Domingo 22 de Julio de 2018
Política

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LA COMISION DE LA VERDAD,UN PELOTÒN DE FUSILAMIENTO CONTRA EL ESTADO Y MILITARES

NIETO3

La Comisión de la Verdad, creada en el marco del pacto de Santos con las Farc, solicitó al Ministerio de Defensa toda la información de inteligencia, contrainteligencia y operacional desde 1953, así como la documentación sobre “las violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario” cometidas por las Fuerzas Armadas.

En carta de 6 páginas, Francisco de Roux detalla en 40 puntos lo que la Comisión quiere. Millones de documentos, con copias certificadas, sobre las actividades contrainsurgentes y contra el narcotráfico, manuales operacionales, bases de datos, documentos de doctrina de inteligencia y contra inteligencia, análisis históricos y evolución de las guerrillas y cualquier otro grupo armado ilegal, balances de operaciones, documentación para la defensa del Estado en el sistema interamericano de derechos humanos y de defensa de miembros de la fuerza pública en procesos penales y disciplinarios por eventuales violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, metodologías de entrevistas e interrogatorios, órdenes de operaciones y planes de batalla, hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia, y un largo etcétera adicional.

El asunto, de enorme gravedad, amerita varias reflexiones: la primera, de oportunidad. Todas las “comisiones de la verdad” que se han creado, que son pocas, han tenido lugar tras cesar conflictos armados internos o con la consolidación de la democracia tras un regímen militar. Esta Comisión opera bajo la premisa equivocada de que estamos en un “postconflicto”. Semejante error tiene una consecuencia: en realidad, cualquier información filtrada tendrá impacto en las operaciones militares y policiales actuales y futuras. Además, esos grupos armados ilegales y los narcotraficantes tienen interés, dinero y capacidad para atemorizar, es decir, pueden influir, por coincidencias ideológicas, afán de lucro o miedo, en quienes tengan acceso a la información.

Segundo, de neutralidad. Las comisiones de la verdad deben ser políticamente neutras. No volveré sobre argumentos ya expuestos y me limito a insistir en que entre la mayoría, no todos, los magistrados de la JEP y los miembros de la Comisión de la Verdad, hay un sesgo de izquierda y de animadversión con la Fuerza Pública. En algunos casos, incluso, de simpatía con grupos armados ilegales.

Tercero, de pertinencia. La Comisión incluye en su larguísima petición solicitudes claramente innecesarias para el cumplimiento de su mandato. La información pedida debería limitarse, con extrema precisión, a lo indispensable para cumplir su tarea y nada más.

Cuarto, de seguridad. El secreto y la reserva no son oponibles frente a información sobre eventuales violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH. Pero debe serlo en relación con otros asuntos cuando se pone en riesgo la seguridad y la defensa nacionales. Y, por supuesto, la identidad, integridad física y la vida de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas. Nada debería ser más importante. Para rematar, el país tiene tensas relaciones con Venezuela y Nicaragua, a los que son muy cercanos algunos grupos armados ilegales. La información sobre doctrina, operaciones, capacidades, inteligencia y contrainteligencia que se filtre podríar caer en manos de potenciales enemigos externos.

 
 
 

Quinto, la información debe ser entregada a la Comisión solo después de que ella haya explicado la manera en que va a ser manipulada y la forma en que se garantizará la protección de la misma. La Comisión no tiene idea de como hará tal cosa.

Por último, pero no menos importante, la Comisión tiene que asegurar que tendrá acceso a la información de las Farc, del partido Comunista que le dio vida, y de los organizaciones políticas y “civiles” de su entorno, de manera que pueda haber más equilibrio en su análisis.

Cualquier otra cosa haría de la Comisión un pelotón de fusilamiento conceptual e histórico contra el Estado y su Fuerza Pública.

