El aumento en la tasa de desempleo, revelado esta semana por el Dane, es una muy mala noticia. A pocos meses de la salida del presidente Juan Manuel Santos, su meta –reiterada en discursos y declaraciones– de reducir el desempleo a un dígito (menos del 10 por ciento) parece muy difícil de cumplir. Con 10,8 por ciento para febrero de este año, tres décimas más que en febrero del 17, se acumulan varios meses con una tasa de dos dígitos que, en esta ocasión, roza un asustador 11 por ciento.

No hay que llamarse a sorpresas, que advertidos estábamos. En esta columna, y basado en el concepto de economistas juiciosos –no aquellos que opinan según los contratos que el Gobierno les dé–, escribí varias veces que la secuencia de reformas tributarias destinadas a aumentar la carga impositiva mataría el empleo. Winston Churchill comparó la empresa privada con un caballo que debe jalar el carro de la economía. Si a la bestia la sobrecargan, que es lo que ha pasado en Colombia con el exceso de impuestos, deja de arrastrar el carro y se echa a un lado del camino: reduce su actividad, frena las inversiones y en vez de contratar empleados, los despide.

Tanto Iván Duque, líder de todas las encuestas, como Germán Vargas, que se ha venido abajo, coinciden en una propuesta: bajar los impuestos para que el caballo se levante y vuelva a jalar el carro. Sostienen que la tasa de tributación colombiana es mucho más alta que los países con los que competimos, como Chile y Perú.

¿Es posible bajar los impuestos sin generar un enorme hueco fiscal? ¿Es posible hacerlo sin que el Estado quede falto de fondos para pagar las cuentas y hacer inversiones muy necesarias en el campo social, en infraestructura y en otros frentes? La respuesta es un sí con condiciones. Sí es posible, pero solo si esa baja es acompañada por dos acciones nada fáciles de sacar adelante: controlar el gasto del Estado despilfarrador y reducir la evasión tributaria con los instrumentos tecnológicos que hoy permiten detectar a quienes ocultan sus ganancias en el país y en el exterior.

En cuanto al Estado derrochador, a diario aparecen contratos multimillonarios como el que La W destapó esta semana, entre el Gobierno y la firma Connecta, vinculada al exministro santista Tomás Gonzalez, para una encuesta que permitiese al Ejecutivo “sensibilizar a los colombianos” con mensajes sobre la obra del Presidente. El caso de la firma Marketmedios, de la familia del exgerente de la campaña santista, Roberto Prieto, es paradigmático. Como me dijo un afamado tributarista: “Sin gastar los cientos de miles de millones de pesos de contratos como esos, nos ahorraríamos algunos puntos del IVA”.

El próximo gobierno tendrá que barrer con todos estos excesos y no meterse en nuevos con sus amigos. Pero puede hacer más: acabar con las contralorías regionales y locales, desaparecer decenas de entes públicos que solo han servido para untar de ‘mermelada’ a los políticos, y preguntarse si tantas cortes y altos tribunales, tantas auditorías y defensorías, están justificados.

En el frente de la evasión, el caso de los papeles de Panamá mostró que es posible acabar con ese tipo de mecanismos para esconder utilidades. Urge esa misma colaboración con otros países. Y algo más: la reforma tributaria de 1986, que sacó adelante el entonces Minhacienda César Gaviria, bajó los impuestos, y la consecuencia fue que el recaudo aumentó, un fenómeno que se explica porque cuando las tasas tributarias son razonables, mucha más gente está dispuesta a pagar. La tarea no es sencilla, pero el próximo gobierno está obligado a desarrollarla, porque el país no puede sobrevivir mucho tiempo con una carga impositiva que tiene semiparalizada a la economía, con el caballo que debe jalar el carro echado a la vera del camino.

MAURICIO VARGAS
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