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BANDAS CRIMINALES ,FARC Y ELN LOS ASESINOS DE LIDERES SOCIALES.

VARGAS MAURICIOPor: Mauricio Vargas 07 de julio 2018 , 11:44 p.m.

Como “hechos totalmente inaceptables” calificó, el jueves, el presidente Juan Manuel Santos el asesinato de 33 líderes sociales este año, tres de ellos –Luis Barrios en Atlántico, Ana María Cortés en Antioquia y Margarita Estupiñán en Nariño– esta semana, en apenas 24 horas. Y tiene razón: una escalada de muerte de indefensos dirigentes de sus comunidades es intolerable.

Pero, además de ello, exige una reflexión sobre las causas, que al Presidente le quedó faltando. Revisé algunos de los casos y conversé con fuentes en la Fiscalía y la Policía. Si bien hay unos pocos cuyo origen puede atribuirse a un intento de robo o a asuntos personales, la inmensa mayoría está vinculada a la actividad pública de esos líderes y a la manera como ellos chocaban con el intento de grupos criminales de imponer su ley, a sangre y fuego, en las zonas donde las víctimas actuaban.

En la investigación de estos crímenes –y de otros 140, quizás más, desde 2016–, las autoridades han identificado tres grandes grupos de autores: las bandas criminales herederas del paramilitarismo, las disidencias de las Farc y el fortalecido Eln. Las tres causantes comparten un denominador común, el negocio de la cocaína, aunque a veces esas mafias también estén relacionadas con la minería ilegal, la extorsión y el saboteo contra la restitución de tierras, y eso explique algunos de los asesinatos.

Casi todos los líderes desarrollaban su actividad en zonas de cultivos ilícitos, de laboratorios de cocaína o de corredores de exportación de esa sustancia, aun si el móvil del crimen tiene que ver con minería criminal, extorsión o el tema de tierras. “En la gran mayoría de los casos, detrás del asesinato aparecen ‘bacrim’, disidentes de las Farc y el Eln, y el móvil es que esos grupos consideran que el líder al que matan les estorbaba”, me explicó una fuente oficial vinculada a las indagaciones.

Algunos de estos líderes denuncian la minería ilegal o el despojo de tierras, pero otros simplemente están dedicados a organizar a sus comunidades en torno a demandas sociales –la protección de un bosque o una cuenca, la construcción de una vía, el uso transparente de los fondos públicos–, y en ello chocan contra esas mafias que destruyen bosques y cuencas para sembrar coca o explotar minas ilegales, no quieren una vía porque eso facilita la entrada de la Policía y el Ejército, y no quieren vigilancia de la contratación pública porque son beneficiarios de la corrupción.

El fenómeno ocurre desde hace décadas. Pero se ha agravado. Primero, porque el Estado y, en especial, la Fuerza Pública descuidaron, durante las negociaciones de La Habana, las zonas de influencia de las Farc y cuando el grueso de esa guerrilla se desmovilizó, las autoridades no entraron a ejercer el debido control. Segundo, porque tras los procesos de desmonte de los grupos paramilitares y de las Farc, mucho mando medio quedó suelto, no se acogió a la desmovilización y prefirió asumir el mando de un grupo criminal en la región en la que llevaba años delinquiendo. Y tercero, que es fundamental, porque al haber permitido el Gobierno que el área sembrada de coca pasara de menos de 50.000 hectáreas a más de 200.000, el negocio de la cocaína se disparó, y las ‘bacrim’, el Eln y las disidencias de las Farc están popochas.

Mucha coca produce mucho dinero, mucho dinero compra muchas armas, y muchas armas producen muchos muertos, para imponer la ley del más fuerte en esas regiones. Esos asesinatos son intolerables, como dice el Presidente, pero también lo son las omisiones del Gobierno en el control de las áreas dejadas por las Farc, que le haya dado alas a un fortalecido Eln y, lo más grave, que haya permitido que los cultivos de coca se multiplicaran por cuatro.

MAURICIO VARGAS Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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LA IZQUIERDA PERDIÒ CON SU INCENDIARIO LLENO DE ODIO

Abelardo De La Espriella

Como si la izquierda hubiese ganado, el jefe natural de ese sector, después de las elecciones presidenciales, el incendiario Gustavo Petro, se ha dado a la tarea (incluso desde la misma noche de su derrota) de dar órdenes y “tirar línea” al nuevo gobierno, sobre lo que se debe hacer y lo que no.