La Comisión de la Verdad, creada en el marco del pacto de Santos con las Farc, solicitó al Ministerio de Defensa toda la información de inteligencia, contrainteligencia y operacional desde 1953, así como la documentación sobre “las violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario” cometidas por las Fuerzas Armadas.

En carta de 6 páginas, Francisco de Roux detalla en 40 puntos lo que la Comisión quiere. Millones de documentos, con copias certificadas, sobre las actividades contrainsurgentes y contra el narcotráfico, manuales operacionales, bases de datos, documentos de doctrina de inteligencia y contra inteligencia, análisis históricos y evolución de las guerrillas y cualquier otro grupo armado ilegal, balances de operaciones, documentación para la defensa del Estado en el sistema interamericano de derechos humanos y de defensa de miembros de la fuerza pública en procesos penales y disciplinarios por eventuales violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, metodologías de entrevistas e interrogatorios, órdenes de operaciones y planes de batalla, hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia, y un largo etcétera adicional.

El asunto, de enorme gravedad, amerita varias reflexiones: la primera, de oportunidad. Todas las “comisiones de la verdad” que se han creado, que son pocas, han tenido lugar tras cesar conflictos armados internos o con la consolidación de la democracia tras un regímen militar. Esta Comisión opera bajo la premisa equivocada de que estamos en un “postconflicto”. Semejante error tiene una consecuencia: en realidad, cualquier información filtrada tendrá impacto en las operaciones militares y policiales actuales y futuras. Además, esos grupos armados ilegales y los narcotraficantes tienen interés, dinero y capacidad para atemorizar, es decir, pueden influir, por coincidencias ideológicas, afán de lucro o miedo, en quienes tengan acceso a la información.

Segundo, de neutralidad. Las comisiones de la verdad deben ser políticamente neutras. No volveré sobre argumentos ya expuestos y me limito a insistir en que entre la mayoría, no todos, los magistrados de la JEP y los miembros de la Comisión de la Verdad, hay un sesgo de izquierda y de animadversión con la Fuerza Pública. En algunos casos, incluso, de simpatía con grupos armados ilegales.

Tercero, de pertinencia. La Comisión incluye en su larguísima petición solicitudes claramente innecesarias para el cumplimiento de su mandato. La información pedida debería limitarse, con extrema precisión, a lo indispensable para cumplir su tarea y nada más.

Cuarto, de seguridad. El secreto y la reserva no son oponibles frente a información sobre eventuales violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH. Pero debe serlo en relación con otros asuntos cuando se pone en riesgo la seguridad y la defensa nacionales. Y, por supuesto, la identidad, integridad física y la vida de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas. Nada debería ser más importante. Para rematar, el país tiene tensas relaciones con Venezuela y Nicaragua, a los que son muy cercanos algunos grupos armados ilegales. La información sobre doctrina, operaciones, capacidades, inteligencia y contrainteligencia que se filtre podríar caer en manos de potenciales enemigos externos.

 
 
 

Quinto, la información debe ser entregada a la Comisión solo después de que ella haya explicado la manera en que va a ser manipulada y la forma en que se garantizará la protección de la misma. La Comisión no tiene idea de como hará tal cosa.

Por último, pero no menos importante, la Comisión tiene que asegurar que tendrá acceso a la información de las Farc, del partido Comunista que le dio vida, y de los organizaciones políticas y “civiles” de su entorno, de manera que pueda haber más equilibrio en su análisis.

Cualquier otra cosa haría de la Comisión un pelotón de fusilamiento conceptual e histórico contra el Estado y su Fuerza Pública.

