrás, sin consensos ni apego a los procedimientos ordinarios sino con ‘”chabacanería constitucional” como dijo en un trino reciente el profesor Francisco Barbosa, por cierto, defensor del proceso de paz.

Basta con hacer un poco de memoria: a la brava fue que en 2012 archivaron una reforma a la justicia que impulsaron al principio pero de la que al final se arrepintieron y enterraron de manera exótica. A la brava, lograron que el Congreso refrendara un acuerdo que había sido rechazado en las urnas. A la brava, pretendieron que los congresistas no pudieran modificar las leyes y actos legislativos sin permiso del Gobierno. A la brava, querían tramitar un régimen enteramente favorable para las Farc al punto de que ni disidentes ni reincidentes tuvieran exclusiones de la justicia transicional, lo que hubiera quedado aprobado de no ser porque el fiscal y el congresista Hernán Penagos se les pararon en la raya.

A la brava, quieren ahora sacar adelante un proyecto de singular importancia, como el de la representación para las víctimas, pendiendo apenas de un voto y de interpretaciones y mecanismos de resurrección bastante discutibles.

 

A la brava, el doctor Santos y sus más cercanos colaboradores, siguen sin entender que ‘no es no’ y desafían al Estado de Derecho con ‘presidentadas’ que no tienen justificación.

Este Gobierno continúa obstinado con una implementación sin pedagogía ni sensibilización, sin concentrarse en las bases guerrilleras o en los derechos de las victimas y en cambio creyendo que a punta de leguleyadas obligará a la plena realización de los acuerdos. Como si se tratara de un asunto que pudiera resolverse con un decreto o como si un tribunal, mediante una acción de cumplimiento pudiera decir “a partir de hoy, hágase la paz”.

Tiene razón el constitucionalista Juan Manuel Charry cuando dice que “el déficit político no se arregla con fórmulas jurídicas, pues genera más polarización y desplaza costos políticos a los jueces en injusto desgaste institucional”.

 

Lamentablemente, a la brava, sin gobernabilidad y sin respaldo ciudadano, terminará su mandato el presidente Juan Manuel Santos que a la brava gobernó y a la brava sigue intentando imponer lo que él y las Farc llaman paz.

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Y se hundieron las circunscripciones especiales de paz. Con un secretario general del Senado recomendando archivar la iniciativa y una bancada conservadora que le sugirió hacer lo propio al presidente del Congreso, resultaba difícil que las cosas salieran de manera distinta. 

Los responsables del naufragio del proyecto no son ni el Centro Democrático ni Cambio Radical, como pretenden hacerlo ver algunos, sino el propio Gobierno que sin mermelada en la olla para raspar, ha sido incapaz de persuadir con argumentos y, por supuesto, los senadores “amigos” que dejaron de ir a la sesión aquella en la que se intentaba conciliar el proyecto de la discordia.

Las patadas de ahogado que han venido después son realmente deplorables pero confirman el estilo del Ejecutivo: hacerlo todo sin legitimidad, por la puerta de atrás, sin consensos ni apego a los procedimientos ordinarios sino con ‘”chabacanería constitucional” como dijo en un trino reciente el profesor Francisco Barbosa, por cierto, defensor del proceso de paz.

Basta con hacer un poco de memoria: a la brava fue que en 2012 archivaron una reforma a la justicia que impulsaron al principio pero de la que al final se arrepintieron y enterraron de manera exótica. A la brava, lograron que el Congreso refrendara un acuerdo que había sido rechazado en las urnas. A la brava, pretendieron que los congresistas no pudieran modificar las leyes y actos legislativos sin permiso del Gobierno. A la brava, querían tramitar un régimen enteramente favorable para las Farc al punto de que ni disidentes ni reincidentes tuvieran exclusiones de la justicia transicional, lo que hubiera quedado aprobado de no ser porque el fiscal y el congresista Hernán Penagos se les pararon en la raya.

A la brava, quieren ahora sacar adelante un proyecto de singular importancia, como el de la representación para las víctimas, pendiendo apenas de un voto y de interpretaciones y mecanismos de resurrección bastante discutibles.

 

A la brava, el doctor Santos y sus más cercanos colaboradores, siguen sin entender que ‘no es no’ y desafían al Estado de Derecho con ‘presidentadas’ que no tienen justificación.

Este Gobierno continúa obstinado con una implementación sin pedagogía ni sensibilización, sin concentrarse en las bases guerrilleras o en los derechos de las victimas y en cambio creyendo que a punta de leguleyadas obligará a la plena realización de los acuerdos. Como si se tratara de un asunto que pudiera resolverse con un decreto o como si un tribunal, mediante una acción de cumplimiento pudiera decir “a partir de hoy, hágase la paz”.