El discurso retador, barriobajero, desvergonzado y lleno de odio de Petro contrasta con la humildad, la madurez, el llamado a la concordia y la tranquilidad del presidente Duque, en la asunción de su incontrovertible y contundente triunfo (grandes diferencias saltan a la vista entre Duque y Petro, desde el punto de vista humano y político). De la que se salvó Colombia: si Petro procede de esa forma, sin haber logrado alcanzar el poder, no quiero ni pensar lo que estaría sucediendo ahora, con la certeza de que ese sujeto, en unos días, se sentaría en el solio de Bolívar.

El discurso conciliador del presidente Duque es el argumento que le corresponde plantear a un verdadero líder (de eso no hay duda); pero no es menos cierto que el próximo mandatario de los colombianos se enfrentará a la oposición más virulenta e irracional de la que se tenga registro en estas tierras. Nada de lo que haga Iván Duque, por más bueno que sea, será reconocido en lo absoluto por la “mamertería” comandada por Petro y sus hordas difamatorias, quienes harán de cada acción del Gobierno (incluso tergiversándolas) un caballito de batalla que les permita allanar el camino hacia la Casa de Nariño.

A la oposición hay que darle garantías, no faltaba más; pero tratar de razonar con esos radicales irredimibles puede ser un craso error: se despoja más fácilmente un elefante de su trompa, que un izquierdoso de los dogmas en los que cree ciegamente. Tampoco se puede soslayar el hecho de que fuimos más de 10 millones de colombianos, a través del sufragio, quienes rechazamos tajantemente las manidas, fracasadas y anacrónicas propuestas de la izquierda, que habrían conducido al país a la postre, sin dudas, a una debacle similar a la de Venezuela. En consecuencia, escogimos un modelo político y social completamente distinto del propuesto por Petro y su combo; por lo tanto, la única manera de respetar la voluntad popular es que el nuevo gobierno haga valer sin vacilaciones el ideario que concitó a las mayorías en torno a la candidatura del presidente Duque: en ese escenario, las iniciativas de la izquierda no deberían tener cabida.

Siempre he creído que no se puede contemporizar con el enemigo: un gesto de buena fe será entendido como un símbolo de debilidad; el apoyo a una determinada causa se tomará como un acto de rendición, y hasta una simple camaradería puede ser malinterpretada. No hay que olvidar que hasta hace pocos días la izquierda radical tenía a varios miembros del partido Centro Democrático y al expresidente Uribe contra las cuerdas, queriendo destriparlos. En lo que a mí respecta, no pondré la otra mejilla.

Si Petro y su gente quieren imponer condiciones, ¡que primero ganen las elecciones!

La ñapa I: Santos dice que no se volverá a meter en política. Obvio: él sabe que no sale elegido ni de edil de Chapinero. ¡Al tartufo no lo quiere nadie!

La ñapa II: Mockus está inhabilitado. No puede haber candidatos de primera y de segunda: la ley debe aplicarse para todos, sin distingo. La incoherencia de la izquierda es proverbial. Que los magistrados del CNE actúen en derecho o que se atengan a las consecuencias penales y disciplinarias de prevaricar.

La ñapa III: la Consulta Anticorrupción impulsada por Claudia López es una farsa que solo la beneficia a ella, en su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Otra politiquera posando de faro moral de la Nación.

La ñapa IV: ¡Qué vergüenza el Ministro de Defensa que tenemos: lleva años haciendo el ridículo! La tapa de la caja: los drones para fumigar los imparables cultivos ilícitos, un mes antes de que acabe la infausta presidencia de Santos.

@DELAESPRIELLAE

 

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PIROMANOS ELECTORALES ANTE LA DERROTA

José Manuel Acevedo

Algunos de los que propagan el grito de fraude solo quieren que el país arda el 27 de mayo a las 4:30 de la tarde. El libreto ya es conocido y es muy peligroso.

Tal vez desde 1970 no había existido en Colombia tanto ruido alrededor de un posible fraude electoral como el que ahora aturde a los ciudadanos en las plazas públicas y a los más jóvenes en las redes sociales. Detrás de aquella histeria se encuentra un grupo de políticos irresponsables –de esos que temen no ganar por las buenas– que se han empeñado en buscar en la amenaza de trampa la manera de reencaucharse desde el domingo mismo de las elecciones si llegasen a perder, haciendo gala de una muy reprochable estrategia.