La Comisión de la Verdad, creada en el marco del pacto de Santos con las Farc, solicitó al Ministerio de Defensa toda la información de inteligencia, contrainteligencia y operacional desde 1953, así como la documentación sobre “las violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario” cometidas por las Fuerzas Armadas. En carta de 6 páginas, Francisco de Roux detalla en 40 puntos lo que la Comisión quiere. Millones de documentos, con copias certificadas, sobre las actividades contrainsurgentes y contra el narcotráfico, manuales operacionales, bases de datos, documentos de doctrina de inteligencia y contra inteligencia, análisis históricos y evolución de las guerrillas y cualquier otro grupo armado ilegal, balances de operaciones, documentación para la defensa del Estado en el sistema interamericano de derechos humanos y de defensa de miembros de la fuerza pública en procesos penales y disciplinarios por eventuales violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, metodologías de entrevistas e interrogatorios, órdenes de operaciones y planes de batalla, hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia, y un largo etcétera adicional. El asunto, de enorme gravedad, amerita varias reflexiones: la primera, de oportunidad. Todas las “comisiones de la verdad” que se han creado, que son pocas, han tenido lugar tras cesar conflictos armados internos o con la consolidación de la democracia tras un regímen militar. Esta Comisión opera bajo la premisa equivocada de que estamos en un “postconflicto”. Semejante error tiene una consecuencia: en realidad, cualquier información filtrada tendrá impacto en las operaciones militares y policiales actuales y futuras. Además, esos grupos armados ilegales y los narcotraficantes tienen interés, dinero y capacidad para atemorizar, es decir, pueden influir, por coincidencias ideológicas, afán de lucro o miedo, en quienes tengan acceso a la información. Segundo, de neutralidad. Las comisiones de la verdad deben ser políticamente neutras. No volveré sobre argumentos ya expuestos y me limito a insistir en que entre la mayoría, no todos, los magistrados de la JEP y los miembros de la Comisión de la Verdad, hay un sesgo de izquierda y de animadversión con la Fuerza Pública. En algunos casos, incluso, de simpatía con grupos armados ilegales. Tercero, de pertinencia. La Comisión incluye en su larguísima petición solicitudes claramente innecesarias para el cumplimiento de su mandato. La información pedida debería limitarse, con extrema precisión, a lo indispensable para cumplir su tarea y nada más. Cuarto, de seguridad. El secreto y la reserva no son oponibles frente a información sobre eventuales violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH. Pero debe serlo en relación con otros asuntos cuando se pone en riesgo la seguridad y la defensa nacionales. Y, por supuesto, la identidad, integridad física y la vida de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas. Nada debería ser más importante. Para rematar, el país tiene tensas relaciones con Venezuela y Nicaragua, a los que son muy cercanos algunos grupos armados ilegales. La información sobre doctrina, operaciones, capacidades, inteligencia y contrainteligencia que se filtre podríar caer en manos de potenciales enemigos externos. Quinto, la información debe ser entregada a la Comisión solo después de que ella haya explicado la manera en que va a ser manipulada y la forma en que se garantizará la protección de la misma. La Comisión no tiene idea de como hará tal cosa. Por último, pero no menos importante, la Comisión tiene que asegurar que tendrá acceso a la información de las Farc, del partido Comunista que le dio vida, y de los organizaciones políticas y “civiles” de su entorno, de manera que pueda haber más equilibrio en su análisis. Cualquier otra cosa haría de la Comisión un pelotón de fusilamiento conceptual e histórico contra el Estado y su Fuerza Pública.

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"UN GRAN ACUERDO NACIONAL"QUE LA EXTREMA IZQUIERDA NO QUIERE

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1. Presidente electo, Iván Duque, propone un gran 'Acuerdo Nacional' por Colombia

Bogotá, 16 de julio de 2018.- El presidente electo, Iván Duque, planteó este lunes la construcción de un gran 'Pacto Nacional’, entre todos los sectores sociales con el objetivo de unir el país y derrotar la pobreza. 

“Yo quiero unir a Colombia, yo quiero que la posibilidad que se perdió después del 2 de octubre de 2016 de forjar un gran ‘Acuerdo Nacional’ que se construya rápidamente”, manifestó durante la entrega de la acreditación como Presidente de la República en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Explicó que este acuerdo debe tener como requisito que el narcotráfico deje de ser delito conexo al delito político.