Tiene razón el constitucionalista Juan Manuel Charry cuando dice que “el déficit político no se arregla con fórmulas jurídicas, pues genera más polarización y desplaza costos políticos a los jueces en injusto desgaste institucional”.

 

Lamentablemente, a la brava, sin gobernabilidad y sin respaldo ciudadano, terminará su mandato el presidente Juan Manuel Santos que a la brava gobernó y a la brava sigue intentando imponer lo que él y las Farc llaman paz.

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Y se hundieron las circunscripciones especiales de paz. Con un secretario general del Senado recomendando archivar la iniciativa y una bancada conservadora que le sugirió hacer lo propio al presidente del Congreso, resultaba difícil que las cosas salieran de manera distinta. 

Los responsables del naufragio del proyecto no son ni el Centro Democrático ni Cambio Radical, como pretenden hacerlo ver algunos, sino el propio Gobierno que sin mermelada en la olla para raspar, ha sido incapaz de persuadir con argumentos y, por supuesto, los senadores “amigos” que dejaron de ir a la sesión aquella en la que se intentaba conciliar el proyecto de la discordia.

Las patadas de ahogado que han venido después son realmente deplorables pero confirman el estilo del Ejecutivo: hacerlo todo sin legitimidad, por la puerta de atrás, sin consensos ni apego a los procedimientos ordinarios sino con ‘”chabacanería constitucional” como dijo en un trino reciente el profesor Francisco Barbosa, por cierto, defensor del proceso de paz.

Basta con hacer un poco de memoria: a la brava fue que en 2012 archivaron una reforma a la justicia que impulsaron al principio pero de la que al final se arrepintieron y enterraron de manera exótica. A la brava, lograron que el Congreso refrendara un acuerdo que había sido rechazado en las urnas. A la brava, pretendieron que los congresistas no pudieran modificar las leyes y actos legislativos sin permiso del Gobierno. A la brava, querían tramitar un régimen enteramente favorable para las Farc al punto de que ni disidentes ni reincidentes tuvieran exclusiones de la justicia transicional, lo que hubiera quedado aprobado de no ser porque el fiscal y el congresista Hernán Penagos se les pararon en la raya.

A la brava, quieren ahora sacar adelante un proyecto de singular importancia, como el de la representación para las víctimas, pendiendo apenas de un voto y de interpretaciones y mecanismos de resurrección bastante discutibles.

 

A la brava, el doctor Santos y sus más cercanos colaboradores, siguen sin entender que ‘no es no’ y desafían al Estado de Derecho con ‘presidentadas’ que no tienen justificación.

Este Gobierno continúa obstinado con una implementación sin pedagogía ni sensibilización, sin concentrarse en las bases guerrilleras o en los derechos de las victimas y en cambio creyendo que a punta de leguleyadas obligará a la plena realización de los acuerdos. Como si se tratara de un asunto que pudiera resolverse con un decreto o como si un tribunal, mediante una acción de cumplimiento pudiera decir “a partir de hoy, hágase la paz”.

Tiene razón el constitucionalista Juan Manuel Charry cuando dice que “el déficit político no se arregla con fórmulas jurídicas, pues genera más polarización y desplaza costos políticos a los jueces en injusto desgaste institucional”.

 

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Los responsables del naufragio del proyecto no son ni el Centro Democrático ni Cambio Radical, como pretenden hacerlo ver algunos, sino el propio Gobierno que sin mermelada en la olla para raspar, ha sido incapaz de persuadir con argumentos y, por supuesto, los senadores “amigos” que dejaron de ir a la sesión aquella en la que se intentaba conciliar el proyecto de la discordia.

Las patadas de ahogado que han venido después son realmente deplorables pero confirman el estilo del Ejecutivo: hacerlo todo sin legitimidad, por la puerta de atrás, sin consensos ni apego a los procedimientos ordinarios sino con ‘”chabacanería constitucional” como dijo en un trino reciente el profesor Francisco Barbosa, por cierto, defensor del proceso de paz.

Basta con hacer un poco de memoria: a la brava fue que en 2012 archivaron una reforma a la justicia que impulsaron al principio pero de la que al final se arrepintieron y enterraron de manera exótica. A la brava, lograron que el Congreso refrendara un acuerdo que había sido rechazado en las urnas. A la brava, pretendieron que los congresistas no pudieran modificar las leyes y actos legislativos sin permiso del Gobierno. A la brava, querían tramitar un régimen enteramente favorable para las Farc al punto de que ni disidentes ni reincidentes tuvieran exclusiones de la justicia transicional, lo que hubiera quedado aprobado de no ser porque el fiscal y el congresista Hernán Penagos se les pararon en la raya.