Los partidarios de estas tesis están convocando subliminalmente a desconocer el dictamen de la Registraduría si éste no saliera como esperan y para ello ya han cumplido con varias fases de su plan: la primera, consistió en cuestionar la legitimidad e imparcialidad de los organismos electorales. La segunda fase permitió ambientar en sus discursos públicos la idea del fraude. La tercera los llevó a crear hábilmente ‘enemigos internos’ para hacer parecer que estos últimos buscan mantener el statu quo en la sociedad y que para lograrlo alterarán los resultados del próximo 27 de mayo si hiciera falta.

Mediante la combinación de la agitación tradicional de las masas y el envío de mensajes a través de las redes, las anteriores tareas quedaron cumplidas a satisfacción y sólo resta esperar el domingo crucial para activar la última fase y la más riesgosa para el orden constitucional que es la de llevar a la gente a la calle.

Si los votos son suficientes no hará falta llegar a esos extremos pero si la diferencia entre el segundo y el tercero no es sustancial y si estos últimos quedan irremediablemente por fuera de la segunda vuelta presidencial entonces veremos a los líderes de este sector gritar que “no se dejarán robar la victoria popular que les pertenece por derecho propio”, y entonces se armará la de padre y señor mío y el país arderá.

La otra cara de esta historia es la de la verdad que los pirómanos pre-electorales desconocen adrede. Estas elecciones contarán con más de 3 mil observadores de la MOE esparcidos en 500 municipios. Tendrá la presencia de 78 observadores de la OEA y representantes del cuerpo diplomático, 3 mil funcionarios de la Procuraduría y cerca de 9 mil servidores públicos de la Fiscalía que supervisarán la actividad electoral. El software de preconteo, escrutinios y digitalización se ha venido probando con ingenieros de sistemas de las propias campañas, el Ministerio Público, la MOE y observadores de la Unión Europea y, en esta última semana, también con el apoyo de la OEA.

Nada de esto, por supuesto, satisface el estándar de garantías que piden los que en realidad no las quieren ni las necesitan pues su plan se apoya en el engaño masivo y la manipulación popular. Ningún resultado diferente a la victoria, por más transparente que sea el proceso, les servirá.

El libreto, entonces, ya es conocido. México lo vivió cuando Andrés Manuel López Obrador perdió ante Felipe Calderón y en Colombia, lamentablemente, se está calcando con exactitud.

Por eso los colombianos deberíamos exigirles a los candidatos que se comprometan a respetar los resultados, a efectuar las reclamaciones ante los organismos electorales y no en la plaza pública –como han sugerido algunos– y a reconocer gallardamente la derrota.

Sabemos cómo y en dónde comienzan los gritos artificiosos de fraude y también conocemos cómo y en dónde terminan. ¡Mucho cuidado colombianos que los pirómanos electorales están listos para actuar!

Twitter @JoseMAcevedo    

 

 

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LA JEP NO MAS ERRORES A LA CARRERA

José G. Hernández G.

Se sigue aplazando, en Senado y Cámara, el trámite del proyecto de ley presentado por el Gobierno, mediante el cual se fijarían las normas de procedimiento aplicables en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Ahora bien, es cierto que la JEP sí necesita contar con unas reglas procesales expedidas por el Congreso, indispensables para garantizar el debido proceso y el adecuado trámite de los asuntos a su cargo, y para poder administrar justicia, tal como lo contempla el Acto Legislativo 1 de 2017, que la creó. Pero no debe haber más errores en el aspecto normativo.

De la actual situación no son responsables ni el presidente electo ni quienes lo apoyan, pues de todas maneras se requiere un tiempo razonable para examinar con responsabilidad y seriedad esa iniciativa. Es una realidad que el Gobierno actual y las mayorías con las que contaba en el Congreso omitieron expedir oportunamente no solo las disposiciones procesales para la JEP sino inclusive las normas estatutarias requeridas para su funcionamiento. Transcurrió todo el año del denominado “Fast track” (un procedimiento acelerado, menos exigente y más breve que el legislativo ordinario), sin que esos estatutos se hubiesen expedido antes de la entrada en funcionamiento de la especial jurisdicción prevista constitucionalmente.

Además, el Gobierno dio posesión a los magistrados sin que hubiesen sido expedidas tales disposiciones, sin las cuales una jurisdicción seria y jurídicamente organizada no puede operar. Todo fue apariencia y cantar victoria, sin pensar en las altas responsabilidades que los mencionados jueces deben asumir.