“Que el narcotráfico deje de ser un delito conexo al delito político y se convierta en una acción censurable”, subrayó.

Y agregó: “Los invito a que en ese ‘Acuerdo Nacional’ permitamos que toda la sociedad actúe al unísono para derrotar el narcotráfico: la sustitución y la erradicación por principio deben ser obligatorias, y si hay quienes quieran adentrarse en el camino de eliminar esos cultivos por la voluntariedad estaremos allí para ayudarlos”.

El Mandatario electo aseguró este pacto también implica la reparación efectiva de las víctimas de quienes han estado en las armas ilegalmente.

“Tenemos que ser claros en que en ese ‘Acuerdo Nacional’ lo que menos queremos es que se haga una burla al anhelo de las víctimas, por eso armas escondidas o dineros escondidos, o la reincidencia continúa, deben tener una sanción ejemplar, y lo que más queremos, pensando en la víctimas, es que ellos sepan que tendrán una democracia vigorosa donde habrá verdad, justicia, reparación y no repetición”, indicó Duque.

Aseguró que es necesario dejar a un lado las diferencias para trabajar en torno a las coincidencias.

“Es la hora de dejar al lado nuestras diferencias y trabajar en todo lo que nos une. Es la hora de convertirnos en esa nación sólida, estable fuerte. Es la hora en que tenemos que lograr este ‘Pacto por Colombia’, este pacto que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el famoso ‘Acuerdo sobre lo fundamental’, los colombianos tenemos derecho a soñar”.

Señaló que su compromiso para sacarlo adelante será recorrer el país con los talleres ‘Construyendo País’ y realizar consejos de seguridad periódicos.

“Hoy le propongo a Colombia un pacto, un pacto por el futuro en estas áreas neurálgicas y vamos a empezar desde el 7 de agosto a construirlo recorriendo los territorios, semanalmente estaré haciendo consejos de seguridad buscando ese sentimiento fraterno entre la ciudadanía y la fuerza pública”, puntualizó.

PERO LA EXTREMA IZQUIERDA QUIERE GUERRA.

 

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URGENTE,UN ALCALDE PARA BOGOTÀ NO AMARRADO

José Alvear Sanín     

A finales del año entrante se celebrarán elecciones para gobiernos locales. En escrito anterior he llamado la atención sobre lo absurdo que sería entregar emisoras a las Farc para que ese grupúsculo, con 52.0000 votos, empiece desde finales de este año, con aberrante y enorme ventaja antidemocrática, su campaña para hacer elegir algunos gobernadores, docenas de alcaldes y centenares de concejales y diputados.

Ahora bien, según he venido a saber, no son 20 sino 31 las emisoras que el gobierno tiene que entregarles para que dominen el espectro radiofónico en grandes extensiones del país. ¿Dónde quedan la democracia representativa y la igualdad ante la ley, si se juega con dados cargados la suerte del país?

                                                                       ***

La amenaza de las Farc sobre la periferia no es insignificante, pero a corto plazo se cierne una aun más perturbadora sobre 3 de las 4 grandes ciudades del país. Si Bogotá, Barranquilla y Cali caen en las garras comunistas y populistas, el gobierno del doctor Duque verá muy reducidas sus posibilidades de sacarnos del abismo moral, legal, presupuestal, fiscal y administrativo que recibe.

Si por simple mayoría Bogotá tuvo que padecer tres espantosas administraciones de extrema izquierda rapaz, el riesgo ahora de que la mayoría petro-mockusina, maquillada con un falso verde que nunca condena derrames de petróleo, deforestación para narcocultivos ni minería ilegal, vuelva al palacio Liévano, es muy preocupante.

La peste de los exalcaldes Mockus y Petro aún gravita sobre la ciudad, a pesar de los esfuerzos del alcalde Peñalosa, experto municipalista pero mal comunicador, atacado con sevicia, vilipendiado y tergiversado día y noche por la claque de su antecesor, desde el primer día de su mandato. Peñalosa, con la más tonta y tímida prudencia, tardó en revelar las ruinas que recibió de Petro, hasta pocos días antes de unas elecciones presidenciales que hubieran podido hundir a todo el país.