A la brava, quieren ahora sacar adelante un proyecto de singular importancia, como el de la representación para las víctimas, pendiendo apenas de un voto y de interpretaciones y mecanismos de resurrección bastante discutibles.

 

A la brava, el doctor Santos y sus más cercanos colaboradores, siguen sin entender que ‘no es no’ y desafían al Estado de Derecho con ‘presidentadas’ que no tienen justificación.

Este Gobierno continúa obstinado con una implementación sin pedagogía ni sensibilización, sin concentrarse en las bases guerrilleras o en los derechos de las victimas y en cambio creyendo que a punta de leguleyadas obligará a la plena realización de los acuerdos. Como si se tratara de un asunto que pudiera resolverse con un decreto o como si un tribunal, mediante una acción de cumplimiento pudiera decir “a partir de hoy, hágase la paz”.

Tiene razón el constitucionalista Juan Manuel Charry cuando dice que “el déficit político no se arregla con fórmulas jurídicas, pues genera más polarización y desplaza costos políticos a los jueces en injusto desgaste institucional”.

 

Lamentablemente, a la brava, sin gobernabilidad y sin respaldo ciudadano, terminará su mandato el presidente Juan Manuel Santos que a la brava gobernó y a la brava sigue intentando imponer lo que él y las Farc llaman paz.

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LOS VERDES,MADUROS EN CORRUPCIÒN

PALOMA VALENCIA                                            

Los auto-denominados voceros de la lucha anticorrupción son los aliados del gobierno más corrupto de la historia de Colombia, por lo menos en lo que a la percepción de los ciudadanos se refiere. Salen a rasgarse las vestiduras, a señalar con el dedo hirsuto cuando están ante los medios de comunicación, pero en el Congreso están aliados. No les importa votar con los que señalan de corruptos, no les importa acompañar al gobierno. A los anti-corruptos les sirven los corruptos, cuando están con su causa.

La corrupción se inicia con la moral laxa. Moral laxa es considerar que hay delitos que no son tan graves. Moral laxa es ponerse por encima de la ley para poder decidir que hay que cumplir y que no. Moral laxa es servirse de los que se consideran corruptos, para avanzar con las causas que convienen. Esos son los principios con los que proceden lo que hoy posan de defensores de la moral pública. En palabras de profesor Mockus; todo vale. Vamos a analizarlo: para ellos los crímenes de las Farc no son graves, o lo son, pero no tienen que ser sancionados. Para ellos los crímenes de los paramilitares son atroces, los de las Farc son un poco menos malos. Para ellos 7 años de cárcel para un paramilitar es un absurdo por lo poco, pero pedir un día de cárcel para los criminales de las Farc es también absurdo. Se quejan de la corrupción de Santos pero los miembros de su partido disfrutan de las gabelas, reparten la mermelada, pero al parecer ellos tienen guantes porque no se ensucian.

Sorprende que cometen en forma de pecado mortal, los pecados veniales que le achacan al gobierno de Uribe. Cuando tienen en el Sena contratación irregular, remplazan los funcionarios que salen con los parientes, y usan la institución para apalancar su proyecto político y no para servir a los colombianos. Y si una furiosa antiuribista los denuncia, la declaran insubsistente. Se supone que la Yidis-política entregó dos notarias para dizque comprar un voto que permitiera, no alargar el periodo presidencial, no dar benéficos a criminales; sino para que el presidente pudiera poner en consideración su nombre para que en elecciones los colombianos decidieran si querían reelegirlo o no. Pero no se quejan, ni una silaba cuando los puestos, el presupuesto y las instituciones se les regalan a la luz del día, con conocimiento de todos, a los congresistas para que voten las causas de la paz. Lo ocurrido con Fonade, CaféSalud, ICBF, Caprecom… todo se vale, porque es la paz, la que está en juego.

Voceros anticorrupción llenos de investigaciones, algunos –la más vehemente- hasta con sanción fiscal. Pero ellos desde su pedestal, consideran que las investigaciones contra ellos son una especie de persecución, y las investigaciones contra los otros, en cambio, son la prueba de su deshonestidad.

Colombia tiene que evaluar muy bien por quien va a votar en las elecciones presidenciales. El abanico hoy muestra un empate general, que puede ser sinónimo de que aún no hay interés en la contienda. Pero los candidatos, lo que ofrecen, representan y harán por Colombia son muy distintos. Se pueden decir muchas cosas, pero solo la coherencia es una señal inequívoca.

 

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HUMBERTO DE LA CALLE.de Liberales santistas,negociador con las FARC,busca y anuncia coaliciòn con la izquierda
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