La previa existencia de tales estatutos era algo elemental para que se iniciaran con seguridad jurídica y reglas claras las actividades de la JEP, con mayor razón en cuanto conocerá sobre juicios por crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estado colombiano debe ser cuidadoso en el respeto al debido proceso, a las garantías de los procesados y a las víctimas, y en lo referente a la ritualidad procesal, para administrar pronta, cumplida y eficiente justicia, y garantizar que tales crímenes no quedarán impunes pero que los procesos se han adelantado en Derecho.

Ahora no puede resultar que el Congreso se vea presionado para aprobar de afán y por “pupitrazo”, tan importantes normas. No se trata de un asunto menor, y la función del Congreso -el saliente y el entrante- no puede ser -como ocurrió durante la vigencia del “Fast track”- la de aprobar “lo que sea”, con cualquier contenido, y hacerlo a la carrera y sin consulta con el próximo gobierno.

Es razonable que el presidente electo tenga algo que decir sobre el proyecto, su contenido y sus repercusiones jurídicas. Y el Congreso debe ser responsable, serio y ponderado.

El Gobierno actual debe entender que si no hay todavía ley estatutaria, ley de procedimiento, ni normas claras para la JEP, y si esta ha entrado a operar irregularmente y cojeando, fue por el afán oficial de dar prioridad a la apariencia sobre los requerimientos de orden jurídico.

 

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EN LA COSTA ATLANTICA GANA LA MERMELADA

 

 
Por: Indalecio Dangond B.

Los votos de la Costa

Dicen por ahí que no hay cosa más impredecible en una elección presidencial que los votos de la costa Atlántica. La mayoría de los candidatos presidenciales que han ganado las elecciones en este país las perdieron en la Costa. Salvo Samper y Santos, que, gracias a la supuesta infiltración de dinero del narcotráfico y Odebrecht en sus campañas, pudieron aceitar la maquinaria costeña y ganar en segunda vuelta.          

Esta práctica ilegal de convertir el voto en mercancía tomó auge en la región Caribe cuando pusieron de moda los famosos auxilios parlamentarios que luego disfrazaron con el nombre de cupos indicativos y hoy los llaman mermelada. Las millonarias comisiones que les dejan a los congresistas de la coalición política del Gobierno los contratos en vías terciarias, obras de infraestructura vial, Plan de Alimentación Escolar (PAE), las regalías que se reparten en los OCAD, programas de vivienda y el manejo de las tesorerías de entidades públicas como el SENA y el ICBF, entre otras, subieron la cotización del voto en las pasadas elecciones del Congreso a $50.000 y para las elecciones presidenciales a $30.000 en la bolsa electoral.     

Claro está, muchos costeños de bajos recursos están pensando esta vez no vender su voto. Ellos están tomando conciencia de que cuando se llega a un cargo por medio de corrupción la corrupción va a estar ahí siempre. Tampoco creo que los clanes políticos familiares vayan a arriesgar su pellejo, sabiendo que quienes compraron votos en las pasadas elecciones presidenciales están presos. Además, no vale la pena tomar semejante riesgo por un candidato que no ha podido subir del 7% en la intención de voto. Los que sí pueden subir la cotización del precio del voto a 50.000 barras son los Petro-dólares de Maduro, Diosdado y las Farc.

Como lo dije al principio de esta columna, la Costa siempre ha sido la sorpresa en las elecciones presidenciales y, si las encuestas no fallan, el próximo domingo 27 de mayo esa sorpresa se llama Iván Duque. Si no llueve ese día, seguramente acudirán a las urnas unos 3,3 millones de costeños, de los cuales el 36% dice tener intención de votar por Duque. Con esos 1,1 millones de votos de la Costa, Duque gana en primera vuelta.

Según los números de la Registraduría, en la región Caribe hay 7,6 millones de personas habilitadas para votar el próximo domingo 27 de mayo. De esos votos, el 72% los aportan, en su orden, Barranquilla, Córdoba, Bolívar y Magdalena. El 28% restante se reparte entre Cesar, Sucre, La Guajira y San Andrés. Contrario a lo que le pasó al expresidente López cuando perdió las elecciones con Belisario Betancourt, esta vez sí vamos a saber dónde están los votos de la Costa.  

Una última reflexión. “Quien compra un voto, sabiendo que quien lo vende lo hace empujado por una necesidad, lo que hace es despojar, de hecho, de plena ciudadanía a quienes por ley son ciudadanos”. 

* Consultor en financiamiento agropecuario.

 

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