En esas condiciones, la batalla por Bogotá exige, sin tardanza, la escogencia, por parte de la coalición democrática que respalda a Duque, de un candidato excepcional para la Alcaldía Distrital, no sea que cierta dama frenética, enardecida y perturbada la gane, para desgracia del país.

La campaña por la Alcaldía tendrá como principal tema el transporte. La solución Transmilenio fue torpedeada, desequilibrada en lo económico y desvirtuada maliciosamente por la desadministración Petro, que sembró en la opinión la falsa esperanza de la solución plena de la movilidad en Bogotá, con un Metro embrionario subterráneo.

De su costo astronómico y su demorada construcción no se habla, ni se menciona que ese tubo apenas atendería una pequeña parte de la demanda. Además, sus extracostos son impredecibles, porque el subsuelo de la capital es muy poco apropiado para la excavación de túneles. Tampoco se trata del indispensable aporte de la Nación, superior al del Distrito, a cargo del resto del país, que lo pagará sacrificando obras prioritarias en la “provincia”…

En cambio, el Metro elevado, también embrionario, es menos costoso, se construye más rápidamente, exige inferior subsidio y le demanda menor sacrificio al resto del país; pero ya Petro, biliosamente, promete que no lo dejará hacer. Atizando un vanidoso “orgullo” capitalino, el debate del Metro se dará con el máximo de demagogia y el mínimo de deliberación ilustrada.

No debo extenderme aquí sobre el Metro, tema que he tratado en dos libros, el primero, sobre las incontables falencias del Metro de Medellín; y en otro, La historia del transporte y la infraestructura en Colombia (Bogotá: MinTransporte, 2008), pero hay que advertir desde ahora las falacias y torpezas en torno al tema, por sus implicaciones electorales.

Lo que se juega detrás de la Alcaldía de Bogotá es, ni más ni menos, la posibilidad de entrabar gravemente los tres últimos años del gobierno venidero. En menor escala, pero de igual importancia, esta situación también se jugará en Cali y Barranquilla, ciudad esta última donde ya un lugarteniente y secretario de Petro ha iniciado campaña en firme.

Afortunadamente, en Antioquia la peste fajardista de carantoñas, favoritismo, despilfarro y mermelada para los medios, ha quedado atrás. 

                                                                       ***

¡Loquito, excéntrico, payaso, charlatán, hipócrita y de afiladas uñas es el otro Mujica  que quieren llevar, contra la ley, al Senado, porque dizque es el “faro moral” de Colombia!

 

 

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SANTOS Y EL REINADO DEL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA

Plinio-Apuleyo-Mendoza-3 1

 

No bastan las palabras. Cito el caso del narcotráfico. De nada vale, a la hora de la verdad, el discurso alentador que le oímos al Gobierno hablándonos de la erradicación forzosa de la coca o, mejor aún, de su sustitución voluntaria por parte de los campesinos, que ningún efecto tuvieron. Así, los cultivos que el gobierno del presidente Uribe había reducido a 48.000 hectáreas llegan hoy a la escalofriante cifra de 209.000 hectáreas, como lo revela la Oficina Antidrogas de Estados Unidos. Los números inevitablemente revelan mejor la realidad que las palabras.

 

El narcotráfico se ha convertido hoy en la organización mafiosa más poderosa e inquietante de Colombia. Su crecimiento se debe, en primer término, al brusco corte de la fumigación aérea exigido por las Farc en La Habana y aceptado por el gobierno de Santos. Era, por cierto, el mayor recurso que teníamos para luchar contra los cultivos ilícitos. A este fueron sumándose otros errores. Por ejemplo, en los lejanos territorios donde reina la cocaína se dejó en libertad a las diferentes entidades oficiales para elaborar su propia estrategia de acción. Unas se dedicaron a buscar por orientación de las Farc acuerdos con campesinos en regiones estratégicamente escogidas, para simular la dejación voluntaria de cultivos de coca, como es el caso del Penis (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). Otros pretendieron imponer una erradicación forzosa de muy limitados resultados y lamentables consecuencias en la pérdida de vidas a causa de minas antipersonales. A tiempo que el Estado ha perdido su fuerza por falta de un plan de acción territorial, la mafia fortalecida por el dinero que obtiene de su tráfico ha organizado una ordenada cadena de labores dentro y fuera del país. Hay toda una estructura que se ocupa de la producción; otra, de la purificación de la coca exportable; otra, del transporte asociado a carteles como el de Sinaloa, y otra que se encarga de establecer contacto con las redes de distribución de Estados Unidos, Europa y los países asiáticos.

El Estado ha perdido su fuerza por falta de acción territorial, la mafia fortalecida por el dinero que obtiene de su tráfico ha organizado una ordenada cadena de labores dentro y fuera del país.

 

Colombia, desde luego, es el país más rico en la producción de tales cultivos ilícitos. Se extienden por toda la costa Pacífica, pero también por el Catatumbo, Guaviare, Putumayo y otras vastas y remotas regiones del sur. Los campesinos, con pocas excepciones, se muestran atraídos por el narcotráfico, por sus cultivos y el dinero que les produce. De hecho, si no son sometidos por la violencia, son seducidos por el dinero, convirtiéndose en aliados y cómplices. Incluso los que reciben dinero del Estado (treinta y seis millones de pesos por familia), para vincularse a los programas de sustitución voluntaria de cultivos, solo en apariencia cumplen lo ofrecido. En realidad, atienden las instrucciones del narcotráfico sembrando en otras áreas o cubriendo en sus propios predios miles de orificios donde se ocultan las bases de las plantas que luego retoñan.

Desconociendo además los secretos corredores de movilidad que permiten el tráfico de la droga a Tumaco y otros puertos marítimos nacionales, al igual que a la Venezuela de Maduro para su exportación, los altos oficiales de la Armada Nacional consideran que su misión natural es el cuidado de los mares, mientras que los ríos selváticos no llaman su atención.

Nadie como el presidente electo Iván Duque da prelación a este problema. Lo demuestra su reciente viaje a Estados Unidos para hablar con los más altos funcionarios de Trump. Se sabe ahora que los planes de acción integral en todo el territorio de Colombia, la futura existencia de Comandos Conjuntos y Unificados, en vez de dispersos planes individuales, pueden tener un resultado efectivo para el nuevo gobierno. La acción bien coordinada de la Fiscalía, del Ejército y la Policía Nacional también dará como resultado un fuerte descenso de los cultivos ilícitos, así como la eliminación de las bandas criminales que, atraídas por los negocios de coca, imponen la violencia en vastas regiones del país.

PLINIO APULEYO MENDOZA

 

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EL PRECIO DE UN NOBEL FALSO

LONDOÑO

 

  •  

Fernando Londoño H. 

El fanfarrón barato que tuvimos ocho años por Presidente nos ha salido carísimo. Cada uno dirá para su capote dónde estuvo lo más costoso de esta comedia. Para nosotros no cabe duda. Convertir a Colombia en el mar de coca del que hablara el Procurador Carrillo fue la peor parte de esta grotesca función.

Santos quería un Premio Nobel, con la pasión con que cualquier mocoso quiere el más apasionado de sus caprichos. Y las FARC tenían la llave de ese cuartucho, dispuestas a usarla pero con alto costo. Y Santos no vaciló.

Peor que perdonar sin castigo sus infames delitos; peor que entregarles el manejo del país; peor que regalarles curules en el Congreso; peor que organizarles una Rama Judicial para absolverlos y condenar a sus enemigos; peor que convertir la Constitución en juguete de sus apetitos; peor que todo eso y mucho más, fue entregarles sin apremios el manejo de la cocaína y convertir a Colombia en el más abyecto de los narco países del mundo.

Santos pavimentó la carretera de la coca con cuanto sello asfáltico exigieron las FARC.

Primero, fue poner la condición de que desaparecieran los bombardeos a sus campamentos. Santos aceptó.

Segundo, que se eliminaran las fumigaciones aéreas sobre los campos sembrados de coca. Santos ordenó suspender las fumigaciones.

Tercero, fue disponer que no hubiese extradición para cuanto bandido cocalero fuese solicitado por las Cortes de los Estados Unidos. Santos se comprometió a negar esas extradiciones.

Lo cuarto fue convertir en delitos conexos con los llamados políticos- la rebelión, la sedición y la asonada- el delito de narcotráfico.

La quinta condición fue la de enredar la Ley de Extinción de Dominio, de modo que se les garantizara la propiedad sobre las inmensas fortunas que consiguieron y seguirán acumulando con la cocaína.

La sexta fue la de no molestarles sus rutas y embarques con la intervención del Ejército.

Santos se plegó a todo. Y se ganó el Premio Nobel metiéndole al mundo la mentira de que había logrado conquistar la paz y acabar la guerra en un país que la había padecido cincuenta años. Y convirtió a Colombia en un mar de coca.

La Paz se disfrazó como el fin de un eterno conflicto con una organización guerrillera marxista leninista, fundada para proteger el campo de la burguesía capitalista. Pues ni las FARC sabían qué diablos era el marxismo leninismo, ni terminaron el conflicto. Porque viva la causa de la tragedia colombiana, la cocaína, nada se conseguía con todo ese aparato, con todos esos sacrificios, con todas esas claudicaciones.

Colombia está convertida en un mar de coca. Santos juró, con uno de esos juramentos que llenaron de ira al Cielo, que las FARC serían las aliadas del Gobierno para combatir los cocaleros. Por supuesto que era al revés. Santos ganaría el Nobel y las FARC la cocaína y el dinero que la cocaína vale, siendo ese uno de los mayores negocios del mundo.

Esa simonía tiene un precio. Que es el que hemos pagado por cuotas y ahora nos pasarán la cuenta por el remanente.

La cocaína se cuadruplicó, cuando menos, en estos ocho años. Y con la cocaína más que se cuadruplicó la inseguridad en los campos y las ciudades. El narcotráfico es toda una manera de vivir, una concepción mafiosa de la existencia. Por eso se rompieron los diques de la corrupción y se perdieron los límites del delito. Los delincuentes no tienen medida en su osadía, mientras los jueces no libran una batalla que saben perdida de antemano. ¿Para qué?

El narcotráfico acabó los tesoros ecológicos de Colombia. Los parques naturales muestran al viajero las heridas de la cocaína. Los ríos son pantanos inmundos poblados de mercurio y no de agua, porque la mimería ilegal es hermana del narco tráfico y propiedad de las FARC.

La agricultura no puede competir con el cultivo de la coca. No quedó en la ladera andina quién siembre ni recoja el café. Los jóvenes se fueron a sembrar y raspar y traficar coca

El contrabando se multiplicó exponencialmente y liquidó la industria, empezando por la mediana y la pequeña que no puede competir con productos sub facturados, llegados contra el pago de dólares que no valen nada.

Como el eje del ingreso del Gobierno es la economía lícita, el traslado hacia la economía negra obligó al Gobierno a llenar de impuestos una sociedad agónica, que no tiene cómo pagarlos. El déficit Fiscal es insoportable.

Los jóvenes no encuentran empleo y se van del país o se alistan en cualquier empresa criminal o suicida.

Y nos quedaría mucha tragedia por descubrir, si tiempo y espacio tuviéramos. Nos basta, llegados a este punto, volver atrás y decir, con desconsolada ira, que el Nobel de Santos resultó carito. Costó un país entero.

 

 

 Costó un país entero.

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